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Podemos En Comú denuncia ilegalidades y una posible amenaza para la salud en la sustitución de los contadores energéticos inteligentes

Europa Press.- Podemos En Comú ha registrado en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno en las que se interesa por la sustitución de contadores eléctricos en la cual, según advierten, “se está incurriendo en varias ilegalidades y puede suponer un riesgo para la salud”.

Los catalanes, a través de su diputado Josep Vendrell, se refieren a la sustitución de contadores de medida en suministros de energía eléctrica con una potencia contratada de hasta 15 kw, de contador electromagnético a telegestionable. Este proceso se realiza en tres fases, habiéndose fijado la última de ellas en 2018. Una de las irregularidades que detecta esta formación, integrada en el grupo de Unidos Podemos, es la “restricción a la libre competencia que impone una de las compañías distribuidoras, Endesa, pues, denuncian, impide que en su red de distribución se instalen contadores telegestionables no fabricados por su matriz Enel”.

Asimismo, relatan que los clientes están obligados a aceptar que la sustitución de estos dispositivos se lleve a cabo sin avisarles de la fecha y la hora de esta operación. Esto vulnera otro de los preceptos reguladores de la sustitución de los contadores, una directiva europea de 2012 que insta a las empresas distribuidoras a comunicar a sus clientes la fecha prevista con una antelación de tres meses. En este punto, cuestionan si el Gobierno y la CNMC son conscientes de que las restricciones a la libre competencia por parte de Endesa están prohibidas expresamente en el reglamento e inquieren si piensan tomar alguna medida al respecto. Asimismo, también preguntan por si conocen la ausencia de avisos por las compañías.

Ley de datos y salud

Por otro lado, Vendrell apunta a que la propia instalación de contadores podría estar incurriendo en la vulneración de la Ley de protección de datos, pues la propia agencia llegó a reconocer en 2015 que el tratamiento de estos datos es «especialmente sensible» al acceder a informaciones ajenas a la propia estadística de consumo. Así, advierte que con los nuevos contadores inteligentes es posible definir hábitos de comportamiento del consumidor, abriendo la puerta a la elaboración de perfiles relacionados con su conducta. El diputado aboga por que este acceso «debería fundarse en el consentimiento inequívoco del afectado», pues supone un riesgo para su privacidad, y pregunta al Gobierno por ello.

Por último, desde Podemos expresan «la creciente preocupación social en relación a las inmisiones cada día mayores y los posibles efectos sobre la salud de las radiaciones electromagnéticas que emiten los contadores inteligentes, especialmente sobre colectivos sensibles como mujeres embarazadas, recién nacidos, niños o personas mayores. En este sentido, apuntan a la falta de comprobación científica sobre la inocuidad de los contadores y demandan la confirmación del Gobierno de que los dispositivos son «absolutamente seguros», preguntan si el Gobierno se ha planteado realizar los estudios necesarios para evaluar si existe algún riesgo, y por una posible paralización de estos planes.

La Mesa del Congreso deniega a los diputados asistir a la Cumbre del Clima de Marrakech

EFE.- La Mesa del Congreso ha denegado la autorización del viaje de una representación de diputados a la Cumbre del Clima que Naciones Unidas celebra en Marrakech, hasta el próximo 18 de noviembre, según confirmó el presidente de la Comisión de Cambio Climático, el diputado socialista José Juan Díaz Trillo.

Como cada año, la convención de cambio climático de Naciones Unidas ha invitado a una delegación del Parlamento español a asistir a la cumbre que se está celebrando en Marruecos y que tiene como objetivo celebrar la entrada en vigor del Acuerdo de París y acordar las reglas del juego del mismo. Díaz Lillo presentó a la Mesa una petición de autorización de viaje para que una representación de los diputados que integran la Comisión de Cambio Climático pudiera desplazarse, pero fue rechazado con el voto de PP y Ciudadanos.

El diputado de Podemos, Juan López de Uralde, quien forma parte de la Comisión de Cambio Climático y era uno de los diputados que había solicitado asistir a la cumbre del clima ha denunciado que el Congreso se niegue a que los parlamentarios que van a decidir la futura Ley de Cambio Climático de España «estén en esta cita clave».

