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Amaiur pide a Industria explicaciones por el «incumplimiento» de las medidas de seguridad en la central nuclear de Garoña

Europa Press.- Amaiur ha pedido al Ministerio de Industria, Energía y Turismo explicaciones por el «incumplimiento» de las medidas de seguridad en la central nuclear de Garoña, haciéndose eco de la denuncia de Ecologistas en Acción. El diputado de Amaiur Xabier Mikel Errekondo califica de «gravísima» la denuncia realizada por Ecologistas en Acción y se ha dirigido al Ministerio de Industria y Energía mediante una batería de preguntas.

En ellas, el portavoz de Amaiur, se interesa por las inspecciones técnicas realizadas y a realizar por Nuclenor, la propietaria de la central nuclear y participada a medias por Endesa e Iberdrola. Además, Errekondo se interesa por la fecha de cumplimiento de cada una de ellas. En fechas recientes Ecologistas en Acción denunciaba que Nuclenor no está realizando las inspecciones de seguridad exigidas por el CSN. Según explicaron, el Plan de Inspecciones que ha ordenado el CSN para evaluar la petición de alargar el funcionamiento de la planta atómica hasta los 60 años, lo que supondrá mantenerla activa hasta 2031, «costaría unos 10 millones de euros y la titular de Garoña no lo está haciendo«.

Un diputado del PP atribuye la bajada de los combustibles a la nueva ley de hidrocarburos

Europa Press.- El diputado del PP por Cantabria en el Congreso de los Diputados Javier Puente ha calificado de «buenos» los resultados que está produciendo la nueva ley de hidrocarburos, a la que ha achacado la reducción del precio de los combustibles. Con motivo de la ratificación de la ponencia y la aprobación con competencia legislativa plena del proyecto de Ley Sector de Hidrocarburos, el diputado por Cantabria en el Congreso y miembro de la Comisión de Industria en el Congreso ha destacado «las novedades y ventajas» que introduce en el sector.

Según Puente, «se introduce mayor competitividad en la distribución minorista» de gasolina y gasóleo para facilitar la bajada del precio y que se adapte al precio de mercado mundial de estas materias. Estas novedades se aplicarán mediante dos mecanismos, por una parte, limitando el 30 por ciento, como hacía ya la Ley 11/2013, a la cuota de mercado, así ninguna provincia, u operador podrá tener más del 30 por ciento del volumen total.

Además, según ha explicado, por otro lado «se evitará que se reorganicen las estaciones de servicios para conseguir superar ese 30 por ciento». Y es que la nueva legislación permite que las gasolineras puedan juntarse, comprar, presionar y reducir así el precio al que ellos compran a los mayoristas.»Los ciudadanos de Cantabria, al igual que los de toda España, se han beneficiado de la nueva ley de hidrocarburos impulsada por el grupo parlamentario Popular en el Congreso, que entró recientemente en vigor, y que está suponiendo una reducción del precio de los combustibles que todos estamos viendo».   Puente ha defendido que se trata de una medida positiva «que ha producido una bajada media del 10% aproximadamente en el precio del combustible».

El diputado cántabro ha opinado que esta ley «supone profundizar en la eficiencia, competencia y liberalización del sector de hidrocarburos», avanzando de manera definitiva en la reforma comenzada con el Real Decreto-Ley 8/2014 de 4 de julio, en el que se adoptaban diversas medidas para garantizar la competitividad y sostenibilidad del sistema.

Para Puente, el «beneficio principal» de la ley ha sido la «paulatina reducción del precio del combustible». «El conjunto de reformas llevadas a cabo por el Gobierno para favorecer la competencia en el sector de los hidrocarburos, aumentar la transparencia de los productos y mejorar el funcionamiento global del sistema ha tenido como consecuencia un beneficio directo para todos los consumidores», ha dicho.

El Gobierno confía en que el cambio de presidente en ENRESA «no afecta» al desarrollo del proyecto del silo nuclear

Europa Press.- El Gobierno ha asegurado que el cambio de presidente en la Empresa Nacional de Residuos (ENRESA), tras la dimisión «por motivos personales» de Francisco Gil-Ortega «no afecta al desarrollo del proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC)» que para el Parlamento es una instalación «necesaria» y «urgente».

