Entradas

Ciudadanos quiere que la AMAC exponga en el Congreso sus propuestas para el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña

Europa Press.- Ciudadanos ha registrado en el Congreso de los Diputados una solicitud de comparecencia para que la presidenta de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC), Raquel González, exponga en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, su visión y sus propuestas para el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña y las necesidades que, desde los municipios afectados, están detectando en dicho proceso.

El ejecutivo anunció el pasado mes de agosto el cierre de esta planta, situada en la provincia de Burgos, aunque se espera que su desmantelamiento suponga, aún, un periodo de entre 10 y 15 años. AMAC ya ha planteado en varias ocasiones que es antes de este periodo cuando el Ejecutivo tiene que presentar planes económicos alternativos para la comarca afectada por el cierre de Garoña que, en su mayoría, dependía económicamente de ella. «Tenemos miedo a la despoblación», declaró González, que también es alcaldesa del municipio burgalés del Valle de Tobalina , y expuso sus preocupaciones ante la Ponencia para las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Según González, la principal preocupación de la comarca es actualmente «la despoblación» y «lo que viene después» del periodo de desmantelamiento de la planta. Pero, además, desde AMAC piden al Ejecutivo que les dejen participar en el desarrollo de ese plan económico alternativo ya que, a su juicio, los ciudadanos y sus representantes son quienes conocen las verdaderas necesidades locales. Así, denunció que el cierre de Garoña fue «una decisión que se toma desde un entorno ajeno», como es «un despacho en Madrid«, mientras los que realmente está a merced de esta decisión «no han tenido ninguna opinión al respecto».

El CSN pide a Cofrentes un análisis sobre las causas de su último incidente

EFE.- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha trasladado a la central de Cofrentes la necesidad de elaborar un análisis de las causas de la parada programada de su actividad tras un desequilibrio de caudales de agua entre el lazo A y B del sistema de alimentación, que sufrió el pasado 31 de octubre.

Asimismo, Iberdrola, como titular de la central valenciana, deberá elaborar y remitir un programa detallado de actividades para poder localizar y extraer las partes sueltas de la válvula del lazo A, incluyendo las previsiones de dosis asociadas a los trabajos que se planifiquen, antes de proceder al arranque de la central.

El comunicado del CSN señala que el análisis debe incluir una evaluación detallada de los componentes de seguridad potencialmente afectados, particularmente la «inadecuada actitud cuestionadora que llevó a no realizar una revisión y el mantenimiento de la válvula durante la última parada de recarga».

El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear ha sido informado por las direcciones técnicas del organismo, en su sesión ordinaria de este miércoles, de la situación del sistema de agua de alimentación de la central nuclear de Cofrentes tras el análisis de la información disponible sobre el asunto.

Esta central notificó al CSN una parada no programada para inspeccionar las líneas y las válvulas del lazo A del sistema de agua de alimentación, al observar, en el arranque tras la parada de recarga del mes pasado, un desequilibrio de caudales de agua entre el lazo A y el lazo B, que aportan agua a la vasija para producir el vapor necesario para mover la turbina.

Como resultado de las inspecciones llevadas a cabo por Iberdrola se han identificado defectos en una válvula, que han dado lugar al desprendimiento de fragmentos de esa válvula en el sistema de agua de alimentación que, según el CSN, no han podido ser recuperados.

La central nuclear de Vandellós II notifica la actuación inadecuada de un relé

Servimedia.- La central nuclear de Vandellós II, ubicada en la provincia de Tarragona, ha notificado la actuación inadecuada de un relé del sistema esencial de agua enfriada, que refrigera las salas de equipos relacionados con la seguridad.

Según informó el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), en la prueba de arranque del tren A del sistema esencial de agua enfriada, que refrigera salas de equipos relacionados con la seguridad, se ha producido una parada automática del mismo, debido a la actuación de un relé temporizado de protección de dicho sistema, que provoca su parada por baja presión en la aspiración del compresor.

La causa de la actuación inadecuada del relé ha sido un ajuste inadecuado de la temporización del mismo.

La incorrecta temporización ha impedido recuperar la situación transitoria de baja presión en la aspiración del compresor que se produce bajo determinadas condiciones ambientales exteriores.

En las pruebas anteriores de los meses de agosto, septiembre y octubre, debido a las temperaturas exteriores más elevadas, quedó inadvertido el error de calibración.

El suceso, que no ha tenido impacto en los trabajadores, en el público ni en el medio ambiente, se clasifica con nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES).