López de Uralde ha remarcado lo «lamentable» de esta decisión que impide que el Congreso español esté representado en la cumbre del clima como si lo estarán el resto de Parlamentos de los países desarrollados y de muchos los países en desarrollo. El diputado ha pedido a la mesa que reconsidere esta postura ya que en la cumbre, a la que asistirá el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se van a decidir cuestiones clave sobre la transición hacia un modelos de desarrollo bajo en carbono.

El PP apoya en el Congreso el proyecto para crear una biorrefinería en Barcial del Barco (Zamora)

EFE.- El PP en el Congreso de los Diputados apoyará en el Parlamento nacional el proyecto impulsado por una empresa privada para la creación de una biorrefinería multifuncional en Barcial del Barco (Zamora). En este sentido, el PP se ha comprometido a secundar una proposición no de ley conjunta de apoyo a este proyecto que se presentará en la comisión parlamentaria, para ser posteriormente remitida al Ministerio del ramo y al de Agricultura, según comunicó el PP de Zamora.

El acuerdo para apoyar esa proposición no de ley conjunta se ha alcanzado tras la reunión mantenida entre los responsables de Magdala, sociedad promotora del proyecto, y representantes de los cuatro principales grupos parlamentarios representados en la Cámara Baja. El diputado zamorano José María Barrios, acompañado por el diputado Teodoro García Egea representaron al Grupo Parlamentario Popular en esa reunión. El proyecto de la biorrefinería supondría una inversión de cerca de 160 millones de euros, permitiría producir bioetanol, energía eléctrica y piensos a partir de cultivos de maíz y remolacha y supondría crear unos 80 puestos de trabajo directos y cerca de un millar indirectos.

La oposición critica en la Comisión de Industria la “opacidad y politización” del CSN

Europa Press / EFE.- Durante la comparecencia del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Fernando Marti, todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, recordaron que la Comisión aprobó en la pasada legislatura su cese y que el Gobierno no lo llevo a cabo. Han criticado también las actuaciones del órgano respecto a las decisiones en torno a la central de Garoña así como al ATC. Igualmente, lamentan que se esté impulsando, a juicio de los parlamentarios, una regulación para extender la vida útil de las nucleares hasta los 60 años.

«Es un órgano más opaco y menos independiente desde que usted está en el cargo», le indicó la diputada del PSOE, Pilar Lucio, que insistió en que es «chocante» que sea el máximo responsable del CSN después de haber sido secretario de Estado de Energía. A su juicio, su actividad al frente del mismo ha supuesto «una captura del órgano regulador«. Asimismo, Lucio lamentó que Marti vaya a la Cámara Baja a responder a los técnicos, en lugar de responder a los parlamentarios sobre cómo va a resolver la situación.

Desde Unidos Podemos, Juan López de Uralde, ha advertido del «deterioro» de la seguridad nuclear en los últimos años. «Hoy estamos más expuestos», ha avisado al tiempo que ha recalcado que este deterioro se refiere tanto a la situación de las centrales como a la realidad interna del CSN, «consecuencia de la ocupación por parte del PP de este organismo». Su compañero de filas, Josep Vendrell, ha insistido en la «escasa credibilidad» de un presidente que viene de ser secretario de Estado, además de denunciar falta de transparencia y el «clima interno» en el CSN.

Uralde también ha tachado de «tomadura de pelo» la comparecencia de Martí. «No es de recibo que las discrepancias se sustancien poniendo a caldo a quienes han apuntado las críticas», afirmó, al tiempo que advirtió de que el suceso notificado por Almaraz calificado como 0 y denunciado por la asociación ha pasado a calificarse como 1. «Les da la razón a ellos y le quita la razón a usted. Lo mejor es que usted dimita y que el Consejo de Seguridad recupere su credibilidad», sentenció.

Mientras, Melisa Hernández, de Ciudadanos, ha manifestado la voluntad de su grupo de confiar en el organismo regulador, pero ha precisado que no de esa manera y ha avisado de la «politización» del sistema. En este sentido, también ha criticado la ausencia de Marti en la pasada legislatura y le ha reprochado que la razón que se dio a la Cámara Baja es que tenía «muchos viajes». Por ello, le ha recordado que su grupo también apoyó la petición de dimisión. Hernández ha anunciado que su grupo presentara una iniciativa para que los plenos del CSN se retransmitan en directo.