En una respuesta escrita al diputado Compromís Joan Baldoví, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno explica que el proyecto está pendiente de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) remita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo su informe sobre la autorización previa y de la Declaración de Impacto Ambiental que deberá enviarle el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Sin embargo, el primero de estos informes, el del organismo encargado de la seguridad nuclear en España, ya ha sido aprobado y enviado a Industria en la última semana de julio, aunque en una fecha posterior a la respuesta parlamentaria. De este modo, queda pendiente la Declaración de Impacto Ambiental del departamento que dirige Isabel García Tejerina.

El informe del CSN es preceptivo y ha autorizado de forma previa el emplazamiento, con una serie de condiciones que serán de cumplimiento obligado. Si dicho pronunciamiento del CSN hubiera sido negativo, entonces su carácter sería vinculante, de modo que el proyecto no podría ser autorizado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En este contexto, interrogado por el diputado sobre si la instalación tiene sentido debido a que algunas centrales nucleares disponen ya de almacenamientos temporales individuales (ATI), el Gobierno subraya que el ATC es la «alternativa que históricamente se ha considerado más racional» para la gestión temporal en España del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos de alta actividad.

Además, respecto al punto de vista ambiental, considera que la existencia de un ATC, donde se almacenará el combustible gastado que ahora se almacena en los ATIs, se evitará la dispersión de estos residuos radiactivos de alta actividad entre ocho ATIs diseminados por la geografía española.En este sentido, destaca que esta alternativa permitirá liberar el emplazamiento de una central, una vez que ésta se haya desmantelado, dejando libre el emplazamiento para otros usos.En cuanto a la protección física, estima que «es más fácil» controlar una instalación que varias instalaciones dispersas por la geografía española y que la solución del ATC permite «centralizar y racionalizar» los recursos disponibles.

Sobre los aspectos técnicos, expone que el ATC es una instalación «autónoma» que dispone de los equipos necesarios para «recibir, manipular y almacenar» el combustible gastado y los residuos radiactivos de alta actividad. Igualmente, explica que la instalación del ATC, a diferencia de los ATI cuenta con zonas activas –celdas calientes– en las que se puede manejar y acondicionar el combustible gastado, lo que permite la eventual apertura para su análisis y reparación de un contenedor que sufriera alguna incidencia, además de contar con instalaciones en las que investigar el comportamiento del combustible durante el almacenamiento temporal y con relación a su gestión final.

Por ello, insiste que estos motivos hacen que «la disponibilidad» de un ATC sea «la estrategia» que se ha contemplado «por los distintos Gobiernos» en el Plan General de Residuos Radiactivos, donde el Ejecutivo establece las estrategias de gestion de residuos desde 1987. En ese sentido, recuerda que el ATC es la estrategia contemplada también en el ámbito parlamentario que «en diversas ocasiones» pone de manifiesto la «necesidad» de contar con esta instalación.

El Gobierno alude a los pronunciamientos parlamentarios sobre la cuestión, como el informe del 17 de noviembre de 2010 realizado por la Subcomisión de análisis de la estrategia energética española para los próximos 25 años del Congreso de los Diputados. En ese documento se apunta que para completar el ciclo de gestión de los residuos, es «urgente» construir y poner en servicio el Almacén Temporal Centralizado (ATC), en cumplimiento de las resoluciones del Parlamento, que alojará en condiciones seguras el combustible gastado procedente de nuestras centrales nucleares.

Al mismo tiempo, resalta el «enorme avance» que en cuanto a seguridad tendrá el combustible gastado, protegido de cualquier contingencia, en un edificio diseñado para ser capaz de resistir cualquier eventualidad del exterior.»La seguridad en el interior no presenta ningún problema, pues no incorpora instalación alguna susceptible de ser operada, mantenida o vigilada, solo requiere ventilación natural, como se puede comprobar en el que ya está en servicio, desde hace unos años en Holanda», concluye el Ejecutivo.

