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Endesa espera «ver un cambio» del Gobierno en la financiación y reparto del bono social

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Europa Press.- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha asegurado que su compañía espera «ver un cambio» tanto en la financiación del bono social de la luz como en los criterios para definir a un consumidor vulnerable, que deberían basarse en los ingresos. Bogas realizó estas consideraciones tras recordar que el Tribunal Supremo anuló el esquema de financiación actual del bono social por considerarlo discriminatorio, teniendo que devolverse las cantidades aportadas por las eléctricas entre 2014-2016.

A este respecto, el grupo ha enviado a las autoridades una propuesta que incluye criterios de vulnerabilidad y señala que debe definirse nuevo esquema de financiación para 2017 en adelante. En todo caso, Endesa mantiene en su plan estratégico la financiación del bono social, con unos 80 millones de euros anuales, aunque consideró que en el futuro se podrían dar varias posibilidades a este respecto, como que sea asumido por el Estado. Además, Bogas afirmó que todavía se está pendiente de abordar algunas cuestiones regulatorias, aunque indicó que hay un nuevo Gobierno «comprometido en concluir» estos frentes abiertos, entre los que figuran los pagos por capacidad o la generación extrapeninsular.

Cataluña abre expediente sancionador contra Gas Natural al considerar que cortó la luz indebidamente a la mujer de Reus

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Redacción / Agencias.- La Generalitat de Cataluña ha abierto un expediente sancionador contra Gas Natural Fenosa al considerar que cortó indebidamente el suministro eléctrico a la mujer de Reus (Tarragona), que falleció recientemente a causa de un incendio en su casa por tratar de iluminarse con unas velas. Así lo expuso el secretario de Empresa y Competitividad de Cataluña, Joan Aregio, que recriminó a la compañía no avisar a los servicios sociales del Ayuntamiento de Reus de que iba a cortar el suministro.

Tras analizar la información presentada por Gas Natural al requerimiento hecho por Consumo, la Generalitat considera que la empresa “no justifica por qué no trasladó a los servicios sociales municipales que se produciría el corte de la luz a la anciana”, por lo que decidió abrir un expediente por un «corte indebido». «Lo que pasó es muy grave, gravísimo, pero esto no es una calificación jurídica; se tiene que incoar el expediente y con lo que salga se pondrá la sanción que corresponda», manifestó Aregio, que no precisó el importe de la sanción. «La ley dice que no se puede cortar sin haber notificado a los servicios sociales. No hace falta dar más vueltas», sentenció.

El secretario de Empresa ha informado de que, hasta el momento, la Generalitat ha incoado 115 expedientes a compañías por cortes indebidos de suministro y que ha impuesto 25 sanciones administrativas, la mayoría a Endesa, ya que es la compañía con más abonados, y ninguna de ellas sobre Gas Natural. Aregio ha explicado que «se han evitado 39.000 cortes ya que hay muchas compañías que cumplen, y una cosa está clara: antes de cortar el suministro se tiene que informar a los servicios sociales municipales«.

El secretario de Empresa subrayó que la ley es «muy clara» y reivindicó que existen unos protocolos de la Generalitat que tienen fuerza legal y que fueron notificados en diciembre de 2015. Un protocolo que está recurrido ante los tribunales por la patronal eléctrica Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa). A este respecto, explicó que Gas Natural «consultó en diciembre a la Agencia Catalana de Consumo sobre cómo debía proceder y se le respondió por escrito que se debía ceñir a los protocolos presentados».

Sin embargo, Gas Natural defendió tras el accidente que el protocolo al que hace referencia la Generalitat es una guía informativa de noviembre de 2015 disponible en Internet que no tiene validez legal porque no tiene rango normativo. Además, ha trascendido que, en la pasada reunión de junio de la Mesa de Emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, la directora de la ACC, Montserrat Ribera, explicó que se estaba trabajando en los protocolos que permitan desarrollar el artículo 6 de la ley contra la pobreza energética para evitar dudas de aplicación por parte de las empresas y los servicios sociales, según consta en el acta.

En cuanto a los convenios a firmar entre la Generalitat y las compañías suministradoras para luchar contra la pobreza energética, Aregio anunció que el Gobierno catalán enviará un escrito final a las grandes suministradoras eléctricas y que, si pasado un tiempo «prudencial y lógico» no se llega a ningún acuerdo, estudiarán otras medidas para que la ley se cumpla. Aregio participó en la Mesa de Emergencia de la Vivienda y la Pobreza Energética en Cataluña, en la que participan el Gobierno autonómico, entidades sociales y empresas. Las entidades sociales han reclamado que se imponga la sanción máxima para estos casos de un millón de euros.

