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La oposición reclama un pacto para frenar la subida de la luz e insiste en auditar los costes

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Europa Press / Servimedia.- Los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados han planteado al ministro de Energía, Industria y Agenda Digital, Álvaro Nadal, la necesidad de alcanzar un «gran acuerdo» en materia energética para frenar la subida del precio de la factura de electricidad y han reclamado indistintamente la intervención del Gobierno en la parte fija y variable del recibo y, por unanimidad, la realización de una auditoría de los costes energéticos.

Estas peticiones han sido realizadas por los distintos portavoces parlamentarios en la comparecencia del ministro Nadal en la Comisión de Energía en el Congreso. La portavoz socialista de Energía, Pilar Lucio, ha pedido a Nadal que asuma su «responsabilidad» y haga una auditoria de costes del sector eléctrico como primer paso para la elaboración de una reforma del sector que facilite la transición energética y la bajada de la luz. Lucio considera que «existen costes que se imputan al sistema que son excesivos»; unos sobrecostes que, según sus cálculos, oscilan entre los 2.300 y los 3.300 millones. «Estamos pagando sardinas a precio de besugo y los que venden sardinas se están forrando a costa de los consumidores», ha indicado Lucio.

A su juicio, las medidas adoptadas por el Gobierno, como el informe solicitado a la CNMC para ver qué elementos del sistema eléctrico pueden mejorarse para contribuir a la moderación de los precios y la puesta en marcha de un market maker en el mercado del gas, son una «intervención quirúrgica» dentro de un «cuadro médico grave». Lucio subrayó que el Gobierno tiene la posibilidad de intervenir tanto en la parte fija como la variable del recibo, por lo que reclama cambios en el modelo de funcionamiento del mercado, y sugiere la vuelta a una mayor utilización del carbón autóctono si eso facilita abaratar el coste de la producción energética.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha defendido que en la actual coyuntura «no se trata de poner parches», sino que es necesario sentarse «entre todos» para hallar una solución al encarecimiento de la luz. Rodríguez asegura que se podría reducir en unos 400 euros al año el recibo de la luz para el consumidor medio si se intentasen aplicar medidas similares de mejora de competencia a las tomadas por otros países de Europa, y destacó el papel del autoconsumo como vía para abaratar también la factura.

En este sentido, apuntó respecto a que el autoconsumo disminuyese la recaudación por los impuestos que se dejen de pagar de la luz, al final el erario público podría llegar a ingresar una cifra mayor gracias al IVA de las instalaciones, por lo que aseguró no entender los vetos del Gobierno. Así, apeló a un Pacto de Estado por la Energía y también a la elaboración de una auditoría de costes para avanzar hacia la eficiencia energética. Rodríguez ironizó con las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy en las que ha augurado una bajada del precio de la luz porque «va a llover», al proponer ante esas palabras realizar la «danza de la lluvia».

Desde las filas de Unidos Podemos, Josep Vendrell apuntó que estamos ante un «problema estructural» que muestra el «fracaso en España de la liberalización del sector eléctrico». «No tenemos ni más competencias ni mejores precios, el sistema es ineficiente y con una regulación absurda», agregó Vendrell, que reclamó también la realización de una auditoría de costes y propuso una reforma del mercado eléctrico para que las tecnologías sean retribuidas conforme a su coste de generación con una rentabilidad «razonable». También abogó por pasar a un modelo de subasta competitiva en lugar de pagos fijos por capacidad, de forma que no sea el mercado marginalista quien determine los precios de la electricidad, así como recuperar la gestión pública de centrales hidroeléctricas.

Desde la oposición han hecho referencias en varias ocasiones a la complejidad para interpretar los recibos de la luz. De hecho, el diputado de ERC Joan Capdevilla ha propuesto obligar a las compañías eléctricas a que en sus facturas pongan «en negrita y Arial 16» si el contrato está sujeto o no a la aplicación de bonos sociales. Como el resto de grupos, ha solicitado una revisión del sistema y la elaboración de una auditoría de costes. También ha pedido al ministro Nadal “que el Gobierno reconsidere su posición” ante la proposición de ley de fomento del autoconsumo presentada por la mayoría de los grupos.

A su vez, la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, considera que la normativa es «descoordinada» y «castiga a los consumidores», debido a un mercado mayorista «sometido a la volatilidad de las tecnologías». Por ello, desde el PNV se defendió la necesidad de impulsar cambios legales y buscar soluciones. Sagastizabal ofreció a Nadal la colaboración del PNV para lograr «sinergias», impulsar una política energética «coordinada» con la industrial y social, y que «se implemente de manera adecuada», a la vez que reclamó una auditoría de costes.