Ecologistas en Acción critica la «posible ampliación sin sentido» del almacenamiento de residuos radiactivos de El Cabril

Eurpa Press.- La Asociación de Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear han criticado que el almacenamiento de residuos radiactivos de media y baja actividad de El Cabril, ubicado en Hornachuelos (Córdoba), «ha recibido óxidos de uranio que no está autorizado para almacenar», sospechando ambos colectivos «que puede haber motivos relacionados con una justificación posterior para una «posible ampliación sin sentido» de la instalación.

A este respecto, ambos colectivos han afirmado que, «en pleno debate sobre su posible ampliación, esta instalación nuclear recibe residuos con millones de años de actividad, vulnerando la limitación de aceptar exclusivamente residuos que no superen hasta 300 años de vida radiactiva». Además, «cuando aún quedan por desmantelar 8 de las 10 centrales nucleares que se construyeron en España, el cementerio nuclear de residuos de media, baja y muy baja actividad de El Cabril», que gestiona la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), «se encuentra al 70% de su capacidad«.

Según Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear, este hecho coincide con que «los procesos de desmantelamiento de las centrales nucleares son los que generan una mayor cantidad de residuos, que se transportan por todo el territorio nacional hasta El Cabril», con lo que «es muy probable que los residuos procedentes de Garoña, cuyo cese de actividad se decidió el pasado 3 de agosto, dejen saturado el almacén nuclear, imposibilitando la recepción de materiales provenientes de otras instalaciones nucleares».

La consecuencia de ello, a juicio de estos colectivos ecologistas, es que «Enresa tiene que proceder a la ampliación de El Cabril o a la búsqueda de otro emplazamiento, para tener capacidad para gestionar los residuos que se producirán en el futuro próximo». Según dichas asociaciones ecologistas, «la industria nuclear española apuesta por duplicar la capacidad de almacenamiento de El Cabril, para permitir el alargamiento del funcionamiento de las centrales y que este cementerio nuclear pueda albergar los nuevos residuos producidos. Incluso Enresa podría plantearse nuevas ampliaciones si fuera necesario«.

En este contexto, según Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear, «se ha dado a conocer, tras la publicación del Informe al Congreso del CSN de 2015, que Enresa depositó durante ese año en El Cabril algo más de 111 kilos de óxidos de uranio procedentes de la fábrica de Enusa en Juzbado (Salamanca). Un hecho que contraviene las normas de este cementerio nuclear, que tiene limitada la recepción de estos productos a aquellos cuya vida radiactiva no supere los 300 años, y no admite emisores de partículas alfa».

Sin embargo, «el uranio recibido es un emisor alfa y tiene una vida de millones de años», lo que «demuestra que la industria nuclear se salta sus propias normas de seguridad cuando recibe residuos de alta actividad sin una solución a su gestión. Estos residuos condenan a que el desmantelamiento de El Cabril, que debería producirse 300 años después de su clausura, sea demasiado problemático».

Esto, en opinión de los colectivos ecologistas, podría usarse como «justificación para ampliar este cementerio nuclear, en lugar de buscar otro emplazamiento más adecuado para el necesario almacenamiento de este tipo de residuos radiactivos. La ampliación evitaría así el necesario traslado de esos residuos, que incumplen las normas de seguridad». Por estos motivos, Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear subrayan que «en estas condiciones no tiene ningún sentido la ampliación de este cementerio nuclear», a la vez que exigen el «cierre escalonado de todas las centrales nucleares y buscar otro emplazamiento para evacuar los residuos para los que El Cabril no tiene autorización».

La nuclear de Almaraz (Cáceres) simula la pérdida de refrigeración del reactor y evacua a la población en 5 kilómetros

Europa Press.- La central nuclear de Almaraz (Cáceres) simuló la pérdida de suministro eléctrico, la falta de capacidad de refrigeración de uno de sus dos reactores, lo que conllevó la evacuación de la población cercana al enclave en un radio de 5 kilómetros y la declaración de emergencia general, según indicó el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Se trata del preceptivo ejercicio de simulacro anual en la central nuclear que en este caso ha consistido en un suceso de nivel 4 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES) que supone un accidente con consecuencias de alcance local. El simulacro se realizó conforme a los requisitos del Plan de Emergencia Interior y contó con la participación de la Organización de Respuesta ante Emergencias del CSN, tanto desde la Sala de Emergencias (SALEM) como desde el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de Cáceres.

