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Miguel Nieto Menor (Adif), nombrado presidente de la asociación de consumidores eléctricos GranCEESS

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Europa Press.- El director general de Desarrollo de Negocio Corporativo de Adif, Miguel Nieto Menor, ha sido nombrado presidente de la Asociación de Grandes Consumidores de Energía Eléctrica del Sector Servicios (GranCEESS), organización que engloba a los mayores consumidores del país. La asociación quiere mejorar su presencia institucional, dada el elevado consumo eléctrico de sus empresas asociadas, según Adif.

La vicepresidencia de la asociación será asumida por Roger Pérez Domenech, director de Energías y Comunicaciones del Grupo El Corte Inglés. GranCEESS, de la que forman parte grupos como Adif, El Corte Inglés, Mercadona, Telefónica, Renfe Operadora, Aena o Metro de Madrid, se constituyó como asociación en 1996 con el objetivo fundamental de la defensa de los intereses de sus asociados en el campo del suministro, las tarifas eléctricas y las relaciones contractuales ante la Administración y las empresas eléctricas.

El sistema eléctrico cerró 2016 con un superávit de 421,45 millones de euros

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Europa Press.- El sistema eléctrico arrojó en el ejercicio 2016 un superávit de 421,45 millones de euros, según la cifra recogida en la liquidación definitiva del año de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este excedente se debió, fundamentalmente, a unos costes inferiores a los inicialmente previstos de la retribución específica de instalaciones de producción renovable y de la retribución adicional de los sistemas no peninsulares, parcialmente compensados por unos ingresos externos a peajes inferiores a los inicialmente previstos, señala el organismo en su informe.

En concreto, en la liquidación definitiva del ejercicio 2016 se han ingresado 696,3 millones de euros por aplicación de la Ley 15/2012, de los cuales 196,1 millones de euros se corresponden con el canon por utilización de aguas continentales. De este modo, el superávit definitivo en el ejercicio es superior en 396,6 millones de euros al previsto en la Orden IET/2735/2015 (24,9 millones de euros) y en 310,6 millones de euros al de la Orden ETU/1976/2016 (110,9 millones de euros).

Desde 2014, el sistema eléctrico se encuentra en positivo. Concretamente, ese año el superávit ascendió a 550,3 millones de euros, mientras que en 2015 alcanzó los 469,3 millones de euros. De esta manera, acumula más de 1.440 millones de euros de superávit. No obstante, la deuda del sistema eléctrico pendiente de pago asciende a más de 20.000 millones de euros.

De todas maneras, el Gobierno acordó el pasado mes de octubre devolver a las comercializadoras eléctricas las cantidades abonadas por el bono social en los ejercicios 2015 y 2016, más los intereses correspondientes, con cargo a los superávits del sistema eléctrico. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ejecutaba así las sentencias y autos que habían dado la razón a las eléctricas respecto al anterior sistema de financiación el bono social. Estas indemnizaciones en compensación a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo por haber sufragado el bono social en los últimos años en función de su cuota de mercado ascienden a unos 500 millones de euros.

Por otra parte, Gas Natural Fenosa presentó alegaciones para la incorporación en esta liquidación definitiva de 2016 de la devolución del bono social descontado por las comercializadoras de referencia en el periodo del 1 de septiembre al 24 de diciembre de ese año, tras la Sentencia del Tribunal Supremo de que tumbaba el anterior esquema de bono social y hasta la aprobación del Real Decreto-Ley 7/2016, de 23 de diciembre.

No obstante, la CNMC señala que en cumplimiento, entre otras, de la sentencia del Supremo, así como de su auto de ejecución de septiembre, se dictó la Orden ETU/929/2017 y, como consecuencia de ésta, el organismo aprobó la resolución de devolución de las cantidades financiadas por las sociedades o grupo de sociedades en concepto de bono social correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016, así como los intereses legales correspondientes.