El Gobierno de Castilla-La Mancha encarga al PSOE la enmienda «Elcogas» a los PGE 2016

EFE.- Según ha informado el Ejecutivo castellano-manchego a la agencia Efe, el PSOE va a presentar una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2016 para pedir incluir a la central Elcogas de Puertollano (Ciudad Real) en el Régimen Retributivo Específico (RRE) previsto en la ley del sector eléctrico de 2013.El borrador de la enmienda, redactada en colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha, argumenta que Elcogas es «una instalación singular, de reconocido prestigio internacional y referente de su tecnología» que no tiene el RRE por haber disfrutado antes de otros regímenes primados.

La ley del sector eléctrico de 2013 estableció una regulación unificada para la producción de energía eléctrica pero mantuvo un complemento económico (el RRE) para determinadas tecnologías que, por falta de madurez, no podían competir en el mercado en igualdad con el resto de tecnologías convencionales.Para el PSOE, la central de Puertollano «cumple sobradamente los condicionantes y ha aportado suficiente justificación para ser merecedora de este RRE».

En este sentido, la enmienda pide que los PGE de 2016 hagan referencia a un apoyo «explícito» a Elcogas de Puertollano garantizando el Régimen Retributivo Específico a la planta.

García Page quiere promover enmiendas a los PGE a través del PSOE para cambiar la retribución de Elcogas

Efe.- El Gobierno de Castilla-La Mancha va a promover enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2016 para establecer una nueva normativa que garantice la continuidad de la planta termoeléctrica de Elcogas en Puertollano (Ciudad Real).  Fuentes del Gobierno regional han confirmado a la agencia Efe que «están trabajando con el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados en esas enmiendas para establecer un nuevo marco regulatorio específico de ayudas para Elcogas».

emiliano garcía page

El Consejo de Administración de la empresa ha decidido encargar a la Dirección de la compañía el inicio de los trámites para el cese de la actividad de explotación de la central termoeléctrica de Puertollano (Ciudad Real). Esta decisión se conoce después de que el pasado miércoles 5 de agosto el Ministerio de Industria autorizara el cierre de la planta que había solicitado la empresa en julio de 2014.

Las mismas fuentes han insistido en que «el Gobierno regional no va a tirar la toalla» porque está convencido de que «Elcogas sigue teniendo futuro», y que pasa por un marco regulatorio «que no se ha querido cambiar». «Vamos a seguir trabajando para que se cambie», han insistido desde la Junta, al tiempo que han criticado que el Gobierno central esté «mirando para otro lado».

En este sentido, han lamentado «la actitud de un Gobierno de España que está dispuesto a derrochar los millones de euros de dinero público europeo que se han invertido en una central puntera y pionera» como la de Puertollano. En su opinión, la decisión anunciada hoy por Elcogas es «la normal» tal y como se han sucedido los acontecimientos, pero no es «irreversible» e insisten en que la planta “tiene futuro”.

El PP de Castilla La Mancha señala que con Cospedal, Elcogas no cerró

Por su parte, el eurodiputado castellanomanchego del PSOE Sergio Gutiérrez ha desvelado la respuesta escrita del pasado 22 de julio del comisario europeo de Energía y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en la que respalda la actividad que realiza Elcogas, aunque no se pronuncia sobre su posible cierre. «Es una contradicción que el ministro del PP, José Manuel Soria, anuncie el cierre de Elcogas cuando Cañete dice que se van a incrementar los fondos europeos», ha denunciado Gutiérrez, quien ha opinado que la decisión de autorizar el cierre ha sido «arbitraria» y «política».

El PP de Castilla-La Mancha, por su parte, ha expresado su deseo de que «no sea definitiva» la decisión del Consejo de Administración de Elcogas y ha reclamado al presidente de la Junta, Emiliano García-Page, que tome medidas para buscar una solución que garantice la viabilidad de la empresa. «Mientras Cospedal ha gobernado, Elcogas no ha cerrado», ha subrayado en rueda de prensa el portavoz adjunto del PP en las Cortes castellanomanchegas, Carlos Velázquez, quien ha manifestado que «el Gobierno va a encontrar en el PP siempre la mano tendida para intentar llegar a acuerdos que incidan en el mantenimiento de todos los puestos de trabajo».

