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La Junta de Andalucía y Equo «no entienden» la retribución al almacén gasista de Doñana mientras el Gobierno la justifica

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Europa Press / EFE.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, asegura que la retribución a Gas Natural Fenosa de 6,34 millones de euros por costes de operación y mantenimiento por el almacén subterráneo de Doñana «no la entiende nadie», toda vez que exige al Gobierno central que «escuche el clamor social que existe en Andalucía y haga una evaluación conjunta de las consecuencias que puede tener este proyecto para Doñana y para su entorno».

Fiscal asegura que la retribución que el Gobierno concede a Gas Natural por el proyecto de Doñana «más allá de que esté recogido en la norma; no lo entiende nadie», y en cualquier caso, añade, «el impacto hubiese sido mucho menor si, tal y como le pide la sociedad andaluza en su conjunto, partidos políticos, ONG y ayuntamientos, hubiese evaluado este proyecto conjuntamente y no parcelado en cuatro subproyectos». Por tanto, Fiscal señala que la Junta, por su parte, «ha emitido autorizaciones ambientales negativas, blindando el Espacio Natural de Doñana».

Precisamente, Fiscal señala que de esta tema tratará el 19 de enero con el comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca de la Unión Europea, Karmenu Vella, al que trasladará la realidad de Doñana, «haciendo hincapié en este proyecto para que, dado que la Unión Europea es una administración con los ojos puestos en el Espacio Natural, exija al Gobierno central que haga una evaluación conjunta de forma que conozcamos las sinergias así como los efectos que el proyecto puede tener para una joya natural como ésta», toda vez que asegura que la Junta «va a impedir por todos los medios este o cualquier otro proyecto que pueda poner en riesgo el espacio».

Por tanto, Fiscal reitera su petición al Gobierno central para que haga una evaluación conjunta de un proyecto sobre el que considera que el Gobierno del PP “ha dado un acelerón que solamente la Junta ha conseguido frenar». Por último, y cuestionado sobre si las autoridades europeas tendrían capacidad de frenar este proyecto, Fiscal cree que por «lo menos tendrían capacidad de influir en el Gobierno, que es de quien depende sustantivamente el proyecto del gas, para que se analizaran las consecuencias del conjunto del proyecto y Doñana no se viera en ningún caso perjudicada».

«Retribución del Gobierno de Zapatero”

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, negó que los 6,34 millones de euros reconocidos a Gas Natural «sean una subvención» y ha explicado que se trata «del cumplimiento de una retribución ordinaria del Estado por almacenamiento de gas en las marismas que fue establecida por el Gobierno anterior«. Sanz ha recordado que el almacén «fue planificado por el Gobierno en 2008, cuando gobernaban los que exigen responsabilidades por esta materia», con lo que considera «muy extraño que no lo sepan los que están pidiendo explicaciones».

Además, Sanz apunta que «cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Estado, pero también de la Junta», por lo que «sorprende que la actuación de la Junta sea criticar esta actuación». Por tanto, el delegado del Gobierno pide «un poco de coherencia y responsabilidad, y menos confrontación y demagogia» porque, añade, «sería deseable que en esta materia se sea responsable con lo que se hace, y cuando se deja el Gobierno, al menos se reconozca que la responsabilidad no la tiene el actual».

Equo pide explicaciones al Gobierno

Por su parte, Equo exige explicaciones al Gobierno tras conocer la retribución a Gas Natural Fenosa y ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas en la que cuestiona al Ejecutivo sobre esta partida y sobre su justificación para reconocerla. En el documento, firmado por el diputado Juan López de Uralde, Equo insiste en la posibilidad de que este proyecto acabe paralizado este año. El partido destaca la «enorme oposición» que existe en torno al depósito por parte de colectivos sociales, ecologistas y vecinales, que alertan del riesgo del proyecto de Gas Natural. «Ha sido denunciado en instancias europeas y nacionales por el peligro del mismo para el medio ambiente», sentencia.

Esquerra Republicana pide crear un contrato que permita modular la potencia eléctrica contratada a lo largo del año

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EFE / Europa Press.- El grupo de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso ha registrado una proposición no de ley en la que pide la creación de un contrato de potencia estacional que permita a los clientes modular la potencia eléctrica contratada en función de sus necesidades en cada momento del año. La iniciativa, firmada por Joan Capdevila, señala que el objetivo de la medida es «permitir a empresas y particulares adaptar mejor sus necesidades de energía y conseguir precios más ajustados«.

ERC destaca que el precio de la energía «está siendo un enorme lastre para las pymes para reducir sus costes operativos y, por extensión, su competitividad«. En relación con la actividad empresarial, ERC cree que el cambio de potencia estacional podría ser necesario por la voluntad de optimizar el perfil de consumo ya que «la actualización de la maquinaria, iluminación y demás elementos de consumo pueden hacer necesario una adecuación de potencia en base a la cual se calcula una parte importante del coste eléctrico«.