Por su parte, Pedro Azpiazu, por el PNV, que se centró en la central nuclear de Garoña, ha confesado estar un poco cansado de este tema. «Ya vale, tomen una decisión, hagan el informe técnico que corresponde. ¿A qué esperan para no conceder la autorización a Garoña? Pusieron un calendario hasta septiembre de 2015 y no han cumplido ¿A qué esperan? A mí me gustaría que, por fin, Garoña se cerrase, sería hacer lo que exige el sentido común», proclamó.

El Congreso apoya, con el voto en contra del PP, la paralización del almacén de Gas Natural Fenosa en Doñana

Redacción / Agencias.- La Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados apoyó la proposición no de ley, iniciativa de Unidos Podemos, por la que se insta al Gobierno a paralizar el proyecto industrial de Gas Natural Fenosa que se ha comenzado a llevar a cabo en el entorno del Parque Nacional de Doñana (Huelva). La propuesta ha contado con el apoyo de PSOE, Ciudadanos, ERC, Compromís y la antigua Convèrgencia, el voto en contra del PP y la abstención del PNV.

La iniciativa apremia al Gobierno a «luchar por la preservación de Doñana como Patrimonio de la Humanidad y rechazar el proyecto de almacén de gas en el marco de la lucha contra el cambio climático y la sustitución de los combustibles fósiles y la energía sucia por energías limpias», así como a «paralizar inmediatamente las obras hasta que se realice la evaluación de los potenciales impactos directos, indirectos y acumulativos del proyecto industrial de Gas Natural en su conjunto». Eva García Sempere, de Unidos Podemos, solicitó la protección de Doñana por ser «uno de los parques referentes mundiales» y pedir que esté a salvo de «los intereses especulativos» de Gas Natural, que aboga por «un modelo energético caduco y depredador».

García Sempere indicó que Doñana lleva «30 años de impacto debido a la extracción de gas del subsuelo», pese a lo cual «se quieren hacer nuevos pozos, emplazamientos y gasoductos» para convertir este espacio verde en «una verdadera bombona», después de que el Gobierno emitiera una declaración de impacto ambiental favorable para iniciar el proyecto denominado Marisma Occidental sin valorar, a su juicio, «los graves impactos» de las obras. Un proyecto, explicó, que afecta a dos zonas en el interior del parque nacional y a otras tantas en su entorno.

En este sentido, desde Podemos criticaron que Gas Natural y el Gobierno dividieron en 4 un macro-proyecto impidiendo, de este modo, que se puedan analizar los impactos medioambientales sobre Doñana de manera global. Según García Sempere, esta actuación ha permitido al Ejecutivo aprobar el proyecto «por la puerta de atrás», sin aceptar los informes geológicos que solicitan la Junta de Andalucía o las asociaciones ecologistas.

La respuesta del portavoz popular, Ernesto Aguiar, es que la autoridad competente para aprobar este proyecto es el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y que su única voluntad ha sido cumplir la ley. Por ello, subrayó que la política medioambiental del Gobierno se sustenta en compatibilizar el desarrollo sostenible con la prevención de los recursos naturales y apuntó que el proyecto Marisma Occidental cuenta con «todas las formalidades establecidas» para ponerse en marcha. Así, ha desmentido que no haya informes sobre el impacto medioambiental de este almacenamiento de gas y criticó que algunos «duden de informes de expertos porque no se corresponde con lo que creen que deben decir».

