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El FADE cierra una emisión de 1.000 millones de euros a 3 años para refinanciar la deuda eléctrica

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Europa Press.- El Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE) ha cerrado una emisión de bonos por importe de 1.000 millones de euros a 3 años destinada a refinanciar la deuda generada hasta 2014 en el sistema eléctrico como consecuencia del déficit de tarifa, según fuentes del mercado. Los bonos vencen en junio de 2020 y tienen asociado un cupón del 0,031%, así como una rentabilidad de la emisión equivalente a los bonos del Tesoro más 14 puntos básicos.

El libro de la emisión ha atraído un volumen de órdenes de compra superior a los 2.000 millones de euros. La emisión servirá para refinanciar la deuda eléctrica a costes inferiores. De la emisión, el 51% ha sido adquirido por inversores de la Península Ibérica, frente al 14% procedente de Reino Unido, el 12% de Francia y Benelux, el 9% de Suiza, Alemania y Austria y el 8% de Italia. Por tipo de inversor, las gestoras de fondos han adquirido el 60% de la emisión, mientras que el 22% correspondió a bancos y el 11% a bancos centrales e instituciones oficiales. Las aseguradoras y fondos de pensiones compraron el 6%.

Ha sido la tercera emisión del FADE en lo que va de año. La primera, realizada en febrero, tuvo un importe de 1.000 millones de euros, mientras que la segunda, cerrada en marzo, permitió la refinanciación de otros 130 millones. La deuda eléctrica, que los consumidores de luz pagan a través del recibo, llegó a superar los 28.000 millones de euros. Para el ejercicio 2017, los peajes de electricidad recogen el pago de una anualidad de 2.852 millones de euros.

El FADE es un instrumento creado por el Gobierno en 2010 para la titulización en los mercados crediticios de la deuda eléctrica, que había sido financiada hasta ese momento en su mayor parte por las compañías eléctricas. Según cálculos del FADE incluidos en su auditoría de 2015, el tipo de interés de la deuda eléctrica colocada en los mercados a través de este instrumento ascendía a cierre de aquel ejercicio a una media del 4,53%. Este tipo interés se situó 2,4 décimas por debajo del 4,77% registrado en 2014 y un punto por debajo del 5,56% de 2013. De los 24.189 millones de euros de deuda eléctrica cedidos al fondo, había 19.832 millones pendientes de cobro a finales de 2015.

La CNMC calcula que la deuda pendiente del sistema eléctrico se situaba en 25.056 millones de euros a cierre de 2015, frente a los 26.946 millones un año antes. El FADE ha titulizado cerca del 80% de la deuda eléctrica, a un coste medio más elevado que el resto de las fórmulas de financiación ensayadas. La opción más barata fue la utilizada para el déficit de 2005, en la que el tipo de interés apenas ascendió al 0,089%. Después de 14 años consecutivos de generación de déficit, 2014 fue el primer ejercicio en el que se registró un superávit en el sistema eléctrico, por importe de 550 millones de euros, al que se sumó otro por 470 millones en 2015.

Para el ejercicio 2016, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital espera que se genere otro excedente por valor de 110 millones de euros, de modo que el sistema habrá sumado en tres años un superávit por importe de 1.130 millones. Según el proyecto de Presupuestos (PGE), este excedente podrá ser utilizado para costear obligaciones derivadas de resoluciones judiciales o de organismos de arbitraje relacionadas con indemnizaciones por decisiones regulatorias en el sector eléctrico.

La OCU celebra que quede «por fin» permitido el autoconsumo en las comunidades de vecinos tras la sentencia del Constitucional

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Europa Press.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha expresado su satisfacción con la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la prohibición de las instalaciones de autoconsumo de electricidad en comunidades de vecinos y permite «por fin» el desarrollo de esta modalidad. La organización de consumidores destaca que queda «por fin abierta la posibilidad al autoconsumo eléctrico compartido en edificios de viviendas o urbanizaciones» en España.