Según ERC, el cambio estacional de la potencia contratada sería positivo por la estacionalidad del ciclo de producción de muchas empresas. «La propia dinámica de la actividad empresarial es estacional en muchos sectores. Por ejemplo, en los sectores agrario, turístico, alimentario o industrial», explica Capdevila. En su proposición no de ley, para ser debatida en el pleno, Esquerra Republicana recuerda que el precio del mercado de la energía para las pymes es de los más caros de la Unión Europea.

A juicio de ERC, la creación de un contrato de potencia eléctrica estacional sería ventajoso también para los particulares, por ejemplo para los propietarios de segundas residencias, en las que el consumo se concentra en determinados meses. Para Capdevilla, la creación de este contrato también beneficiaría al conjunto del sistema eléctrico, ya que «permitiría una mejor planificación y adecuación a la demanda real de potencia».

Capdevila destaca que la tecnología actual permite poder cambiar «fácilmente» la potencia contratada de acuerdo con un calendario estacional y «que pueda ser, en casi todos los casos, automático e incluso a distancia». Con los contratos de potencia estacionales se obtendría un «ahorro muy importante para determinadas actividades sin perder ningún tipo de calidad de servicio, pagando lo justo por lo que se usa, sin complicaciones administrativas ni técnicas», concluye.

El Gobierno de Baleares promueve una ley para declarar el Mediterráneo «libre de prospecciones» mientras Mar Blava denuncia al Ministerio

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EFE / Europa Press.- El Defensor del Pueblo ha aceptado a trámite la denuncia interpuesta por la plataforma contra las prospecciones petrolíferas Alianza Mar Blava contra el Ministerio de Energía ya que rechaza reconocer al colectivo como parte interesada en los expedientes de los permisos de investigación de hidrocarburos. Por su parte, el Gobierno de Baleares ha acordado presentar al Parlamento autonómico una proposición de ley para defender en el Congreso de los Diputados una iniciativa que declare el Mediterráneo español «libre de prospecciones».

Según explicó el consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, el objetivo es que el Parlamento envíe a tres diputados baleares al Congreso para que defiendan la iniciativa. De esta forma, el Gobierno autonómico pretende llevar al Congreso la oposición de Baleares a las prospecciones, puesto que es competencia estatal pero la iniciativa legislativa de proponer leyes al Congreso corresponde al Parlamento balear. El consejero Vidal ha criticado que Madrid «no está haciendo su trabajo» y ha reiterado el rechazo de Baleares a las oposiciones, un asunto recogido en los Acords pel Canvi.

«Este Gobierno, desde el minuto cero, ha manifestado su oposición frontal a cualquier prospección» petrolífera «por el impacto ambiental y económico que podría generar», ha destacado Vidal. El consejero ha recordado que el propio Parlamento, el Gobierno autonómico, los consejos insulares y todos los grupos parlamentarios se han pronunciado contra las prospecciones y los proyectos de extracción de hidrocarburos en el entorno marino de Baleares. Vidal ha recordado que en los últimos meses se ha logrado el archivo de varios proyectos petrolíferos en el mar Mediterráneo, pero ha hecho un símil futbolístico diciendo que eso no es más que «parar penaltis» y que lo que hace falta es una ley que elimine definitivamente la amenaza.

Denuncia al Ministerio de Energía

Por otro lado, la Alianza Mar Blava asegura que se ha quejado al Defensor del Pueblo de la situación de «indefensión» ante el Ministerio, que ha rechazado reconocer al colectivo como parte interesada en los expedientes de los permisos de investigación de hidrocarburos. «A fecha de hoy, tras más de nueve meses de actuaciones al respecto de la Alianza, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital aún no ha permitido su personación en el expediente, ni ha dado acceso a la información solicitada ni ha resuelto expresamente el recurso de alzada presentado por la Alianza contra la desestimación de su solicitud», apuntó la plataforma.

Los departamentos denunciados por la Alianza por incurrir en una mala administración son la Subdirección General de Hidrocarburos de la Dirección General de Política Energética y Minas (DGPEM) de la Secretaría de Estado de Energía, y la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Administración de Justicia de la Secretaría General Técnica de la Subsecretaría de Industria, Energía y Turismo. Según la Alianza Mar Blava, el Ministerio está tramitando actualmente solicitudes de 12 permisos de investigación de hidrocarburos.

