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Bruselas «seguirá de cerca» las investigaciones sobre la subida de la electricidad en enero por la ola de frío

Europa Press.- La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, indicó que el Ejecutivo comunitario «seguirá de cerca» las investigaciones abiertas en España tras la fuerte subida del precio de la electricidad en enero «debido a la ola de frío que azotó Europa«. Vestager realiza estas consideraciones en respuesta a una pregunta del eurodiputado socialista Javier López, que deseaba conocer si la Comisión Europea tenía previsto investigar a los agentes por posibles prácticas anticompetitivas a la vista de la evolución de los precios mayoristas.

Vestager explica que «los precios de la energía en España y en otros Estados miembros aumentaron en enero de 2017 debido a la ola de frío que azotó Europa». «En los periodos de mayor demanda, los precios de la electricidad pueden incrementarse también como consecuencia de las fuerzas del mercado, con arreglo al principio de tarificación de la escasez«, señala.

En esos momentos, puede necesario explotar centrales con una estructura de costes «considerablemente más elevada que en los periodos de baja demanda», recuerda Vestager, antes de indicar que, en las primeras semanas de febrero de 2017, en que las temperaturas fueron más suaves, los precios disminuyeron. «Por lo tanto, el aumento de los precios no ha de ser necesariamente el resultado de una violación de las normas sobre competencia por parte de los productores de electricidad«, señala la comisaria europea.

En todo caso, asegura que la cuestión de la subida de los precios en enero «ya está siendo investigada a nivel nacional, tanto por la Fiscalía del Tribunal Supremo como por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), autoridad nacional de la competencia y que regula el sector de la energía». «La CNMC no solo está investigando los precios récord de la electricidad en enero de 2017, sino, más en general, el aumento de los precios durante los últimos meses. Por lo tanto, conviene dejar que la investigación nacional siga su curso. Bruselas seguirá de cerca este asunto y cooperará con las autoridades nacionales cuando proceda», añade.

El Gobierno veta la ley de la oposición contra los cargos al autoconsumo porque el Estado perdería 172 millones

Europa Press.- El Gobierno ha comunicado al Congreso su rechazo a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley sobre autoconsumo energético con la que la oposición pretendía poner fin al llamado impuesto al sol, un veto que se justifica en que su puesta en marcha supondría una merma en la recaudación de 162 millones de euros en impuestos y un gasto de 10 millones adicionales para compensar el déficit que provocaría la consecuente reducción de los peajes.

La proposición de ley, registrada en el pasado mes de enero por el PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PDeCAT, Compromís, UPN, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canaria y Bildu, trataba de fomentar el autoconsumo energético, eliminando todo peaje al consumo de energía autoproducida, posibilitando que varios grupos compartieran instalación y eliminando la obligación de obtener un punto de conexión. Conforme a lo previsto en la Constitución, la iniciativa legislativa se envió al Gobierno para que diera su conformidad a la tramitación parlamentaria y la respuesta acaba de llegar al Congreso con un nuevo escrito de veto, el 24º  que registra en lo que va de legislatura.

El escrito concluye que legalizar el autoconsumo energético conllevaría una menor recaudación tributaria y una disminución de ingresos por peajes que inevitablemente provocaría un incremento de las aportaciones que desde los Presupuestos Generales del Estado se realizan al sistema eléctrico. Tomando cifras del sector, el Gobierno relata que el autoconsumo representa el 2% del volumen total, lo que supone 220 millones que no se negociarían y detalla que, sin ellos, se produciría una merma de 74 millones en la recaudación fiscal entre el impuesto de generación (15 millones), el impuesto especial de electricidad (11 millones) o el IVA (48 millones).

El Gobierno estima que retirar el 2% de la generación del pool energético equivaldría a reducir el precio de la electricidad y recaudar otros 74 millones de euros menos. Del mismo modo, el sistema de peajes se recortaría en 50 millones, lo que a su vez supondría una merma en la recaudación de otros 14 millones y un gasto adicional de otros 10 millones de euros de los Presupuestos para compensar el déficit en el sistema eléctrico. Respecto a las medidas contempladas en la iniciativa sobre autoconsumo, el Gobierno recalca que «la seguridad de la red exige conocer la ubicación de los autogeneradores», por lo que considera «imprescindible» contar con un registro administrativo de instalaciones.