Gas Natural respondió al requerimiento

La compañía no se ha pronunciado aún sobre la decisión de la Generalitat de Cataluña. Previamente Gas Natural Fenosa había respondido al requerimiento de información realizado por el Gobierno autonómico catalán tras el accidente de Reus. Fuentes de Gas Natural Fenosa explicaron que han respondido antes de finalizar el plazo pero declinaron detallar el contenido «por respeto al procedimiento». Eso sí, la empresa ha venido insistiendo de que no informó al Ayuntamiento de Reus del corte de luz porque el consistorio no le había comunicado que la anciana fallecida se encontraba en una situación vulnerable.

Cataluña investiga a las eléctricas mientras Podemos exige a Gas Natural que no permita más muertes por cortes del suministro

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EFE / Servimedia.– El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el coordinador de Izquierda Unida, Alberto Garzón, exigieron ante las sedes de Gas Natural Fenosa que no se permitan más muertes por cortes de luz, una situación «inaceptable» en un país como España. Por su parte, el consejero de Empresa de Cataluña, Jordi Baiget, avanzó que la Generalitat investigará de oficio a las eléctricas en 15 días para asegurarse de que cumplen la ley y no cortan la luz a personas vulnerables.

Baiget indicó que estas inspecciones, en las que se preguntará por los protocolos seguidos en los cortes de suministro, se realizarán en toda Cataluña y que sus resultados se harán públicos. Asimismo, el consejero se ha comprometido a crear un grupo de trabajo que propondrá al Gobierno un nuevo bono social, ya que el actual «no es un bono social real», y ha defendido que las empresas suministradoras «deberían asumir sus costes». Además ha mostrado su voluntad de negociar convenios con las empresas que todavía no se han sumado a los que el Gobierno catalán ha establecido con algunas compañías para frenar la pobreza energética.

Reunión con Villaseca para negociar

Asimismo, el Gobierno catalán impulsará una campaña de difusión y promoción de la ley de pobreza energética que aprobó el Parlamento por unanimidad en 2015 para que las personas afectadas conozcan sus derechos. Por otro lado, Baiget conversó por teléfono con el consejero delegado de Gas Natural Fenosa y ambos coincidieron en la necesidad de reunirse tras la polémica surgida por la muerte en Reus (Tarragona) de una anciana en un incendio, después que se iluminara con velas al haberle cortado el suministro de luz. El consejero de Empresa reiteró que Gas Natural «debe sentarse en la mesa» y no descarta aplicar algunas medidas de presión para que las eléctricas colaboren, como son las cláusulas sociales en los contratos públicos.

Por su parte, la portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), Maria Campuzano, ha lamentado que haga falta que muera una mujer «para que la Generalitat haga cumplir la ley». Campuzano ha pedido a la Generalitat que, pese a que la vida de una persona «no tiene precio», multe con un millón de euros a Gas Natural, la mayor sanción posible. Asimismo, el presidente de la Mesa del Tercer Sector, Oriol Illa, ha coincidido en cargar contra Gas Natural por su «negligencia» y ha instado a la Generalitat a intensificar las inspecciones a las eléctricas para demostrar si el corte de suministro sin aviso a la administración es una «práctica asidua» o no.

Podemos contra Gas Natural Fenosa

Cerca de 300 personas se congregaron ante la sede de Gas Natural Fenosa en Madrid, convocados por Podemos, coreando lemas como «No son muertes, son asesinatos», «Este invierno, nadie sin luz», «Nacionalizar Gas Natural» o «¡Sin luz, sin gas, el Rey tenía que estar!» para protestar por la muerte de la anciana de Reus. Iglesias ha criticado que en España, «la cuarta economía de la zona euro, haya personas que tengan que morir, porque empresas eléctricas que facturan beneficios y que pagan planes de pensiones y sueldos de escándalo a sus directivos dejen sin luz y sin calefacción a compatriotas».

Por ello, Iglesias ha reclamado a Gas Natural que cumpla la ley. «No se puede consentir que haya españoles que este invierno les corten la luz y les corten la calefacción», ha afirmado el líder de Podemos tras destacar que estar en la calle protestando contra estas ilegalidades «también es hacer oposición», si bien ha anunciado que su grupo presentará una interpelación en el Congreso sobre este tema. Iglesias no considera, sin embargo, que esta interpelación vaya a tener mucho efecto, mientras España siga gobernada «por partidos políticos que tienen a algunos de sus expresidentes y exministros en consejos de administración de empresas como estas».