Hasta ahora la posibilidad del autoconsumo compartido estaba prohibido, de modo que no era posible contar con una instalación en la cubierta de un edifico de viviendas para el consumo de electricidad de cada uno de los hogares. Esta imposibilidad aparecía recogida de forma explícita en el real decreto 900/2015 a través del que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de autoconsumo eléctrico.

«Pero esto ha cambiado, lo que favorece a la gran mayoría de las viviendas que se encuentran ubicadas en comunidades», señala la OCU, antes de recordar que el Constitucional ha estimado que, al menos en parte, la Generalitat de Catalunya tenía razón en el recurso que presento. El Gobierno catalán había recurrido parte del articulado del real decreto 900/2015 por invasión de competencias, y el Constitucional le ha dado la razón parcialmente al declarar nulos el apartado 3 del artículo 4, así como los artículos 19, 20, 21 y 22.

«Desde OCU defendemos los intereses de los consumidores y para que se reconozcan sus derechos como prosumidores eléctricos, como lo estamos haciendo hasta ahora, tanto a través de las reclamaciones al Gobierno y las Administraciones con movilizaciones como www.quieropagarmenosluz.org, como realizando estudios comparativos de la tecnología y lanzando compras colectivas que faciliten el acceso a estas energías renovables», concluyó OCU.

El Tribunal Supremo rechaza el recurso de los instaladores de gas contra la norma que les «discrimina» en las inspecciones

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Europa Press.- El Tribunal Supremo ha rechazado un recurso presentado por la Confederación Nacional de Organizaciones de Instaladores (Conaif) en contra del procedimiento establecido para las inspecciones de gas, en el que la asociación aprecia una «discriminación» favorable a las empresas distribuidoras.

Conaif anuncia la decisión del Supremo y adelanta que realizará nuevas acciones contra la actual regulación de las inspecciones de gas. Estas actuaciones no serán de carácter judicial, sino que consistirán en trabajar con las Administraciones competentes, principalmente con la central y algunos de sus Ministerios, con el objetivo de lograr una regulación diferente a la actual, «más favorable y justa para las empresas instaladoras». Para la confederación, la norma beneficia a las distribuidoras de gas en perjuicio de las empresas instaladoras y no permite a éstas competir en dicho mercado en igualdad de condiciones.

La decisión judicial no da la razón a Conaif y mantiene el procedimiento, hasta ahora en vigor, recogido en el real decreto 984/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el mercado organizado de gas y el acceso de terceros a las instalaciones del sistema de gas natural. Con la sentencia, «se mantiene en el mercado de las inspecciones de gas la desigualdad que denunciábamos en nuestro recurso», afirman las empresas de instaladores.

«Lamentablemente no se ha tenido en cuenta a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos dedicados a las instalaciones de gas, que reclaman equidad para poder competir en el mercado en igualdad de condiciones con otros agentes que las superan considerablemente en tamaño y recursos«, indican. Conaif acata el fallo del Supremo pero mantiene sus postulados en este asunto que la llevaron a impugnar el citado Reglamento 984/2015.

La Ley 8/2015, que modifica la Ley del sector de Hidrocarburos, permite como novedad realizar las inspecciones a las empresas instaladoras de gas habilitadas, lo mismo que a las distribuidoras de gas que ya tenían esta competencia desde mucho antes. Pero, a juicio de Conaif, lo hace partiendo de una situación de «clara desigualdad entre distribuidoras e instaladoras, muy favorable a las primeras y discriminatoria para las segundas, que genera barreras a la competencia e impide al colectivo de instaladores competir libremente en el mercado».

El usuario puede elegir con quién realizar la inspección obligatoria de su instalación de gas, si con una compañía distribuidora de gas o con una empresa instaladora de gas habilitada. A juicio de Conaif, se discrimina a los instaladores en cuestiones como el acceso a los datos de los clientes, sólo al alcance de las distribuidoras de gas, y se auguran serios problemas de cobro para las empresas instaladoras por el medio de facturación fijado.