Igualmente, señala que además de los consecuentes costes presupuestarios, los costes advertidos sobre el sistema eléctrico generarían nuevos déficits de tarifa, generando «una situación de inestabilidad». Compensar este déficit de ingresos «implicaría necesariamente», advierte, «una subida de peajes que afectaría a todos los consumidores, principalmente a aquellos que no autogeneran y a los consumidores vulnerables». «Esta situación es injusta y regresiva, ya que favorece a aquellos consumidores con mayor poder adquisitivo que pueden hacer frente al coste de instalación que supone autogenerar su energía«, apostilla a renglón seguido. También sostiene que la eliminación del registro del autoconsumo «tendría impacto en la seguridad del sistema eléctrico».

Por último, el Gobierno concluye aseverando que «el autoconsumo no es una medida ni de ahorro ni de eficiencia energética, por lo que no es correcto equipararlo con ambos conceptos». «Es evidente que el consumo del autoconsumidor es el mismo tanto si la energía proviene de la red, como si la genera él mismo», defiende. Asimismo, considera que el marco vigente es «estable» y «no supone ninguna barrera al autoconsumo, ni desde el punto de vista técnico, administrativo o económico».

Greenpeace: el Gobierno “se equivoca”

Greenpeace denuncia que el Gobierno «se equivoca» cuando deja fuera el autoconsumo energético y lamenta que la política energética del país está hecha «a la medida de las grandes empresas» porque el Ejecutivo insiste en no calcular los beneficios económicos del empleo del autoconsumo para centrarse en inflar sus posibles costes. La ONG advierte de que el Gobierno «pisotea» el derecho ciudadano a participar activamente en la transición energética al tumbar la propuesta de ley de autoconsumo de la práctica totalidad del Congreso de los Diputados menos el partido del Gobierno, PP, y Foro Asturias.

Con ello, critica que el Gobierno está admitiendo que no acepta el derecho a disfrutar de los beneficios de las energías renovables sino que tampoco aceptará «ninguna medida que reduzca el consumo de electricidad ni que baje la factura de la luz para la ciudadanía». A su juicio, esto es una declaración «en contra del ahorro», la eficiencia energética y el derecho ciudadano a participar de manera activa en la transición energética con la producción y autoabastecimiento con energías renovables.

Para la responsable de energías renovables de Greenpeace, Sara Pizzinato, el Gobierno seguirá contando «solo» con las grandes empresas eléctricas para el nuevo modelo energético y «se equivoca». «El cambio climático, la desigualdad extrema y la corrupción apuntan a tres grandes fallos de nuestro sistema político y económico entrelazados entre sí, y no podemos esperar que se solucionen sin la participación y el control ciudadano. El autoconsumo es una herramienta fundamental para ello», ha declarado. Greenpeace asegura que el Gobierno «no ha realizado ningún análisis serio» sobre costes y beneficios del autoconsumo y se dedica a inflar la posible reducción de la recaudación para el Estado y evitar que la propuesta de ley pueda prosperar o, por lo menos, frenarla.

Gas Natural se suma a Endesa y recurre la refacturación de la luz en cuatro comunidades autónomas con tributos territoriales

Europa Press.– El Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso contencioso administrativo presentado por Gas Natural Fenosa en contra de la orden ministerial publicada en enero en la que se recoge una refacturación a los consumidores de electricidad de cuatro comunidades autónomas en concepto de suplemento territorial para costear los distintos tributos específicos de sus respectivas comunidades autónomas durante el ejercicio 2013.

El recurso ha sido publicado en el BOE y se suma al interpuesto por Endesa por la misma cuestión. El Supremo indica que el recurso fue admitido a trámite el 9 de marzo y concede un plazo a las partes interesadas para personarse en el caso, que afecta a los consumidores de Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja y Comunidad Valenciana.

La orden ministerial, la ETU/35/2017, recoge los términos en los que los consumidores de estas comunidades autónomas asumirán los tributos autonómicos aplicados en 2013. De esta forma, se cumple una sentencia del Supremo que obliga a cargar sobre los usuarios de cada comunidad autónoma los diferentes tributos aprobados en cada territorio. La nueva refacturación se suma a otras aprobadas por el Gobierno en los últimos años para cumplir resoluciones del Supremo, entre ellas la que obligó a subir un 7% el recibo en 2012 por la insuficiencia de los peajes.