Así, indica que no cabe en absoluto lugar a confundir los descuentos que las comercializadoras de referencia efectúan a sus clientes en cumplimiento de la obligación legal establecida en el artículo 45.3 de la Ley 24/2013, con las cantidades satisfechas por las matrices de los grupos de sociedades o, en su caso, sociedades que desarrollasen simultáneamente las actividades de producción, distribución y comercialización, en virtud de su obligación de financiación. Por ello, la CNMC considera que no se puede concluir la incorporación en la liquidación de 2016, como coste del sistema eléctrico, de estas cantidades descontadas por las comercializadoras a sus clientes en concepto de bono social en ese periodo.

ING no financiará a las compañías eléctricas cuya producción energética a partir del carbón represente más del 5% en 2025

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Europa Press.- El banco ING dejará de financiar a las compañías del sector de las utilities en las que el carbón represente más del 5% de su producción total para finales de 2025, pero continuará brindando soporte económico a estas empresas para “aquellos proyectos de energía que no sean de carbón en apoyo a su transición energética«, según apuntó el banco holandés.

A partir de ahora, ING solamente apoyará con financiación a nuevos clientes cuando su dependencia actual del carbón sea del 10% o menos y cuenten con una estrategia para reducir este porcentaje a casi cero (no superior al 5%, umbral considerado como inversión socialmente responsable) para 2025. Este nuevo objetivo se trata de una reducción «drástica» en comparación con la apuntada en 2015 coincidiendo con la Cumbre del Clima de París, cuando el banco anunció que no financiaría a ninguna empresa cuya actividad empresarial dependiera en más del 50% de las centrales eléctricas de carbón.

En 2025, ING habrá eliminado de forma gradual los préstamos a centrales eléctricas de carbón individuales. Esta política de no financiación del carbón se enmarca en los esfuerzos de la entidad por apoyar la transición a una economía baja en carbono y tendrá un efecto inmediato. «Somos conscientes de que contribuir a los objetivos del Acuerdo de París también implica tomar posiciones claras sobre lo que no financiaremos, especialmente cuando existen alternativas mejores», aseguró el vicepresidente de ING, Koos Timmermans.

Según el grupo, ING ha ofrecido financiación para proyectos de energía renovable por más de 29.000 millones de euros y mantenía una exposición directa a préstamos por valor de 4.000 millones de euros en este tipo de proyectos a finales de noviembre de 2017, lo que equivale al 60% de la financiación total a proyectos de servicios públicos. Por último, ING se compromete a reducir su huella de carbono reduciendo sus emisiones de CO2 en un 50% y suministrar con electricidad 100% renovable a todos los edificios de la entidad en el mundo para 2020.

Iberdrola y otras ocho empresas han recaudado hasta 26.000 millones de euros a través de bonos verdes en diez años

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Europa Press.- Iberdrola y 8 compañías industriales europeas (EDF, Enel, Engie, Icade, Paprec, SNCF Réseau, SSE y TenneT) han emitido bonos verdes por valor de 26.000 millones de euros desde que lanzasen hace diez años el primer título de renta fija para una financiación responsable y sostenible, confirmándose la necesidad de proteger el medio ambiente y la labor de las empresas comprometidas en la lucha contra el calentamiento global, la reducción de emisiones, la energía y transporte limpios y la eficiencia energética.

Dentro del Día de la Financiación para el Clima, este conglomerado de empresas ha reafirmado su alianza para seguir desarrollando el mercado de bonos verdes. Además, invitaron al resto de la industria europea a tener en cuenta la emisión de bonos verdes para fortalecer el mercado y aumentar el interés inversor en proyectos responsables con el medioambiente. Según el director financiero del grupo Iberdrola, José Sainz Armada, «gracias a la certificación independiente, los inversores privados que siguen principios éticos reciben todas las garantías de que sus fondos se gestionan con una perspectiva sostenible y bajo estrictos criterios de responsabilidad social».