Según Conaif, lo que realmente está ocurriendo en las inspecciones de gas es que las distribuidoras, al conocer cuándo «toca» cada inspección, realizan las operaciones agrupadas en un mismo momento y en un mismo edificio, con el ahorro en costes que ello supone, sobre todo en términos de tiempo y desplazamiento. Las instaladoras, en cambio, al no disponer de este dato esencial tienen que «buscar» clientes a ciegas y no pueden aprovechar esas economías de escala, lo que llega a poner en cuestión la rentabilidad de estas operaciones, indica Conaif.

Mapfre ofrece un descuento de carburante del 5% en 1.200 gasolineras entre el 1 y el 5 de cada mes

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Europa Press.- Mapfre ofrecerá un descuento en la compra de carburante del 5% en 1.200 estaciones de servicio entre los días 1 y 5 de cada mes, que se articulará a través de su programa de fidelización gratuito, conocido como Mapfre teCuidamos. En la web de Mapfre teCuidamos se pueden consultar las gasolineras que ofrecen estos descuentos.

Además, el resto del tiempo también habrá descuentos, ya que desde el día 6 en adelante los consumidores podrán beneficiarse de un descuento del 3%. El descuento de esta promoción se desglosa en un 1% de forma directa en el momento del repostar y en un 4% o 2%, respectivamente, en tréboles (moneda virtual de Mapfre), lo que permite a su vez pagar menos en la renovación del seguro (un trébol equivale a un euro).

El gasto de los hogares en energía subió un 6% en el primer trimestre del año

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Europa Press.- El gasto medio de los hogares españoles en electricidad y gas durante el primer trimestre del año ascendió a 338,4 euros, lo que supone un incremento de un 6% con respecto a los tres primeros meses de 2016, periodo en el que se destinó a este concepto una media de 318,4 euros, según datos del Estudio Fintonic 2017 Energía.

Según este análisis, un informe que analiza el gasto energético de más de 150.000 hogares españoles entre enero y marzo de 2017, la comercialización en España sigue copada por Iberdrola, Endesa, Gas Natural, EDP Energía y Viesgo, que acaparan más del 90% de la facturación. Sin embargo, con respecto a los datos proporcionados por este mismo estudio en 2015, se aprecia una reducción en la cuota que representan. Un descenso que también se manifiesta en la evolución experimentada en los primeros meses del año con respecto al número de clientes, ya que en el periodo las principales compañías registraron una caída de un 3% en su nómina de clientes respecto al último trimestre del 2016.

El director de Estudios Fintonic, Iker de los Ríos, señaló que este decrecimiento se debe «tanto a la captación de clientes por parte de las nuevas comercializadoras como al esfuerzo de las principales compañías del sector por consolidar el número de recibos con sus clientes en una única relación contractual (gas y electricidad)». Viesgo fue la excepción en el bloque de las compañías distribuidoras, registrando un aumento en el número de clientes cercano al 5%. En esta línea, las comercializadoras emergentes como Podo, Som Energía, Gana Energía o Pepe Energy crecieron por encima del 8%.

Asimismo, según el informe, la mitad de los consumidores centraliza sus facturas de luz y gas en una única compañía, es decir, tienen ambos servicios con el mismo proveedor o únicamente consumen electricidad. Es el caso del 50% de los clientes de Endesa y de dos de cada cinco clientes de Iberdrola o Gas Natural. Además, una cuarta parte de los hogares tienen recibos en los que combinan dos de estos tres grandes suministradores. En lo que se refiere a las áreas geográficas, Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa lideran el mercado en la mayoría de las comunidades autónomas. La excepción se encuentra en Asturias, Cantabria o País Vasco, donde destacan EDP Energía o Viesgo.