Iberdrola había denunciado que los tributos territoriales debían imputarse sobre los consumidores de la comunidad autónoma a la que se destine el importe de lo recaudado a través de la tarifa eléctrica, y no sobre el conjunto del Estado, y el Supremo dio la razón a la empresa en septiembre del año pasado. Con su orden ministerial, Energía cumple la sentencia y evita una multa del Supremo. Según los cálculos de Energía incluidos en la memoria del borrador, a los consumidores de Castilla-La Mancha se les deben refacturar 5,86 euros en 2017 para cumplir la sentencia y obligarles a asumir los tributos impuestos por su propia comunidad autónoma en 2013.

El importe total de la refacturación ascenderá a 16,4 millones de euros, de los que 12,3 millones corresponden a Castilla-La Mancha por sus impuestos ambientales de la ley 16/2005 de esta comunidad. Por su parte, 3,9 millones proceden de lo recaudado en 2013 por las medidas ambientales de la ley 10/2012 de la Comunidad Valenciana, frente a 141.946 euros de la Ley 4/1997 de Protección Civil de Cataluña y 16.538 euros por la Ley 7/2012 a La Rioja sobre impuestos por el impacto visual. En la Comunidad Valenciana pagarán 0,78 euros más este año, frente a los 0,02 euros anuales de Cataluña o los 0,05 euros anuales de La Rioja.

Unión Fenosa Distribución (Gas Natural) supera los 3 millones de contadores inteligentes instalados

Europa Press.- Unión Fenosa Distribución, filial de distribución eléctrica de Gas Natural Fenosa, ha superado la cifra de los 3 millones de contadores inteligentes domésticos instalados, lo que representa el 83% de sus 3,6 millones de puntos de suministro, de los que más del 96% están ya efectivamente integrados en el sistema de telegestión.

Por comunidades autónomas, la energética ha instalado ya más de 1,2 millones contadores en Galicia; cerca de 1 millón en la Comunidad de Madrid; más de 488.000 contadores en Castilla-La Mancha, y 281.000 contadores en Castilla y León. En todas las comunidades, la compañía ha superado el umbral del 80% de equipos sustituidos. La filial de Gas Natural Fenosa señaló que el cambio de los contadores continuará hasta el año que viene, cuando, según la regulación, todos los equipos domésticos de electricidad deben ser inteligentes.

El PSOE lleva al Congreso una ley para extender el bono social de la electricidad al consumidor de gas natural

Europa Press.- El PSOE registró una iniciativa legislativa para extender el bono social de la electricidad a los consumidores de gas natural u otros combustibles gaseosos por canalización, con idea de que sea financiado por las empresas comercializadoras y las administraciones autonómicas. De esta forma, los socialistas confían en esquivar el veto que el Gobierno podría plantear a la iniciativa, bajo el pretexto de un aumento presupuestario.

«Proponemos que la financiación sea en los mismos términos del bono social de la electricidad», anunció la portavoz de Energía del PSOE en la Cámara Baja, Pilar Lucio, que recordó que muchas comunidades autónomas y ayuntamientos dedican partidas a costear suministro energético. «El coste para el Gobierno es cero», ha zanjado. Durante la presentación de esta iniciativa, Pilar Lucio ha destacado que la proposición de ley recoge el impedimento del corte del suministro del gas entre noviembre y marzo, y en ningún caso a aquellos servicios considerados esenciales, para personas consideradas como consumidores vulnerables severos.

Propuesta socialista de consumidor vulnerable

Deberá ser el Gobierno, en todo caso, el que determine qué es un consumidor vulnerable a través del desarrollo reglamentario posterior, aunque Lucio indicó que su propuesta es que se considere como tal toda persona que tenga ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). El bono social recogido en la proposición de ley cubriría la diferencia entre la tarifa de último recurso y el valor base que establezca el Gobierno para los consumidores reconocidos como vulnerables, pudiendo ser distinta esta cobertura en función de la categoría de consumidor.