Izquierda Unida reclama al Congreso que deje de contratar con las principales compañías eléctricas y busque un suministro «100% renovable»

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Europa Press.- Izquierda Unida ha planteado en el Congreso que la Cámara Baja deje de contratar con comercializadoras «del oligopolio» y apueste por compañías pequeñas, basadas en la economía social y que suministren energía «100% verde«. Así, registró una proposición con la que buscan que el Congreso declare «su compromiso de primar la electricidad ecológica cuando adjudique el contrato de suministro de energía eléctrica para sus edificios».

Esta actuación se encuadra dentro de la campaña lanzada por esta formación bajo el nombre de Cambia de Bando, con la que anunció que daría de baja sus contratos con grandes compañías en sus 262 sedes, y animaba a sus militantes y simpatizantes a hacer lo mismo. La iniciativa, firmada por el portavoz de esta formación en el Congreso, Alberto Garzón, también busca que el Congreso reconozca «el carácter de servicio público del modelo energético y la necesidad de cambiarlo para superar la dependencia energética, favorecer el interés general y contribuir a la sostenibilidad ambiental».

Para Garzón, «el cambio de modelo energético es condición necesaria para avanzar hacia un nuevo modelo productivo» que, a su juicio, «ha de ser incompatible con el capitalismo neoliberal, causa de la agudización de las injusticias y las desigualdades en y con el planeta». En el caso de España, critica que el modelo se apoye en el uso de combustibles fósiles, a pesar de no ser un territorio productor, y «el control» del mercado eléctrico «por parte de un oligopolio».

Aun reconociendo que el cambio a comercializadoras más pequeñas y de la economía social «sería un gesto» que no supondría «un cambio del modelo en su conjunto», Izquierda Unida destaca que «desconectarse de las comercializadoras del oligopolio» permitiría «introducir en el debate público el papel que juega el oligopolio energético». Por su parte, la responsable federal de Estrategias para el Conflicto, Sira Rego, impulsora de Cambia de Bando, señala que tratan de «promover una migración desde las grandes comercializadoras del oligopolio hacia aquellas más pequeñas basadas en la economía social».

Arias Cañete pide una cumbre europea para relanzar las interconexiones ante la predisposición de Francia

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Europa Press.- El comisario europeo de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, considera que «sería necesaria» una nueva cumbre de España y Portugal, los países que conforman la Península Ibérica, con Francia y la Comisión Europea para «relanzar» las interconexiones eléctricas, vista la «predisposición» actual que hay en esta materia por parte del Ejecutivo francés desde la llegada a la presidencia de Emmanuel Macron, lo que calificó de «una gran oportunidad» para «impulsarlas y hacer posible los objetivos» establecidos.

Cañete señaló que la Península Ibérica se encuentra en una situación de interconexión «absolutamente crítica» y afirmó que mientras no se avance en esta materia entre los países europeos «ninguna medida será efectiva«. En 2015 ya tuvo lugar en Madrid una cumbre entre España, Francia, Portugal y la Comisión Europea en la que se plasmó el compromiso de impulsar las interconexiones energéticas con el objetivo de lograr un mercado interior de la energía en Europa.

A este respecto, España y Francia han dado recientemente un impulso a la interconexión eléctrica por el Golfo de Vizcaya, la primera submarina entre los dos países, que permitirá aumentar la capacidad de intercambio desde los 2.800 megavatios (MW) actuales hasta los 5.000 MW, y que cuenta con un presupuesto de 1.750 millones de euros y finalización prevista para 2025. No obstante, y a pesar de este proyecto, España cuenta actualmente con un nivel de interconexión con Europa muy alejado del mínimo establecido por la Unión Europea para 2020: el 10% de la capacidad de producción instalada, que en el caso de España tendría que alcanzar los 10.000 MW frente a los actuales 2.800 MW.

