Europa Press.- El Gobierno considera que la proposición de Ley aprobada por el Parlamento autonómico de las Islas Baleares para instar al Ejecutivo central a modificar la ley del sector de hidrocarburos con el objetivo de que se prohíban todos los proyectos de investigación o prospección de hidrocarburos en el mar, una iniciativa que debe debatirse ante las Cortes Generales, es inconstitucional.

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, así como el de Fomento, han remitido varios informes al Gobierno autonómico asegurando que la Cámara balear se ha extralimitado en sus funciones, puesto que las competencias del Mediterráneo las tiene el Estado y no las autonomías. En concreto, el Ministerio de Fomento aporta un informe de Puertos del Estado que refleja la «inconstitucionalidad del texto» surgido del Parlamento balear y admitido a trámite en la Mesa del Congreso de los Diputados.

La proposición de ley, según especifica Fomento, «contiene preceptos que podrían vulnerar las competencias del Estado sobre el mar territorial» y cita lo dispuesto en el artículo 132.2 de la Constitución. La extralimitación competencial, según el informe de Puertos, se debería a que «la ley propuesta trata de regular todas las autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación que sean desarrolladas en el Mar Mediterráneo». Además, el Ministerio de Energía considera que «la exploración e investigación de hidrocarburos es una actividad con innegable interés estratégico por lo que, siempre que se garantice la protección de las personas y al medio ambiente, debe permitirse la evaluación de los recursos existentes en nuestro subsuelo».

Ante estas misivas, el presidente de la Comisión balear de Medio Ambiente, Antoni Alorda, ha lamentado que los ministerios «menosprecien» la importancia ambiental de los sondeos y el «efecto que han tenido siempre para la actividad turística«. Cabe recordar que el Parlamento balear aprobó el pasado abril y por unanimidad una proposición del PSOE para que el Parlamento instase al Gobierno central a modificar la ley del sector de hidrocarburos para que se prohíban todos los proyectos de investigación o prospección de hidrocarburos en el mar, así como dos enmiendas de MÉS para llevar estas iniciativas a las instituciones europeas.

Además, una de las enmiendas aprobadas iba encaminada a instar al Parlamento europeo y a los eurodiputados a revisar la directiva que excluye el fracking marino de la obligatoriedad de evaluaciones de impacto ambiental, mientras que la otra pedía que el Parlamento instase a la Comisión Europea a revisar sus prioridades para 2014 la «extracción segura de hidrocarburos no convencionales» que «enmascara las prospecciones petrolíferas«.

Se debatirá en el Congreso

El Gobierno autonómico balear, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, se ha mostrado «sorprendido» de que el Gobierno envíe observaciones de una iniciativa legislativa del Parlamento sobre prospecciones petrolíferas que debe debatirse ante las Cortes Generales. En este sentido, han manifestado que es el Congreso de Diputados el órgano legislativo español y el que, por ende, se tendrá que pronunciar sobre la toma en consideración y sobre su futura posible aprobación. «Parece, por lo tanto, que se trata de un error: el Ministerio piensa en una aplicación autonómica, cuando la ley, si es aprobada, será una normativa estatal«, han expuesto.

Igualmente, el consejero de Medio Ambiente, Vicenç Vidal, demanda al Congreso que se mantenga «la unidad contra las prospecciones que se ha demostrado en el Parlamento autonómico». El Gobierno considera que se tienen que evitar las prohibiciones genéricas, que califica de innecesarias, a la vez que defiende que la «riqueza nacional» no puede estar supeditada a la protección del medioambiente. El Ministerio asegura que los proyectos de prospecciones de hidrocarburos «tienen un carácter muy puntual y esporádico», y que para tramitarlos es suficiente una evaluación de impacto ambiental, sin tener en cuenta, por lo tanto, el efecto acumulativo de estas iniciativas, como piden desde Baleares.

El Estado asegura que tiene una fuerte dependencia del gas y el petróleo, superior al 95,5%, cuyo abastecimiento, en gran medida, depende de importaciones de «países políticamente poco estables». Por eso, considera que «en un país relativamente inexplorado en el ámbito de los hidrocarburos» es razonable permitir que se evalúe el potencial del subsuelo. En este marco, afirma que la actividad de exploración e investigación de hidrocarburos tiene un «innegable interés estratégico» como forma de contribuir a asegurar el abastecimiento energético, pero también para crear nuevas oportunidades de crecimiento económico.

Desde Baleares creen que en diciembre se hará efectiva la declaración de Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (Zepim) del corredor de cetáceos que atraviesa las costas de Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana, declaración que tramita el Ministerio de Medio Ambiente. Precisamente por eso, mientras se tramita la declaración, el Ministerio de Energía ha paralizado los expedientes de concesión de nuevos permisos de investigación de hidrocarburos en la zona. La preocupación del Gobierno balear se centra ahora en el hecho de que el Estado pueda estar valorando la compatibilidad de las prospecciones con la protección del corredor, “hecho totalmente incompatible”, según Baleares.