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Endesa ve necesario prorrogar las nucleares para poder descarbonizar la economía española y cree que su cierre incrementaría las tarifas

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Redacción / Agencias.- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, asegura que anticipar «innecesariamente» el cierre de las centrales nucleares daría lugar a «un importante aumento» de las tarifas eléctricas, «lo que agravaría el problema de la pobreza energética, reduciría la competitividad de la economía y limitaría la electrificación de la demanda energética». Por ello ve «necesario el alargamiento de la utilización de las centrales nucleares» para que España pueda ejecutar la transición energética hacia la descarbonización total de la economía en 2050.

En este sentido, Bogas pidió un pacto de Estado por la energía que evite decisiones cortoplacistas y establezca un plan de transición hacia un sistema descarbonizado “en condiciones de seguridad energética y competitividad económica”. «Esta travesía va a durar más de 30 años», indicó Bogas, quien añadió que «exigirá un enorme esfuerzo inversor» para incorporar 30.000 megavatios de renovables antes de 2030 y 70.000 antes de 2050. En esta línea, defendió que «para no poner en riesgo el objetivo final ni el abastecimiento durante ese largo camino, es imprescindible aprovechar todos los recursos que poseemos«.

En cuanto a las nucleares, advirtió de que «anticipar innecesariamente» su cierre exigiría construir nuevas centrales de gas para no sufrir problemas de abastecimiento, lo que incrementaría las emisiones totales de CO2 del sistema eléctrico, haciendo «imposible» conseguir los objetivos de la Cumbre del Clima (COP21). Asimismo, alertó de que el cierre nuclear provocaría también un incremento significativo de las tarifas en 10 euros el megavatio hora (MWh), lo que afectaría a la competitividad de la economía, además de hacer aumentar la pobreza energética. En la misma línea, defendió que el cierre de las centrales térmicas debe ser “gradual y acompasado con los avances tecnológicos”.

Por otro lado, apuntó que, en el proceso de descarbonización, la aportación de sectores como el transporte, la industria o la electrificación es tan importante como la del sector eléctrico. De hecho, denunció que el transporte aporta el 24% de las emisiones, frente al 19% de la generación de electricidad. Además, pidió un plan nacional de eficiencia energética e impulsar el despliegue de redes eléctricas inteligentes. Bogas recalcó que la transición hacia un sistema energético descarbonizado «no es una opción para tomar o dejar», aunque afirmó que para que sea posible es «imprescindible» abordar «cuanto antes» las medidas regulatorias necesarias.

A este respecto, el presidente de Endesa, Borja Prado que afirmó el compromiso «muy exigente y ambicioso» del grupo de que en el horizonte de 2050 su sistema energético sea neutro en materia de emisiones, consideró que todos los agentes del sector tienen «la obligación» de sentar las bases del futuro energético. Prado calificó de «comprensible» que las necesidades políticas y fiscales a corto plazo hayan presionado «en uno u otro sentido», pero subrayó que los «intereses cortoplacistas» en la transición energética que se está llevando a cabo pueden poner «en riesgo la estabilidad futura del sistema» y “no son aceptables«. Ha reconocido que puede haber cuestiones que requieran soluciones inmediatas, pero éstas «no deben comprometer los objetivos del futuro».

Carga fiscal de las nucleares

En cuanto a las centrales de Almaraz (Cáceres) y Vandellós (Tarragona), que serán las próximas centrales nucleares que tendrán que renovar sus permisos, ha señalado que no van a tomar decisiones antes de tiempo y que lo harán cuando lleguen las fechas. Prado ha negado que las nucleares sean «negocios inviables», aunque admite que soportan «cargas fiscales importantes, pero lo que no vamos a ser nosotros es los precursores de cargarnos el sistema«. Respecto al coste al que puede ascender la reapertura de Garoña, ha manifestado que lo evaluarán después de que el Gobierno decida si puede volver a operar.