Toda la oposición quiere paralizarlo

Desde el PSOE, su diputada Josefa González ha defendido su apoyo a la propuesta de Unidos Podemos señalando que «la conservación de Doñana no es negociable«, mientras que el portavoz de Ciudadanos, Luis Salvador, ha remarcado la necesidad de preservar de un entorno hostil uno de los parques de los que el país está más orgulloso como «ecosistema de biodiversidad»

Por su parte, el portavoz de ERC, Francesc Eritja y los representantes del Grupo Mixto en la comisión, Antoni Postius (CDC) y Enric Bataller (Compromís) han declarado su desconfianza hacia el Gobierno al ver similitudes entre este proyecto y el del almacén Castor, paralizado tras detectarse centenares de seísmos en la zona. «Esa iniciativa terminó con seísmos, indemnizaciones y cero responsabilidades del Gobierno. Hemos pagado entre todos el fiasco de Castor, por lo que no nos fiamos del Ejecutivo en este tipo de proyectos», ha declarado Postius. En este sentido, Bataller recordó que, en total, se entregaron 1.300 millones de euros a la empresa concesionaria. Eritja también ha señalado que existe «mucho riesgo» en intervenir en espacios de protección ambiental.

Cadiz contra Soria por Doñana

Por otro lado, el pleno de la Diputación de Cádiz aprobó nombrar persona non grata al exministro de Industria, José Manuel Soria, por haber firmado la declaración de utilidad pública del proyecto de almacén en Doñana de Gas Natural Fenosa. La petición, propuesta por Izquierda Unida, salió adelante con el voto a favor de PSOE, Ganemos Jerez y Por Cádiz Sí se Puede, la abstención del Partido Andalucista y el voto en contra del PP.

Para Izquierda Unida, el inicio de las obras ha sido posible «por una maniobra por la que el proyecto queda troceado en cuatro subproyectos (Marismas Oriental, Marisma Occidental, Saladillo y Aznalcázar), lo que permitió pasar el corte del Ministerio de Medio Ambiente». «La autorización que ha permitido que Gas Natural comience a trabajar en Doñana fue una de las últimas gestiones llevadas a cabo por José Manuel Soria como ministro de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España», ha argumentado Izquierda Unida, por lo que el Pleno aprobó nombrar persona non grata en la provincia de Cádiz al exministro.

El presidente del CSN explicará este miércoles en el Congreso la situación de las centrales, de Garoña y del ATC

Europa Press.- El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Fernando Martí, rendirá cuentas ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados este miércoles, casi dos años después de su última comparecencia, en noviembre de 2014. Martí explicará el informe del CSN, que incluye el estado de funcionamiento de las centrales nucleares o la evolución de expedientes como el del almacén temporal centralizado (ATC), o la situación de cese de explotación con solicitud de renovación de Garoña (Burgos).

Martí no ha presentado ni explicado los informes de actividad de 2014 y 2015 aunque estos figuran en la página de Internet del regulador. El de 2014 debió haberlo expuesto en 2015, pero distintos problemas de agenda fueron posponiendo la fecha y después fueron disueltas las Cámaras al convocarse las elecciones generales de diciembre de 2015. En la pasada legislatura, los grupos parlamentarios solicitaron su comparecencia, pero Martí también argumentó problemas de agenda y la fecha que facilitó era posterior a la convocatoria de unas nuevas elecciones y, por tanto, nuevamente la legislatura estaba finiquitada.

El pasado 5 de octubre la comisión parlamentaria de Industria, Energía y Turismo reclamó su presencia para, además de exponer estos dos informes, que explique otras cuestiones relativas a la seguridad nuclear. El PSOE quiere que se presente para cumplir con su obligación anual de rendición de cuentas, mientras que Ciudadanos y Podemos reclaman su comparecencia tras conocer una serie de acusaciones internas realizadas por un grupo de trabajadores que afirman que en el seno del organismo hay problemas con el personal e «irregularidades en la seguridad de algunas centrales».

Por su parte, el portavoz del PP en la comisión, Guillermo Mariscal, se mostró «totalmente» de acuerdo con las solicitudes de comparecencia, aunque disculpó su ausencia en la anterior legislatura porque entonces «tuvo el tiempo que tuvo». Si bien considera que es «preferible» su comparecencia para «no esgrimir argumentos que puedan alarmar a la sociedad». Desde el PSOE, Pilar Lucio valora que la falta de comparecencias de Martí en la última legislatura llevó a la mayor parte de la Comisión de Industria a pedir su dimisión. Ahora, pide de nuevo que Martí «cumpla con su obligación» y acuda a «dar explicaciones, no sólo ordinarias, sino también de todas las irregularidades que se han ido conociendo».