Garzón ha criticado el silencio de los grandes partidos políticos cuando lo que ha pasado va, ha dicho, en contra de la Constitución, que establece que la riqueza de España debe estar subordinada al interés general. «Empresas como Gas Natural son el ejemplo de que se incumple la Constitución sistemáticamente», ha afirmado Garzón, que considera importante poner «rostro a los culpables del saqueo y de la muerte de estas personas». «Reivindicamos algo tan sensato como eso, que nadie debe morir por sencillamente ser pobre cuando tenemos recursos suficientes», insistió. Esta protesta se ha celebrado de forma simultánea en 26 sedes de Gas Natural de otras tantas ciudades españolas, convocadas por Unidos Podemos con el lema «La pobreza energética mata #NadieSiLuz».

Nadal debuta en el Congreso

Por su parte, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, comparecerá por primera vez en el pleno del Congreso de los Diputados este miércoles para responder a dos preguntas en la sesión de control al Gobierno sobre pobreza energética, así como a una interpelación urgente sobre esta misma materia. Además, Nadal también deberá contestar a dos cuestiones en el pleno del Senado sobre si el Gobierno piensa prohibir los cortes de luz y gas, y si considera suficientes las medidas adoptadas para luchar contra la pobreza energética.

La inquietud por este asunto se ha multiplicado en los últimos días tras la muerte de Reus. Las preguntas serán formuladas por la diputada socialista María Pilar Lucio y de Ciudadanos Melisa Rodríguez, mientras que la interpelación es del grupo parlamentario de Unidos Podemos. En referencia a este asunto, el ministro ya explicó que tras conocer la noticia se puso en contacto con la Generalitat de Cataluña y con el Ayuntamiento de Reus para ofrecer su colaboración para que mejoren los mecanismos previstos para hacer frente a la pobreza energética.

Además, Nadal defendió que «la pobreza energética es un síntoma de vulnerabilidad mayor y no solo un problema de energía» y recordó que «las competencias en cuestiones sociales son de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos», por lo que reiteró su disposición a colaborar con las administraciones implicadas ante la posibilidad de que existan «conflictos» con las compañías eléctricas. En estos últimos días, tanto Endesa como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han pedido al nuevo titular de Energía que tome medidas en relación con la pobreza energética.

Endesa lanza una solución integral de autoconsumo eléctrico para hogares con paneles solares fotovoltaicos, que va del diseño al mantenimiento

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Redacción / Agencias.- Endesa ha ampliado su abanico de productos fotovoltaicos y ha lanzado al mercado una propuesta de autoconsumo en hogares que abarca desde el diseño hasta la tramitación y legalización de la instalación, pasando por la formación al futuro propietario, la instalación de baterías y el mantenimiento de toda la infraestructura.

Con este producto, la empresa cubre todas las necesidades del autoconsumidor en los hogares, ampliando el servicio existente ya para empresas, y se suma a iniciativas como la de Smart Solar de Iberdrola, en la que también se ofrece una solución integral. Gas Natural Fenosa dispone por su parte de Opción Fotovoltaica, por la que realiza un estudio gratuito de viabilidad de la instalación e informa del potencial de ahorro.

Endesa explica que el proceso de contratación de su nueva solución de autoconsumo es 100% digital e implica la realización de un estudio personalizado en menos de 48 horas. El estudio incluye un análisis de las curvas horarias del cliente y de su producción solar, sobre la base de diferentes aspectos, entre ellos los meteorológicos, geográficos y de hábitos de consumo.También se incluye el modelo económico de la propuesta, con el importe total y la cuota resultante para una opción de financiación. Además, se informa al cliente de su ahorro anual, tanto energético como económico, y se le ofrecen varios indicadores de conciencia medioambiental.

La Solución Integral Solar Fotovoltaica de Endesa abarca el análisis del sistema fotovoltaico que el cliente necesita según su curva de consumo, el asesoramiento al cliente, la instalación de los equipos, la tramitación de los permisos necesarios y la legalización completa. Una vez el sistema está en funcionamiento, Endesa opera el mantenimiento periódico y monitoriza la planta a distancia para la detección precoz de incidencias. El producto está dirigido a viviendas unifamiliares y se ofrece tanto a clientes como no clientes de la compañía. Endesa ha diseñado además una tarifa eléctrica especial para acompañar a este producto, que proporciona un menor precio en los periodos con menos horas de sol.