Prado ha dicho que «continúan pendientes algunos desarrollos regulatorios en las distintas áreas de la actividad eléctrica, que son muy necesarios». Entre ellos, ha citado un planteamiento «claro y responsable» del futuro de las fuentes de generación térmicas, que, ha precisado, serán claves para la seguridad y la estabilidad del sistema eléctrico y para hacer posible la transición a cero emisiones en 2050. También ha insistido en que hay que luchar contra el fraude eléctrico, que pone en riesgo la seguridad de los que viven próximos a instalaciones manipuladas e incrementa los costes que asumen los usuarios. Asimismo, reclama un marco regulatorio «adecuado y sostenible» que permita «una clara protección a todos los consumidores en una situación de vulnerabilidad económica».

Por otra parte, Bogas destacó el esfuerzo inversor de la compañía en España, con alrededor de 8.000 millones de euros desde el año 2010. «Ninguna empresa eléctrica invierte más que Endesa en este país», dijo. A este respecto, valoró la adquisición de hasta el 100% de Enel Green Power España, una operación que «tiene gran sentido económico y estratégico» y que sitúa a la compañía en una situación para aprovechar la oportunidades de crecimiento en energías renovables, «que son el futuro de nuestro sistema energético».

Endesa compra Eléctrica de Jafre

Finalmente, Endesa notificó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la toma del control exclusivo de la distribuidora de electricidad Eléctrica de Jafre. Esta pequeña empresa, con sede en Girona, desarrolla su actividad en el área de distribución, así como en el negocio del suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. El año pasado, la eléctrica, a través de Endesa Red, ya se hizo con otra pequeña empresa de este perfil, Eléctrica del Ebro, por 24,7 millones de euros. Esta última empresa, cuya compra también requirió el análisis de la CNMC, tiene sede en Tarragona y se dedica a la distribución y comercialización de energía eléctrica en esta provincia.

Galicia diseña un ecobarrio pionero en Ourense como referencia de eficiencia energética en Europa

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EFE / Europa Press.- La Xunta de Galicia presentará a la Comisión Europea un proyecto de ecobarrio en el distrito orensano de A Ponte que afectará a 20.000 vecinos y 35 edificios públicos. Pretende convertirse en una referencia de eficiencia energética en Europa: «un proyecto que no solo puede ser referencia en España, sino también en la Unión Europea. Así nos lo ha dicho el comisario», declaró el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras reunirse con el comisario europeo de Energía y de Acción Climática, Miguel Arias Cañete.

Ese ecobarrio extraerá «energía del suelo, energía geotérmica, y también biomasa, para distribuir en una única red agua caliente y calefacción para los 35 edificios públicos» y la Xunta procurará «ayudar a todos los interesados y a todos los edificios privados a disminuir sus consumos energéticos y a construir fachadas envolventes (aislamiento) para mejorar la eficiencia energética». De llevarse a cabo, se podrá suministrar energía renovable a 20.000 personas y centros de salud, de educación primaria y secundaria, un polígono industrial, las estaciones de autobuses y del AVE, unas instalaciones deportivas con piscinas climatizadas, una plaza de abastos y Correos. Además, permitirá «cambiar todas las farolas de alumbrado público de ese barrio», agregó Núñez Feijóo.

Feijóo ha asegurado que «la Xunta va a ahorrar una cantidad importante de energía convencional, tanto de calefacción como de electricidad» en los diferentes edificios e instalaciones públicas, «disminuyendo la factura mensual de energía» pero el proyecto también «puede suponer unas bajadas en la factura de los costes energéticos» para los vecinos. «Vamos a ir poco a poco. Vamos a ver qué tipo de ayudas puede haber», indicó el presidente de la Xunta respecto a las subvenciones que podrían recibir los vecinos de A Ponte.