El Congreso acuerda pedir una Ley de Cambio Climático y Transición Energética para cumplir los compromisos con la Unión Europea

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Europa Press / Servimedia.- El PP y la oposición llegaron a un acuerdo en el Congreso para pedir al Gobierno una Ley de Cambio Climático y Transición Energética con la que España pueda «integrar y armonizar la legislación» y llegar a cumplir con los compromisos internacionales adquiridos en estas materias. De este modo se consensuó un texto transaccional a la iniciativa original del PP, que contó con el apoyo de PSOE, Ciudadano y Podemos.

El texto cuenta con una docena de puntos, entre los que destacan las propuestas de promover políticas nacionales para reducir emisiones, crear un Plan Nacional de Energía y Clima, concienciar sobre el problema del cambio climático y dotar al sector de la financiación adecuada para llevar a cabo todas estas iniciativas. El documento también insta al Ejecutivo a establecer un marco de ecoeficiencia en la gestión energética; mejorar la retención natural de carbono con el desarrollo de técnicas de captura y almacenamiento en sumideros que disminuyan la concentración atmosférica de CO2; y promover una política de movilidad y transporte sostenible así como actuaciones de eficiencia energética en el sector residencial.

Además, los partidos piden al Ejecutivo que impulse la adaptación eficiente de España al cambio climático, promoviendo la explotación y el escalamiento hacia estilos de vida más sostenibles y menos dependientes del carbono. En este sentido, el texto recuerda que España se ha comprometido a reducir, el 20% de sus emisiones para el 2020 y el 40% para el 2030, con respecto a los valores registrados en 1990. En la propuesta se especifica que son objetivos «ambiciosos» pero también «realistas».

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, se mostró «satisfecho con el acuerdo» que, a su juicio, muestra «la evolución del trabajo en esta Cámara» de cara a «combatir el fenómeno del cambio climático». Desde Podemos y, a pesar de haber firmado este acuerdo, su portavoz Iñigo Errejón, subrayó la necesidad de tomar más medidas adicionales, como «abolir el impuesto al Sol y cambiar el modelo energético del país a uno más sostenible».

Desde la tribuna del Congreso, la diputada del PP, María Luz Bajo, ha celebrado el «espíritu de consenso» de todas las formaciones políticas en esta materia para intentar poner en marcha una ley que, a su juicio, «llega en el momento idóneo», cuando se ha ratificado el Acuerdo del Clima de París. La popular, se ha mostrado segura de que, para elaborar la proposición de Ley, el Gobierno va a plantear «un proceso abierto y participativo» que implicará de manera transversal a diversos ministerios, así como a las administraciones autonómicas y locales. Del mismo modo, ha señalado que se contará con los «actores relevantes en la lucha contra el cambio climático, como el colectivo investigador, el empresarial y las ONGs.

También el PSOE ha valorado positivamente el «contexto de unanimidad» que se ha reflejado en esta propuesta y espera que la futura norma «promueva un modelo de crecimiento verde» que sea «más sostenible y menos dependiente de la quema de combustible fósil» de lo que es ahora. Más crítica ha sido la representante de Unidos Podemos, Rosa Martínez, quien ha acusado al PP de tener «poca memoria» a la hora de redactar la transaccional y exponer los datos conseguidos por España en reducción de emisiones. Así, la diputada ha explicado que si las emisiones bajaron en los últimos años es «consecuencia de la desaceleración económica de la crisis» y ha apuntado que en 2015 las emisiones han registrado un repunte.

Para Martínez, la nueva norma deberá servir para que el Gobierno «se tome en serio la lucha» contra el cambio climático y para ayudar a transformar el modelo productivo del país. «Pongan recursos y voluntad política para cambiar de rumbo» señaló Martínez, quien definió la situación ambiental como «la violación masiva más grande de la historia» y uno de los «mayores retos de la humanidad».

También reclamó «voluntad política» el diputado de Ciudadanos, José Luis Martínez, que recordó que España es el país peor situado de Europa en cuanto a renovables y pidió la anulación del impuesto al Sol. A su juicio, si se quiere lograr una mejora en esta materia, España debería liderar la acción europea. Finalmente, los representantes de PNV, Esquerra Republicana (ERC), la antigua Convergència y Bildu han decidido abstenerse después de mostrar su contrariedad en el debate porque el texto transaccionado no especifica en su totalidad el ámbito competencial que, en esta materia, tienen algunas autonomías.

Piden objetivo 2050: 100% renovable

La Alianza por el Clima, formada por más de 400 organizaciones ecologistas, sindicales y de cooperación al desarrollo, entre otras, difundió un documento de propuestas para la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética que elaborará el Gobierno, en el que fija como objetivo para 2050 que el 100% de la energía proceda de fuentes renovables. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió el pasado noviembre en la Cumbre del Clima de Marrakech (Marruecos) a poner en marcha una ley de cambio climático para que la economía española sea menos contaminante, algo que ya anunció en diciembre de 2015 durante la cumbre climática mundial celebrada en París (Francia).