La alcaldesa de Puertollano ha apostado por «seguir trabajando» para que el Ministerio de Industria cambie la regulación que afecta a Elcogas. Fernández ha recordado que hay un plazo de tres meses para revocar la decisión y ha pedido al ministro de Industria, José Manuel Soria, «debe valorar que Elcogas es una central única y a la que se debe aplicar regulaciones similares a la que se ha dado a Mieres, en Asturias».

Convergència pide en el Congreso de los Diputados una revisión «a fondo» de la política energética

Servimedia.- Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en el Congreso de los Diputados registró una proposición no de Ley en la que pide una «revisión a fondo» de la política energética y no gravar el autoconsumo.

En la iniciativa, proponen que esa revisión pivote sobre tres ejes: buscar una mayor eficiencia y ahorro energético; el industrial, elemento característico de las economías más avanzadas; y la sostenibilidad desde la perspectiva ambiental y económica. En este sentido, apuntan, el desarrollo del coche eléctrico permitiría sustituir el consumo de petróleo por el consumo de energía eléctrica, aprovechando la sobrecapacidad de producción de dicha energía a partir de fuentes renovables. CDC decidió presentar esta iniciativa ante el aumento «desproporcionado» del precio de la electricidad, que en julio rozó máximos llegando a casi 60 euros por megavatio hora de media mensual.

Los nacionalistas del BNG dicen que al Gobierno «solo le falta» decretar «el exterminio» de las renovables

Europa Press.- BNG ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que reclama al Ministerio de Industria que retire el borrador de real decreto sobre autoconsumo y en cuya exposición de motivos comenta, en tono irónico, que al actual Gobierno «solo le falta» aprobar un decreto «que abogue claramente por la eliminación de las energías renovables, procediendo a su prohibición y exterminio«.

En su propuesta, el grupo gallego considera que Industria «penaliza y castiga a un tipo de producción energética sostenible y limpia» en referencia al autoconsumo. En la exposición de motivos, el BNG recuerda que el proyecto recibió 38.000 alegaciones y argumenta que «el rechazo» a la norma «es tal que hay más de 180.000 firmas en contra de dicha legislación que calificamos como la más retrógrada de la Unión Europea». El autoconsumo es «un síntoma de una sociedad avanzada que evoluciona más rápido que su Administración central», dice el BNG.

Esta actividad «parece molestar al Ministerio de Industria, en especial a su ministro, un destacado defensor de las grandes empresas eléctricas y de las formas de producción de energía tradicionales, más contaminantes», afirma el grupo gallego. Entre otras cuestiones, el grupo político lamenta que «una persona que tenga una placa fotovoltaica sin legalizar por cualquier circunstancia puede ser multada con una sanción mucho mayor que la correspondiente a una persona que silencie un escape nuclear».

El PP se queda solo frente a las críticas de la oposición por la propuesta de autoconsumo de Industria

Europa Press.- El PP cree que la propuesta de regulación del autoconsumo que la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) expuso en una proposición de ley que se debatió en el pleno del Congreso es «electoralista» y exigió esperar a que el Ministerio de Industria presente su real decreto, que actualmente está todavía en fase de consulta pública, porque considera que la nueva regulación propuesta dará seguridad jurídica a los autoconsumidores y permitirá desarrollar este sector.

Así lo ha señalado la diputada popular Encarnación Jiménez, que defendió el establecimiento de peajes por el uso de las redes eléctricas para los autoconsumidores para evitar que esta modalidad de generación se desarrolle «a costa de una transferencia de rentas» y haciendo que sean «los consumidores más vulnerables los que soporten los costes fijos del sistema». «Autoconsumo sí, pero con todos los consumidores en igualdad de condiciones», proclamó Jiménez, subrayando los logros del Ejecutivo en materia energética durante esta legislatura, que pasan por «haber conseguido la sostenibilidad financiera y medioambiental del sistema y la garantía de suministro, además del fin del déficit tarifario y la bajada de la factura».