El presidente del Gobierno gallego ha subrayado que van a «facilitar» que los vecinos «inviertan en mejorar las instalaciones de los propios edificios» particulares para la impermeabilización de las cubiertas y «utilizar biomasa o geotermia como calefacción o sistema de calentamiento de agua». «A los vecinos, propiciaríamos préstamos blandos con las entidades financieras que resulten seleccionadas para que los propios vecinos puedan hacer mejoras de instalaciones», remarcó el presidente de la Xunta, que ha aclarado la necesidad de «formalizar un consorcio» entre el Ayuntamiento, la Consejería de Economía y alguna entidad financiera que resulte adjudicataria.

Al ser preguntado por el volumen de ahorro estimado gracias al proyecto, Feijóo ha evitado «anticipar» la cifra, que se encargarán de «calcular» para el anteproyecto el Instituto Enerxético de Galicia (Inega) y el centro tecnológico Energy Lab. «Podrán concretar ese ahorro, qué porcentaje en calefacción, electricidad, agua caliente», ha avanzado. Por otra parte, Feijóo ha avanzado a Cañete que el Gobierno gallego presentará en diciembre la estrategia gallega para combatir el cambio climático «con objetivos superiores a los de la Unión Europea, tanto en la reducción de emisiones de gases con efecto invernadero como en el incremento de la energía renovable«. También ha invitado al comisario a visitar Galicia con motivo de su presentación.

La iniciativa va en consonancia con el espíritu de la nueva legislación europea, el llamado paquete de invierno para reducir en 2030 un 40% las emisiones contaminantes respecto a 1990. Con ello se pretende garantizar que al menos el 27% del consumo energético de los países de la Unión Europea provenga de energías renovables y mejorar en un 30% la eficiencia energética, lo que acarreará una bajada de la factura eléctrica de los edificios públicos.

El presidente de la Xunta presentará oficialmente el anteproyecto en junio y, antes de que acabe 2017, su versión definitiva. Será entonces cuando se especifiquen las necesidades y modalidades de financiación a través de fondos del Plan Europeo de Inversiones, el llamado Plan Juncker, préstamos blandos del Instituto del Crédito Oficial (ICO) y otros fondos europeos. Núñez Feijóo no quiso precisar aún la envergadura económica del proyecto para transformar A Ponte en un ecobarrio, pero sí apuntó que se trata de una iniciativa inspirada en la Ile de Re francesa, situada junto a la localidad de La Rochelle, y en el que se invirtieron «unos 40 ó 50 millones de euros para su transformación ecológica».

Los usuarios del bono social descienden un 1,1% en 2016 pese a aumentar entre familias numerosas o de desempleados

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Europa Press / EFE.- El promedio de consumidores acogidos al bono social de electricidad ascendió a 2,42 millones a cierre de 2016, lo que supone un descenso del 1,1% con respecto al ejercicio anterior, a pesar del aumento más del 10% entre familias numerosas y hogares con todos los miembros en situación de desempleo.

Según el último informe de indicadores eléctricos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el descenso en 2016 se debe, como viene ocurriendo en los últimos ejercicios, al menor número de consumidores domésticos con potencias contratadas inferiores a 3 kilovatios (kW). Este grupo de beneficiarios del bono social, que es el más numeroso entre los distintos perfiles de usuarios con derecho a la ayuda, ascendió a 1,79 millones en el promedio de 2016, un 4,2% menos que en 2015 y el 72,7% del total de beneficiarios.

Aparte de potencias inferiores a 3 kW, el bono social también lo pueden disfrutar los perceptores de pensiones mínimas, las familias numerosas y los hogares con todos los miembros en situación de desempleo. Los pensionistas que recibieron la ayuda en 2016 fueron un promedio de 322.060, un 5,5% más y el 13,7% del total, mientras que entre las familias numerosas hubo 216.139 beneficiarios, un 14,9% más y el 9,4% del total. Entre las familias en desempleo se produjo un incremento del 12,8%, hasta 73.571 usuarios, representando el 3,23% del total.