Endesa calcula que una vivienda unifamiliar de tamaño medio con 8 placas fotovoltaicas instaladas puede ahorrar un 30% en su consumo energético anual, lo que supone más de 500 euros al año. Una instalación de estas características podría contratarse por un importe de 85 euros al mes durante 84 meses. Además de las ventajas económicas, están los beneficios que su utilización tiene para el medio ambiente, ya que una vivienda de estas características puede ahorrar la emisión de 1.470 kilos de CO2 al año. Endesa ofrece además al cliente una app que monitoriza la instalación.

El Gobierno revisa el margen de comercialización y eleva 2 céntimos mensuales, un 0,04%, la tarifa regulada de la luz

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Redacción / Agencias.- El Gobierno revisó al alza el margen de comercialización reconocido a las empresas encargadas de realizar el suministro del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) de la electricidad, lo que encarecerá el recibo eléctrico en un 0,04% al año. La nueva metodología para el cálculo de este margen de comercialización se aprueba con el objeto de cumplir con una sentencia del Tribunal Supremo en la que se obliga al Gobierno a reconocer una retribución suficiente a las comercializadoras de PVPC.

«Va a representar una subida del 0,04% al año, una subida mínima», y con ello «estimamos cumplir el requerimiento de la sentencia del Supremo», afirmó el ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, que explicó que el Gobierno había fijado un coste de comercialización del PVPC «netamente favorable al consumidor», pero que el Supremo lo anuló, de modo que ahora se presenta, «en cumplimiento» de la resolución judicial, una nueva metodología.

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital expuso que la nueva metodología permite cumplir tres sentencias del Supremo que le obligaban a modificarla tras anular la metodología anterior. Al mismo tiempo, señala, el coste de comercialización resultante de la nueva metodología es similar al establecido anteriormente, por lo que el impacto sobre la factura será «reducido». Según las sentencias del Tribunal Supremo, es necesario regularizar la facturación realizada desde el 1 de abril de 2014 conforme a los nuevos precios que resultan de la metodología, lo que supone de media 1,76 euros por consumidor. 12 millones de usuarios están acogidos a la tarifa regulada, mientras que otros 13 millones están en el mercado libre.

En el futuro, indica el Ministerio, la nueva metodología incrementará la factura media doméstica de forma «muy moderada». De mantenerse las condiciones vigentes en 2016, el impacto para una factura media sería de 25 céntimos de euro al año, es decir, unos 2 céntimos al mes. Esta norma sólo afecta a los consumidores que hayan estado acogidos al PVPC en algún momento entre 2014 y la actualidad, por lo que no incidirá sobre los que hubieran tenido contratado el suministro en el mercado libre. Energía asegura que, para elaborar la metodología, ha utilizado como referencia la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y ha tenido en cuenta las valoraciones de todos los agentes afectados.

Según el Ministerio, la modificación cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado. Una vez que entre en vigor, las compañías eléctricas tendrán 9 meses para realizar las regularizaciones. El consumidor recibirá una carta en la que se le informará de los efectos de la aplicación de la nueva metodología y en su factura se establecerá de forma separada este concepto. En su propuesta de real decreto, el Ministerio ya reconocía un impacto de más de 26,11 millones de euros en los ingresos de las comercializadoras de referencia de electricidad por la regularización del margen de comercialización del PVPC en los últimos tres años.

En concreto, cifraba en 4,48 millones de euros el impacto por la regularización de los ingresos en 2014, de 12,71 millones de euros en 2015 y de 8,91 millones de euros en 2016, estimando en este ejercicio una potencia facturada igual que en 2015. Según la propuesta, el impacto en facturación PVPC vigente sería para 2014 del 0,08% más, del 0,23% para 2015 y del 0,17% para el presente año. Así, el margen de comercialización para 2014 sería de unos 4,08 euros por kilovatio, 4,24 euros por kW para 2015 y unos 4,17 euros por kW para el presente año.

En 2014, el Gobierno sustituyó la Tarifa de Último Recurso (TUR) por el PVPC, de cuyo suministro se encargan las filiales de comercialización de las compañías verticalmente integradas del sector, esto es, Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP España. Este margen de comercialización, que estaba fijado por el Gobierno en 4 euros anuales por kW, ronda el 3% del recibo final y había sido denunciado por las compañías eléctricas por ser insuficiente y abocar a sus comercializadoras a operar en pérdidas. Así, el fallo del Supremo obligaba a revisar desde el momento de implantación del PVPC, esto es, desde abril de 2014, el margen de comercialización a los cerca de 13 millones de consumidores acogidos a esta opción.