El precio de los carburantes repunta por segunda semana consecutiva

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Europa Press.- El precio de la gasolina ha subido un 0,41%, mientras que el del gasóleo ha registrado un incremento del 0,55%, con lo que ambos carburantes repuntan por segunda semana consecutiva. Los carburantes se alejan así de los niveles mínimos de 2017 que habían marcado en mayo. En concreto, el litro de gasolina se sitúa en 1,216 euros, mientras que el gasóleo, utilizado por más del 70% del parque automovilístico, se sitúa en los 1,088 euros.

Ambos combustibles tocaron sus máximos en abril desde 2015, después de la espiral alcista iniciada en noviembre como consecuencia de los incrementos en el precio del barril de crudo provocados por la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de reducir su producción, que llevó al crudo a consolidarse por encima de los 50 dólares el barril.

El petróleo cae desde prórroga

El barril de petróleo repuntó a la espera de la nueva decisión que debía adoptar la OPEP. Sin embargo, el cártel petrolero aprobó la extensión de los recortes en la producción de petróleo durante 9 meses más, hasta marzo de 2018, menor tiempo al previsto por el mercado, lo que hizo que el precio del barril de crudo retomara las caídas. El Brent, de referencia en Europa, cotiza a 51,3 dólares por barril, mientras que el Texas americano se cambia a 48,95 dólares, en ambos casos casi tres dólares menos.

La gasolina es más barata en España que en la media de la Unión Europea y la zona euro, donde el precio de venta al público del litro de combustible Euro-Super 95 se sitúa en 1,35 euros y en 1,396 euros, respectivamente, mientras que el litro de gasóleo cuesta 1,201 euros de media en la Unión Europea y 1,196 euros en la eurozona. El menor nivel de precios finales con respecto a los países del entorno se debe a que España, pese a las subidas del IVA, a los mayores impuestos y a los gravámenes al biodiésel, sigue contando con una menor presión fiscal en general que la media comunitaria.

La factura de la luz se encarece un 17,56% en mayo

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Redacción / Agencias.- Un consumidor doméstico medio pagó 66,94 euros en su factura de la luz de mayo, por lo que esta factura se incrementó en un 17,56% respecto a los 56,94 euros de mayo de 2016, lo que supuso una subida en el recibo eléctrico de 10 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que suele emplear el Ministerio de Energía: un consumo de electricidad de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio atribuye al consumo de una familia media con dos hijos. De los 66,94 euros abonados en los 31 días de mayo del 2017, 15,38 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de mayo, 37,25 euros obedecen al consumo, 2,69 euros al impuesto eléctrico y 11,62 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. Para el resto de consumidores de electricidad, 13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

Precios estables respecto a abril

Sin embargo, la factura de la luz de mayo subió apenas un 0,67% respecto al mes anterior, abril, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,16 euros en mayo respecto a los 2,145 euros de abril. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses. De esta manera, el recibo eléctrico vuelve a repuntar ligeramente por segundo mes consecutivo, después de los descensos que había registrado en febrero y en marzo, que dejaban atrás el episodio alcista de enero y nueve meses seguidos de subidas.

Subida del 19,62% hasta mayo

Con esta nueva subida en mayo, el recibo de la luz cerró los primeros cinco meses del año con una subida del 19,62% con respecto al mismo periodo de 2016. La subida de precios en mayo ha contribuido a que el recibo de los cinco primeros meses del año se haya situado en 346,67 euros, 56,86 euros más frente a los 289,81 euros en el mismo periodo del año anterior, aún teniendo en cuenta que 2016 fue año bisiesto. En los primeros cinco meses, la factura media de electricidad se desglosa a razón de 74,92 euros por el término fijo, de 197,64 euros por el consumo, de 13,94 euros por el impuesto de electricidad y 60,17 euros por el IVA.

El arranque del ejercicio 2017 se caracterizó por el fuerte alza de precios provocado por la ola de frío, la menor eolicidad e hidraulicidad, el encarecimiento del carbón y del gas, y la indisponibilidad de centrales nucleares en Francia, frente al arranque de 2016, en el que se produjeron fuertes caídas respecto al año anterior. Desde enero, mes en el que la factura superó los 80 euros y el precio de la electricidad alcanzó picos superiores a los 91 euros el megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista, el descenso en el recibo de la luz ha sido del 17,98%.

