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El Gobierno confía en que el cambio de presidente en ENRESA «no afecta» al desarrollo del proyecto del silo nuclear

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Europa Press.- El Gobierno ha asegurado que el cambio de presidente en la Empresa Nacional de Residuos (ENRESA), tras la dimisión «por motivos personales» de Francisco Gil-Ortega «no afecta al desarrollo del proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC)» que para el Parlamento es una instalación «necesaria» y «urgente».

En una respuesta escrita al diputado Compromís Joan Baldoví, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno explica que el proyecto está pendiente de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) remita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo su informe sobre la autorización previa y de la Declaración de Impacto Ambiental que deberá enviarle el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Sin embargo, el primero de estos informes, el del organismo encargado de la seguridad nuclear en España, ya ha sido aprobado y enviado a Industria en la última semana de julio, aunque en una fecha posterior a la respuesta parlamentaria. De este modo, queda pendiente la Declaración de Impacto Ambiental del departamento que dirige Isabel García Tejerina.

El informe del CSN es preceptivo y ha autorizado de forma previa el emplazamiento, con una serie de condiciones que serán de cumplimiento obligado. Si dicho pronunciamiento del CSN hubiera sido negativo, entonces su carácter sería vinculante, de modo que el proyecto no podría ser autorizado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En este contexto, interrogado por el diputado sobre si la instalación tiene sentido debido a que algunas centrales nucleares disponen ya de almacenamientos temporales individuales (ATI), el Gobierno subraya que el ATC es la «alternativa que históricamente se ha considerado más racional» para la gestión temporal en España del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos de alta actividad.

Además, respecto al punto de vista ambiental, considera que la existencia de un ATC, donde se almacenará el combustible gastado que ahora se almacena en los ATIs, se evitará la dispersión de estos residuos radiactivos de alta actividad entre ocho ATIs diseminados por la geografía española.En este sentido, destaca que esta alternativa permitirá liberar el emplazamiento de una central, una vez que ésta se haya desmantelado, dejando libre el emplazamiento para otros usos.En cuanto a la protección física, estima que «es más fácil» controlar una instalación que varias instalaciones dispersas por la geografía española y que la solución del ATC permite «centralizar y racionalizar» los recursos disponibles.

Sobre los aspectos técnicos, expone que el ATC es una instalación «autónoma» que dispone de los equipos necesarios para «recibir, manipular y almacenar» el combustible gastado y los residuos radiactivos de alta actividad. Igualmente, explica que la instalación del ATC, a diferencia de los ATI cuenta con zonas activas –celdas calientes– en las que se puede manejar y acondicionar el combustible gastado, lo que permite la eventual apertura para su análisis y reparación de un contenedor que sufriera alguna incidencia, además de contar con instalaciones en las que investigar el comportamiento del combustible durante el almacenamiento temporal y con relación a su gestión final.

Por ello, insiste que estos motivos hacen que «la disponibilidad» de un ATC sea «la estrategia» que se ha contemplado «por los distintos Gobiernos» en el Plan General de Residuos Radiactivos, donde el Ejecutivo establece las estrategias de gestion de residuos desde 1987. En ese sentido, recuerda que el ATC es la estrategia contemplada también en el ámbito parlamentario que «en diversas ocasiones» pone de manifiesto la «necesidad» de contar con esta instalación.

El Gobierno alude a los pronunciamientos parlamentarios sobre la cuestión, como el informe del 17 de noviembre de 2010 realizado por la Subcomisión de análisis de la estrategia energética española para los próximos 25 años del Congreso de los Diputados. En ese documento se apunta que para completar el ciclo de gestión de los residuos, es «urgente» construir y poner en servicio el Almacén Temporal Centralizado (ATC), en cumplimiento de las resoluciones del Parlamento, que alojará en condiciones seguras el combustible gastado procedente de nuestras centrales nucleares.