Además, el comisario advirtió de la necesidad de abordar el problema de la reducción de emisiones en un sector como el del transporte, «que es dinámico y con una expansión que incrementa sus emisiones». A este respecto, Cañete consideró que Europa «está perdiendo el liderazgo» en el vehículo eléctrico, ante el crecimiento existente en países como India y China, por lo que vio necesario «favorecer la innovación» para su impulso.

Así, apuntó la necesidad de abordar el «doble desafío» de ser líderes en baterías, «con baterías de nueva generación», y en desarrollar gamas de vehículos eléctricos, para lo que «hay que establecer sistemas de recargas». «Estamos en el problema de que los fabricantes no producen coches eléctricos porque no hay sitios de recarga y los que pueden poner recargas no lo hacen porque no hay coches eléctricos«, subrayó al respecto. Finalmente, Arias Cañete advirtió que la transición energética hacia la descarbonización de las economías es «imparable», aunque aseguró que «hay que saber gestionarlo», ya que es un proceso que «cambiará el futuro y los que lo lideren ganarán la batalla».

Bruselas evita polémicas con España

Por otro lado, Cañete ha reconocido que la Comisión Europea está «analizando» si el borrador de real decreto para el cierre de centrales eléctricas que pretende sacar adelante España es «compatible con la legislación comunitaria», pero ha subrayado que Bruselas no está para «entrar en polémicas entre un país y una empresa«. En este sentido, Cañete señaló que la Comisión está empezando a analizar «cuál es la compatibilidad o no» de la normativa española para cambiar las reglas del juego en la clausura de centrales eléctricas con el derecho comunitario.

No obstante, el comisario dejó claro que Bruselas no está para «analizar posicionamientos de gobiernos y empresas», en referencia a la batalla entre el Ministerio de Energía e Iberdrola por la petición de cierre de sus centrales térmicas de Lada y Velilla. Respecto al servicio de interrumpibilidad, por el que las empresas electrointensivas reducen o suspenden su consumo de energía cuando el sistema no logra atender la demanda, sostuvo también que Bruselas está en «diálogo» con España para ver qué «ayudas son de Estado y compatibles» con las reglas comunitarias.

Iberdrola pide un marco regulatorio estable y planificación energética para dejar de escuchar «que el anterior ministro se equivocó»

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Europa Press.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha pedido un marco regulatorio estable para España, como el de países como Reino Unido, Brasil, México o Estados Unidos, en los que está presente la compañía, y una planificación energética que sea «pública, conocida y notoria», para así poder dejar de escuchar que «el anterior ministro se equivocó«.

Galán reconoció que en los 17 años que lleva al frente de la compañía ha visto pasar «a 6 ministros y 12 o 13 secretarios de Estado, “que todos con la mayor voluntad empiezan a escribir cosas» pero al final se equivocan, y los errores «los pagan los ciudadanos y los accionistas». Por ello, lamentó que España sea el único país donde la compañía energética tiene pleitos. «Me duele como español. Me fajo vendiendo España y me duele dar tanto trabajo a los abogados. ¿Por qué no podemos evitarlo? ¿Por qué somos distintos?», se preguntó.

Así, pidió mirar al modelo de países donde hay unas «reglas del juego muy claras, decisiones consensuadas y marcos muy de largo plazo», para lo que es necesario «dialogar». «Al final, está claro que las decisiones las deben tomar los gobiernos, pero no nos equivoquemos», añadió. A este respecto, Galán aseguró que Iberdrola ha invertido en los últimos 17 años en España 25.000 millones de euros, con un resultado económico «casi nulo, ya que ganamos ahora casi igual que antes».

Galán criticó también las altas cargas políticas que sufre el negocio eléctrico en forma de un «montón de impuestos». «Es mejor meterlo en las tarifas que evita bastante controles y subir la tasa que se cobra a las hidroeléctricas antes que ir al Parlamento a decir que subo medio punto el impuesto de Sociedades», afirmó. Además, para Galán, no se puede «ir en contra de los tiempos», en referencia al crecimiento renovable. «Todo el mundo se mueve en una dirección y España no se puede mover en la contraria», aseveró.

