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Industria desestima la creación de una línea de alta tensión en la cuenca del Guadarrama

EFE / Europa Press.- El Ministerio de Industria y Energía desestimó la creación de una red eléctrica de muy alta tensión (MAT) entre las localidades de Galapagar y Moraleja de Enmedio, denominada como la Autopista eléctrica por sus detractores, una línea que cruza en 56 kilómetros de norte a sur el oeste de la Comunidad de Madrid y afectaba a más de 20 localidades.

El Ayuntamiento de Galapagar lamentó la decisión del Ministerio de Industria al considerar que su paralización supondrá la continuidad de 9 kilómetros de líneas de alta tensión que «sobrevuelan» las viviendas de los vecinos e iban a ser desmanteladas con la nueva infraestructura. Según la resolución que Industria publicó en el Boletín Oficial del Estado en julio, la línea proyectada por Red Eléctrica de España, de 400 kilovatios, tuvo una declaración de impacto ambiental (DIA) desfavorable que impide llevar a cabo el proyecto. El proyecto preveía la construcción de una línea de 126 torres de 76 a 44 metros que cruzaba significativamente la cuenca del Guadarrama y el Parque regional del curso medio del Guadarrama.

Según la DIA, la red Galapagar-Moraleja «previsiblemente causará efectos negativos significativos sobre el medio ambiente» al considerarse que «las medidas previstas por el promotor no son una garantía suficiente de su completa corrección o su adecuada compensación». Por estas razones, la solicitud de autorización y el expediente fueron archivados sin alegaciones posteriores. La línea de MAT pretendía atravesar las localidades de Galapagar, Colmenarejo, Valdemorillo, Brunete, Villanueva de la Cañada, Quijorna, Villaviciosa de Odón , Móstoles, Arroyomolinos y Moraleja de Enmedio.

El portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista, José Manuel Franco, señaló que, él era responsable de Medio Ambiente y Territorio del PSOE madrileño cuando surgió el proyecto, y que presentaron «una serie de alegaciones en la delegación del Gobierno y en los diferentes municipios por donde pasaba la línea» para que el proyecto fuese paralizado. Según Franco, se apoyaban «en una sentencia del Supremo que ante un caso similar en Cantabria y Vizcaya» les daba la razón al ser un tema «muy parecido». Del mismo modo el socialista indicó que «en algunos municipios incluso del PP el Pleno se pronunció» a favor de la paralización.

El PSOE pedía la paralización del proyecto porque la instalación se basaba en «informes desfasados» del 2005, porque no se justificaba un proyecto de dicha envergadura y porque era un «atentado desde el punto de vista medioambiental en una zona de gran valor ecológico». Por ello alegaron un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) donde se acreditaba que una exposición a una distancia mínima de las torres de Muy Alta Tensión «generaba problemas e incidía en los casos de cáncer de personas que vivían». Además, Franco quiso subrayar la importancia que tuvieron las iniciativas vecinales y de grupos ecologistas en este sentido.

A pesar de que el PSOE madrileño ha mostrado su «satisfacción» ante la decisión del Gobierno, el Ayuntamiento de Galapagar ha mostrado su descontento al considerar que «los vecinos de Galapagar son los primeros perjudicados con esta noticia». Para el concejal de Medio Ambiente, Ángel Camacho, su único objetivo ha sido «apoyar la demanda de cientos de vecinos que viven bajo las 9 kilómetros de líneas que sobrevuelan sus viviendas«, por lo que apoyaban este proyecto. El concejal de Medio Ambiente recuerda que el proyecto preveía la instalación de una línea de doble circuito, «lo que permitiría la eliminación de la línea de 400.000 voltios que actualmente atraviesa el término municipal de Galapagar y que además discurre por zonas urbanas».

Podemos quiere asegurar por ley el suministro energético a los consumidores vulnerables

EFE.- El grupo de Podemos en la Asamblea de Madrid registró una proposición de ley para garantizar el suministro de energía en los hogares vulnerables a través de una serie de medidas, como la financiación de la ayuda en el pago de las facturas de gas, luz y agua.

El portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, José Manuel López, presentó esta propuesta junto a la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras; y la coordinadora de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Cote Romero. «La desigualdad general se ha convertido en desigualdad en términos de energía», aseguró López, que comentó cómo en determinadas familias la escasez de recursos económicos les lleva a prescindir progresivamente de Internet, de la calefacción y de hábitos de higiene como la ducha diaria.