La CNMC presentó un informe en el que advertía de que el margen actual de la tarifa regulada PVPC no cubría los costes de comercialización en que incurren las empresas, y que para hacerlo debería subir al menos un 31%. De este modo, estimaba que el margen de comercialización debería subir al menos a 5,24 euros por kW contratado y año. Esto supondría para una familia media una subida de 5 euros anuales. No obstante, la CNMC también consideraba que debía incluirse un margen de retribución de la actividad, para lo cual se habían analizado distintos escenarios y se determinaron los costes de captación y retención de los clientes por si fuera procedente su inclusión.

Endesa pide que el Ministerio de Energía lidere la respuesta a la pobreza energética con una normativa nacional

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Servimedia / EFE.- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, considera, en relación con la pobreza energética, que «la situación de vulnerabilidad de las personas debe ser abordada de forma nacional» y que debería hacerse desde el nuevo Ministerio de Energía. «Hay que buscar soluciones a lo que ha sucedido», afirmó Bogas, quien lamentó la muerte de la mujer de Reus como consecuencia de un incendio provocado por una vela que utilizaba para iluminarse porque se le cortó el suministro eléctrico desde hacía dos meses.

«La situación de vulnerabilidad de las personas debe ser abordada de forma homogénea a nivel nacional con la colaboración de ayuntamientos y autonomías, con las peculiaridades de cada territorio y la colaboración de todos», continuó el ejecutivo de Endesa, quien agregó que «hay que definir bien esta situación y hay que reglarla bien». A este respecto, advirtió de que «las continuas discusiones, las descoordinaciones, los protocolos, la falta de disposiciones organizativas coherentes, las diferencias entre comunidades autónomas y el bono social no ayudan absolutamente a nada». «Se debería unificar, revisar, definir al cliente vulnerable y buscar una solución que, de una vez por todas, prevenga este tipo de situaciones», señaló.

En cuanto al bono social de electricidad, defendió que tiene que ser reformado para que sea efectivo basándose en criterios como la renta y el conocimiento de los Servicios Sociales sobre la verdadera situación de las familias o las personas. «El Gobierno es consciente de esto, que tiene que ajustar estos criterios y que tiene que hacerlo con una regla nacional con el apoyo de comunidades autónomas y ayuntamientos», concluyó Bogas, que se ha mostrado convencido de que es una de las prioridades que tiene el Gobierno sobre la mesa.

Las eléctricas, explicó, han firmado «múltiples convenios de colaboración» con servicios sociales y ayuntamientos, «pero la falta de una reglamentación puede llevar a lamentables sucesos» como el ocurrido. Lo cierto es que Endesa ya planteó la necesidad de «rediseñar» el bono social, una rebaja del 25% en la factura a la que pueden acogerse algunos colectivos, y crear un fondo para luchar contra la pobreza energética. La eléctrica apuntó que debían asignarse recursos a financiar un Fondo centrado en asegurar el suministro a las familias que no pueden pagar la factura ni con descuento y que deberá identificar cada Ayuntamiento.

El Gobierno cree que el conflicto de Electricaribe va «en buena dirección» mientras Colombia reitera que la intervención es preventiva

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EFE / Servimedia.- El Gobierno colombiano aseguró que la intervención de Electrificadora del Caribe (Electricaribe), participada mayoritariamente por la española Gas Natural Fenosa, es de «carácter preventivo» y reiteró a España la voluntad de seguir buscando una salida que satisfaga a los dos países. Por su parte, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, señaló que la mediación que se está llevando a cabo entre las autoridades colombianas y Gas Natural Fenosa para la resolución del conflicto «va en la buena dirección».

El Ministerio de Asuntos Exteriores está haciendo un “seguimiento” de la situación, y desde el primer momento «ha auspiciado que hubiera un acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la empresa española y yo creo que va en la buena dirección», apuntó Méndez de Vigo después del Consejo de Ministros, en el que este asunto no ha sido tratado precisamente porque el Ejecutivo no cree «que suscite ninguna dificultad». Méndez de Vigo declinó pronunciarse sobre si la decisión de las autoridades colombianas genera algún tipo de inseguridad jurídica. «Inseguridad, falta de certeza e incertidumbre… vamos a evitarlo», comentó el portavoz.