Respecto al mix energético a futuro, Galán señaló que «primero hay que tener la foto de dónde se quiere llegar», si se quiere un país muy dependiente energéticamente o no y con una economía verde. Asimismo, subrayó que las centrales nucleares se van a cerrar, así como el carbón y los ciclos combinados, aunque pidió que se haga de manera «ordenada y sabiendo cómo se va a pagar». «Son cosas que llevo pidiendo tiempo, pero al final se decide desde el cortoplacismo», añadió al respecto.

El presidente de Iberdrola también abogó por seguir introduciendo renovables al ritmo que se va produciendo el cierre ordenado del resto de centrales, ya que con más energía verde «automáticamente los precios se irían deprimiendo». Finalmente, Galán, que alabó el trabajo de Arias Cañete como comisario europeo de Energía y Acción por el Clima, vaticinó un futuro en el que se debe implementar el almacenamiento y pidió realizar un plan de electrificación para el transporte.

Los sindicatos denuncian que detrás del cierre de térmicas hay un plan para favorecer a las nucleares y al gas

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Europa Press.- Los sindicatos UGT y CCOO han rechazado el cierre de las centrales térmicas por su «valor estratégico» para el país como tecnología de respaldo y han denunciado que detrás de todo ello existe un plan para favorecer el peso de las nucleares y los ciclos combinados en el mix energético.

El secretario sectorial minero de UGT FICA, Víctor Fernández, consideró que este movimiento de las empresas para cerrar las plantas de carbón «es una operación perfectamente diseñada para que se les pague las inversiones en desnitrificación y un apoyo a los ciclos combinados y a las nucleares«. A este respecto, el responsable del sector mineroeléctrico de CCOO, Jesús Crespo, añadió que el Gobierno traza la política energética pero «las empresas deciden qué mix energético es el más adecuado para ellas».

Por ello, pidieron un plan nacional que reconozca el papel del carbón dentro del mix energético ya que se trata de «un sector estratégico» para España dando estabilidad al sistema productivo e industrial y, por otro lado, «con carácter social para que la energía llegue a todos los hogares», añadieron desde UGT. Asimismo, Crespo consideró que no es viable «ahora mismo» el cierre de las centrales de carbón en España ya que es una tecnología que está actuando de estabilizador de los precios de la electricidad y como energía de respaldo. «Las renovables instaladas no pueden sostener el sistema», advirtió.

Además, rechazaron que sea necesario la aprobación por el Gobierno de un nuevo real decreto para endurecer los motivos para cerrar las centrales eléctricas, ya que «hay legislación suficiente para decirles que no tienen que cerrar». «Todos los lobbies están preparados para esta jugada, incluidas las propias empresas que saben de sobra que no hace falta esperar al decreto», advirtió Fernández, subrayando que la nueva normativa para «lo único» que va a servir es para «dar dinero a las centrales que no tienen buena situación«.

De esta manera, Fernández afirmó que la propuesta de los sindicatos pasa por mantener «las térmicas y el carbón» y hacer que Europa lo considere «reserva estratégica e ir a unos pagos por capacidad». Para ello, solicitarán a la Secretaria de Estado de Energía la convocatoria de una nueva reunión de la comisión de seguimiento del plan del carbón para exponer cómo está la situación. «Hay materia legal para dar contestación ya a quien dice que quiere cerrar centrales», aseveran.

Por otra parte, los sindicatos pidieron al Gobierno que exija a las empresas energéticas, «que se han repartido millonarios beneficios», un plan de inversión para las centrales de carbón que permita que sean más limpias a través de la desnitrificación, cumpliendo así con los compromisos recogidos en el acuerdo de 2013. Finalmente, UGT y CCOO coincidieron en recordar a las empresas energéticas su responsabilidad con las comarcas donde operan estas centrales, ya que estiman que dan empleo a unas 2.800 personas, para plantear nuevos proyectos.