Por la Izquierda Plural, Josep Pérez Moya (ICV) afirmó que el modelo energético español, requiere de un cambio «radical» pero el Gobierno «hace caso omiso a la evidencia, a los organismos internacionales y uno de los que deberían ser sus referentes espirituales, el Papa», y plantea una regulación que «penaliza el ahorro y la eficiencia» y perjudica a las renovables y el autoconsumo. «El sentido común y las instituciones van en una dirección y ustedes hacen justo lo contrario: Presentan un decreto para enterrar la autoproducción con un peaje al sol. Somos el hazmerreír en materia energética en la Unión Europea«, indicó, acusando a los populares de «poner trabas» para que el autoconsumo sea «inviable».

Por eso, la Izquierda Plural propone modificar la Ley del Sector Eléctrico para que el consumidor que quiera autoconsumir pueda ceder los excedentes de energía a la red eléctrica y recuperarlos de forma gratuita en un plazo máximo de doce meses, pagando eso sí unos peajes, cargos y costes «reducidos que tengan en cuenta las aportaciones positivas de la autogeneracion» y que «en ningún caso puedan ser mayores que los aplicados» al resto de consumidores.

Por su parte, la portavoz socialista de Medio Ambiente, Pilar Lucio, lamenta que generar y consumir la propia energía sea ahora «una utopía irrealizable» en España por culpa del Gobierno, que «hace todo lo posible para que sea inviable«, en contra de la tendencia general en Europa, al establecer multitud de barreras, incluyendo un peaje «intolerable» y que supone un «atraco al bolsillo» de los autoconsumidores, que «ya contribuyen al mantenimiento de las redes con el pago del término fijo».

«Pero el desarrollo del autoconsumo es imparable, por mucho que quieran frenarlo. Es como querer frenar las redes sociales o Internet, no podemos hacerlo porque no es razonable ni justo, y demuestra que de nuevo el Gobierno defiende los intereses de unos pocos frente a los de la mayoría», acusó Lucio, recordando la multitud de beneficios económicos, sociales y medioambientales de esta modalidad de consumo.

El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, acusa al Ejecutivo de plantear una regulación «preliberal» más propia de un «feudalismo energético» al establecer una tasa por «algo que uno no necesita», que equivaldría a «tener un huerto y pagar un impuesto al frutero sólo porque vende lo que tú produces en casa». «Es la defensa cerrada de un modelo de negocio fracasado y demuestra que el problema de fondo de la política energética española es precisamente que no existe», añadió el diputado magenta, que aunque reconoce que el autoconsumo no será la «panacea» sí debe «tener un lugar» porque contribuirá a un «cambio de modelo económico, urbano y energético».

En la misma línea, la diputada de CiU Inmaculada Riera lamenta que el PP «penalice» el autoconsumo con un peaje «excesivo y de dudosa validez regulatoria» a pesar de tratarse de un sector «incipiente» que ofrece «una gran oportunidad de negocio para las renovables«. «Imponen enormes restricciones técnicas y económicas que impiden que el autoconsumo sea una realidad, a expensas de las grandes aportaciones positivas al consumo eléctrico. Es un desatino, un despropósito. Aislando el autoconsumo, el Gobierno se aleja de Europa y, poniendo trabas evidentes al desarrollo del autoconsumo, desafían además el cumplimiento de los objetivos europeos de renovables«, insistió, reclamando que en ningún caso se «margine» la cogeneración.

Pedro Azpiazu, portavoz económico del PNV, considera «acertado» fomentar el autoconsumo, por sus beneficios para reducción de costes, dependencia energética o contaminación; aunque reconoce sus dudas ante la petición de retirar los peajes para los autoconsumidores con balance neto, dado que utilizan la red y «eso hay que pagarlo», y propone por contra incentivar esta actividad con subvenciones o fiscalmente.

El diputado de ERC Joan Tardà criticó al Gobierno por «defender los intereses contaminantes e incluso mafiosos» del oligopolio energético a costa de una legislación «lobbista e irracional» que «penaliza aún más el desarrollo del autoconsumo» y de las renovables, con las que se podría luchar de forma más efectiva contra la pobreza energética. Pedro Quevedo (CC-NC) ha acusado al Gobierno de producir una «contrarreforma energética» de carácter «ideológico» y de perder una oportunidad para «democratizar un sector opaco» aprovechando energías limpias «mucho más baratas».