Al mismo tiempo, resalta el «enorme avance» que en cuanto a seguridad tendrá el combustible gastado, protegido de cualquier contingencia, en un edificio diseñado para ser capaz de resistir cualquier eventualidad del exterior.»La seguridad en el interior no presenta ningún problema, pues no incorpora instalación alguna susceptible de ser operada, mantenida o vigilada, solo requiere ventilación natural, como se puede comprobar en el que ya está en servicio, desde hace unos años en Holanda», concluye el Ejecutivo.

El Gobierno mantiene el presupuesto del CSN para 2016

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Servimedia / Europa Press.- El Gobierno mantiene prácticamente igual para 2016 la dotación presupuestaria prevista para el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), al destinar 46,46 millones de euros, frente a los 46,51 millones de euros de los que disponía en la partida de 2015. Esta cantidad supone una disminución del 0,1% en la asignación al organismo regulador para la seguridad nuclear y la protección radiológica respecto a los presupuestos de 2015, aunque aumenta también su representación en el total que el Gobierno destinará a las políticas de Industria y Energía.

Concretamente, del total de los 5.455,02 millones de euros que el Ejecutivo destinará al departamento que dirige José Manuel Soria, el presupuesto para el CSN representa el 0,9%, un 0,1% más. Así consta en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 presentado en el Congreso de los Diputados. El CSN, organismo que supervisa la energía nuclear en España, ejerce sus funciones de reglamentación, autorización e inspección y control sobre las instalaciones, con el fin de que sean operadas por sus titulares «de forma segura, y estableciendo las medidas de prevención y corrección frente a emergencias radiológicas, cualquiera que sea su origen».

España y Portugal firman un acuerdo para garantizar la seguridad nuclear

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EFE.- España y Portugal firmaron en Lisboa un acuerdo para garantizar la seguridad nuclear y preservar el medio ambiente ante posibles efectos de las radiaciones en caso de una emergencia o de una catástrofe. El pacto sellado en la sede del Ministerio de Medio Ambiente de Lisboa es el sexto de carácter bilateral en la materia y renueva el firmado entre ambos países en 1996.

De este modo, los dos países vuelven a establecer los pasos a dar en caso de que se produzca una emergencia nuclear y radiológica en la Península Ibérica, concretamente en el lado español, pues en Portugal no hay centrales nucleares. La más cercana del país luso es la de Almaraz (Cáceres), fronteriza con Portugal. En el acto estuvo presente el secretario de Estado de Ambiente de Portugal, Paulo Lemos, quien destacó que el acuerdo facilitará estrategias de «preparación y respuesta ante emergencias» de ámbito nuclear.

En este sentido, el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Marti, confirmó la buena relación que hay entre los dos países y destacó la «infinidad de acuerdos económicos, culturales y energéticos» que se firmaron en las últimas décadas. El protocolo sellado servirá para intercambiar especialistas y elaborar conjuntamente estudios y proyectos, así como cooperar en simulacros. Además, en situación de emergencia nuclear, los parámetros serían compartir información, comunicar los accidentes nucleares con efectos en la población y el medioambiente, facilitar la comunicación y coordinar las notas de prensa.

Segura (PSOE) reivindica la «absoluta necesidad» de construir un ATC en España

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Redacción / Europa Press.- El grupo parlamentario socialista registró en el Congreso, a través de su portavoz de Energía, José Segura, una proposición no de ley para su debate en pleno, por la que «se insta al Gobierno a actualizar el aún vigente desde 2006 VI Plan de Residuos Radiactivos (PGRR) que mandata la creación de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para el almacenamiento de los residuos radiactivos», para cuyo emplazamiento, construcción y explotación exige «condiciones óptimas». Mientras, Cristina Narbona, consejera del CSN a propuesta del PSOE, pide centrarse en cuestiones técnicas.

En nuestro área de documentos puede encontrar la proposición del PSOE completa: pulse aquí.