Los beneficiarios del bono social consumieron el año pasado 2,29 millones de megavatios hora, un 4% más que en 2015. De ese consumo, el 56,4% corresponde a los usuarios con una potencia contratada inferior a los 3 kw; el 20,2% a las familias numerosas; el 18,1% a pensionistas; y el 4,5% a desempleados. Las familias numerosas son las que más consumen de media (4.013 kilovatios hora anuales), seguidas por los desempleados (2.611 kilovatios hora anuales) y los pensionistas (2.408 kilovatios hora anuales). Los que consumen menos son los usuarios con potencias contratadas inferiores a 3 kw (1.351 kilovatios hora anuales).

Como parte del desarrollo normativo del nuevo mecanismo de financiación del bono social, el Ministerio de Energía prevé un nuevo sistema de reparto de la ayuda en función de la renta. Energía considera que la actual definición de beneficiarios «tiene una relación muy indirecta con las categoría de renta», lo que consideran que justifica vincular la ayuda al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). Con esta definición, «puede haber consumidores que realmente necesiten la ayuda del bono social y no la estén recibiendo«, así como «beneficiarios que no requieran realmente del descuento del 25% en su factura eléctrica».

El Supremo obliga a cambiar la carta que explica la refacturación de la luz por dañar a las compañías eléctricas

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Europa Press.- La sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo ha adoptado medidas cautelares consistentes en obligar al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a modificar la redacción de la carta que las comercializadoras de electricidad deben remitir a los usuarios acerca de la próxima refacturación de la luz al considerar que su redacción implica un «daño reputacional» para las eléctricas.

A finales del 2016, el Gobierno aprobó una revisión del margen que obtienen las comercializadoras de referencia de electricidad por el suministro del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC). Las principales empresas encargadas de ofrecer este suministro regulado son Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo. En este sentido, Energía obligó a las eléctricas a informar por carta a los consumidores de esta revisión, que se realiza como consecuencia de una sentencia del Supremo favorable a las empresas en la que se concluía que estas últimas no obtenían una retribución suficiente. La revisión conlleva una refacturación cercana a los 8 euros por 2014, 2015 y 2016, así como una subida del recibo de 2 céntimos de euro mensuales.

“Daño reputacional” a las eléctricas

En un auto, el tribunal acepta en parte las medidas cautelares solicitadas por Iberdrola y ordena modificar la carta informativa que las empresas deben remitir a los consumidores, cuyo modelo aparece recogido en el anexo del real decreto 469/2016. Al abordar el «daño reputacional» que Iberdrola denuncia en el contenido de la carta, el Supremo considera que la empresa «tiene razón», ya que «se presenta tanto a esta Sala como a las sociedades que interpusieron dichos recursos como aparentes responsables de las cantidades suplementarias que tales usuarios hubieren de pagar».

Sin embargo, «lo cierto es que, tal como reclama la recurrente, la responsabilidad de la necesaria regularización deriva de una previa actuación contraria a derecho de la Administración, como declaró esta Sala en las citadas sentencias», afirma el auto. De esta forma, la carta que reciban los consumidores no incluirá referencias a los recursos que interpusieron en su día las eléctricas y se limitará a indicar que «el Gobierno ha aprobado una nueva metodología para determinar la cuantía de los costes de comercialización», así como «una regularización de las cuantías correspondientes para cualquiera de los años 2014, 2015 0 2016″.

El Defensor del Pueblo pide una protección expresa para los niños, ancianos y discapacitados frente a los cortes de luz

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Europa Press.- El Defensor del Pueblo reclama al Ministerio de Energía que tenga especialmente en cuenta, entre las medidas de protección contra el corte de suministro de luz a consumidores vulnerables, a los niños, ancianos y personas con discapacidad. Esta propuesta forma parte de un documento enviado al secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, con 11 recomendaciones acerca del desarrollo normativo del bono social de electricidad y de las medidas de protección a los consumidores vulnerables.