Esta coalición se pondrá en contacto en los próximos días con representantes de la Oficina Española de Cambio Climático y de los principales partidos políticos para dialogar sobre la futura ley prometida por Rajoy. El documento que difundieron propone como objetivo de mitigación que la norma sea «lo suficientemente ambiciosa para avanzar hacia un futuro energético descarbonizado en 2050», es decir, que la totalidad de la energía provenga de fuentes renovables y no de combustibles fósiles (petróleo, gas o carbón).

El PSOE pide al Gobierno que prohíba el fracking por sus supuestos peligros contra el medio ambiente

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Europa Press.- El PSOE exige al Gobierno que realice las modificaciones legislativas necesarias para prohibir el empleo de técnicas de fractura hidráulica, más conocidas como fracking, en toda España, por sus peligros contra la salud del medio ambiente y, por ende, la del ser humano.

El fracking es una técnica que, a juicio de los socialistas, plantea numerosas dudas sobre el riesgo que supone para el medio ambiente. Según explican en una proposición no de ley registrada en el Congreso, esta práctica ha sido objeto de numerosos estudios elaborados por instituciones públicas y privadas. El PSOE destaca dos estudios al respecto: el del Parlamento Europeo, llamado Repercusiones de la extracción de gas y petróleo de esquisto en el medioambiente y la salud humana; y el de la Comisión Europea, Contribución a la identificación de posibles riesgos ambientales y para la salud humana derivados de las operaciones de extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica en Europa.

Según el PSOE, ambos informes ponen sobre la mesa «dudas razonables» sobre la utilización del fracking y destacan «el elevado riesgo para las personas y el medioambiente que supone esta técnica». Ante estos resultados, los socialistas piden al Ejecutivo que cambie la normativa respecto a esta materia para impedir la práctica del fracking en el país, con pleno respeto a las competencias autonómicas. Además, insta a suspender cautelarmente las prospecciones en curso o aquellas que hayan obtenido el permiso pero aún no hayan iniciado los trabajos, estableciendo una moratoria mientras no se prohíba esta técnica.

Reclama impulsar una transición energética

Por su parte, el grupo socialista en el Senado, a través de su portavoz en Industria, Ángel Mato, reclama una transición energética que procure una «transformación pragmática y gradual» del modelo y ponga fin a la pobreza energética. Mato apuesta por una política energética de largo alcance que asegure el acceso a la energía a precios asequibles y convierta el sector energético en factor de competitividad y en motor de innovación y generación de empleo. Esta transición, señala, ha de tener como objetivo reducir la dependencia de los combustibles fósiles, impulsar el autoabastecimiento, fortaleciendo la seguridad del suministro y luchar eficazmente contra el cambio climático.

El senador gallego subraya que España sigue teniendo una de las tarifas eléctricas, antes de impuestos, más altas de la Unión Europea y añade además, que la factura de la luz en los hogares españoles no ha dejado de subir en los últimos años. A su juicio, el sector eléctrico sigue adoleciendo de un grave problema estructural que tiene su efecto en unos mayores costes, que acaban repercutiendo, en especial, sobre los consumidores más vulnerables.

Podemos considera que las compañías eléctricas deberían asumir el coste del suministro a los consumidores vulnerables

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Servimedia / EFE.- El presidente de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso de los Diputados, Ricardo Sixto, considera que el suministro eléctrico de garantía para los hogares en situación de vulnerabilidad «es un coste que debe ser asumido sobre todo por las compañías, puesto que se trata de una cuestión social». Así se expresó Sixto, diputado de Unidos Podemos, que sostuvo que «está claro que tiene que ser un coste compartido entre las compañías y las administraciones».

A este respecto, señaló que la Comisión de Energía del Congreso «va a tener que desarrollar un trabajo muy interesante y muy importante para no dejar en la estacada a la gente que más sufre los efectos de la crisis y que puede acabar padeciendo una situación de indefensión frente a unas compañías enormes que acaban marcando unos precios que mucha gente no puede asumir».

«Es una situación compleja que lo que tiene que llevar en un primer momento es sensibilidad por parte de la empresa cuando se producen estos cortes de suministro, porque son ellos los que manejan los datos, son ellos los que conocen cuáles son las circunstancias del corte que se está produciendo», añadió. En esta línea, argumenta que desde las empresas «son ellos los primeros responsables y los primeros que tienen que estar interesados en que no se produzcan situaciones de este tipo, de extrema vulnerabilidad».