Dentro del Grupo Mixto, Ana Oramas, de Coalición Canaria, agradeció las explicaciones del ministro, a quien ha pedido trabajar para conseguir mayor «transparencia» y ha dicho parecerle «lógico» que ante la «alarma social» por la luz se elabore una auditoría de costes. Isidro Martínez Oblanca (Foro Asturias) ha hecho hincapié en que España presenta una de las tarifas eléctricas más altas de Europa, y ha culpado al exministro socialista de Energía, Miguel Sebastián, del «tarifazo» que aprobó en su momento, «origen» de la situación actual.

Entre tanto, Joan Baldoví (Compromís), ve necesario cambiar el sistema de fijación de precios, ya que «se paga la luz a precio de caviar», y se ha opuesto a que se pague el agua de las empresas nucleares e hidroeléctricas «a precio del gas, proponiendo que se haga una media ponderada entre lo que vale el kilovatio producido por una energía y otra. Ha reclamado también una auditoría de costes y el desarrollo de las renovables, y ha recordado al ministro que el 21% de IVA que soporta la factura de la luz en España se sitúa tres puntos por encima de la media europea.

Por último, el portavoz del PP en la Comisión de Energía, Guillermo Mariscal, ha defendido que el PP «no tiene la culpa del anticiclón ni del cierre nuclear en Francia» que ha propiciado la reciente subida del precio de la electricidad. Mariscal ha recordado el Gobierno ya llevó a cabo una auditoría de los costes del sistema para poder elaborar la reforma energética “que permitió acabar con el déficit tarifario”.

Además, ha augurado que la energía solar será la «energía del futuro», si bien ha criticado la «dinámica de cierto folclore» reflejada en la presentación de la proposición de ley apoyada por todos los grupos junto a la presencia de la patronal fotovoltaica UNEF. «¿Si el Grupo Popular hubiese aparecido con una proposición de ley acompañados por el presidente de una gran compañía eléctrica o presidente de la patronal qué hubieran dicho de nosotros?», se preguntó Mariscal, quien defendió la política energética del PP al congelar los peajes del recibo y aprobar las medidas relativas al mercado del gas con las que la factura «bajará».

Nadal ve «irresponsables» algunas medidas del pacto para fomentar el autoconsumo porque dejaría de precisarse autorización y de requerirse revisiones

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Servimedia / Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, asevera que algunas de las medidas que recoge el pacto para fomentar el autoconsumo, apoyado por la mayoría de grupos del Congreso de los Diputados, son «irresponsables» y apuntó que le «sorprende» la rebaja de las sanciones, porque «la seguridad es lo primero«. Así lo indicó durante su comparecencia en la Comisión de Energía del Congreso de los Diputados, a la que acudió para explicar el comportamiento de los precios.

Hace Nadal referencia a la proposición de Ley para el Fomento del Autoconsumo, registrada por todos los grupos del Congreso, salvo PP y Foro, y que recoge derogar el conocido como impuesto al sol y que la energía autoconsumida esté exenta de todo tipo de cargos y peajes. La iniciática señala también que las instalaciones de producción no superiores a 100 kilovatios (kW) de potencia asociadas a modalidades de suministro con autoconsumo con excedentes estarán exentas de la obligación de inscripción en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica. Nadal explicó que le «preocupa» que la proposición de ley tenga «sólo una visión» y consideró que el texto está «redactado por un sector o grupo de personas».

«No podemos tener instalaciones potentes sin que nadie sepa dónde están, ni que necesiten de autorización para ponerse en marcha ni revisiones periódicas y que no haya responsabilidad si alguien pone en peligro la seguridad», señaló el ministro. Así, Nadal puso como ejemplo el hecho de que una instalación de 100 kW, una instalación industrial, equivale a 1.000 metros cuadrados de paneles solares y «no necesita comunicar a nadie donde se pone» según la propuesta.

Además, apuntó, «se engancha a la red donde quiere, incluido al lado de una gasolinera, y no se lo comunica a nadie, ni es inspeccionada, y si genera algún tipo de distorsión en el funcionamiento de la red se han bajado las sanciones y sólo paga un 10% de la factura de la luz». Para el ministro, «los que han propugnado esta ley, lo que quieren cobrar y no tener ninguna responsabilidad si pasa algo», en referencia a la patronal fotovoltaica UNEF o la empresa renovable GeoAtlanter, cuyos principales responsables, José Donoso y Jorge Morales de Labra respectivamente, estuvieron en la presentación de la propuesta.