El PSOE exige a Soria que informe al Congreso sobre cómo se aplicará la nueva tarificación eléctrica por horas

Europa Press / EFE.- El portavoz socialista de Energía en el Congreso, José Segura, registró en el Congreso una solicitud de comparecencia para que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, informe sobre los pormenores del nuevo sistema de tarificación eléctrica inteligente, que empezará a aplicarse este verano, en aras a facilitar la adaptación a los consumidores, explicándoles las consecuencias que tendrá.

El diputado explica que «los consumidores deben saber que la nueva norma incorporará la facturación eléctrica por horas para los usuarios que ya dispongan de contador con telemedida, que permite valorar en qué franja horaria sale más a cuenta programar sus hábitos de consumo«. «Una buena comunicación a los consumidores posibilitará tomar conciencia y ajustar su conducta en materias como, por ejemplo, delimitar las franjas horarias para utilizar determinados electrodomésticos aprovechando los horarios en los que la electricidad tenga un coste más reducido«, insiste Segura.

A juicio del diputado socialista, esta nueva tecnología debe orientarse a «buscar automatismos para que el contador con telemedida aporte instrucciones a los dispositivos electrónicos, especialmente de calefacción o aire acondicionado, para activarse cuando más barata sea la energía, favoreciendo en consecuencia no sólo las economías familiares sino también la eficiencia energética del país«. Por eso, reitera José Segura, es «fundamental» que el ministro dé explicaciones en sede parlamentaria sobre el procedimiento técnico para que las comercializadoras comiencen a aplicar de manera real el precio de la corriente eléctrica doméstica por horas así como el nuevo sistema de tarifa protegida.

Esta semana Segura también registró otra solicitud de comparecencia del ministro Soria ante la Comisión parlamentaria de Industria para que dé cuenta del, a su juicio, «nuevo golpe al autoconsumo eléctrico» que está preparando su departamento con el borrador de decreto de Regulación de las condiciones de suministro y de producción de energía eléctrica con autoconsumo que mantiene los peajes de respaldo y establece «un cargo asociado al resto de sistema», lo que, según Segura, «desincentivará aún más las inversiones en autoconsumo con medidas disuasorias«.

El PSOE reclama explicaciones de Soria en el Congreso sobre el «nuevo golpe al autoconsumo eléctrico»

Europa Press / EFE.- El portavoz socialista de Energía en el Congreso, José Segura, registró una solicitud de comparecencia del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, para que dé cuenta del «nuevo golpe al autoconsumo eléctrico» que está preparando su departamento. Una propuesta de decreto que cuenta también con el rechazo de la Fundación Renovables.

Segura considera que el proyecto de ley remitido la pasada semana por el Gobierno a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) supone «un nuevo golpe al autoconsumo eléctrico» al mantener los peajes para este tipo de instalaciones y «además, establece un cargo asociado al resto de sistema, con lo que se desincentivarán aún más las inversiones en autoconsumo con medidas disuasorias». «Una medida que choca frontalmente con la normativa europea y nacional de promoción de la producción individual y la eficiencia energética», reprochó el portavoz socialista.

El Gobierno considera que quienes instalen equipos de autoconsumo eléctrico y estén conectados a la red tendrán que pagar por el uso de la misma. «Si el usuario, aparte de autoconsumir, quiere tener enganche a la red, tiene que pagar esas infraestructuras, porque, de lo contrario, el resto de consumidores estarían pagando por ese usuario», ha insistido últimamente el ministro de Industria, Energía y Turismo.

La Fundación Renovables lo rechaza

La Fundación Renovables rechaza en su totalidad la regulación del autoconsumo propuesta por ser «antidemocrática» y denuncia que en el texto «subyace el intento de perpetuar el oligopolio del sistema eléctrico y negar la misma capacidad de decisión de la ciudadanía que la Unión Europea defiende como el centro de la Unión Energética». Así, considera que el Gobierno «obstaculiza de facto el derecho a autoproducir energía en contra de lo que afirma en la exposición de motivos«. Además, pide a todos los partidos políticos que «sean coherentes» con los compromisos adquiridos en las campañas electorales e impidan la aprobación de este decreto. Para la Fundación Renovables, el autoabastecimiento de electricidad podría cubrir el 50% de la demanda energética en 2050.