Los socialistas consideran que la actualización del vigente Plan de Residuos Radiactivos es «necesaria» dado que un ATC «se erige en una instalación absolutamente necesaria para España, dado el volumen de residuos radiactivos de alta actividad ya acumulados en el envejecido parque nuclear español«. En cualquier caso, el PSOE precisa que «la imperiosa necesidad» de un ATC «no implica sin embargo el apoyo a cualquier construcción de un ATC, dado que se trata de una instalación nuclear de alto riesgo potencial». «Las condiciones para su emplazamiento, construcción y explotación deben ser, por tanto, óptimas, tanto desde la transparencia y la calidad de los procesos regulatorios como de las garantías de seguridad y de los costes económicos», indica el portavoz socialista.

Los socialistas también muestran su «preocupación» por el hecho de que el pasado 27 de julio el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobara por mayoría, con el voto discrepante entre las consejeras propuestas por el PSOE, favorable de Rosario Velasco y contrario de Cristina Narbona, informar favorablemente sobre la propuesta de dictamen técnico para la solicitud de autorización previa de la instalación del ATC en el municipio de Villar de Cañas (Cuenca). En este sentido, hacen alusión a informes independientes encargados por el CSN a la consultora URS, realizados entre 2014 y 2015, que certifican «numerosos y graves problemas» en los terrenos seleccionados.

Por otro lado, José Segura recuerda que en el vigente plan, aprobado en junio de 2006, se establece como opción prioritaria para el almacenamiento temporal de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos de alta y media actividad de vida larga, «la construcción de un almacén centralizado que daría servicio a todas las centrales nucleares, tanto en operación como en desmantelamiento». Sin embargo, los socialistas consideran que el proyecto de ATC en Villar de Cañas se enmarca en «el anticuado y obsoleto» VI Plan General de Residuos Radiactivos, «cuyas previsiones han quedado superadas por la realidad» como, por ejemplo, la posibilidad de que el Gobierno prorrogue las centrales nucleares hasta los 60 años de vida útil, o los almacenamientos individuales construidos.

De hecho, los socialistas critican que el planteamiento actual del ATC en Villar de Cañas «no contempla ciertos supuestos», como el hecho de que, a la vista de posibilidades como la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares hasta los 60 años, no se prevé su ampliación futura, que podría ser necesaria debido al incremento del inventario de combustible gastado y de otros residuos de alta actividad, entre otros supuestos. El número total de elementos combustibles irradiados almacenados hasta diciembre en las centrales nucleares españolas fue de 14.306, de los que 7.821 elementos proceden de las centrales nucleares de agua a presión PWR y 6.485 son de las centrales en ebullición BWR, según datos recogidos por el PSOE.

Narbona exige un debate técnico

La consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a propuesta del PSOE, Cristina Narbona, hizo un llamamiento «a centrar el debate» en si Villar de Cañas (Cuenca) es el emplazamiento más adecuado para ubicar un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares. Así respondía Narbona al presidente del CSN, Fernando Marti, que lamenta la publicación del contenido del voto particular de la consejera, donde asegura que los informes técnicos consideran «inadecuados» los terrenos del ATC, antes de haberse aprobado el acta de la reunión, y sugiere la posibilidad de «falta de respeto» a la institución.

El CSN criticó que Narbona hiciera público su voto particular, a pesar de que más tarde lo modificó, a lo que la consejera responde que eliminó dos puntos de su texto, el 15 y el 19, a petición expresa de Marti. «Quité esos párrafos para evitar que nadie pudiera sentirse agredido, pero esas líneas no cambian en nada mi posición, mi postura no se ha modificado desde entonces», aclaró. Asimismo, la consejera reconoce haber solicitado a Marti que retirase de su voto particular que la decisión de Narbona tenía que ver con posiciones ideológicas. La consejera ha insistido en que va a tratar de «eliminar cualquier tentación de convertir esta cuestión en un enfrentamiento personal».

«Lo importante es centrar el debate en lo que nos ocupa, y lo que nos ocupa es, si a la luz de los informes técnicos, Villar de Cañas es la ubicación idónea para el cementerio nuclear», concluyó. El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio el visto bueno a la ubicación del ATC en Villar de Cañas el pasado lunes por cuatro votos a favor y uno en contra de Narbona. Tras la decisión del CSN, el Gobierno podría aprobar en breve el inicio de las obras, aunque en este proceso se topará con el Gobierno de Castilla La Mancha que elevó una propuesta de conservación para la zona con el fin de incluirla en la Red Natura 2000.