Entre las recomendaciones, el Defensor del Pueblo coincide con el Ministerio en que para establecer los criterios para asignar el bono social es necesario definir el concepto de consumidor vulnerable conforme a criterios de renta. Sin embargo, también pide que se module el umbral de renta «de conformidad con las circunstancias personales, siempre y cuando la elección de las mismas y su modulación estén debidamente justificadas y no supongan discriminación». Junto a esto, reclama un sistema de acreditación de la condición de consumidor vulnerable sencillo, ágil y eficaz, así como publicidad suficiente a los requisitos para acceder al bono social, de manera que llegue al conocimiento de las personas afectadas.

Otras propuestas consisten en establecer un procedimiento de impugnación en caso de denegación del derecho al bono social y en prever la coordinación administrativa necesaria a la hora de acreditar la condición de consumidor vulnerable y reconocerle el derecho a la ayuda. Además, pide introducir entre las medidas de protección contra el corte de suministro a los consumidores vulnerables a los acogidos al mercado libre, así como proteger del corte de luz a usuarios con impagos de deudas procedentes de una refacturación por supuesto fraude.

El Defensor del Pueblo reclama además a Energía que estudie la posibilidad de reducir la parte fija de la factura de electricidad, de manera que se incentive el ahorro. Junto a esto, se muestra partidario de establecer un órgano de cooperación interadministrativa, que trate de abordar soluciones a los problemas que se planteen en la aplicación de las nuevas medidas.

Nadal asegura que las compañías eléctricas estarán obligadas a informar sobre las ventajas e inconvenientes de cada cambio de contrato

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Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, anunció que su departamento «aumentará las obligaciones» de las compañías suministradoras de energía para que informen de forma pormenorizada a los ciudadanos que cambian de contrato sobre las ventajas e inconvenientes de las nuevas tarifas a las que se acojan.

Los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de noviembre de 2016, revelan una tendencia al alza en los contratos con contratos de electricidad en el mercado libre (14 millones de clientes), frente a los 11,8 millones que están acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). Para evitar la posibilidad de que haya personas que tengan dificultades para afrontar los gastos de su factura eléctrica, el ministro señaló que el Gobierno «va a hacer un apunte dentro del decreto del bono social» que obligará a las compañías eléctricas a «informar» a los usuarios que cambien de contrato.

Así, las empresas deberán explicar a las personas interesadas en acogerse a una nueva tarifa «sobre las ventajas e inconvenientes y los derechos que ganan y los que pierden, para que de esta forma puedan estar mejor informados», explicó Nadal. El ministro incidió en «la libertad» de los ciudadanos «a la hora de elegir su tipo de contrato, aunque recordó que para él «el régimen más favorable es el que regula el propio Ministerio: que es el PVPC». «Sólo tiene un inconveniente, que es más volátil, pero en la media y a lo largo del tiempo es por el que menos se paga», argumentó Nadal.

Sobre la posibilidad de una subida de la luz en Galicia para pagar el canon eólico, como ha sucedido en Cataluña, La Rioja, Valencia y Castilla-La Mancha, el ministro ha señalado que la política del Ministerio «es que los recibos de la luz sean iguales en toda España». Nadal ha recordado que existe una sentencia del Tribunal Supremo que obliga a repercutir en diferentes recibos los impuestos establecidos por las comunidades autónomas en los recibos de la luz durante 2012 y que «ya se ha hecho cumplimiento de esa sentencia». «Sobre esta cuestión no hay nada más, salvo que alguien recurra», ha ahondado el ministro.

En su intervención el ministro ha reivindicado que «la política» de su departamento «es siempre que la electricidad sea lo más barata posible para todos los ciudadanos», pero ha explicado que «si hay una sentencia del Tribunal Supremo hay que cumplirla». «Cuando las administraciones autonómicas ponen impuestos en el sistema energético se corre el riesgo de que esto lo acabe pagando el usuario«, concluyó Nadal.

La CNMC propone rebajar entre un 16% y un 76,6% el precio del alquiler de los contadores de gas

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Europa Press.-Facua reclama al Gobierno que adopte las medidas necesarias «para ajustar a los costes reales» el precio que pagan los consumidores de gas por el alquiler de los contadores, tal y como señala la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que propone rebajar entre un 16% y un 76,6% el precio, dependiendo del tipo de equipo, lo que implicaría, de media, un ahorro de unos 8 euros al año para los 6,8 millones de consumidores con contador alquilado.