La iniciativa delega en el Ministerio de Energía el tope máximo que deberán aportar las comercializadoras, así como las tarifas de último recurso y valor base para los consumidores vulnerables, mientras que los porcentajes de financiación que deberán asumir cada suministradora sería calculado anualmente por la CNMC. Lucio aclaró que no han dialogado previamente ni con el Gobierno ni con otros grupos para presentar la iniciativa aunque le «consta que seguramente la mayor parte de la oposición estará a favor de esta iniciativa». «Y el Gobierno no debería estar en contra. Estamos convirtiendo en ley unas recomendaciones de una directiva europea», aseveró. Asimismo, Lucio reclamó al Ejecutivo que ponga en marcha medidas de eficiencia energética y de rehabilitación de edificios.

Facua asegura que el recibo de la luz aumentó un 22% en febrero con respecto al año pasado

Europa Press.- El recibo de la luz aumentó un 22% en febrero con respecto al mismo mes del año pasado, según datos de la asociación Facua-Consumidores en Acción. En concreto, con las tarifas de febrero, el usuario medio con la tarifa PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) pagará 76,10 euros, frente a los 62,39 euros del mismo mes en 2016, indicó la asociación.

En enero, la factura batió «todos los récords», según Facua, al situarse en 87,81 euros, un 29,4% por encima de los 67,84 euros del mismo mes del año pasado, aunque un 15,4% superior a la de este mes de febrero. El precio medio del kilovatio hora (kWh) este febrero fue de 15,55 céntimos (12,23 céntimos más impuestos), después de que en enero alcanzase los 18,75 céntimos (14,74 céntimos más impuestos). En febrero de 2016 el kWh se situó en 11,69 céntimos (9,19 céntimos más impuestos).

Facua reclama la intervención del sector para que sea el Ejecutivo el que fije periódicamente una «tarifa asequible, dado que el sistema de fijación de precios existente en el mercado de la generación español fomenta la especulación y los abusos». Además, la asociación demanda la bajada del IVA que se aplica a la electricidad, del 21%, «impropio de un servicio esencial», y pide que se baje al tipo mínimo permitido por la normativa europea, «legislación que también debe ser modificada para facilitar una bajada mayor».

La factura de la luz se encareció un 19,17% en febrero

Europa Press.- Un consumidor doméstico medio pagó 64,15 euros en su factura de la luz de febrero, por lo que esta factura se incrementó en un 19,17% respecto a los 53,83 euros de febrero de 2016, lo que supuso una subida en el recibo eléctrico de 10,32 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que suele emplear el Ministerio de Energía: un consumo de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW). De los 64,15 euros abonados en los 28 días de enero del 2017, 13,89 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de enero, 36,55 euros obedecen al consumo, 2,58 euros al impuesto eléctrico y 11,13 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Sube respecto al año pasado

El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. Para el resto de consumidores de electricidad, 13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

Sin embargo, la factura de la luz de febrero bajó un 12,93% respecto al mes anterior, enero, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,29 euros en febrero de 2017 respecto a los 2,63 euros de enero de 2017. Se trata del primer descenso en la factura de la luz entre meses consecutivos desde mayo de 2016, después de haber encadenado nueve meses consecutivos de alzas. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses.

Los sobrecostes del mercado eléctrico bajaron en enero, en plena escalada de precios del pool

Europa Press.- Los sobrecostes del mercado mayorista de electricidad, que se añaden al pool y que acaban constituyendo la referencia final para calcular el término de energía que pagan los consumidores, se redujeron en enero, en plena escalada de precios. El precio medio del pool en enero fue de 71,49 euros por megavatio hora (MWh), si bien el precio medio final se elevó hasta 81,4 euros una vez incorporados los distintos sobrecostes, según indica el Grupo Ase.

La referencia final más que duplica las de enero de 2016 debido a los altos precios del pool, en el que coincidieron aspectos como la baja hidraulicidad y eolicidad, así como la mayor demanda y el encarecimiento del gas. Sin embargo, indica el Grupo, los sobrecostes adicionales se redujeron un 9,6% con respecto a enero del año anterior, lo que mitigó, aunque sea sensiblemente, el fuerte encarecimiento del recibo sufrido en enero por los consumidores.