El Gobierno baraja ordenar por ley que arranquen las obras del ATC de Villar de Cañas

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Europa Press.- El Gobierno baraja hacer uso del ordenamiento en materia de suelo que le permitiría conceder licencias para las obras del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas a pesar de la protección ambiental anunciada por el gobierno autonómico manchego, según el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que recuerda que así se construyó una piscina en la central de Trillo y cuarteles en Euskadi. Por otro lado, Enresadeberá reforzar su organización para construir el ATC y el CSN podrá paralizarlo si observa anomalías.

En este sentido, «si se atenta contra un interés superior, en nuestra legislación está previsto que el Gobierno pueda otorgar licencias que superen las autorizaciones autonómicas o municipales», indicó el ministro de Justicia, que precisó que este instrumento puede aplicarse cuando el Ejecutivo considera legítimamente que debe anteponerse el interés general a un interés particular de un territorio. Catalá recordó que esta prerrogativa ya se ejerció previamente cuando se autorizó la edificación de unas instalaciones; en concreto una piscina, en la central nuclear de Trillo, o cuando algunos ayuntamientos no daban licencias para construir comisarías o cuarteles de la guardia civil en el País vasco.

«Es el caso que podremos estudiar en este supuesto, en el que se está desarrollando un proyecto que parece que tienen todo el sentido y que lleva muchos años avanzando en esa dirección», avanzó. En su opinión, la decisión de un Gobierno autonómico no debería ser «exclusivamente suficiente» para impedir una política que supera, con mucho, sus competencias. «Como existe este mecanismo legal, veremos si conviene finalmente autorizar la continuación de esas obras», ha apuntado.

El ministro de Justicia ha recordado, además, que la decisión de construir el almacén nuclear partió del anterior Gobierno socialista. «Esta decisión no la ha tomado este gobierno, no es una ocurrencia reciente sino que, como digo fue el Ejecutivo anterior del PSOE quien empezó y avanzó en esta dirección, que además tiene todos los beneficios en términos económicos, de seguridad y de ser autosuficientes en política energética», insistió Catalá.

Además el titular de Justicia considera como «un poco paradójico» que el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha dirigido por Emiliano García Page extienda ahora una zona de especial protección hasta 25 veces. En concreto, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el inicio del procedimiento de ampliación del espacio Red Natura en la Laguna del Hito de 1.000 a 25.000 hectáreas, en una zona que incluiría la ubicación del ATC, una ampliación que prohibiría «realizar actos en ese territorio que supongan una transformación sensible de la realidad física o biológica del entorno» y que provocaría que «no fuera posible continuar con el proceso de construcción del almacén nuclear en Cuenca».

Condiciones del CSN a Enresa

Enresa deberá reforzar su organización de cara a la construcción del ATC en Villar de Cañas y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) podrá paralizar las obras de infraestructuras preliminares en caso de observar anomalías. Estos son dos de los límites y condiciones que el regulador atómico ha impuesto en el informe favorable a la autorización previa para el silo, que el pleno del CSN aprobó el pasado lunes 27 de julio. En concreto, señala que la organización de Enresa para la fase de construcción deberá ser reforzada, previamente a la obtención de la autorización de construcción, para supervisar el desarrollo del proyecto y garantizar la calidad durante la construcción.

Además, el CSN podrá paralizar las actividades y obras de infraestructuras preliminares en caso de aparición de anomalías que afecten o puedan afectar a la seguridad nuclear y protección radiológica hasta tanto sean corregidas, pudiendo proponer la revocación de la autorización si dichas anomalías no fueran corregidas. Enresa es el titular de esta autorización previa para la construcción del ATC, que es considerada como una «instalación nuclear» para albergar los residuos de las centrales nucleares españolas, así como los que se encuentran en Francia procedentes de Vandellós I, los que no puedan ser tratados en el Cabril, así como aquellos residuos que se derivan de la actividad de la instalación.