Según indicó el CSN, el ejercicio comenzó cuando se ha simulado una prealerta de emergencia a consecuencia de la pérdida de suministro eléctrico exterior de la central. Además, la central ha perdido la capacidad de refrigerar el reactor de la unidad I, que ha llevado a la declaración de emergencia general. Por su parte, el organismo regulador recomendó al CECOP de Cáceres medidas preventivas como el control de accesos a la instalación y la activación de las Estaciones de Control y Descontaminación (ECD) de Plasencia y Navalmoral de la Mata.

Además se ha evacuado a las poblaciones ubicadas en la zona 1-A (radio de 3 kilómetros respecto de la central) y 1-B (radio de los 5 kms) y se ha repartido, pero sin ingerir, la profilaxis radiológica a sus habitantes y, en el resto de la zona 1 (entorno de los 10 kilómetros de la central nuclear), se ha llevado a cabo el confinamiento de la población y el reparto de profilaxis radiológica. Durante el simulacro, el CSN mantuvo activos a todos los grupos operativos, tal y como requiere el modo 2 de su Organización de Respuesta ante Emergencias (ORE).

El PSOE de Álava pide a Nuclenor el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña «lo antes posible»

EFE.- El PSOE de Álava reclama a Nuclenor, la empresa propietaria de Garoña, que inicie el desmantelamiento de la central nuclear burgalesa «lo antes posible». Los socialistas denuncian que después de que el Gobierno denegara la autorización de continuidad para Garoña aún «no hay constancia de que Nuclenor haya presentado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ni al Ministerio la solicitud de desmantelamiento».

Por otro lado,  el PSOE exige la puesta en marcha de un plan de reactivación para los municipios de la comarca afectados por el cierre de Garoña. Ese plan, que debe incluir a las localidades alavesas de la zona, también tiene que contemplar «la implantación de energías renovables que mejor se adapten a la comarca» para que estas cubran una parte de la energía generada hasta ahora por la central.

La central de Cofrentes avisa al CSN de un fallo en una de las bombas que no ha provocado daños

Europa Press.- El titular de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la aparición de humo en las instalaciones del edificio auxiliar como consecuencia de un fallo mecánico en el acoplamiento de una de las bombas del sistema auxiliar de purificación de agua del reactor. El incidente no ha tenido impacto, por lo que se clasifica con nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES), según ha indicado el Consejo de Seguridad Nuclear.

Este fallo se ha iniciado mientras la central se encontraba en parada para recarga y ha motivado la correspondiente activación del sistema de protección contra incendios. El titular de la central ha enviado al personal de la brigada contra incendios hasta la localización del suceso y ha confirmado la ausencia de fuego. Además, el humo ha desaparecido tras la desconexión eléctrica de la bomba. Acto seguido, se ha conectado la otra bomba de reserva, con lo que se ha dado por concluido el incidente. El CSN informó a través de su web de la recepción de notificación de este suceso.

El Gobierno no autoriza la reapertura de Garoña

Europa Press.- La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) echará el cierre definitivo después de que el Gobierno haya acordado no autorizar la solicitud de renovación de autorización de la explotación de la planta, según ha anunciado el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, a una semana de que se cumpliese el plazo para que el Ejecutivo tomase una decisión.

En una rueda de prensa convocada este martes para informar de la decisión del Gobierno sobre el futuro de la planta nuclear burgalesa, la que más años ha operado en España, el ministro ha explicado que la orden ministerial que tiene que emitir el Gobierno al respecto «será la de denegación» de la continuidad de la explotación porque las «circunstancias actuales» no garantizan la suficiente certidumbre, en relación a la oposición de todos los grupos políticos de la oposición a la reapertura y a las discrepancias sobre la solicitud también expresadas por Iberdrola y Endesa.

La decisión del Gobierno se ha tomado seis meses después de que el pasado 8 de febrero el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera un informe favorable –con el voto en contra de la entonces consejera Cristina Narbona– a la renovación de la autorización de explotación sin una fecha determinada.

Este informe establecía un conjunto de 10 condiciones, 15 instrucciones técnicas complementarias y un programa de pruebas de arranque en el que se verificaría el cumplimiento de todo ello, antes de que la central pudiera, en caso del permiso del Gobierno, volver a cargar combustible.

