Europa Press / EFE.- El Parlamento Europeo respaldó la propuesta de la Comisión Europea para poner en marcha un «mecanismo de solidaridad regional» que permita a un país de la Unión Europea que se encuentre en situación de emergencia energética pedir ayuda a otros socios comunitarios para satisfacer sus necesidades de gas natural a través de «corredores de abastecimiento».
La resolución fue aprobada por la comisión de Energía con 55 votos a favor, 4 votos en contra y 2 abstenciones. El borrador legislativo permitiría a los Estados miembros reclamar ayuda para suministrar gas en casos en los que la seguridad y la salud de los «consumidores protegidos» esté en riesgo y las deficiencias no puedan sortearse con los planes de emergencia regionales. Así, el proyecto contempla la creación de 7 «regiones de cooperación» conectadas por «corredores de abastecimiento» de gas comunitarios con el objetivo de mitigar los efectos de posibles cortes en el suministro. Dentro de esas 7 regiones, España se integraría en el denominado grupo Norte-Sur de Europa occidental, formado además por Bélgica, Francia, Luxemburgo, Holanda y Portugal.
Este mecanismo de solidaridad deberá ahora ser negociado con el Consejo, es decir, los países, de forma que los Estados podrán recibir gas de otros países comunitarios para «proteger a los consumidores» en caso de riesgo de penuria energética que no pueda ser solventado con planes de contingencia nacional. «La solidaridad no es un eslogan vacío: es una obligación, consagrado ahora en una ley. No podemos confiar en la buena disposición y los esquemas voluntarios si se corta el suministro de gas de un Estado miembro», resumió el presidente de la comisión europarlamentaria, Jerzy Buzek.
Los eurodiputados subrayaron no obstante que el «mecanismo de solidaridad» debe ser un «último recurso» y debe incluir una compensación adecuada para reducir las consecuencias que pueda acarrear en los mercados. Además, la comisión de Energía ha introducido cambios en la propuesta para garantizar que los suministros de gas a hogares y servicios esenciales en un Estado miembro que ha pedido medidas de solidaridad sean los primeros en ser satisfechos antes que los de cualquier otra categoría de consumidores. La Comisión Europea presentó en febrero una serie de medidas para asegurar la seguridad del suministro de gas en la Unión Europea y reducir la dependencia energética, sobre todo de Rusia.
Si bien la Comisión Europea subrayó cuando presentó su propuesta que no señalaba directamente a Moscú, algunas de sus medidas apuntan directamente a Rusia o a su consorcio gasístico Gazprom. El proyecto de la Comisión Europea emana de las crisis del gas de 2006 y 2009, que dejaron sin calefacción a millones de personas, y de las pruebas de resistencia realizadas en 2014. El comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, señaló entonces que los países de la Unión Europea son aún «demasiado vulnerables ante interrupciones prolongadas del suministro de gas».
Por otro lado, la misma comisión parlamentaria aprobó también que los Estados miembros estén obligados a comunicar a Bruselas y a las autoridades pertinentes las negociaciones de suministro energético que entablen con terceros países fuera de la Unión así como los detalles de los contratos de suministro energético de más de un año, incluyendo el precio de gas, con el objetivo de asegurar que cumplen las normas y tener una imagen más amplia del mercado energético comunitario. En relación a esto la Comisión, si considera que los términos de un contrato de suministro pueden perjudicar el aprovisionamiento ininterrumpido de gas en la Unión Europea, podría iniciar procedimientos bajo la legislación comunitaria en materia de competencia.
Estos términos incluyen la «construcción o gestión de la infraestructura energética conectada con al menos un Estado miembro de la Unión Europea», lo que no debería restringir la libertad de los países comunitarios para negociar pero afectaría a proyectos como el de Nord Stream II, con el que Rusia quiere duplicar la capacidad de su gasoducto a Alemania y que genera reticencias entre los Veintiocho. El espíritu del legislador es que la Comisión Europea desempeñe un papel de «consejera» de las capitales para garantizar que se respeta la legislación comunitaria.