La proposición de ley encaminada a paliar y reducir la pobreza energética contempla la creación de la figura del hogar vulnerable, que podrá acceder a una ayuda para el pago de las facturas de gas, luz y agua, procedente del fondo de contingencia del Gobierno regional. En el caso de los hogares en situación de pobreza extrema recibirán un pago del 100%; los de pobreza severa será del 35% (con la posibilidad de llegar hasta el 50% a partir de un hijo o de una persona dependiente); en los hogares de pobreza relativa, donde el gasto energético suponga más del 10% de sus ingresos, la ayuda será del 20% .

La declaración de hogar vulnerable, con una validez de dos años con posibilidad de renovación automática, puede darse en familias que estén situadas en alguno de estos niveles de pobreza, según la clasificación del INE en la Comunidad de Madrid, o en aquellas que reciben prestaciones por rentas mínimas de inserción, entre otros motivos. Además, la proposición de ley insta a la Comunidad de Madrid a buscar acuerdos con las empresas para que no corten el suministro por razones de impago a menos que haya un informe de los servicios sociales municipales que lo autorice.

Por otro lado, establece la aprobación de un plan de medidas de micro-eficiencia energética para promover el cambio en los hábitos de consumo y el ahorro en el coste de la factura de luz, agua y gas en los hogares vulnerables. Este plan, con una duración estimada de 3 años y que estudiará igualmente la posibilidad de reducir la potencia contratada en las viviendas, se nutriría a través de la financiación autonómica o de Europa.

El portavoz de Podemos ha defendido esta iniciativa porque cree que los actuales bonos sociales «se han pensado mal», ya que no tienen en cuenta la renta de las familias sino la potencia energética contratada, por lo que «se está transfiriendo dinero a gente que no lo necesita». «Estamos hablando con las eléctricas, hay que tener buena relación con ellas, pero este tema no es de buena relación, es un tema de derecho, hay que asegurar por ley que no se corte la luz«, afirmó.

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, explicó que en la capital madrileña un total de 1.141 hogares recibieron ayuda para el pago de facturas energéticas pero estima que pueden ser más al haber personas que no acuden a los servicios sociales «por la razón que sea». «El Ayuntamiento se está planteando cuando tengamos el estudio de vulnerabilidad asumir el pago de dos facturas», ha dicho.

El grupo de Podemos registró también dos proposiciones no de ley sobre pobreza energética y apoyo al autoconsumo que forman parte de una iniciativa conjunta sobre este asunto presentada en un total de doce comunidades autónomas. En una de estas proposiciones no de ley se pide al Gobierno regional que inste al nacional precisamente a modificar el sistema del bono social para tener en cuenta la renta como criterio principal.

La Comunidad de Madrid negociará con las suministradoras para que mantengan el gas y la luz a personas sin recursos

Europa Press / Servimedia.- El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó un acuerdo «de alto contenido social» con el que van a instar a las empresas suministradoras de energía para que mantengan este invierno los servicios de agua, luz y gas a personas con alto grado de exclusión social, según comunicó la presidenta regional, Cristina Cifuentes.

De esta forma, la titular del Ejecutivo autonómico cumple con el compromiso 139 de su programa electoral. «Es una iniciativa solidaria del Gobierno regional con la que queremos que se impliquen las empresas suministradoras de energía, tanto de electricidad como gas, y de agua. El modelo que queremos seguir es el que tiene implantado el Canal de Isabel II», explicó. La presidenta recordó que el Canal estableció hace años una tarifa social en la que se pueden acoger, decidiéndolo directamente los servicios sociales, toda las personas que pasan por una situación de dificultad económica y que no pueden hacer frente del pago de la factura y evitar el corte del suministro. Actualmente, 2.871 personas estaban siendo beneficiarios de esta medida.

Cifuentes señaló que esta iniciativa aprobada «quiere implicar a todos los sectores de la sociedad y muy especialmente a las empresas energéticas en el mantenimiento de unas condiciones mínimas para la habitabilidad y la salud de las personas, en las viviendas cuyos ocupantes no puedan atender los gastos de suministro». En este sentido, la presidenta regional informó de que ya se ha convocado para la próxima semana una reunión con los responsables de Unión Fenosa e Iberdrola, a la que asistirán los consejeros de Economía y de Presidencia, para detallar los acuerdos que permitan poner fin a la pobreza energética en la Comunidad de Madrid.