Nadal confía en que la actual situación de precios altos de la electricidad «remita pronto» y sigue reivindicando el PVPC

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Redacción / Agencias.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, asegura que la tarifa eléctrica regulada, el denominado PVPC, es «variable porque es lo más barato, a largo plazo siempre es lo más barato». En este sentido, Nadal, ha mostrado su confianza en que la actual situación de precios altos de la electricidad «remita pronto». «Todo episodio de punta siempre acaba», señaló Nadal en su comparecencia en el Congreso para explicar el comportamiento de los precios de la energía.

El ministro recordó que en la medida que los factores que inciden en esa subida de precios, en referencia por ejemplo a las condiciones meteorológicas, «se vayan solucionando» se registrará una “normalización” de la situación. Aún así, Nadal insistió en que las previsiones del Ministerio apuntan a un encarecimiento de 100 euros este año en el recibo de la luz, ya que se dará una situación de precios parecida a la de 2015. El ministro aseguró que, en su opinión, contar a la población «la realidad y que la situación excepcional» de 2016 no va a repetirse «no es criticable».

Nadal confía en la metereología

Ahora, agregó, lo que toca es ver el funcionamiento de las medidas adoptadas a corto plazo, como las del mercado del gas, y analizar iniciativas a medio y largo plazo que «eviten que este tipo de episodios ocurran con la regularidad que están ocurriendo«. «No podemos pensar que esto se resuelve en dos días», porque «las puntas tienen su momento», indicó Nadal, quien agregó que determinados problemas que han llevado a esta situación están remitiendo.

Asimismo, Nadal no se mostró a favor de introducir cambios en la fiscalidad de la electricidad, a pesar de que “tiene una enorme carga fiscal», para hacer frente a situaciones puntuales. No obstante, sí que reconoció que el diseño de los impuestos tendrá que ir cambiando «según avancen las tecnologías, aunque consideró que será algo «armonizado» con la Unión Europea.

Por otra parte, ante la posibilidad de revisar el canon hidráulico y las tasas a los residuos nucleares, Nadal señaló que «la propuesta del Gobierno es mantener la situación tal y como está». En este sentido, apuntó que por ejemplo el canon del agua «está funcionando con normalidad y recaudando unos 500 millones anuales«. En todo caso, recordó que «existen instrumentos de política económica» para cambiarlo y «cualquier gestor que tenga capacidad para tomar una decisión tiene el instrumento creado» para hacerlo. «La propuesta del Gobierno es mantener la situación tal y como está, pero aquí hay grupos parlamentarios que no pueden decir que no hay» instrumentos para modificarlo, añadió.

Recomienda la tarifa eléctrica regulada

Por otro lado, Nadal aseguró que la tarifa eléctrica regulada es «variable porque es lo más barato, a largo plazo siempre es lo más barato». «¿Por qué las eléctricas nunca llaman para pasar a los consumidores a la tarifa regulada?», preguntó Nadal. La tarifa regulada, añadió, «te puede venir mal este mes pero no te viene mal en la inmensa mayoría de los meses». «Las eléctricas llaman para que la gente se cambie al mercado libre y nadie llama para perjudicar sus intereses», apuntó Nadal, para quien esta estrategia comercial de las empresas demuestra la «evidente ventaja» para el consumidor de estar en el PVPC.

Actualmente, de los 25 millones de consumidores de electricidad, hay unos 13 millones en el mercado libre, es decir con tarifas pactadas con sus eléctricas, y otros 12 millones siguen en la tarifa regulada, ese denominado precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC). Alrededor del 60% del recibo es común para ambos tipos, ya que son los peajes que fija el Gobierno y los impuestos. El otro 40% depende del coste de la energía. En el PVPC, este coste está vinculado a la evolución del mercado mayorista. En el mercado, el coste de la energía se contrata con la compañía a un coste fijo para un periodo, normalmente de un año.

El pool cae un 13,6%

Por su parte, el precio de la electricidad bajó el viernes a una media de 75,93 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone un 13,6% menos que los 87,88 euros marcados para el jueves, según datos del operador del mercado ibérico, Omie. Este precio supone el más bajo en lo que va de la semana para un día de diario, después de los máximos de 91,88 euros por MWh y 87,9 euros marcados el miércoles y el martes, respectivamente. Además, los picos máximos horarios apenas rebasarán los 91 euros por MWh, frente a los más de 100 que alcanzó.