Por otro lado, pidió al Gobierno que aborde este problema, porque «el que haya una cobertura estatal a toda esta normativa sería positivo». «El que las comunidades autónomas tengan que ir cada una por su lado regulando estas cosas puede dar lugar a ciertas disparidades que no tendrían sentido», apostilló. En concreto, abogó por que el departamento dirigido por Álvaro Nadal establezca la obligatoriedad por ley de que las compañías eléctricas tengan que comunicar a los ayuntamientos los cortes de suministro en situaciones de vulnerabilidad, en la línea de lo contemplado en la ley catalana.

Sixto considera necesario hacer que las empresas, a la hora de suministrar los datos, puedan hacer una primera criba de cuáles son esas situaciones de vulnerabilidad que se producen, porque las situaciones de corte son muy diferentes, y «eso las compañías son las que más posibilidades tienen de poder visibilizarlo«. Asimismo, advirtió sobre el problema para las administraciones locales que supone la ley de financiación local, que, según Sixto, les impide contratar personal suficiente para dar los servicios que tienen que prestar a la ciudadanía.

En cuanto a la financiación del bono social, explicó que la opción que «parece contar con más respaldo por parte de los grupos parlamentarios y del Ministerio es buscar una solución similar a la que se venía aplicando hasta ahora, que sean las compañías las que asuman el coste», sin valorar que el sistema de financiación aplicado hasta ahora fue anulado por el Tribunal Supremo.

Asimismo, advirtió de que «hay una cuestión más complicada, que es a quién se aplica», ya que considera que «ha tenido un criterio muy generalista, ligado a un consumo menor de un determinado nivel y a pocas cuestiones más». Esto, según Sixto, «ha llevado a que gente con poderes adquisitivos muy diferentes tengan derecho al bono social, cosa que no tiene mucho sentido». «Hay que ligarlo a las rentas que tiene cada unidad familiar», sentenció.

«El problema no es cómo se hace, el problema es que según los cálculos que manejan las empresas eléctricas ahora mismo hay 2,5 millones de contratos con el suministro en bono social y si se aplicasen criterios de renta probablemente habría un millón menos», advirtió. «Hay un millón de contratos que tienen bono social que si aplicásemos criterios de renta no tendrían derecho a ello. Eso debe tener un coste político para asumirlo en un determinado momento y a veces hay Gobiernos que no han querido asumir ese coste», lamentó.

Pobreza energética “inadmisible” en España

Diputados del Congreso y miembros de la Ejecutiva Estatal de Podemos celebraron en La Granja (Segovia) una jornada de trabajo para preparar la movilización del 21 de diciembre contra la pobreza energética. En este sentido, el secretario de Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, sostuvo que es «inadmisible» que la conocida como pobreza energética «exista en España, uno de los países más ricos de Europa». Mayoral aseguró que «los abusos tarifarios existentes son intolerables y más en un país en el que las compañías energéticas tienen los beneficios más altos».

En su opinión, las movilizaciones que se han desarrollado hasta la fecha han logrado que la pobreza energética forme parte de la agenda política, aunque Mayoral ha insistido que «se sigue violando» la observación de Naciones Unidas que aboga por el derecho a disponer de la energía suficiente para poder alumbrar la casa, cocinar y mantener la temperatura adecuada. En este sentido, ha subrayado que «no sirve de nada una moción» y ha exigido medidas legislativas que «garanticen los derechos de la mayoría y pongan límites a las eléctricas para que dejen de jugar con la vida de la gente». 

Cataluña investiga a las eléctricas mientras Podemos exige a Gas Natural que no permita más muertes por cortes del suministro

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EFE / Servimedia.– El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el coordinador de Izquierda Unida, Alberto Garzón, exigieron ante las sedes de Gas Natural Fenosa que no se permitan más muertes por cortes de luz, una situación «inaceptable» en un país como España. Por su parte, el consejero de Empresa de Cataluña, Jordi Baiget, avanzó que la Generalitat investigará de oficio a las eléctricas en 15 días para asegurarse de que cumplen la ley y no cortan la luz a personas vulnerables.

Baiget indicó que estas inspecciones, en las que se preguntará por los protocolos seguidos en los cortes de suministro, se realizarán en toda Cataluña y que sus resultados se harán públicos. Asimismo, el consejero se ha comprometido a crear un grupo de trabajo que propondrá al Gobierno un nuevo bono social, ya que el actual «no es un bono social real», y ha defendido que las empresas suministradoras «deberían asumir sus costes». Además ha mostrado su voluntad de negociar convenios con las empresas que todavía no se han sumado a los que el Gobierno catalán ha establecido con algunas compañías para frenar la pobreza energética.