Así se desprende del primer estudio sobre el precio que deberían pagar los consumidores domésticos de gas por el alquiler de sus contadores, según establece el Real Decreto 1434/2002. Anualmente, el Gobierno publica en una orden ministerial los precios del alquiler de contadores de gas, que varían en función del tipo de consumidor (doméstico, empresa, etc.), y del caudal, cantidad de gas, que circula por equipo. Hasta el año 2013, de media, estos precios subían anualmente entre el 2,5% y el 3,6%. Sin embargo, han estado congelados desde ese año.

Un 99,2% lo tiene alquilado

Los consumidores pagan mensualmente a su empresa comercializadora a través de su recibo del gas el precio estipulado por el alquiler del contador junto con el resto de conceptos facturables (peajes, consumo de gas, impuestos). Un 99,2% tiene alquilado su contador. Los precios que pagan los consumidores domésticos oscilan entre 0,69 euros mensuales (hasta 3 metros cúbicos por hora) y los 2,64 euros mensuales (hasta 10 metros cúbicos por hora), dependiendo del caudal del contador que tengan alquilado. La secretaria general de Facua, Olga Ruiz, denunció que “las empresas están cobrando a los usuarios más de lo que les correspondería».

Hasta la fecha, no ha existido una metodología concreta de costes para fijar el precio del alquiler de estos equipos, entre otras cosas, porque las empresas distribuidoras no cuentan con una separación contable que diferencie los ingresos que perciben y los costes en los que incurren por el alquiler de estos equipos, frente al resto de ingresos y costes de la actividad de distribución. En consecuencia, la CNMC ha solicitado información económica para llevar a cabo un análisis metodológico que concluye que los precios por el alquiler de estos equipos deberían bajar entre el 16% y el 76%, dependiendo del tipo de contador del usuario.

La primavera seca y cálida vaticina una continuidad en los precios altos de la luz, según Grupo ASE

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Europa Press.- La primavera se presenta seca y cálida, lo que vaticina que el precio de la electricidad se mantendrá alto, según el último informe elaborado por Grupo ASE, en el que se aprecia que el pool eléctrico del primer trimestre está un 79,8% más caro que hace un año por la escasez hidráulica.

El informe indica que la mejora en las importaciones de electricidad desde Francia, el descenso de la demanda y el aumento de la producción nuclear evitaron una mayor presión en el precio durante el pasado mes de marzo. En todo caso, para los próximos meses «lo más probable» es que se mantengan los precios altos, dadas las actuales reservas hidráulicas, por debajo de las existentes en 2016, así como las previsiones climatológicas, que anuncian una primavera seca y con temperaturas más cálidas de lo habitual.

En los mercados de futuros, el descenso acontecido en las cotizaciones del Brent, gas y carbón ha contenido los precios, produciéndose incluso bajadas, a pesar de la tensión alcista del mercado diario. Sin embargo, en los últimos días de marzo se revertió la situación. El precio de la luz en el mercado mayorista registró un precio medio de 43,18 euros por megavatio hora (MWh) en marzo. Esta cifra supone un descenso del 15% respecto a febrero, pero se sitúa un 55,4% por encima de lo que marcaba hace un año.

En el primer trimestre, el precio es un 79,8% más caro que hace un año y está un 41,9% más caro que la media de los últimos cinco años, debido a la coyuntura de los últimos meses y que incide en el mix de generación, marcado por una fuerte reducción de la oferta hidráulica, un 40% inferior al año pasado, que obliga a recurrir a fuentes más caras, lo que ha dado paso a las centrales térmicas de carbón y a los ciclos combinados de gas. Además, el carbón y el gas han visto subir sus precios de aprovisionamiento en los mercados de materias primas.