El informe técnico sobre el que se basa el acuerdo del pleno del CSN concluye que los técnicos afirman que los estudios de caracterización sobre la geografía, demografía, geología, meteorología, geomorfología, hidrología superficial realizados por Enresa son «aceptables», así como que los estudios de caracterización sobre peligrosidad sísmica son «aceptables» y permiten un «diseño seguro» de la instalación. En cuanto a la caracterización hidrogeológica e hidrogeoquímica, consideran que Enresa desarrolló un modelo preliminar de flujo subterráneo de aguas que «deberá ser actualizado y completado» a lo largo del proyecto con la obtención de nuevos datos que permitan validar el modelo.

Además, entienden que el diseño de cimentación propuesta por Enresa es «adecuada» para su ubicación en el emplazamiento, teniendo en cuenta que es necesario adoptar una solución envolvente conservadora en el diseño de estas cimentaciones y desarrollar un «detallado plan de vigilancia del emplazamiento», tras identificar los riesgos potenciales en la caracterización geotécnica para evaluar la estabilidad del terreno. Como ya avanzó el CSN, el informe técnico agrega que del análisis normativo se deriva que las bases de diseño del ATC son dependientes del emplazamiento, es decir, las características del emplazamiento condicionan el diseño del ATC, y que las incertidumbres asociadas a la caracterización del emplazamiento recomiendan «complementar el diseño con criterios de seguridad intrínseca».

Las organizaciones ecologistas dan por «paralizado» el ATC y amenazan con acciones legales si el Gobierno pretende empezar las obras

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Europa Press / Servimedia.- La Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, Greenpeace y Ecologistas en Acción consideran «paralizado» el proyecto de construir un Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares (ATC) en la localidad de Villar de las Cañas, después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha iniciara un nuevo Plan de Ordenación de la Recursos Naturales (PORN) con el objetivo de proteger la zona e impedir las obras.

Además, los ecologistas aseguran que si, tras la decisión del Ejecutivo manchego, el gobierno central autoriza el permiso provisional para la construcción del ATC en Villar de las Cañas, «emprenderán acciones legales» para paralizarlo, aunque indicaron que, a su juicio, quien debería hacerlo sería la Junta de Castilla-La Mancha. Según el portavoz de la plataforma contra el ATC, Carlos Villeta, la intención del Gobierno manchego con la tramitación del PORN es estudiar una ampliación del Espacio Red Natura de la Laguna del Hito de las 955 hectáreas que ocupa ahora a un total de 21.400 hectáreas, de modo que abarque la zona en la que se planea construir la instalación.

Villeta recordó que, conforme a la Constitución, las competencias en materia de protección del medio ambiente corresponden a los gobiernos de las comunidades autónomas y señaló también que, de acuerdo con la legislación, una vez iniciada la tramitación de un PORN, que entrará en vigor este jueves, «no se podrán realizar actos en esa superficie que supongan una transformación sensible de la realidad física o biológica del entorno». Por ello, asegura que ninguna administración fuera del gobierno regional tiene autoridad legal para revertir el procedimiento de ampliación de la zona de protección natural y, de este modo, «queda automáticamente paralizada» la posibilidad de iniciar el proyecto de construcción del ATC.

Los responsables de estas tres organizaciones aseguraron que el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) favorable a la concesión del primero de los cinco permisos necesarios para la construcción de la infraestructura, aprobado este lunes, «no es vinculante«. Así, para que dicho permiso fuera efectivo, debería recibir la aprobación del Consejo de Ministros a petición del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, según explicaron.

Por otra parte, la responsable de Proyectos de Greenpeace, Raquel Montón, señaló que, una vez paralizado el proyecto, la propuesta de las organizaciones contrarias al proyecto de Villar de las Cañas pasa por un plan en «tres fases«. A su juicio, la primera necesidad consiste en la elaboración de un «séptimo Plan General de Residuos Radiactivos» que, a su juicio, debería contar con la participación de la sociedad civil y la aprobación por parte de la ciudadanía. «Hace prácticamente una década que se aprobó el sexto plan y la situación ha cambiado lo suficiente para necesitar una actualización«, han asegurado.