Reunión con Villaseca para negociar

Asimismo, el Gobierno catalán impulsará una campaña de difusión y promoción de la ley de pobreza energética que aprobó el Parlamento por unanimidad en 2015 para que las personas afectadas conozcan sus derechos. Por otro lado, Baiget conversó por teléfono con el consejero delegado de Gas Natural Fenosa y ambos coincidieron en la necesidad de reunirse tras la polémica surgida por la muerte en Reus (Tarragona) de una anciana en un incendio, después que se iluminara con velas al haberle cortado el suministro de luz. El consejero de Empresa reiteró que Gas Natural «debe sentarse en la mesa» y no descarta aplicar algunas medidas de presión para que las eléctricas colaboren, como son las cláusulas sociales en los contratos públicos.

Por su parte, la portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), Maria Campuzano, ha lamentado que haga falta que muera una mujer «para que la Generalitat haga cumplir la ley». Campuzano ha pedido a la Generalitat que, pese a que la vida de una persona «no tiene precio», multe con un millón de euros a Gas Natural, la mayor sanción posible. Asimismo, el presidente de la Mesa del Tercer Sector, Oriol Illa, ha coincidido en cargar contra Gas Natural por su «negligencia» y ha instado a la Generalitat a intensificar las inspecciones a las eléctricas para demostrar si el corte de suministro sin aviso a la administración es una «práctica asidua» o no.

Podemos contra Gas Natural Fenosa

Cerca de 300 personas se congregaron ante la sede de Gas Natural Fenosa en Madrid, convocados por Podemos, coreando lemas como «No son muertes, son asesinatos», «Este invierno, nadie sin luz», «Nacionalizar Gas Natural» o «¡Sin luz, sin gas, el Rey tenía que estar!» para protestar por la muerte de la anciana de Reus. Iglesias ha criticado que en España, «la cuarta economía de la zona euro, haya personas que tengan que morir, porque empresas eléctricas que facturan beneficios y que pagan planes de pensiones y sueldos de escándalo a sus directivos dejen sin luz y sin calefacción a compatriotas».

Por ello, Iglesias ha reclamado a Gas Natural que cumpla la ley. «No se puede consentir que haya españoles que este invierno les corten la luz y les corten la calefacción», ha afirmado el líder de Podemos tras destacar que estar en la calle protestando contra estas ilegalidades «también es hacer oposición», si bien ha anunciado que su grupo presentará una interpelación en el Congreso sobre este tema. Iglesias no considera, sin embargo, que esta interpelación vaya a tener mucho efecto, mientras España siga gobernada «por partidos políticos que tienen a algunos de sus expresidentes y exministros en consejos de administración de empresas como estas».

Garzón ha criticado el silencio de los grandes partidos políticos cuando lo que ha pasado va, ha dicho, en contra de la Constitución, que establece que la riqueza de España debe estar subordinada al interés general. «Empresas como Gas Natural son el ejemplo de que se incumple la Constitución sistemáticamente», ha afirmado Garzón, que considera importante poner «rostro a los culpables del saqueo y de la muerte de estas personas». «Reivindicamos algo tan sensato como eso, que nadie debe morir por sencillamente ser pobre cuando tenemos recursos suficientes», insistió. Esta protesta se ha celebrado de forma simultánea en 26 sedes de Gas Natural de otras tantas ciudades españolas, convocadas por Unidos Podemos con el lema «La pobreza energética mata #NadieSiLuz».

Nadal debuta en el Congreso

Por su parte, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, comparecerá por primera vez en el pleno del Congreso de los Diputados este miércoles para responder a dos preguntas en la sesión de control al Gobierno sobre pobreza energética, así como a una interpelación urgente sobre esta misma materia. Además, Nadal también deberá contestar a dos cuestiones en el pleno del Senado sobre si el Gobierno piensa prohibir los cortes de luz y gas, y si considera suficientes las medidas adoptadas para luchar contra la pobreza energética.

La inquietud por este asunto se ha multiplicado en los últimos días tras la muerte de Reus. Las preguntas serán formuladas por la diputada socialista María Pilar Lucio y de Ciudadanos Melisa Rodríguez, mientras que la interpelación es del grupo parlamentario de Unidos Podemos. En referencia a este asunto, el ministro ya explicó que tras conocer la noticia se puso en contacto con la Generalitat de Cataluña y con el Ayuntamiento de Reus para ofrecer su colaboración para que mejoren los mecanismos previstos para hacer frente a la pobreza energética.

Además, Nadal defendió que «la pobreza energética es un síntoma de vulnerabilidad mayor y no solo un problema de energía» y recordó que «las competencias en cuestiones sociales son de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos», por lo que reiteró su disposición a colaborar con las administraciones implicadas ante la posibilidad de que existan «conflictos» con las compañías eléctricas. En estos últimos días, tanto Endesa como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han pedido al nuevo titular de Energía que tome medidas en relación con la pobreza energética.