En este sentido, el diputado de Equo en Unidos Podemos, Juan López de Uralde, denunció que existen informaciones “relevantes y alarmantes” por las que Martí debe pasar por el Congreso. En concreto, recordó una carta emitida por técnicos del CSN en el que denuncian “hechos graves” en la situación interna del órgano, además de tener conocimiento de la existencia de “dossieres secretos sobre la evaluación de la central nuclear de Garoña” o problemas de seguridad en la de Almaraz. “Es necesario que estas cosas se clarifiquen“, sentenció. Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, expresó también su “apoyo” a las peticiones de comparecencia.

En esta línea, la ONG Greenpeace exigió el cese del presidente de Fernando Martí por considerar que «ha perdido la confianza» y la imparcialidad que el cargo requiere. Para la ONG es «muy grave» que se pueda poner en juego la seguridad nuclear del país por la mala gestión de su presidente y por la «política del miedo» que denuncian los técnicos. De este modo el 10 de octubre una veintena de representantes de Greenpeace, Ecologistas en Acción y Equo se concentraron ante la sede del CSN para exigir el cese del presidente del regulador.

Podemos pide recuperar la indemnización pagada por el proyecto Castor a Escal UGS

Europa Press.- En Comú Podem quiere recuperar la indemnización pagada por el proyecto Castor a la empresa concesionaria Escal UGS por el final de su actividad, estudiar los daños causados en el medio ambiente y, en caso de haberlos, depurar responsabilidades con la empresa y las administraciones públicas. En una PnL registrada en el Congreso, Podemos asegura no entender que se indemnice a la compañía, pues esta «incurrió en dolo o negligencia imputable», y por lo tanto consideran que la compensación debería limitarse al valor residual de las instalaciones.

Este proyecto, que En Comú califica de «despropósito» y «uno de los fracasos más importantes de la historia de este país», ha supuesto un desembolso de más de 1.350 millones de euros de dinero público. A ello hay que sumarles, apuntan, otros 295 millones por los derechos retributivos devengados por la empresa concesionaria. Según cifras procedentes de las organizaciones de consumidores más representativas que recoge En Comú, el coste final para la ciudadanía podría llegar a superar los 4.700 millones de euros incluyendo la cantidad, el plazo y los intereses.

«No es aceptable que una empresa que ha construido con riesgo sísmico y sin tener en cuenta los informes que alertaban de ese riesgo, no asuma ningún tipo de responsabilidad y se le reconozca la extinción de la concesión y de la indemnización sin la debida auditoría y estudios de la diligencia profesional», consideran en la exposición de motivos. La formación catalana también hace mención a los daños que la operación ha causado, más de mil movimientos sísmicos tras la puesta en funcionamiento de este almacén de gas natural, y por tanto pide depurar responsabilidades.

En este sentido, proponen realizar un peritaje “que cuantifique daños materiales, y morales si fuera pertinente, que ha podido sufrir la ciudadanía de Terres de l’Ebre por los terremotos, y también estudios técnicos sobre la afectación del medio ambiente y otras instalaciones de riesgo” presentes en la zona. Asimismo, Podemos pide establecer un calendario para el desmantelamiento de las instalaciones terrestres y marinos del almacén.

Pablo Iglesias se concentrará contra la pobreza energética mientras Podemos propone que las compañías paguen la implantación de precios sociales

Servimedia / Europa Press.– En Comú pide que las compañías suministradoras de energía se hagan cargo de todo el coste que supondría la implantación de precios sociales para las personas con más dificultades para hacer frente a estos pagos, y “evitar así que este coste repercuta en administraciones públicas y usuarios”. Por su parte, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, participará en una concentración en Madrid el próximo lunes, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, para protestar contra la pobreza energética.

La concentración tendrá lugar en la Plaza Dos de Mayo de Madrid. Pablo Iglesias asegura que más de 5 millones de personas van a pasar frío este invierno por no poder pagar la factura de la luz. Para informar del acto, Podemos difundió un vídeo en el que aparecen los rostros más visibles de la formación, entre ellos el del secretario de Relaciones con la Sociedad Civil, Rafael Mayoral, que denuncia que las políticas del PP y del PSOE «han impuesto la ley del salvaje oeste de las eléctricas triplicando la pobreza energética desde 2007».