El Gobierno colombiano ordenó el pasado martes la intervención preventiva de la distribuidora de energía Electricaribe, de la que Gas Natural controla el 85,38% del capital y que suministra energía a la costa atlántica del país. La intervención llegó después de que el Gobierno y directivos de Gas Natural Fenosa no llegaran a un acuerdo para capitalizar la empresa, que tiene problemas de caja debido a la elevada cartera morosa de clientes, que al cierre de septiembre pasado ascendía a 1.259 millones de euros. De hecho, los impagos a su filial han llevado a Gas Natural Fenosa a abrir un arbitraje en el Banco Mundial.

La compañía pretendía alcanzar un acuerdo con el Gobierno de Santos basado en la aplicación de un marco regulatorio fiable que ofrezca seguridad jurídica y evite fraudes e impagos, ya que, de no ser así, considera que la actividad en el país no es viable. De hecho, debido a la actual situación, el resultado después de impuestos de la filial en la región Caribe registró pérdidas de alrededor de 24 millones de euros hasta septiembre, frente a los 14 millones de pérdidas registrados en el mismo periodo del ejercicio 2015.

Intervención de Electricaribe “es preventiva”

Por su parte, «el Gobierno quiere reiterar que la medida es de carácter preventivo y dará tiempo para encontrar una solución que responda a la necesidad de los habitantes de la Costa Atlántica en materia de energía eléctrica y para que la empresa asuma sus responsabilidades de operación, inversiones y pagos a los generadores de energía«, indicó la Cancillería de Colombia, que añadió que «reitera su voluntad con el Gobierno español de seguir buscando una salida de mutuo beneficio que satisfaga a los dos países, pensando tanto en la seguridad de la inversión extranjera como en la prestación óptima de los servicios a los ciudadanos».

Igualmente destacó que la toma de bienes, haberes y negocios de Electricaribe fue «necesaria dada la inminente situación de cesación de pagos» por parte de esa compañía, pero recordó que el «proceso no afecta de ninguna manera la seguridad jurídica de las empresas extranjeras en Colombia». Con la intervención, el Gobierno busca garantizar la prestación del servicio de electricidad a cerca de 3 millones de colombianos de 7 de la zona norte de Colombia «a los cuales el Gobierno debe atender para asegurar la prestación de los servicios públicos con la continuidad y calidad necesarias».

Gas Natural insiste en la necesidad de reglamentar la ley de pobreza energética mientras el Ministerio ofrece colaborar con Cataluña

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EFE / Servimedia.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, explicó que ha ofrecido a la Generalitat de Cataluña y al Ayuntamiento de Reus (Tarragona) su colaboración para que mejoren los mecanismos previstos para hacer frente a la pobreza energética. En este sentido, el consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, ha pedido más concreción en la ley de pobreza energética, de la que falta crear un reglamento.

Villaseca indicó que la ley de pobreza energética «se tiene que reglamentar» para especificar cómo se tienen que coordinar y llevar a cabo las comunicaciones entre los servicios sociales de los ayuntamientos y las compañías suministradoras. Apuntó, en este sentido, que en la web de la Agencia Catalana del Consumo existen unas «propuestas de protocolo» de actuación, pero que «no es ningún documento que tenga validez legal», y ha subrayado que el propio Parlamento le recordó al Gobierno que estaba pendiente de reglamentar la ley.

«En ausencia de una adecuada reglamentación, que no existe», ha explicado Villaseca, Gas Natural Fenosa ha firmado acuerdos con 400 municipios catalanes que, a través de sus servicios sociales, le comunican los casos de vulnerabilidad y que han permitido atender a 9.000 hogares en situación de riesgo de exclusión. Villaseca remarcó que en Reus existe un convenio de este tipo que funciona desde 2014 y que en este tiempo los servicios sociales han comunicado a la empresa 150 casos de familias en situación de vulnerabilidad. En lo que va de año, se comunicaron 88 casos.

«No podemos entender cómo si el Ayuntamiento sabía desde 2013 que estaba en situación de vulnerabilidad, no nos ha comunicado nada en estos más de tres años», afirmó el directivo, que tampoco comprende «cómo es posible» que después de dos meses de corte de luz «nadie informara de esta situación». «El Ayuntamiento lo ha hecho en 150 casos, pero desgraciadamente no en este», precisó Villaseca respecto a la anciana con la luz cortada que murió en un incendio en su casa provocado por una vela.