La OCU reanuda la campaña Quiero pagar menos luz, con el objetivo de ahorrar 150 euros al año

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EFE.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) reanuda la campaña Quiero pagar menos luz, en la que han participado más de 600.000 familias en los tres últimos años y que obtuvo descuentos medios de 150 euros al año en la factura eléctrica.

La OCU ha denunciado que el mercado de la electricidad es opaco, cerrado e insuficiente para las necesidades de los consumidores, por lo que un cambio «es más necesario que nunca». La organización de consumidores ha realizado un estudio de los diferentes cargos que se ocultan en la factura de los consumidores y sus conclusiones apuntan a la necesidad de una auditoría completa del sistema eléctrico. La organización considera que el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) «deberían actuar inmediatamente» para fijar una metodología transparente con el fin de asignar la contribución que los diferentes consumidores hacen para cubrir los costes del sistema.

Según la OCU, el Ministerio «oculta una metodología que provoca que los pequeños consumidores asuman históricamente el 75% de esos costes, pese a su bajo consumo, así como la aparición de nuevos costes que exigen la necesidad de una asignación más justa, que pasaría por reducir ese porcentaje”. Revisar el impuesto de la electricidad y reducir determinados costes del sistema, como los pagos de capacidad (compensación que reciben ciertos productores por cubrir los picos de máxima demanda) son otras demandas.

Esquerra Republicana (ERC) reclama potenciar los contadores inteligentes pero evitando cualquier sobrecoste al consumidor

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Europa Press.- Esquerra Republicana (ERC) quiere que el Gobierno potencie el uso de los contadores inteligentes sobre consumo eléctrico con una mayor información y protección al consumidor ante «sobrecostes injustificados» que, advierten, vienen sufriendo parte de los ciudadanos que apuestan por estos aparatos. Para ello, los independentistas reclaman la creación de un operador neutro de datos que no tenga interés económico en su relación con el consumidor y garantice un buen uso de la información por parte de los operadores del mercado eléctrico.

Según el portavoz de ERC en la Comisión de Energía, Joan Capdevila, el objetivo de esta iniciativa es «facilitar al consumidor toda la información que los contadores inteligentes pueden poner a su disposición, cosa que actualmente no ocurre». Así, lamenta que la instalación de contadores inteligentes que están realizando ya las compañías distribuidoras no repercuta en información al ciudadano en aspectos como el consumo en tiempo real, las señales de precio para adaptar el consumo en horas más accesibles o la utilización de estos datos para abordar la pobreza energética.

La formación catalana también lamenta que en este proceso el consumidor asuma el coste íntegro de la operación a través de una carga directa en el recibo y de los peajes de acceso. «No puede renunciar a él ni elegir entre distintas opciones técnicas y no recibe la información adecuada ni antes, ni durante, ni después de la sustitución del equipo, como puede ser las ventajas e inconvenientes entre la compra o el alquiler del equipo«, apunta el diputado republicano.

Según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), hasta el primer semestre de 2016 se habían instalado en España 17,54 millones de contadores inteligentes de electricidad. Esto representa el 62% del total de 28,12 millones de contadores de electricidad existentes. La iniciativa de Esquerra también incide en la seguridad y protección de datos personales en la sustitución y puesta en marcha de los nuevos equipos, la interoperabilidad entre contadores inteligentes o la inocuidad de sus efectos sobre la salud.

La refacturación del recibo eléctrico medio será de 5,67 euros tras la sentencia del Supremo sobre el margen de comercialización

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Europa Press / EFE.- La refacturación del recibo de la luz que aplicarán las compañías eléctricas encargadas de suministrar la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) con el objetivo de cubrir el margen de comercialización no imputado en los últimos años será de 5,67 euros para un hogar medio, según indicaron fuentes de Endesa, para así regularizar los cobros después del cambio en los márgenes de comercialización.