Por su parte, la jefa de gabinete de Pablo Iglesias, Irene Montero, dice en el vídeo, en el que aparecen los dirigentes de Podemos encendiendo bombillas, que «mientras cortaban la luz a cientos de miles de familias, exministros y expresidentes de nuestro país se sentaban en los consejos de administración de las compañías eléctricas, lo que supone el mayor caso de puertas giratorias que hemos vivido en España«. También aparece el secretario Político de Podemos, Iñigo Errejón, diciendo que «las grandes compañías eléctricas y sus socios políticos han creado un modelo ineficaz, opaco y especulativo que han provocado que tengamos una de las facturas eléctricas más caras de toda Europa».

Por su parte, el secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique, defiende que «seguirán luchando para recuperar los 3.500 millones de euros de dinero público que las eléctricas se han apropiado ilegítimamente en concepto de costes de transición de la competencia». Por último, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, lanza el siguiente mensaje: «No se puede consentir que se deje sin luz y sin calefacción a familias sin recursos. Por eso, porque llega el invierno, nos movilizamos contra la pobreza energética», dice para hacer un llamamiento a acudir el próximo lunes a esta concentración en un acto que quieren impulsar en redes sociales a través del hashtag #Nadiesinluz.

Que las compañías lo paguen

Según plantea la formación catalana del grupo de Unidos Podemos en una proposición no de ley registrada en el Congreso, la Asociación de Ciencias Ambientales expone que un 17% de los españoles sufre pobreza energética. La confluencia catalana reclama que el Gobierno tome medidas ante esta situación, máxime cuando “2 millones de familias sufrieron cortes en su suministro en 2015 por no hacer frente a sus recibos”. La electricidad que pagan los españoles es, según datos de Eurostat recogidos por En Comú, la cuarta más cara de toda Europa. En este sentido, denuncian que las tres grandes compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, han acumulado durante la crisis unas ganancias de 56.624 millones.

Otra de las medidas propuestas es el establecimiento de tarifas progresivas e incluir así la renta como principal criterio a la hora de establecer el precio social. Con ello también se conseguiría, razonan en En Comú, incentivar el ahorro y castigar el «consumo ineficiente«. También impulsar una auditoría sobre el sector eléctrico llevada a cabo por «actores independientes y con acceso a todos los datos» que cuantifique «los costes reales» del sector, y otra específica sobre el déficit de tarifa, su origen y su legitimidad.

Asimismo, piden también establecer garantías para que todos los hogares puedan mantener «unas condiciones adecuadas de temperatura y demás servicios energéticos esenciales a un precio justo» y prohibir, aplicando el principio de precaución, los cortes de suministro hasta que no existen informes previos emitidos por servicios sociales que determinen el grado de vulnerabilidad de las familias y su capacidad económica. En Comú también llama a aplicar un IVA del 4% para el gas y la electricidad, que las empresas publiquen trimestralmente el número de usuarios que no pueden hacer frente a las facturas y el apoyo a toda iniciativa que impulsen las comunidades autónomas y los ayuntamientos en este sentido.

Moción ya aprobada en Comisión

Precisamente la Comisión de Industria, Energía y Turismo acaba de aprobar, con el apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos, una iniciativa en la que se instaba al Gobierno a impedir los cortes del suministro energético para personas «vulnerables» y a crear fondos con capital público y privado para afrontar la pobreza energética. En esta última también se incluyó, como pide Unidos Podemos-En Comú-En Marea, la obligación de contar con la valoración de los servicios sociales antes de interrumpir el suministro, aunque el resto de enmiendas presentadas por la formación morada, como la citada auditoría o analizar los Costes de Transición a la Competencia (CTC) no fueron incluidas. Finalmente, Unidos Podemos se abstuvo en la votación.