Los márgenes de la gasolina y el gasóleo suben hasta un 11% en enero

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Europa Press.– El margen bruto medio de la gasolina experimentó un incremento del 8,5% en enero, o de 1,38 céntimos por litro, mientras que el del gasóleo aumentó un 11%, o 1,79 euros por litro, según el último informe de distribución de carburantes en estaciones de servicio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Tras estos incrementos, el margen bruto obtenido por los operadores asciende a 17,7 céntimos por litro en el caso de la gasolina y a 18 céntimos por litro en el del gasóleo. Este margen es el resultado de restar al precio tanto los impuestos como los costes de la materia prima, de modo que incluye partidas como la logística, distribución o comercialización de los productos.

Incremento de precios en enero

El incremento en los márgenes se produjo en un mes en el que el precio final en la Península y Baleares aumentó un 2,4% y registró su segundo incremento consecutivo, hasta 1,253 euros el litro. El encarecimiento del gasóleo fue del 2,2%, hasta 1,137 euros. En cuanto a las diferencias de precios entre provincias, la CNMC destaca la decisión de Navarra, desde enero, de suprimir el tramo autonómico del IVMDH para todos los productos derivados del petróleo, que había estado vigente desde enero de 2016.

En enero de 2017, las estaciones de servicio integradas en la red de distribución de BP marcaron los precios promedio más altos, seguidas de las de Repsol y Cepsa, tanto en gasolina como en gasóleo. Por otro lado, España se mantuvo en la segunda posición del ranking de precios antes de impuestos más altos de la Unión Europea para la gasolina, mientras que, en lo referido al ranking del gasóleo, se mantuvo en quinta posición.

La factura de la luz se encareció un 13,39% en marzo

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Redacción / Agencias.- Un consumidor doméstico medio pagó 66,38 euros en su factura de la luz de marzo, por lo que esta factura se incrementó en un 13,39% respecto a los 58,54 euros de marzo de 2016, lo que supuso una subida en el recibo eléctrico de 7,84 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que suele emplear el Ministerio de Energía: un consumo de electricidad de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio atribuye al consumo de una familia media con dos hijos. De los 66,38 euros abonados en los 31 días de marzo del 2017, 15,38 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de marzo, 36,81 euros obedecen al consumo, 2,67 euros al impuesto eléctrico y 11,52 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. Para el resto de consumidores de electricidad, 13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

Baja respecto al pasado febrero

Sin embargo, la factura de la luz de marzo bajó un 6,55% respecto al mes anterior, febrero, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,14 euros en marzo de 2017 respecto a los 2,29 euros de febrero de 2017. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses. Se trata del segundo descenso consecutivo en la factura de la luz entre meses consecutivos, después de haber encadenado nueve meses de alzas desde mayo de 2016. En el arranque de 2016 se produjeron fuertes caídas respecto al año anterior, del 10,6% enero, del 6,5% en febrero y del 0,4% en marzo

A pesar de la bajada de marzo, el recibo de la luz cerró el primer trimestre del año con una subida del 20,36% con respecto al mismo periodo de 2016. El arranque del ejercicio se caracterizó por el fuerte alza de precios en enero provocado por la ola de frío, la menor eolicidad e hidraulicidad, el encarecimiento del carbón y del gas, y la indisponibilidad de centrales nucleares en Francia. Desde enero, mes en el que la factura superó los 80 euros y el precio de la electricidad alcanzó picos superiores a los 91 euros el megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista, el descenso en el recibo de la luz ha sido del 18,63%.

La subida de precios en marzo ha contribuido a que el recibo del primer trimestre se haya situado en 213,38 euros, 36,1 euros más frente a los 177,28 euros en el mismo periodo del año anterior, aún teniendo en cuenta que 2016 fue año bisiesto y, por tanto, cuenta con un día más. En el primer trimestre, la factura media de electricidad se desglosa a razón de 44,65 euros por el término fijo, de 123,12 euros por el de consumo, de 8,58 euros por el impuesto de electricidad y de 37,03 euros por el IVA.