Una vez emitido el informe favorable la pelota estaba en el tejado del Gobierno, ya que las empresas propietarias de Nuclenor, Iberdrola y Endesa, mantuvieron una reunión el 26 de abril de 2017 en la que no llegaron a un acuerdo sobre la propuesta de la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán para desistir de seguir adelante con la solicitud que formularon en 2014 para poner de nuevo en marcha el reactor burgalés hasta 2031.

De ese modo, Garoña se convertiría en la primera central nuclear en llegar hasta los 60 años de operación y abriría el camino al resto de centrales españolas, que se van acercando progresivamente hasta los 40 años de vida útil, en pleno proceso del Gobierno por definir el modelo energético del futuro.

No obstante, la planta, que contaba con permiso de explotación hasta el 6 de julio de 2013, dejó de producir electricidad ocho meses antes, en diciembre de 2012, a consecuencia de un nuevo impuesto sobre el combustible que estableció el Gobierno y que Nuclenor estimó que le supondría un coste inasumible.

Así, el plazo para que Nuclenor pudiera solicitar su renovación expiró y, ante la apuesta del Gobierno por que la planta pudiera seguir adelante, meses después, en enero de 2014, el Ejecutivo aprobó una modificación normativa por la que una central que no hubiera cerrado por motivos relacionados con la seguridad nuclear ni la protección física, es decir por causas económicas, tendría un plazo añadido de un año para replantearse la decisión y pedir una nueva autorización.

Con esta modificación, el titular presentó el 27 de mayo de 2014, una solicitud hasta el 2 de marzo de 2031, cuando cumpliría 60 años de operación, de acuerdo con la «práctica regulatoria existente en Estados Unidos» y porque consideraba que un marco temporal de explotación de «estas características es necesario para hacer viable el proyecto y proporcionaría la estabilidad y certidumbre adecuada para acometer las inversiones precisas».

Desde entonces, Nuclenor ha invertido en mantener la planta en una situación de reversibilidad unos 358 millones de euros y estos costes estarían en el centro de la discusión entre los accionistas de Garoña.

El 11 de julio, el Gobierno abrió un plazo de diez días para que once interesados presentasen alegaciones al proceso. De estos, presentaron alegaciones favorables a la continuidad la Junta de Castilla y León y la Asociación de Municipios de Áreas Nucleares (AMAC) y contrarias a esa decisión las ONG Greenpeace, Ecologistas en Acción y las comunidades autónomas de País Vasco y Navarra.

Historia

La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) es la más antigua de España –después del cierre en 2006 de José Cabrera (Guadalajara)–, fue inaugurada en 1970 y terminó su actividad el 16 de diciembre de 2012, después de haber operado 42 años y medio.

En 2009, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitió un informe favorable por unanimidad a que la planta operase por 10 años más, hasta 2019. Si bien, el Gobierno autorizó su renovación hasta el 6 de julio de 2013.

Los técnicos del CSN denuncian que el regulador ha perdido credibilidad con el expediente de Garoña

Europa Press.- La Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear (ASTCSN) ha denunciado el uso partidista del regulador en el expediente de reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) porque con este proceso el CSN «ha perdido credibilidad ante una sociedad harta de corrupción política» y ha sido «una marioneta».

Desde la asociación de técnicos del propio CSN consideran que es «imprescindible para garantizar el buen funcionamiento del parque nuclear» que el regulador rinda cuentas ante el Congreso «de forma transparente» y denuncia que no lo ha hecho.

En un comunicado, publicado con motivo de la decisión del Gobierno de cerrar de manera definitiva la central nuclear burgalesa, recuerda que el presidente del CSN, Fernando Marti, en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, expuso que mientras la empresa responsable de la gestión de la planta no cumpliera con todos los requisitos que fueron exigidos en la Instrucción Técnica emitida por el CSN en 2014, el CSN no aprobaría ningún informe técnico respecto a la prolongación operativa de la planta.

Si bien, la asociación califica de «falsas» estas declaraciones ya que el CSN emitió el pasado mes de febrero su informe favorable a la renovación de la planta.

Además, afirma que el expediente de Garoña «se ha gestionado de forma inadecuada» por lo que espera que se saquen «lecciones aprendidas» para el futuro.

Del mismo modo, adolece de falta de transparencia en la forma de trabajar a nivel interno y reclama hacer públicos los debates del pleno a la hora de tomar resoluciones «de esta envergadura» como la de Garoña.