El presidente del CSN rendirá cuentas el próximo 19 de octubre ante el Congreso tras acordarlo todos los grupos

Europa Press / EFE.- Todos los grupos parlamentarios acordaron la comparecencia para el próximo 19 de octubre del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados para que presente los informes de actividad de este organismo en 2014 y 2015 y explique otras cuestiones relativas a seguridad nuclear. Martí no ha rendido cuentas ante el Parlamento desde finales de 2014. Los informes están disponibles en la web del organismo regulador.

El PSOE pedía la presencia de Martí para presentar la actividad del organismo, alegando que no se presenta en la Cámara Baja desde diciembre de 2014, a pesar de que debería hacerlo anualmente. Por su lado, Ciudadanos y Podemos reclamaban su comparecencia tras conocer informaciones sobre problemas internos en el CSN e irregularidades en la seguridad de algunas centrales nucleares. Entre los temas de seguridad nuclear que tendrá que tocar en su comparecencia estarán el proceso de renovación y explotación de la central nuclear de Garoña (Burgos)  o la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca).

El portavoz popular en la citada comisión, Guillermo Mariscal, se ha mostrado «totalmente de acuerdo» con las solicitudes de comparecencia de Martí y, de hecho, ha disculpado la ausencia del presidente del CSN en la anterior legislatura porque, según explicó, entonces «tuvo el tiempo que tuvo». En todo caso, considera necesaria su presencia en sede parlamentaria porque, según esgrimió, en materia de seguridad nuclear «es preferible no esgrimir argumentos que puedan alarmar a la sociedad».

Desde el PSOE, Pilar Lucio recordó que la falta de comparecencias de Martí en la última legislatura han dado lugar a «desplantes» que han provocado que «todos los grupos de la Comisión menos el PP hayan pedido su dimisión«, un hecho que, sin embargo, quedó sin efecto por la finalización de la misma. Ahora pide de nuevo que Martí «cumpla con su obligación» y acuda a «dar explicaciones, no sólo ordinarias, sino también de todas las irregularidades que se han conocido» en los últimos meses.

En este sentido, el diputado de Equo en Unidos Podemos, Juan López de Uralde, denunció que existen informaciones «relevantes y alarmantes» por las que Martí debe pasar por el Congreso. En concreto, recordó una carta emitida por técnicos del CSN en el que denuncian «hechos graves» en la situación interna del órgano, además de tener conocimiento de la existencia de «dossieres secretos sobre la evaluación de la central nuclear de Garoña» o problemas de seguridad en la de Almaraz. «Es necesario que estas cosas se clarifiquen«, sentenció. Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, el representante de ERC, Joan Capdevilla, y el de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, expresaron también su «apoyo» a las peticiones de comparecencia presentadas.

Greenpeace pide su cese inmediato

Por su parte, la organización ecologista Greenpeace exigió el cese del presidente del CSN por considerar que «ha perdido la confianza y la imparcialidad que su cargo requiere». Para la ONG es «muy grave» que se pueda poner en juego la seguridad nuclear del país por la mala gestión de su presidente. A su juicio, Greenpeace cree que debe responder ante el Congreso a cuestiones como la «política del miedo denunciada por técnicos del CSN» y las posibles consecuencias de esto en la seguridad nuclear o la «falta de respeto» al Parlamento, donde lleva sin comparecer desde finales de 2014.

También cuestiona la ONG su falta de independencia, puesto que con anterioridad ejerció como secretario de Estado de Energía, entre cuyas tareas estuvo revocar la orden ministerial de cese de explotación de Garoña, un asunto que ahora está tramitando el regulador que preside. Del mismo modo, le acusan de falta de transparencia y opacidad en la toma de decisiones y en el funcionamiento del regulador. «Sobran motivos para cesar a Marti, pero si además el CSN quiere continuar con la renovación de Garoña, con un Gobierno en funciones y en contra de la opinión del Parlamento, la Comisión de Industria debería actuar en consecuencia», consideró la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón.