Esta refacturación, aprobada por el Gobierno en un decreto con el objeto de cumplir las sentencias del Tribunal Supremo en contra de decisiones regulatorias del propio Ejecutivo, ha de aplicarse hasta el 30 de septiembre y las comercializadoras tienen la opción de hacerlo de una vez o en varios recibos. En el caso de Endesa, el proceso se realizará en una sola factura y el importe medio que se regularizará será de 2,2 euros por cliente, aunque la dispersión es amplia. Para una potencia de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo de 3.000 kilovatio hora (kWh) al año, la regularización total, que abarca casi tres años, será de 5,67 euros.

Otras fuentes del sector eléctrico explican que no todos los usuarios verán incrementada la factura y que con consumos pequeños saldrá a devolver. La nueva metodología, en contra de lo que ocurría con el sistema anterior, tiene en cuenta el consumo realizado. La refacturación es fruto de varias sentencias del Supremo en las que se considera insuficiente el margen de comercialización que desde 2014 el Gobierno reconoció a las eléctricas encargadas de suministrar el PVPC. Desde 2014, este margen se vinculaba únicamente a la parte fija del recibo y ascendía a 4 euros anuales por kilovatio contratado. El Supremo falló que este importe es insuficiente para cubrir los costes de comercialización y obligó al Gobierno a fijar una nueva metodología.

Tras las resoluciones judiciales, el Gobierno publicó un real decreto en el que fija el margen de comercialización en 3,11 euros al año por kilovatio contratado, más una parte que varía en función del consumo realizado. Esta revisión implica a efectos prácticos un aumento del recibo medio final de apenas el 0,02%, aproximadamente 0,25 euros al año. La norma también recoge una refacturación para repercutir al cliente las cantidades no cobradas desde 2014, que es de donde proceden los 5,67 euros que ahora deberá pagar el hogar medio. En todo caso, si el cliente ha tenido un consumo pequeño, es posible que se vea beneficiado con la revisión, al vincularse el importe a la demanda.

La refacturación, que afectará a 13 millones de consumidores, se aplica a los usuarios que durante todo o una parte del periodo comprendido entre abril de 2014 y diciembre de 2016 tuviesen el PVPC, incluidos los consumidores vulnerables acogidos al bono social. Si cambiaron de comercializadora o se dieron de baja, será la empresa que cobró las cantidades en esas fechas la que ahora les pase uno o varios recibos con la regularización. La refacturación vendrá acompañada de una carta explicativa redactada por el Gobierno cuyos términos el Supremo obligó a modificar, al considerar que se daba a entender que la responsabilidad de la misma era de las empresas, cuando en realidad responde a decisiones del Ejecutivo con retribuciones insuficientes.

Denuncian la refacturación de golpe

Por su parte, Facua ha denunciado la autorización del Gobierno a las compañías eléctricas para que cobren, en mayo y de una sola vez, las tarifas que, durante 3 años, se aplicaron “incorrectamente porque el Ministerio de Energía no calculó bien el coste de la comercialización de la electricidad que forma parte de la tarifa regulada”.Una medida que, según advierte Facua, puede llegar a inflar más de un 50% el recibo de la luz en mayo, y que ha propiciado que las eléctricas tengan libertad para decidir si lo aplican a lo largo de varios recibos o “de golpe”, como está haciendo Endesa, según apunta la organización, este mes.

Asimismo, Facua lamenta la “nula sensibilidad que han tenido tanto el Gobierno como las compañías con la grave situación económica de multitud de consumidores, ya que tenían de plazo para imponer la refacturación, previo aviso a los usuarios de los motivos del reajuste, hasta el 30 de septiembre y lo cobrarán de una sola vez”.De hecho, critican que ni siquiera se tiene en consideración a los beneficiarios del bono social, a los que el cobro de las cantidades también se les está aplicando íntegramente.