La ola de frío de la semana pasada llevó a marcar, uno tras otro, los precios más elevados desde diciembre de 2013, cuando las subidas en el mercado mayorista llevaron al Gobierno a suspender el anterior sistema de subasta eléctrica (Cesur) y sustituirlo por el actual, en el que el precio regulado deja de consistir en una referencia trimestral y queda vinculado al precio de cada hora en el mercado.

La demanda prevista para el viernes ascendió a 617 gigavatios hora (GWh), por debajo de los 636 GWh previstos para el jueves, según datos de Omie. La llegada de la lluvia, presente en casi toda la geografía nacional, así como la mayor presencia del viento, ayudan a esta mejora en los precios de la electricidad. Aparte de la mayor demanda, sobre el precio final inciden aspectos como el elevado precio del carbón y del gas, así como la mayor exportación a Francia por la indisponibilidad de algunas de sus centrales nucleares. El pool funciona de forma marginalista: las tecnologías entran por orden de coste y la última de ellas en participar, la más cara, marca el precio para el conjunto.

Los precios horarios se aplican a los consumidores domésticos que dispongan de contadores inteligentes y tarificación por horas, entre los que figuran los usuarios que tienen contratado el PVPC y disponen de estos aparatos. El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad. El Gobierno congeló para 2017 los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados.

Hablemos de costes y precios

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La comparecencia del ministro de Energía en el Congreso al hilo de la evolución reciente de los precios de la electricidad en España permite hacer una retrospectiva de lo que ha sido esta crisis de invierno de 2017, generalizada en toda Europa. Iba con la lección aprendida y con una importante preparación técnica y metodológica.

Álvaro Nadal ha realizado una explicación académica de lo que es un mercado, sus reglas y sus consecuencias; los efectos de la escasez en esta coyuntura. Escasez que proviene de unas condiciones climatológicas determinadas y adversas: un país que produce alrededor de un 20% con energía hidráulica y otro 20% con energía eólica, si ve mermado el recurso eólico o hidráulico, tiene escasez. Una escasez derivada también de los flujos internacionales de la energía por la exportación a Francia de electricidad dado que una parte significativa de su parque nuclear está parado. Una evidencia, además, que la energía en el mercado de generación francés es más cara aún que en España y/o que nos eligen frente a otros países suministradores.

Los beneficios de que una actividad esté en régimen de mercado son claros: se consigue que todas las tecnologías compitan, obteniendo precios medios finales eficientes, y los propios agentes determinan la forma de aplicar sus recursos de forma eficiente. Además nuestro mercado ofrece signos muy claros de eficiencia y sus precios resultantes han transmitido las señales que se derivan de las condiciones del mismo, bien la escasez actual o bien la abundancia cuando hay días que se efectúan las casaciones a cero en el pool.

Es la escasez la que hace que unos años el aceite sea más caro que otro, teniendo prácticamente los mismos costes de producción. O que la verdura se haya puesto en precios de pata negra por las heladas. Bienes de primera necesidad y condiciones climatológicas: ¿Les va sonando?  Los resultados de las investigaciones que se han realizado en el pasado y las que defienden los propios agentes del sector reflejan la eficiencia del mercado. Si un mercado no es eficiente, no transmite correctamente las señales de escasez o de abundancia, como sería un mercado intervenido en el que el consumidor artificialmente puede tener precios bajos fijados políticamente, abocándolo a consumir de forma ineficiente por un ejercicio mal entendido de «protección».

El ministro aprovechó para soltar alguna pulla sobre determinados componentes de los costes de acceso, sobre todo en nuestro pasado de despilfarro en ciertas tecnologías. A la vez, los socialistas no quieren ni oír hablar de los desmanes en la fijación retributiva y gestión de autorizaciones de potencia renovable de la época Zapatero. Eso sí, la oposición está alineada claramente con las posiciones anti mercado: desde Ciudadanos hasta los partidos de izquierda insisten en reclamar una auditoría de costes del sistema eléctrico, otra más, destinada a acabar con el mercado. Cuánto más próximas son las ideas de los grupos parlamentarios a Podemos más partidarios son de la intervención, con Izquierda Unida planteando directamente la nacionalización.