Compromís exige explicaciones al Gobierno sobre el ATI en Cofrentes y reclama que comparezca Nadal

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EFE.- Después de solicitar la comparecencia en el parlamento autonómico de la Comunidad Valenciana del director de la central nuclear de Cofrentes para que explique la posible instalación en este espacio de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) para su combustible nuclear gastado, Compromís ha exigido la comparecencia del ministro de Energía, Álvaro Nadal, para que dé explicaciones sobre el ATI que Iberdrola prevé construir en Cofrentes, para lo que, según Compromís, la compañía ya ha iniciado los trámites administrativos para construir esta infraestructura de residuos radioactivos.

La formación ha preguntado al Gobierno por qué no ha informado al respecto a la Generalitat de la Comunidad Valenciana pese a haber recibido la solicitud formal de autorización. El portavoz de la formación en el Congreso, Joan Baldoví, ha asegurado que el proyecto supone «prolongar la vida de la central de Cofrentes más allá de 2021, fecha en la que expira su licencia» y que el almacén nuclear, previsto para funcionar para 2019, evidencia «el fracaso de la política de gestión de residuos nucleares».

Compromís considera que la energía nuclear es «uno de los principales obstáculos para las energías renovables limpias», que garantizarían el suministro eléctrico, e incide en la necesidad de poner en marcha un calendario «progresivo y definitivo de cierre de centrales». La coalición apunta que los trámites para construir el ATI coinciden con la cumbre del clima de Marrakech y que a la falta de compromiso medioambiental «se añaden también los riesgos para la población». Además advierten de que Iberdrola «quiere construir el almacén en un lugar inundable y con riesgo sísmico que incumple las garantías de seguridad para la población».

Comparecencia del director de Cofrentes

Por otro lado, Compromís solicitó la comparecencia en Les Corts Valencianes del director de la central nuclear de Cofrentes para que explique la posible instalación de un ATI. En este sentido, el portavoz parlamentario adjunto de la coalición, Juan Ponce, aseguró que «haría falta que Iberdrola tuviera presentes que los mismos argumentos técnicos que desaconsejaron construir el Almacén Temporal Centralizado (ATC) son válidos para no hacer el ATI de Cofrentes«, ha manifestado. El diputado de esta coalición recuerda que su grupo ha reclamado en numerosas ocasiones el cierre de Cofrentes y advierte de «su peligrosidad». Asimismo, anunció que están trabajando en una propuesta para pedir al Gobierno central «que no se tramite el ATI en la central nuclear de Cofrentes”.

«Desde Compromís insistimos en que la apuesta de futuro es el uso de las renovables limpias, que nos permiten luchar contra el cambio climático y que son fuentes de creación de ocupación estable y de calidad», defendió Ponce, que explicó que el modelo energético que defiende Compromís se basa «en las renovables limpias y en la eficiencia energética», que, según indicó, «permitirían cerrar ya las centrales nucleares» y eliminar los riesgos que comportan, «como por ejemplo esa posibilidad del 50% de que, según numerosos estudios, pueda producirse un nuevo Chernobyl».

El PSOE propone un suministro mínimo eléctrico ininterrumpible para paliar la pobreza energética y un bono social otorgado por renta

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Europa Press.– El secretario general del grupo socialista en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, presentó una Proposición No de Ley (PnL) en la que exige al Gobierno que reforme la Ley del Sector Eléctrico para asegurar el suministro a consumidores vulnerables. Además, ha instado al Ejecutivo a que garantice el bono social y que pretende garantizar un suministro eléctrico que no pueda ser interrumpido en ningún caso por ninguna empresa comercializadora y así paliar los efectos de la pobreza energética en España.

En este sentido, el PSOE quiere regular «con carácter de urgencia» la pobreza energética, definiéndola como aquella situación en la que consumidores vulnerables no disponen de rentas suficientes para satisfacer sus necesidades domésticas de energía y garantizar a estos el derecho al suministro. Por ello, el PSOE ha propuesto reformar la Ley del Sector Eléctrico, para que garantice el derecho al suministro de consumidores vulnerables recogido en la directiva europea 2009/72, del mercado interior de electricidad. Concretamente, han exigido que se establezca un servicio mínimo de subsistencia, en coordinación con los servicios sociales de las administraciones competentes. Este servicio, subrayan, «no podrá ser interrumpido en ningún caso por las comercializadoras«.