El Congreso de los Diputados reclama una tregua invernal y un fondo público-privado de protección para paliar la pobreza energética

Europa Press / EFE.- La Comisión de Industria, Energía y Turismo aprobó una moción en la que se insta al Gobierno a crear un fondo de protección con participaciones de comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas con el objetivo de paliar los efectos de la pobreza energética. Esta medida se incluye dentro de la enmienda transaccional acordada por PP, PSOE y Ciudadanos, y que contó con el apoyo de todos los grupos políticos con la salvedad de Podemos y ERC, que optaron finalmente por abstenerse.

El texto aprobado por la comisión, con 26 votos a favor y 8 abstenciones, recogía los tres primeros puntos de una proposición no de ley presentada por Ciudadanos con distintas medidas para paliar los efectos de la pobreza energética y pidiendo que este problema sea una prioridad de la política energética española. Finalmente, tanto el PP como el PSOE han realizado varias aportaciones. Concretamente, la participación de las empresas energéticas en estos fondos ha sido propuesta por los populares, si bien Ciudadanos ya incluía en su iniciativa acuerdos con las compañías suministradoras de energía para evitar estos cortes de luz.

Así, se insta a establecer la obligatoriedad de avisar por parte de las compañías antes de interrumpir el servicio con el fin de que los servicios sociales puedan valorar la situación de los afectados, así como se pide limitar los cortes de electricidad y de gas para personas reconocidas como «vulnerables» en período invernal. La moción también solicita que se regule un nuevo sistema de acceso mínimo garantizado a los suministros básicos de electricidad, gas natural y gas butano para todos los hogares con poder adquisitivo reducido, en el que «se prime el ahorro y se penalice el consumo ineficiente».

Además, plantea la necesidad de introducir criterios de renta a la hora de acceder al bono social, una rebaja del 25% en la factura que pueden solicitar algunos colectivos. Asimismo, pide que los servicios sociales puedan gestionar directamente la solicitud de dicho bono social por parte de las familias en situación de vulnerabilidad. Por último, la enmienda recoge la necesidad de mejorar la eficiencia energética e incorporar «servicios energéticos avanzados» a estas personas en situación de dificultad dentro de los planes de rehabilitación de edificios.

Según los datos ofrecidos por Ciudadanos durante el debate de la iniciativa, en los últimos dos años se han encarecido en un 22% el precio del gas, un 23% la bombona de butano, un 34% del precio de la luz y un 8,5% el agua. «Creo que todos entendemos que la pobreza energética es un problema real que hay que paliar», aseveró la diputada Melissa Rodríguez, que criticó que se estén produciendo cortes en el suministro energético «sin tener en cuenta su condición social, su renta o que es invierno».

Ciudadanos recordó que en España hay 4,5 millones de personas «pobres desde el punto de vista energético», sin dinero suficiente para mantener en invierno su casa por encima de los 18 grados centígrados. En todo caso, lamentan, la norma no garantiza que no se interrumpa el suministro energético, «sino que incluso permite a las compañías suministradoras la posibilidad de interrumpirlo a aquellos servicios esenciales que acumulen seis meses de impago«.

Por su parte, el diputado socialista, Gonzalo Palacín, destacó la necesidad de profundizar con iniciativas como esta los beneficios del bono social con el que, a su juicio, existe un «problema de indefinición» de las personas que pueden acogerse a él. Asimismo, ha mostrado su satisfacción por tener la posibilidad de aprobar esta iniciativa, pues su grupo presentó otras medidas al respecto en el pasado y, a pesar de contar con el apoyo de otros grupos parlamentarios, fueron tumbadas por la mayoría absoluta del PP.

Teresa Palmer, diputada popular, reivindicó que el Gobierno del PP «ha sido el primero que ha afrontado el problema heredero del déficit tarifario, de unos 26.000 millones de euros«, cuantificando el ahorro gracias a las reformas llevadas a cabo en unos 10.000 millones. Por el contrario, el único grupo de los cuatro grandes partidos que no apoyó la medida fue Podemos, pese a compartir, según indicó Rafael Mayoral, diputado de la formación morada, las ideas y el diagnóstico de la iniciativa. Sin embargo, ha pedido «no mirar la pobreza energética como si fuera un fenómeno de la naturaleza». Sus enmiendas referidas al cobro de los Costes de Transición a la Competencia y a una tarifa progresiva no han sido aceptadas.