Además, Montón recordó que dicho plan establecía que la construcción del ATC debía estar finalizada en 2010 y que dicho proyecto estaba planteado para una vida útil de las centrales nucleares de 40 años, cuando «actualmente existe un proyecto del Gobierno para ampliar esa vida a 60». Una vez hecho esto, las organizaciones consideran que debería realizarse un nuevo planteamiento del proyecto a la luz del nuevo plan y en la que sociedad civil y organizaciones pudieran participar en la aportación de alternativas técnicas y económicas para su definición final.

Por otro lado, la responsable de Greenpeace explicó que la organización se ha puesto en contacto con más de 200 de los 217 ayuntamientos de Cataluña, Valencia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Extremadura que, además de Villar de las Cañas, se verían afectados por el proyecto de construir el ATC en esta localización debido a que están en la ruta que deberían seguir los camiones que transportarían los residuos radiactivos hasta las instalaciones, desde las centrales nucleares. «Los municipios por los que pasarán estos transportes no están exentos de riesgos, y estos municipios deben saberlo», indicó. Por allí circularían unos 40 transportes nucleares por año, según los cálculos de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).

Para Montón, quien defiende que antes de definir el proyecto para construirse un ATC debería abordarse un debate sobre la continuidad de la energía nuclear, el planteamiento de un proyecto centralizado al que derivar todos los residuos nucleares de las seis plantas que hay en España supone un «peligro» desde cinco perspectivas. En primer lugar, debido a que el transporte por carretera de estos residuos «no está exento de accidentes«. De hecho, ha asegurado que, en los últimos 50 años se han contabilizado en Estados Unidos un total de 58 accidentes en los que estaban implicados vehículos con residuos nucleares.

Además, Montón cree que las condiciones que se exigen para el transporte del material radiactivo «no son suficientes» desde el punto de vista de su resistencia a altas temperaturas en caso de un incendio. Por otra parte, cree que es un «riesgo innecesario» someter a las personas de las localidades por las que pasarán estos vehículos a una dosis de radiación adicional, pese a que ha reconocido que esto «no supondría un peligro fulminante» para nadie. Por último, cree que el efecto para estas poblaciones será la devaluación de sus productos naturales, y un incremento del «estrés» para los ciudadanos y conductores de la zona. Por ello les solicitaron que se sumen también a la petición de paralización del proyecto.

Las organizaciones antinucleares consideran que las actuaciones tanto del Ministerio de Industria, como del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en su conjunto, en especial del presidente y su vicepresidenta, atienden a criterios que no son los de la seguridad nuclear, según denunciaron los ecologistas. En este sentido, las organizaciones ecologistas criticaron que el Ministerio de Industria pidiera al CSN que anticipara la evaluación del impacto radiológico del ATC de cara a la formulación por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la instalación, y para ello envió un informe incompleto.

PNL del PSOE para actualizar el VI Plan de Residuos Radiactivos

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El grupo parlamentario socialista registró en el Congreso, a través de su portavoz de Energía, José Segura, una proposición no de ley para su debate en pleno, por la que “se insta al Gobierno a actualizar el aún vigente desde 2006 VI Plan de Residuos Radiactivos (PGRR) que mandata la creación de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para el almacenamiento de los residuos radiactivos”, para cuyo emplazamiento, construcción y explotación exige “condiciones óptimas”. Además, Segura reivindica la «absoluta necesidad» de construir un ATC en España.