La iniciativa, que esta formación quiere debatir en el pleno del Congreso, también va dirigida ante los posibles efectos que pueda tener que el Tribunal Supremo haya anulado el régimen de financiación del bono social. Ante esto, el PSOE pide al Gobierno que tome las decisiones que sean pertinentes para no repercutir las consecuencias en el recibo de los consumidores. El Alto Tribunal declaró recientemente inaplicable el régimen de financiación, sustentado por las empresas eléctricas, a las que reconoce el derecho a cobrar una indemnización. En caso de que deban reintegrarse a todas las compañías que sufragan el bono social las cantidades pagadas desde 2014, advierten desde el PSOE, la cuantía de esta indemnización superará los 500 millones de euros.

Asimismo, el PSOE muestra su disconformidad con los criterios de la Administración para otorgar el bono social y, por tanto, piden en la PnL modificar la definición de las categorías de beneficiarios con el objeto de que «tenga efectos realmente redistributivos». En su exposición de motivos, el PSOE cree que al no estar ligado estrictamente a la renta per cápita del hogar, no cubre las necesidades básicas de un nivel mínimo de suministro eléctrico a aquellos hogares que se encuentran en situación de pobreza energética. Heredia ha explicado que el bono social eléctrico «fue creado en 2009 por el Gobierno socialista para proteger a los consumidores vulnerables», añadiendo que esta ayuda beneficia a algo más de 2,4 millones de españoles.

«Muchas personas lo están pasando mal y hay que buscar una solución a estos problemas», subrayó Heredia, que anunció que su grupo hará «una oposición dura, exigente, consistente, pero al mismo tiempo, constructiva». «Hay muchas familias que no tienen recursos económicos y el Gobierno tiene que garantizar que no puede haber pobreza energética en un país como España», concluyó el socialista. Por último, la iniciativa propone abordar una política de transición energética que se oriente hacia un nuevo modelo que tenga como prioridad la rehabilitación y eficiencia energética de los edificios, fomentar el autoconsumo de electricidad e impulsar las renovables.

El Congreso rectifica y envía a la Cumbre del Clima de Marrakech a una delegación que incluye finalmente a Equo

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Europa Press.- El Congreso de los Diputados ha tenido que rectificar sobre la marcha y, tras acceder a enviar a la Cumbre del Clima (COP22) que se celebra estos días en Marrakech (Marruecos) a una reducida delegación compuesta por los portavoces de PP y PSOE en la comisión parlamentaria de Cambio Climático, finalmente decidió incluir al coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, representante de Unidos Podemos.

En su momento, el presidente de la Comisión para el Estudio del Cambio Climático, el socialista José Juan Díaz Trillo, solicitó a la Mesa del Congreso que permitiera que una delegación asistiera a ese cónclave, que celebra la entrada en vigor del Acuerdo del Clima de París y acordar las reglas para su desarrollo, respondiendo a la invitación cursada por la Convención del Cambio Climático de Naciones Unidas. La Cumbre de Marrakech es la primera reunión internacional que tiene lugar tras la entrada en vigor del Acuerdo de París, que ha sido ratificado por cerca de un centenar de los 195 países que lo sellaron en 2015. España aún no lo ha hecho por haber tenido el Ejecutivo en funciones.

Se negó ir a Marrakech

Sin embargo, el órgano de gobierno de la Cámara Baja desestimó la solicitud de la Comisión para el Estudio del Cambio Climático en coherencia con su decisión de acotar los viajes parlamentarios a los estrictamente necesarios. Frente a esto, el portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Cambio Climático y coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, recurrió dicha decisión subrayando la importancia política del problema del cambio climático y la reciente entrada en vigor del Acuerdo de París. «Creemos que es relevante que el Congreso de los Diputados participe en la misma, como viene haciendo cada año», rezaba el escrito que López de Uralde elevó a la Mesa para que reconsiderara su posición.

Hace una semana el órgano rector de la Cámara acordó corregir su decisión inicial al considerar que el recurso de López de Uralde era «razonable», máxime después de que España ya cuente con un Gobierno en plenas funciones. Ahora bien, resolvió que fueran los portavoces del PP y del PSOE en la citada comisión parlamentaria, Belén Bajo Prieto y Ricardo García Mira, respectivamente, los que asistieran a la Cumbre del Clima, dejando fuera al diputado de Equo. Unidos Podemos volvió a reclamar y finalmente la Comisión del Cambio Climático, con el visto bueno de la Mesa del Congreso, ha accedido a incluir a López de Uralde en la delegación parlamentaria.

«Hemos luchado hasta el final para que el Congreso esté presente en la Cumbre de Marrakech porque estamos convencidos de la urgencia del problema del cambio climático y de la necesidad de acción política urgente para frenarlo», aseguró Uralde, que tiene una larga experiencia en estas cumbres desde su etapa como director de Greenpeace España, aunque será la primera vez que lo haga como diputado.