Estos sobrecostes incluyen los costes de la interrumpibilidad, de los pagos por capacidad y de los conocidos como servicios de ajuste. En total, ascendieron a 7,9 euros, de los que 1,9 euros corresponden a la interrumpibilidad, 3,1 euros a los pagos por capacidad, 1,2 euros a los procesos del operador del sistema y 1,7 euros a las restricciones técnicas. El servicio de interrumpibilidad corresponde al importe que se paga a las grandes industrias por modular su consumo en función de las exigencias del sistema eléctrico. Desde hace dos años, se incorpora como coste de mercado.

Los pagos por capacidad, con los que se incentiva la disponibilidad de centrales térmicas para garantizar la gestión del sistema, fueron en enero 1,5 euros por MWh más caros que la media debido a efectos estacionales. Los servicios de ajuste del sistema contemplan actividades como la solución de restricciones técnicas, los servicios complementarios o la gestión de desvíos, según explica Red Eléctrica de España (REE). Las restricciones técnicas tienen como objetivo resolver problemas de gestión del sistema mediante la limitación y modificación de los programas de producción y de consumo.

La energía eólica ahorró 1,43 euros al mes a cada consumidor doméstico de luz en 2016, según la patronal AEE

Europa Press.- La energía eólica ahorró 1,43 euros mensuales a cada consumidor doméstico de electricidad, así como 1.595 euros mensuales a cada consumidor industrial en 2016, según cálculos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE). Los 23.000 megavatios (MW) eólicos instalados en España desplazan tecnologías más caras con coste de combustible como el carbón y el gas, y contribuyen a deprimir el precio del mercado mayorista. En paralelo, la eólica recibe unos incentivos que se cargan sobre la parte regulada del recibo eléctrico.

AEE tiene en cuenta ambos aspectos e indica que en 2016 un consumidor doméstico medio, con un consumo de 2.430 kilovatios hora (kWh) anuales, habrá contribuido con 0,82 céntimos de euro por kWh a través de la tarifa de acceso a los incentivos a la eólica, que ascienden al 7,3% de la misma. Sin embargo, en la parte de su factura que corresponde al término de energía, obtuvo un ahorro de 1,52 céntimos de euro por kWh gracias a la eólica, Sin este ahorro el término de energía le habría costado 6,81 céntimos por kWh, en vez de 5,29 céntimos por kWh, un 28,7% más.

Un consumidor industrial medio, con 1.500 MWh al año de consumo, habrá pagado 0,25 céntimos de euro por kWh en 2016 para incentivar a la eólica y se habrá ahorrado 1,52 céntimos de euro por kWh por el efecto reductor de esta tecnología en el pool. De no haber sido por la eólica, el término de energía le habría costado 6,32 céntimos por kWh, en vez de 4,8 céntimos, un 31,6% más, indica la organización.

«La diferencia entre lo que paga un consumidor doméstico y un industrial en incentivo a la eólica se debe a que el reparto de la carga de cubrir los costes regulados del sistema eléctrico recae mayoritariamente en los consumidores domésticos y en menor medida en los industriales. Sin embargo, son éstos últimos los que más se benefician del efecto reductor de la eólica sobre el precio del mercado eléctrico», afirma.

El Congreso respalda facilitar los cambios estacionales de la potencia eléctrica contratada con el rechazo del PP y de C’s

Europa Press.- Tras recordar la existencia de unos costes fijos en el sistema eléctrico, el PP se opuso a una moción que consideró «insolidaria» después de que el pleno del Congreso respaldara una propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para fomentar que el usuario pueda cambiar la potencia eléctrica contratada en función de la temporada. La iniciativa salió adelante tras recabar los apoyos del PSOE, Unidos Podemos, PDeCAT, Compromís y Bildu, mientras que el PP y Ciudadanos votaron ambos en contra.

El texto aprobado mediante proposición no de ley pide al Gobierno crear un nuevo contrato de potencia estacional. Apuesta por adaptar la legislación para que sea posible «adecuar la potencia contratada a las necesidades reales de la actividad económica y poder modificar dicha potencia contratada a lo largo del año para favorecer la eficiencia, el ahorro y la sostenibilidad del sistema eléctrico». Asimismo, propone una tarifa de discriminación estacional para pequeñas y medianas empresas y cooperativas, con lo que las empresas distribuidoras quedarían obligadas a atender las peticiones de modificación de tarifa, su modalidad de aplicación y la potencia contratada.