Villaseca cree, en cualquier caso, que ante esta tragedia «no se trata tanto de hablar de responsabilidades», sino de «hacer todo lo posible para que hechos como este no vuelvan a suceder». «La coordinación entre servicios sociales, la compañía y la Generalitat no ha sido la que tendría que ser», ha reconocido Villaseca, en la que ha rechazado que se responsabilice a la multinacional de estos hechos, cuando «es la administración la que ha de poner las reglas del juego».

El Ministerio ofrece su cooperación

Así, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ofreció su colaboración para que mejoren los mecanismos previstos para hacer frente a la pobreza energética. Así lo expresó Nadal, que indicó que «la pobreza energética es un síntoma de vulnerabilidad mayor y no solo un problema de energía». A este respecto, recordó que «las competencias en cuestiones sociales son de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos», por lo que reiteró su disposición a colaborar con las administraciones implicadas ante la posibilidad de que existan «conflictos» con las compañías eléctricas.

En el caso de Reus, lamentó que «no se pudo actuar de la manera que todo el mundo había deseado», ya que existe tanto un fondo municipal para hacer frente a estas situaciones como una normativa autonómica que no se aplicó. En esta línea, destacó que la mujer fallecida como consecuencia de un incendio provocado por una vela que utilizaba para iluminar su vivienda, al no contar con electricidad, se había beneficiado de ese mismo fondo para pagar el agua.

Cataluña sancionará a Gas Natural

El consejero de Empresa y Conocimiento de la Generalitat catalana, Jordi Baiget, advirtió que «sancionarán a Gas Natural Fenosa por el caso de la anciana de Reus que murió, si no le informaron previamente antes de cortar la luz, porque la ley es muy clara». Baiget indicó que la Generalitat está pendiente de recibir la respuesta de la compañía a su requerimiento de información. Asimismo informó de que el Gobierno se reunirá con Gas Natural para «resolver lo que nos falta para cumplir con la ley catalana que es firmar convenios con las compañías para condonar la deuda que generan las familias en situación vulnerable».

El responsable de Empresa y Conocimiento de la Generalitat insistió que «la ley es muy clara y funciona sin el reglamento» que reclama ahora Gas Natural Fenosa. Baiget respondió así al consejero delegado de la energética, Rafael Villaseca. Asimismo, el consejero confirmó que recibió la llamada del ministro Álvaro Nadal para interesarse sobre el tema y los dos coincidieron que las administraciones deben trabajar conjuntamente para evitar otros casos como el de Reus. Desde que está en vigor la ley, la Generalitat asegura que se actuó en 39.000 ocasiones para evitar cortes en los suministros.

En el pacto contra la pobreza energética, Baiget aseguró que uno de los puntos que faltan es el de definir quién debe asumir la deuda de las facturas impagadas. Así, lamentó que «nos hemos reunido 25 veces con las empresas eléctricas para poder llegar a un acuerdo: lo hemos conseguido con las empresas de agua, pero no con las empresas de electricidad». El consejero señaló que «no tiene sentido que las compañías eléctricas con un beneficio conjunto, hasta el tercer trimestre de este año, de 4.500 millones de euros, no acepten el bono social ni firmen convenios de pobreza energética».

Durante su discurso, Baiget reivindicó un pacto empresa-sociedad que integre las «políticas de responsabilidad social empresarial como un valor de cada empresa» y en este sentido, dijo que «cortar la electricidad a las personas vulnerables no es responsabilidad social empresarial». Baiget considera poco «productiva» la petición de Unidos Podemos de que el presidente de Gas Natural Fenosa, Isidre Fainé, comparezca en el Congreso para dar explicaciones sobre el caso. “Tienen la libertad de pedirlo pero los políticos y la Generalitat tienen que trabajar para resolver problemas de pobreza energética”, dijo.

El Supremo anula una multa de 5,4 millones a Endesa por llevar consumidores sin derecho a TUR al mercado libre

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Europa Press.- El Tribunal Supremo anuló una sanción de 5,4 millones de euros impuesta en junio de 2012 a Endesa por trasladar al mercado libre a clientes que habían perdido el derecho a la Tarifa de Último Recurso (TUR). Con esta decisión, las compañías eléctricas han logrado que los tribunales hayan dejado sin efecto en los dos últimos años, ya sea en el Supremo o en la Audiencia Nacional, sanciones impuestas por la anterior autoridad de Competencia por 70 millones de euros.