Pedir la auditoría ya es un clásico. Pero que un suministro se sufrague por un sistema de costes reconocidos, significa que en el precio de un café, por ejemplo, se calcule el precio de los gramos de café que se ponen en la carga de la cafetera, el escandallo del coste del agua que se incluye en la taza, la distribución del tiempo horario del camarero que lo prepara, más la repercusión de los costes directos e indirectos del establecimiento dónde se sirve (alquiler del local, luz, limpieza, etc…) y que se fije un tipo de interés que lo retribuya.

Un sistema que hace que por un café se pague lo que cuesta el café al dueño de la cafetería. Pero un sistema que también incentiva que, por ejemplo, el local tenga mucho, mucho mármol, por el simple motivo de que va a reflejarse en los costes. Obviamente, la economía de mercado no funciona así y lo que determina el precio del café, entre otros factores, es la abundancia o no de sitios en los que tomar café en una zona, con los establecimientos compitiendo entre sí, con sus diferentes precios, para captar clientes. Economía de mercado. Europa. Siglo XXI.

Ciudadanos plantea un plan nacional para renovar edificios públicos y hacerlos eficientes

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Europa Press.- Ciudadanos insta al Gobierno, a través de una proposición no de ley, a elaborar un plan nacional para aumentar en, al menos un 3% anual, la renovación de edificios públicos. En el texto registrado, firmado por la portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso, Melisa Rodríguez, se hace un llamamiento al Ejecutivo para que evalúe la eficiencia energética de los edificios más sensibles como colegios, residencias de ancianos y hospitales, de manera que se prioricen las actuaciones de renovación y conversión de estos edificios hasta anular su consumo.

Se trata, según Rodríguez, de «elaborar medidas de eficiencia energética dirigidas en especial para el colectivo de consumidores vulnerables severos». El documento también sugiere una regulación de la eficiencia energética de edificios, fijando los términos que éstos deberán cumplir para llegar a ser construcciones «de consumo de energía casi nulo». La idea de la formación naranja es que el Ejecutivo desarrolle el decreto que establece la obligación de poner a disposición de compradores o usuarios un certificado de eficiencia energética. Sin embargo, los requisitos mínimos de eficiencia energética de las construcciones se establecen en el Código Técnico de la Edificación.

Organizaciones sociales piden al Congreso ir más allá del decreto de PP y PSOE contra los cortes de luz

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Europa Press / EFE.- La Plataforma por un nuevo Modelo energético y la Alianza contra la Pobreza Energética trasladaron a los grupos parlamentarios sus propuestas para «mejorar» y conseguir un decreto de bono social y protección contra los cortes de suministro «más garantista», que incluya una definición de consumidor vulnerable y la obligación de las compañías eléctricas de solicitar información sobre los consumidores antes de efectuar un corte de luz.

Las organizaciones sociales se han reunido ya con Ciudadanos, Podemos y partidos del Grupo Mixto, que se han mostrado «muy receptivos» a sus propuestas ante la «inquietud» compartida por el problema de la pobreza energética, que afecta al 11% de la población española. Así lo ha asegurado el portavoz de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Rodrigo Irurzun, que considera que el decreto ley pactado entre el PP y el PSOE es «totalmente insuficiente» por «muchísimos motivos», como el hecho de que solo protege contra los cortes de luz y no afecta a los suministros de gas o agua.

Ante la convalidación del decreto, Irurzun ha pedido «voluntad política» para su tramitación y ha denunciado que no hay una definición correcta del consumidor vulnerable, ya que hay «muchos consumidores que necesitan bono social y no están atendidos y otros que están con bono social y no tienen una necesidad económica». De esta forma, precisó que sus peticiones pasan por que la definición del consumidor vulnerable sea «lo más garantista posible», de forma que se valore el número de personas que convivan en la vivienda, sus situaciones agravantes como pueden ser la convivencia de alguna persona en situación de gran dependencia, mayores de 80 años, discapacidad del 75% o superior, o motivos de salud que requieran un elevado consumo energético.

Las organizaciones entienden por hogares en situación de vulnerabilidad aquellos que tengan ingresos inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), si se trata de personas que viven solas, cifra que se incrementará en 0,25 veces el IPREM por cada persona adicional. Para una persona, la propuesta de las organizaciones sociales contempla unos ingresos de 1.331,28 euros, para dos 1.464,4 euros y para tres 1.597,53 euros. En el caso de hogares vulnerables severos contemplarían ingresos menores: para una persona, 1.065,02 euros, para dos 1.198,15 euros y para tres 1.331,28 euros.