Pulse en el siguiente enlace para ver la proposición completa: PNL PSOE Plan Residuos Radiactivos 31-07-2015

El CSN concede la autorización previa a las obras del ATC de Villar de Cañas

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EFE / Europa Press.- El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear aprobó, «con límites y condiciones», conceder la autorización previa de las obras de construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos de alta actividad en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca), por cuatro votos a favor y uno en contra de la consejera Cristina Narbona. Por ello informará favorablemente remitiendo al Ministerio de Industria, Energía y Turismo el informe preceptivo y vinculante. Corresponde en consecuencia al Ministerio otorgar la correspondiente autorización administrativa.

Con este permiso, solicitado por Enresa el 14 de enero, el mayor órgano regulador de la seguridad nuclear en España da el visto bueno al emplazamiento del ATC, a pesar de que aún está pendiente de recibir varios informes requeridos a la citada empresa pública de residuos, como es el caso de uno sobre la hidrogeología de la zona. Esta autorización previa permite iniciar las obras externas o complementarias a los terrenos donde se asentará la instalación, como por ejemplo las vías de acceso a la zona donde se ubicarán los principales edificios del ATC, y para continuar con el proceso reglamentario de la autorización de construcción de la instalación.

El CSN recuerda que, conforme a lo establecido en el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, la autorización previa es «un reconocimiento oficial» del objetivo propuesto para la instalación y de la idoneidad del emplazamiento elegido. La evaluación técnica órgano regulador concluye que, desde el punto de vista de la seguridad, el emplazamiento propuesto «no presenta fenómenos excluyentes«. Afirma también que el objetivo del ATC, «está justificado y las necesidades a cubrir quedan debidamente argumentadas» de acuerdo con el Sexto Plan General de Residuos Radiactivos.

El Consejo reconoce que «las características del emplazamiento, aspectos geológicos, geotécnicos, hidrogeológicos y de estabilidad del terreno, condicionan el diseño del ATC y los fenómenos asociados a las características del terreno recomiendan complementar la seguridad intrínseca del diseño«. Adicionalmente, y al objeto de garantizar que las condiciones de seguridad nuclear se mantienen a lo largo de la vida de la instalación, desde el inicio incluso de las propias actividades de excavación, el CSN requiere «el seguimiento de las condiciones y fenómenos del emplazamiento, mediante la aplicación de planes de medidas complementarias, compensatorias y de vigilancia».

El pleno del CSN ha acordado emitir un informe preceptivo estableciendo los límites y condiciones relativos a la seguridad nuclear y protección radiológica relacionados con esta etapa del proceso, dando cumplimiento a los requisitos básicos de seguridad nuclear en instalaciones nucleares que recoge la Instrucción del Consejo IS-29. El pleno del CSN está compuesto por dos consejeros a propuesta del PP, dos a propuesta del PSOE y uno de CiU. La consejera propuesta por el PSOE, Cristina Narbona, registrará un voto particular explicando su voto negativo a la autorización previa a las obras del ATC, según fuentes del organismo regulador.

Sin embargo, aunque este sería el primer paso necesario, aún quedaría pendiente que el CSN se pronuncie sobre la autorización de construcción del ATC y, posteriormente, sobre la licencia de explotación. La edificación propiamente dicha del almacén va aparejada a la autorización de construcción. La solicitud de autorización previa y de construcción del ATC fue presentada por Enresa al departamento de Industria en enero de 2014. El Consejo de Ministros, en una de sus primeras reuniones desde la formación de Gobierno presidido por Mariano Rajoy, acordó designar a Villar de Cañas como emplazamiento del ATC y su centro tecnológico asociado. Ecologistas y geólogos han criticado la elección de esta ubicación.

 

Podemos pedirá «responsabilidades políticas» al PSOE por el voto de Rosario Velasco a favor de las obras del ATC

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Europa Press.- Podemos pidió al PSOE de Castilla-La Mancha que «transmita a Pedro Sánchez y al PSOE a nivel federal» su posicionamiento en contra del emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas, asegurando que, con el voto favorable de la exdiputada socialista Rosario Velasco a las obras del ATC en dicha localidad conquense, considera necesario pedir «responsabilidades políticas por dar una autorización, con informes que dicen que es innecesario y que el lugar es inadecuado».