Bruselas analiza la compatibilidad del decreto del Gobierno contra el cierre de centrales de generación eléctrica con las normas europeas

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Europa Press.- El comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, ha confirmado que Bruselas está analizando la compatibilidad del real decreto que el Gobierno quiere aprobar para evitar el cierre de centrales eléctricas con las normas europeas en materia energética.

Así lo aseguró el comisario español, que ha anunciado que mantuvieron una reunión sobre este asunto el director general de Energía del Ejecutivo comunitario, Dominique Ristori, y el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, en la que también abordaron otros temas como la independencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). «El mensaje es que cualquier norma de cualquier Estado miembro tiene que adaptarse a la legislación comunitaria y se están viendo los términos en que se puede producir el decreto definitivo para analizar su compatibilidad o no cuando el Gobierno lo notifique», ha señalado.

Arias Cañete ha explicado que la reunión entre Ristori y Navia fue un «intercambio preliminar de posiciones» que «va a continuar en el tiempo«. No obstante, el comisario ha insistido en que por ahora se trata únicamente de «la fase previa de un borrador» y no de un real decreto que deba ser analizado en su totalidad. «Estamos hablando de un borrador muy preliminar, lo que pasa es que la Comisión anticipa muchas veces el trabajo para entender lo que está ocurriendo en los Estados miembros», ha argumentado Arias Cañete.

«Seguirá el análisis técnico y cuando la Comisión Europea tenga una postura la trasladará al Gobierno español y esperamos que el Gobierno español sea sensible a los planteamientos de la Comisión y se adapte a las normas del derecho comunitario», ha manifestado el comisario, para después añadir que intervendrá «a nivel político» si fuese necesario. Sin embargo, el comisario ha señalado que en estos momentos no tiene previsto ningún contacto sobre este asunto ni con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ni con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.

Galán reiteró recientemente el compromiso de la compañía de cerrar sus centrales de carbón de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). Por su parte, Nadal señaló que la intención del Gobierno con el decreto de cierre de centrales es que la clausura de estas instalaciones, de llevarse finalmente a cabo, se aborde de forma ordenada y con arreglo a criterios «lógicos».

Endesa seguirá destinando todo su beneficio a dividendos para repartir unos 5.900 millones de euros entre sus accionistas hasta 2020

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Europa Press.- Endesa prevé repartir unos 5.900 millones de euros en dividendos entre sus accionistas en el periodo 2017-2020, el 100% del beneficio, a pesar de que augura unos próximos años complicados por las adversas condiciones del mercado, según la actualización del plan estratégico de la compañía remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La eléctrica, cuyo principal accionista es la italiana Enel con una participación del 70% y que percibirá así más de 4.100 millones de euros en dividendos, mantiene para el periodo su política de un pay out (parte del beneficio que se destina a dividendo) del 100%, aunque empeora su previsión de beneficios para los próximos ejercicios y, por tanto, la de dividendo. En concreto, para este año prevé que la retribución total para su accionista se sitúe en un mínimo de 1,32 euros por título, ligeramente por debajo de los 1,33 euros que abonó en 2016 en concepto de dividendo.

Para 2018, la compañía estima un dividendo mínimo de 1,33 euros brutos por acción, por encima del previsto para este ejercicio pero más de un 6% inferior de los 1,42 euros que preveía en su hoja de ruta anterior como retribución para el accionista. El grupo no da estimaciones en su plan de dividendo para los ejercicios 2019 y 2020, aunque sí que lo hace de beneficios para esos años, destinando el 100% de estas ganancias a retribución al accionista.