En caso de disponer de contrato de potencia estacional, el consumidor podría “modificar voluntariamente la tarifa, potencia contratada o sus modos de aplicación”, de acuerdo al mismo. Este tipo de contratos permitiría acuerdos entre el suministrador y el cliente para fijar tarifas, condiciones técnicas de acceso y potencias diferentes para cada período del año. Asimismo, la moción aprobada incluye la realización de una auditoría del sistema eléctrico para la revisión de los costes de las redes que permita una reforma del mercado eléctrico «para garantizar que la fijación de los precios refleje el coste de generación, fomentando las energías renovables».

Los republicanos catalanes lamentan que el precio de la energía es un «enorme lastre» para las empresas, sobre todo las pymes, y critican que la normativa actual limite los cambios posibles de potencia a uno al año. Esto impide que los usuarios puedan optimizar su perfil de consumo o modular su demanda en función de los diferentes ciclos de producción que se dan en un año, y lleva a que la potencia contratada acumulada alcance los 150 GW a pesar de que la capacidad máxima del sistema sea de 110 GW y la demanda real esté apenas en 45 GW.

«Es un desajuste muy importante que genera unos ingresos extraordinarios al sector que no están justificados», critica Esquerra, señalando que las tecnologías actuales, que permiten realizar cambios de potencia de forma remota, hacen indefendibles estas limitaciones. ERC advierte de que esta falta de flexibilidad podría incluso contravenir la normativa comunitaria en materia de consumo, por lo que pide que se apliquen todas las modificaciones normativas necesarias para potenciar los contratos de potencia estacionales «al menos para determinados sectores», de modo que se puedan producir «ahorros muy importantes» sin mermar la calidad del servicio y sin imponer complicaciones administrativas o técnicas.

El PP habla de “insolidaridad”

Por su parte, el PP se opuso a una iniciativa de ERC para promover cambios de potencia en la factura eléctrica contratada según temporadas, una idea que considera «insolidaria» pues recuerda la existencia de costes fijos. «Tenemos que pagar unos costes fijos independientemente del consumo», subrayó el portavoz del PP de Energía, Guillermo Mariscal, que acusó a Joan Capdevila, de ERC, de no entender el concepto de suficiencia de tarifa. Capdevila había retado al PP a apoyar su iniciativa para comprobar si en el Gobierno «manda más» el ministro de Economía, Luis de Guindos, o el de Energía, Álvaro Nadal.

«Con el sentido de su voto sabremos si están más con las pymes y la competitividad o con el oligopolio de los grandes. Si manda más De Guindos o Nadal», inquirió el diputado de Esquerra, Joan Capdevila, durante la defensa de esta proposición no de ley.Capdevila ha recordado que las pymes españolas «son las que pagan la factura eléctrica más cara» y que la parte fija «no hay manera de tocarla», refiriéndose a ella como «uno de los intocables del señor Nadal». «Es como si en la factura el hotel te cobra el precio del minibar aunque no lo hayas tocado», puso como ejemplo.

La iniciativa ha desencadenado una avalancha de críticas al modelo energético por parte de los grupos de la oposición, independientemente de su cercanía a la iniciativa.Por parte del PSOE, su portavoz de Energía en el Congreso, Pilar Lucio, ha criticado que este modelo es «contrario a la eficiencia energética», puesto que el peso de los costes fijos hace que consumir más o menos no tenga influencia en el coste final. «El modelo eléctrico acaba siendo uno de los elementos fundamentales que lastran el desarrollo de nuestra economía y la hacen menos competitiva», ha dicho.

Josep Vendrell, diputado de En Comú, instó a revisar no sólo este factor, sino «el conjunto del sistema». Algo que cree que debe «abordarse con urgencia», a pesar de que el Gobierno no tiene «ninguna voluntad» de hacerlo. «Al contrario, el ministro dice que hay que resignarse», espetó. Aunque reconoció que la iniciativa pudiera beneficiar a algunas empresas, Vicente Ten Oliver, diputado de Ciudadanos, indicó que también favorecería a los ciudadanos que tienen más de una vivienda. «Queremos reducir el precio de la luz, pero a todos», aseveró, tras calificar la propuesta como «un parche«.