El portavoz del grupo parlamentario Podemos en las Cortes regionales, David Llorente, reiteró la exigencia de su partido al CSN para que no conceda el emplazamiento en Villar de Cañas, alegando que el proyecto «se ha aplazado tanto tiempo que las centrales tienen almacenes individualizados y el ATC ya no es necesario». Además, insistió en que «diversos informes técnicos del Consejo y del Colegio Oficial de Geólogos indican que el emplazamiento sería inadecuado por motivos geotécnicos, lo que conduciría a grandes sobrecostes en las obras».

Asimismo, Llorente apunta que, al aprobarse el emplazamiento en la provincia conquense, «las empresas constructoras que participen en el ATC tendrán una base jurídica para pedir indemnizaciones si el proyecto cesase su actividad, con lo que el coste será mucho más elevado«. Llorente finalizó dejando claro el compromiso de su partido con «el impulso a una transición a un nuevo modelo energético seguro, eficiente y que esté bajo control democrático».

Industria pide al CSN que anticipe la evaluación del impacto radiológico para la Declaración de Impacto Ambiental del ATC

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Europa Press.- El Ministerio de Industria ha solicitado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que «anticipe» la evaluación del impacto radiológico del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de combustible gastado y residuos de alta actividad que se prevé construir en Villar de Cañas (Cuenca).

Según consta en el acta del pleno del pasado 15 de julio, se presentó a consideración la propuesta de «informe favorable» de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear, «a la petición del Ministerio de Industria de que el CSN anticipe la evaluación del impacto radiológico» del ATC de cara a que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente emita la Declaración de Impacto Ambiental de la instalación. Sin embargo, el acta también señala que el informe presentado a consideración «valora únicamente» el impacto radiológico al público como consecuencia de la operación normal de la instalación. No obstante, el informe se ha aprobado por unanimidad y en los términos presentados.

A este respecto, Ecologistas en Acción denuncia que la remisión al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de este informe radiológico «con graves deficiencias» incumple las instrucciones del CSN y, en concreto la IS-29. Así, el portavoz de la campaña nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, destaca que el informe sólo contempla el funcionamiento normal del cementerio nuclear e ignora el impacto de posibles fugas o accidentes, que tendrían una mayor afección sobre el medio y la población.

En este contexto, explica que dicho informe es preceptivo para que el Ministerio de Medio Ambiente pueda emitir la declaración de impacto ambiental. A su juicio, las «prisas por aprobar el proyecto» del ATC en Villar de Cañas han llevado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a enviar al Ministerio un Informe sobre el Impacto radiológico «con graves deficiencias«. Por ello, advierte de que es «imposible» que el Ministerio emita una declaración de impacto ambiental «bien fundamentada, basada en los datos enviados por el CSN».

Castejón acusa al Gobierno del «acelerón» que está dando el CSN para lograr los permisos del ATC «antes de las próximas elecciones generales» y advierte de que esta es la causa que ha llevado al regulador a «aprobar un informe con graves deficiencias» pues no cumple las disposiciones de la instrucción de seguridad 29 (IS-29) para instalaciones de residuos radiactivos. Según esta IS-29, se exige tener en cuenta sucesos anormales y accidentes que puedan afectar a los trabajadores o a la población circundante. «El CSN está sometido a presiones intolerables, lo que hace que esté tomando decisiones equivocadas como esta de aprobar un informe con graves deficiencias», denuncia la organización.

Castejón ha insistido en que el emplazamiento del ATC presenta «la grave deficiencia de tener un acuífero muy superficial y dinámico» que hace aflorar el agua y que llega a inundar los terrenos. «Dado que el Informe del CSN no tiene en cuenta las posibles fugas, es imposible que evalúe convenientemente este riesgo y de este modo no será en absoluto fiable», ha apostillado. Por ello, pide la suspensión del proyecto y que se «abandone la pretensión» de construir el ATC en Villar de Cañas, debido a los «numerosos datos técnicos» que muestran que los terrenos son inadecuados y su construcción supondría un riesgo «inadmisible».