A este respecto, la energética señala que promueve una estrategia económico-financiera que procura un nivel de generación de caja significativo que, por un lado, permite mantener sus niveles de endeudamiento y, por el otro, posibilita la maximización de la remuneración de los accionistas, lo que permite cumplir «el objetivo de asegurar la sostenibilidad del proyecto empresarial desarrollado por Endesa». Además, recuerda que la capacidad de distribuir dividendos entre sus accionistas depende de numerosos factores, incluyendo la generación de beneficios y la disponibilidad de reservas distribuibles, «y no puede asegurarse los dividendos que, en su caso, vayan a pagarse en los ejercicios futuros ni cuál será el importe de los mismos».

Así, el nuevo plan de Endesa estima un crecimiento medio anual en el periodo de en torno al 6% de su beneficio, pasando de los 1.400 millones de euros para este año a unas ganancias de 1.600 millones de euros en 2020. No obstante, esta nueva hoja de ruta empeora las previsiones de ganancias para los dos próximos años del grupo con respecto al plan anterior. Para 2018 Endesa prevé un beneficio de unos 1.400 millones de euros, frente a los 1.500 millones de euros del plan anterior, y de unos 1.500 millones de euros para 2019, frente a la estimación anterior de 1.700 millones.

En lo que respecta al resultado bruto de explotación (Ebitda), Endesa también se muestra más conservadora que en su anterior plan, aunque vaticina un crecimiento medio anual del 4% de 2017 a 2020, desde los 3.400 millones de euros para este año hasta los 3.700 millones para 2020. No obstante, el grupo retrasa en un año sus objetivos debido a las condiciones de mercado y estima alcanzar para 2019 un Ebitda de 3.500 millones de euros y de 3.700 millones de euros para 2020, cifras que previa conseguir en los ejercicios 2018 y 2019, respectivamente.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, explicó respecto a esta revisión a la baja de la estimación de Ebitda del grupo para los próximos años que se debe a un menor margen del previsto en el negocio del gas, aunque expresó su confianza en que se equilibrará en años posteriores. En lo que respecta a su plan inversor, el grupo destinará 5.000 millones de euros a capex en el periodo 2017-2020, un 6,4% más. De esta cifra, el 56% (2.800 millones de euros) se dedicará a crecimiento, frente al 44% en el plan anterior. Asimismo, la energética prevé unas inversiones por valor de unos 1.300 millones en digitalización hasta 2020 que supondrán unos ahorros de 250 millones de euros.

Las renovables será otro de los pilares de la inversión del grupo, con un total de 900 millones de euros para el desarrollo de 939 megavatios (MW) de capacidad renovable adicional, incluidos los 879 MW ya adjudicados en las subastas de este año. De esta manera, la capacidad verde instalada de Endesa pasará de los 6.388 MW en 2017 hasta los 7.353 MW, con la instalación de 399 MW solares y 540 MW eólicos. El grupo estima que estas nuevas inversiones en renovables tengan una contribución de en torno a 80 millones de euros de Ebitda a partir de 2020.

La energética espera que la sólida generación de flujo de caja, que en el periodo 2017 a 2020 prevé que ascienda a 6.700 millones de euros, respalde este crecimiento futuro y la política de dividendos. Además, Endesa reafirma su apuesta por la descarbonización total de su mix para 2050, aunque defiende la operación de la energía nuclear a largo plazo para garantizar la seguridad del suministro y la preservación del carbón eficiente para evitar mayores emisiones y costes del sistema. A este respecto, llevará a cabo inversiones por 400 millones de euros hasta 2020 destinadas a la seguridad y operación a largo plazo de su capacidad nuclear y de 300 millones de euros para las inversiones medioambientales en sus térmicas.

En lo que se refiere a su cartera de clientes, Endesa prevé que se mantenga estable a lo largo del periodo, situándose en los 10,9 millones en el caso de la electricidad a final de 2020, con un importante crecimiento del mercado liberalizado, hasta los 6,9 millones, mientras que para el gas estima un crecimiento del número de clientes hasta 1,7 millones. Asimismo, apuesta por promover la movilidad eléctrica a través de soluciones de recarga y el desarrollo de la red de recarga y prevé unas 600 estaciones de carga públicas al final del periodo.