Antes del corte de suministro

La propuesta de las organizaciones sociales establece el principio de precaución para evitar los cortes de suministro a aquellos consumidores que no pueden pagar los recibos por falta de medios económicos. La portavoz de la Alianza Contra la Pobreza Energética, María Campuzano, ha subrayado la importancia de que se aplique el principio de precaución para evitar que se vuelvan a repetir casos como el de la mujer fallecida en Reus por un incendio provocado por una vela que utilizaba para alumbrarse como consecuencia de un corte de suministro por impago.

De esta forma, las organizaciones piden que las empresas suministradoras tengan la obligación de solicitar un informe a los servicios sociales antes de efectuar un corte de suministro por impago, para asegurar que el hogar no se encuentra en situación de vulnerabilidad severa. En cuanto al bono social, las entidades consideran que el mecanismo de financiación planteado el mes de diciembre penaliza a las comercializadoras con mayor número de clientes de consumo reducido, aquellas que cuentan con más contratos en el sector doméstico y a las pymes. Por ello, exigen una forma de financiación que no sea «discriminatoria, desproporcionada e injusta». Asimismo, solicitan que el reglamento proteja más allá de quienes están en el PVPC y seguidos por servicios sociales.

Más allá de estas propuestas, las organizaciones sociales ven necesario una ley estatal de mitigación y reducción de la pobreza energética que contemple la totalidad de los suministros básicos (agua, luz, gas y otros combustibles) y que garantice un derecho universal a su acceso, en un contexto de 7.000 muertes al año por causas vinculadas a la pobreza energética. Irurzun califica de «indecente» que en España haya personas que no puedan calentar sus hogares a unos niveles «mínimos» de habitabilidad y se produzcan situaciones en las que las familias tienen que «iluminarse con velas, haya niños bañándose con agua fría y no se calienten alimentos».

Por último, Irurzun ha dicho que «no se puede entender» que las compañías eléctricas obtengan beneficios millonarios que «reparten entre accionistas» y que se esté cortando la electricidad a familias por su situación económica. Igualmente, Campuzano reprocha a las eléctricas que «las que no se benefician son las familias que hacen equilibrios para poder pagar sus facturas», y advierte que estas dificultades las sufren muchas familias que aún pagando sus recibos no encienden la calefacción para no encarecer su factura.

La oposición se une en el Congreso para pedir el fomento del autoconsumo

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Europa Press.– La mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso, Unidos Podemos-En Comú-Podem-En Marea, PSOE, Ciudadanos, ERC, PDECat y Compromís, se han unido para presentar una proposición de ley para el fomento del autoconsumo eléctrico. En concreto, la mayoría parlamentaria registrará su iniciativa legislativa este miércoles, un día antes de que el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, comparezca ante la comisión del ramo para explicar la subida de la luz.

La iniciativa pactada por la mayoría parlamentaria exige que se reconozca el derecho a autoconsumir electricidad en España «sin ningún tipo de cargo». Precisamente, el pasado diciembre el pleno del Congreso de los Diputados aprobó una moción de Ciudadanos que demandaba al Gobierno avanzar en la transición energética marcada por Bruselas hacia un modelo de energías renovables y la supresión del llamado impuesto al sol.

El Gobierno aprobó en octubre de 2015 el decreto que regula las condiciones administrativas, técnicas y económicas para el suministro y la producción de electricidad con autoconsumo. La normativa estableció que quienes producen y consumen su propia energía sin estar conectados a la red eléctrica no han de asumir ningún coste del sistema eléctrico, pero sí que los autoconsumidores conectados contribuyesen a los costes generales del sistema. Estos se refieren sobre todo a la solidaridad con los sistemas extrapeninsulares donde la generación es más cara, la amortización del déficit tarifario, los incentivos a las renovables y los costes de respaldo.

El PSOE y Unidos Podemos exigen al Gobierno un informe que avala que el carbón autóctono bajaría la tarifa eléctrica

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EFE / Europa Press.- Unidos Podemos ha registrado en el Congreso una solicitud del informe que posee el Ministerio de Energía sobre las centrales de carbón autóctono como elemento que asegure el suministro energético en España, lo que abarataría la factura. Asimismo, el PSOE exigirá al Gobierno explicaciones oficiales al más alto nivel sobre el supuesto informe elaborado Ministerio de Industria en el que se aseguraría que el consumo de carbón nacional permitiría una reducción de la tarifa eléctrica de al menos un 3,52%.