«Estas actuaciones suponen un desgaste para el regulador nuclear que aparece ante los ciudadanos como una marioneta dirigida por objetivos políticos o intereses empresariales privados, y que proyecta sus carencias y fallos sobre esta Asociación, como ha hecho recientemente en respuesta a nuestros escritos, limitándose a ignorar nuestras propuestas al considerarlas como una injerencia», denuncia la organización, que insta al regulador a mejorar los «deficientes» mecanismos de discrepancia interna para «eliminar la cultura del miedo» dentro del organismo.

Finalmente, acusa a la cúpula del CSN de «conceder recompensas a los funcionarios dóciles con la línea jerárquica», pide un «cambio de valores en los dirigentes de muchas administraciones públicas» y asegura que seguirá denunciando los hechos que consideren «mala praxis» en el regulador nuclear.

El desmantelamiento de Garoña podría terminar en torno al año 2034 aproximadamente

Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha estimado el tiempo del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) en una horquilla de 13 a 16 años, lo que situaría el final de este proceso una vez pasado el año 2030.

En la comparecencia celebrada esta mañana para informar de la decisión del Gobierno de denegar la solicitud de Nuclenor, el titular de Garoña, de operar la planta hasta 2031, cuando hubiera llegado a los 60 años de vida útil, Nadal ha apuntado a que este proceso podría durar de 13 a 16 años.

En primer lugar, la central debe ser declarada en situación de cese definitivo de explotación, aunque su licencia de operación ya expiró el 6 de julio de 2013.

El Ministerio ha informado que, a continuación, el departamento que dirige Nadal deberá emitir la autorización de desmantelamiento, pero para ello el Consejo de Seguridad (CSN) emitirá un informe previo y, posteriormente, se emitirá la declaración de clausura.

Respecto a la autorización de desmantelamiento, esta deberá ser solicitada por la Empresa estatal de Residuos (Enresa), que será la empresa encargada de realizar estas actividades, que ya está próxima a terminar en la central de José Cabrera (Guadalajara), más conocida como Zorita y que dejó de operar en 2006.

En esta solicitud, Enresa además habrá de pedir la transferencia de titularidad de la central, y antes de la concesión de esta autorización y del traspaso de titularidad, se abrirá un periodo previo de desmantelamiento.

En esa fase, el titular, Nuclenor, deberá realizar un conjunto de tareas y la primera es descargar el combustible que está almacenado en la piscina de Garoña. En el caso de esta planta, el titular extrajo el combustible del reactor en diciembre de 2012, meses antes de que su licencia terminase en julio de 2013, a consecuencia de un nuevo impuesto al combustible nuclear.

Si bien, para descargar este combustible Nuclenor tendrá que construir un almacén temporal individualizado (ATI) en el que se pueda albergar todo el combustible gastado por la central a lo largo de sus casi 43 años de operación, ante la falta de un almacén temporal centralizado que ya debía haber entrado en funcionamiento en este 2017 de acuerdo con el mandato parlamentario.

Del mismo modo, antes de que Enresa asuma la titularidad de Garoña y se haga cargo del desmontaje y desmantelamiento de la central, Nuclenor deberá haber acondicionado los residuos generados durante la explotación (los residuos radiactivos de baja y media actividad que se gestionan por Enresa en El Cabril).

En la actualidad, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) no fija un plazo determinado para acometer el predesmantelamiento, pero Enresa calcula que el desmantelamiento podría comenzar unos seis años después de la parada definitiva del reactor y que podría durar aproximadamente diez años.

Una vez terminen las actividades desmanteladas, se acometerá el plan de restauración del emplazamiento que tendrá que ser verificado junto con el resto de las condiciones técnicas que se establezcan. Después de ese proceso el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital deberá emitir la declaración de clausura.

Será entonces cuando Enresa devuelva el emplazamiento a su titular, en este caso Nuclenor, pero el Ministerio puede establecer restricciones de uso sobre los terrenos en los que se asentaba la instalación.

En concreto, el artículo 28 del Reglamento de Instalaciones Nucleares, precisa que el Ministerio declarará el cese de la actividad y establecerá unas condiciones que se deberán ajustar a las actividades a realizar en la instalación a partir de ese momento y el plazo en el que se deberá solicitar la autorización de desmantelamiento o bien de desmantelamiento y cierre.

En todo caso, se entiende por desmantelamiento todas aquellas actividades realizadas una vez obtenida la correspondiente autorización que permiten solicitar la declaración de clausura y que supondrá la desclasificación de la instalación y la liberación, total o restringida, del emplazamiento.