En la última resolución judicial, el Supremo deja sin efecto una multa de la extinta Comisión Nacional de Competencia (CNC) a Endesa Energía XXI, filial de Endesa encargada del suministro a precio regulado, por actos de «competencia desleal» y «falsear la libre competencia de modo que afecte al interés público». Concretamente, Competencia consideraba desleal el traspaso al mercado libre de clientes que habían perdido el derecho a la TUR y que estaban siendo suministrados de forma transitoria por Endesa sin que la compañía hubiese recabado el consentimiento expreso del consumidor.

La Audiencia Nacional desestimó el recurso presentado por Endesa, que se dirigió posteriormente al Supremo, donde ahora su conducta ha sido considerada conforme a derecho. El tribunal considera que la sanción no observó «de forma inexcusable y con todo su rigor» las cautelas necesarias para imponer una sanción. El tribunal reconoce que el cambio de contrato es un asunto «sustancial para los clientes» y que el principio de transparencia aconsejaba requerir el consentimiento expreso de los afectados, pero considera que, «desde la exclusiva óptica del derecho sancionador, no cabe sustentar la definición y el contenido del comportamiento desleal en una interpretación contextual de la norma sectorial que se aleja en exceso de su tenor literal».

70 millones en sanciones anuladas

Esta sentencia se suma a la ristra de decisiones judiciales en las que se han dejado sin efectos decisiones sancionadoras de Competencia. La mayor de ellas correspondió a una sanción de la CNC a las eléctricas y Unesa por 61 millones, anulada después de que el Supremo invalidase las inspecciones de la Dirección de Competencia en la sede de la patronal eléctrica. El Supremo consideró que las inspecciones en la sede de Unesa carecieron de «concreción del objeto y finalidad», pese a estar autorizadas por un juzgado. La actual CNMC anunció que no recurriría la decisión de la Audiencia Nacional.

Recientemente, la Audiencia Nacional dio la razón a Iberdrola y anuló otra sanción de 3 millones de euros impuesta en 2014 por el Ministerio de Industria a esta empresa y a Endesa por la gestión de la central nuclear Vandellós II. Endesa, con un 72%, e Iberdrola, con un 28%, son los propietarios de la instalación. En marzo, el Supremo anunció una sanción de 620.000 euros impuesta en 2011 por la CNC a Gas Natural Fenosa por prácticas relacionadas con el cambio de comercializadora de energía, el conocido como switching.

Las principales compañías eléctricas ganan 4.276 millones de euros hasta septiembre, un 1,3% más, pese al descenso de sus ingresos

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EFE.- Las tres principales eléctricas en España, Iberdrola, Endesa y Gas Natura Fenosa, cerraron los nueve primeros meses del año con un beneficio conjunto de 4.276 millones de euros, un 1,3% más que en el mismo periodo de 2015, pese al descenso de los ingresos en un contexto de bajos precios de las materias primas. Así, según las cuentas remitidas a la CNMV, los ingresos de las tres sumaron 52.390 millones, un 10,7% menos que en el mismo periodo del 2015.

Iberdrola, la que obtuvo mayor beneficio, logró 2.041,7 millones de euros de ganancias, un 6,4% más que en el mismo periodo de 2015. Una evolución que vincula a la buena marcha de sus negocios y la reducción de los gastos operativos y financieros. En cuanto a sus ingresos, cayeron un 9%, hasta los 21.537 millones, afectados por el tipo de cambio con devaluaciones de la libra y el real brasileño.

Por su parte, Endesa ganó 1.305 millones de euros hasta septiembre, un 8,2% más que en el mismo periodo del año pasado, apoyada también en los buenos márgenes de negocio, especialmente en generación tras la integración total de Enel Green Power España. La eléctrica, de la que Enel controla un 70%, también logró estos beneficios pese al descenso del 8,5% en los ingresos, que sumaron 14.107 millones. Las cifras se engloban en unos meses de precios bajos en el mercado eléctrico español, con elevada producción eólica e hidroeléctrica, y reducidos costes de las materias primas.

En cuanto a Gas Natural Fenosa, con mayor peso del negocio gasista, la caída de las materias primas lastró sus cuentas. Así, ganó 930 millones de euros hasta septiembre, un 15% menos que en el mismo período de 2015, principalmente por el menor precio de las materias primas energéticas. El grupo también estuvo penalizado por la depreciación de las divisas, especialmente en Brasil y en Colombia, un efecto que tuvo un impacto negativo de 117 millones. Sus ingresos cayeron un 14,6%, hasta los 16.746 millones.