Así lo anunció el secretario general del PSOE de León, Tino Rodríguez, que ya se ha coordinado con la diputada socialista leonesa María Aurora Flórez para que de manera inmediata registre en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Ministerio de Energía, que actualmente posee la competencia en la materia. Un informe «confidencial», difundido por lainformacion.com y atribuido al anterior Ministerio de Industria, en el que se asegura que «si España usara el carbón autóctono en la actualidad, único combustible fósil del que se dispone, la tarifa eléctrica bajaría, al menos, un 3,52%, con un ahorro de al menos 350 millones de euros anuales».

En contra de los españoles

El líder de los socialistas leoneses señaló que, de confirmarse esta información, «sería un escándalo que igualaría al exministro José Manuel Soria, de ingrato recuerdo, con el actual responsable de la cartera, Álvaro Nadal, ya que ambos habrían hecho todo lo contrario de lo que debían para beneficiar a los españoles, que ahora se enfrentan a una subida enloquecida del precio de la luz». Rodríguez pregunta «para quién están trabajando los ministros del PP y por qué ocultan este informe», y anunció que será una de las interpelaciones que el PSOE dirigirá al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Los socialistas también requerirán al Ejecutivo popular que dé cuenta detallada de los términos de ese estudio, en qué momento se elaboró y si asegura que debe establecerse un incentivo para garantizar el funcionamiento de las instalaciones de producción de energía eléctrica que utilizan carbón autóctono como combustible. Rodríguez recordó que, además, Nadal aseguró el pasado diciembre en su primera comparecencia ante el Parlamento que no se quema más carbón autóctono en las centrales térmicas para «no encarecer el precio de la energía a todos los españoles». «Habría mentido porque ya tenía un informe que supuestamente dice lo contrario y que, probablemente, le pasó su propio hermano gemelo, Alberto Nadal, que era secretario de Estado de Energía con Soria», finaliza.

Unidos Podemos pide el informe

Por su parte, la diputada de Podemos por León, Ana Marcello, junto con otros compañeros del grupo parlamentario Unidos Podemos, ha registrado en el Congreso la demanda del informe que posee «hace meses» el Ministerio de Energía sobre las centrales de carbón. También han respaldado la petición de información al Gobierno otros diputados podemitas, como Sofía Fernández, Segundo González y Rafael Mayoral, además de la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero. Desde Podemos Castilla y León han abogado por el consumo de carbón autóctono durante las décadas en las que se desarrolle la «necesaria» transición energética, por lo que ve «imprescindible poder estudiar dicho informe hasta ahora oculto a la ciudadanía».

Ciudadanos pide en el Congreso una auditoría de los costes energéticos y de la factura de la luz

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Europa Press.- Ciudadanos ha registrado una proposición no de ley en el Congreso por la que insta al Gobierno a impulsar una auditoría de todos los costes del sistema energético y otra del coste de la factura eléctrica para determinar adecuadamente qué costes deben ser asumidos por los consumidores y qué conceptos determinan el volumen actual de la misma.

En su proposición no de ley, firmada por la portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso y portavoz de Energía, Melisa Rodríguez, la formación naranja pide impulsar una auditoría a todo los costes del sistema energético, tanto generación, transporte, distribución y comercialización, que «permita determinar con precisión los costes reales del sistema”. El objetivo es «fomentar la transparencia en el mercado eléctrico y poder emprender las reformas que fuesen necesarias para que la variación de los precios de la energía se corresponda con la de los costes reales de generación». Asimismo, pide impulsar una auditoria de la factura eléctrica para determinar adecuadamente qué costes deben ser asumidos por los consumidores y qué conceptos determinan el volumen actual de la misma.

De igual forma, insta al Ejecutivo a encomendar la elaboración de un informe por parte de la Agencia de Evaluación y Calidad (Aeval) sobre los resultados de las diferentes reformas del sector eléctrico llevadas a cabo por el Gobierno del PP, con «especial incidencia» en las implicaciones que las mismas han tenido para los consumidores particulares y para las industrias.

Intervención del Gobierno en 2013

La formación naranja recuerda en su iniciativa que hasta finales de 2013 el precio variable de la electricidad se fijaba a partir de las subastas Cesur. La celebrada el 19 de diciembre de ese año arrojó un incremento de los precios de la electricidad del 25,6% que, de haberse aplicado, hubiera provocado una subida de tarifa del 11%. Ante esta situación el Gobierno decidió entonces intervenir y fijar una subida media en la tarifa eléctrica del 2,3% durante el primer trimestre de 2014, y el 1 de octubre de 2015 estableció un nuevo modelo de facturación horaria, para los consumidores acogidos a la tarifa regulada (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor), que tuviesen ya instalado un contador inteligente y telegestionado.

De este modo, el precio del kWh varía cada hora, se calcula en función de la cotización del kilovatio cada hora, en el mercado mayorista y se traduce en 8.760 precios diferentes al año. Para Ciudadanos, estos incrementos en el precio variable de la energía, pero sobre todo, su «elevada volatilidad» como consecuencia de las sucesivas modificaciones acometidas en sus sistemas de fijación, ha terminado por provocar la «imposibilidad de conocer el grado de correlación entre su evolución y la de los costes reales de generación de la energía convencional».

Asimismo, Ciudadanos señala que durante este mes de enero los incrementos en la factura de la luz para los usuarios  registraron “una proporción desmesurada, fomentando de ese modo las situaciones de impago y dificultad económica para familias y empresas a la hora de asumir el coste de una de las facturas eléctricas más cuantiosas de Europa, según datos de Eurostat».

Por ello, dadas las «recurrentes dificultades» por las que atraviesa el sistema energético, como problemas de seguridad de suministro, recargos en la factura o dependencia internacional, que consolidan un «alza masiva» de los precios durante la última década, ve necesario conocer el conjunto del sistema y «determinar, de manera adecuada y transparente, cuáles son los costes que el funcionamiento del mismo conlleva y cómo deben ser asumidos por los consumidores».

El PSOE pide en el Congreso una auditoría de los costes de la tarifa y una reforma del mercado eléctrico

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Europa Press.- El PSOE ha registrado una proposición no de ley en el Congreso por la que insta al Gobierno a impulsar un pacto de Estado de la Energía, a llevar a cabo una auditoría independiente sobre los costes integrados en la tarifa energética y a reformar «en profundidad» el mercado eléctrico.

La iniciativa pide impulsar un pacto de Estado de la Energía a partir del diálogo de todas las fuerzas políticas y los representantes de la sociedad civil, para dotar a la política energética de una estabilidad «mayor» que la de los últimos años, y facilitar la transición energética hacia un modelo «seguro y sostenible, eficiente, bajo en carbono, construido sobre la base de un marco predecible y garante de precios estables». Asimismo, pide llevar a cabo una auditoría independiente sobre los costes integrados en la tarifa energética, como condición «indispensable» para conocer cuánto cuesta producir la energía eléctrica, qué es lo que se paga en el recibo y lo que reciben los usuarios a cambio.

Asimismo, insta al Gobierno a reformar «en profundidad» el mercado eléctrico, en un marco de competencia y al «mínimo coste», que permita compatibilizar las inversiones de largo plazo en la nueva generación necesaria para la transición energética. Esto pasaría por reducir la incertidumbre sobre los retornos con los que se recuperan esas inversiones, con un mercado de corto plazo que promueva una gestión «más eficiente» del parque de generación disponible en cada momento, capaz de avanzar en la progresiva sustitución de las centrales nucleares por potencia renovable, sus normas de funcionamiento y revisar la retribución.

En el marco de la reforma de la arquitectura institucional del organismo regulador y supervisor propuesta por el grupo socialista, insta al Ejecutivo a aprobar de forma urgente las modificaciones legislativas necesarias para mejorar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de acuerdo con la normativa de la Unión Europea. En el texto, el PSOE denuncia que los precios de la electricidad al por mayor se incrementaron más de un 30% el pasado mes de diciembre, desde los 40 euros por megavatio hora (MWh) a 60 euros. En enero, el precio siguió aumentando y está llegando a superar actualmente los 90 euros por MWh.

Asimismo, respecto a las palabras del ministro de Energía, Álvaro Nadal, en las que informó de que la factura de la luz se encarecerá de media 100 euros más este año, lo que según el PSOE «intensificará la reducción de la renta disponible de los hogares, y en especial de los más vulnerables», al tiempo que conllevará una pérdida de competitividad de las empresas. Además, los socialistas señalan que el ministro anunció que había encargado un informe a la CNMC para ver qué elementos del sistema podían mejorarse. Sin embargo la CNMC ya indicó que no había abierto una investigación en profundidad ni había incoado expediente a ninguna empresa eléctrica.