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País Vasco pide a Nadal «seriedad y seguridad» en el marco regulatorio, sin «sobresaltos» retributivos, y materializar ya el euskopeaje

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Europa Press.- La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno autonómico del País Vasco, Arantxa Tapia, ha realizado un llamamiento al Ministerio de Energía para que haya «seguridad, seriedad y estabilidad» en el marco regulatorio porque, según ha indicado, «no podemos estar sobresalto sobre sobresalto». Asimismo, le instó a «trabajar conjuntamente» para que el acuerdo sobre peajes eléctricos «sea una realidad«.

La consejera vasca se ha pronunciado de este modo durante el acto de firma del protocolo de colaboración del proyecto de digitalización de la red eléctrica en Euskadi Bidelek 4.0, en el que participan el Gobierno del País Vasco, la Diputación de Vizcaya e Iberdrola, en la sede de la compañía eléctrica en Bilbao. Este proyecto supondrá una inversión conjunta de 30,5 millones en los próximos tres años, con el objetivo de seguir impulsando la transformación digital de la red de distribución eléctrica de Euskadi.

Tapia ha destacado la necesidad de continuar «modernizando» la red eléctrica de Euskadi, que ha sido «un lujo» a lo largo de años, con «actuaciones tecnológicas e inversiones importantes». «Eso requiere un uso racional de las tecnologías que tenemos y un ámbito regulatorio que nos acompañe», ha reivindicado. En este sentido, ha advertido de la importancia de los «escenarios regulatorios» para que las nuevas inversiones en este campo «tengan una seguridad». Según ha indicado, «la regulación, la retribución de redes, tiene que ser un elemento que nos permita mejorar nuestro tejido productivo y hacer esas inversiones, esa clave de éxito de la transformación que tenemos que llevar a cabo, y debe ser estable en el tiempo y permitir tener seguridad».

Por tanto, ha pedido al Ministerio que se asuman «con seriedad y rigor todos los aspectos relacionados con la regulación». «No podemos estar sobresalto sobre sobresalto, y con sorpresas como la dada recientemente por el ministro, aunque definitivamente retiró las enmiendas», ha afirmado la consejera sobre la propuesta de posibles ajustes en la retribución de las redes. Según la consejera vasca, «tenemos que conseguir llegar a hacer una transición energética seria en un marco serio y bien trabajado. No podemos permitirnos trabajar de esta forma».

En este marco, ha realizado un llamamiento al Ministerio de Energía a «trabajar conjuntamente» para que «sea una realidad esa seguridad, seriedad y estabilidad que requiere un marco regulatorio para llevar adelante muchísimos proyectos y en el que nos estamos jugando el futuro». Asimismo, ha defendido que es «momento» de que «sea una realidad» el euskopeaje, el acuerdo alcanzado en materia de peajes eléctricos para reducir el precio de la energía a la industria vasca.

Retribución “adecuada” a la inversión

También el director del Negocio de Redes de Iberdrola, Armando Martínez, ha incidido en que «la planificación, la regulación y la retribución de las redes eléctricas es clave» y ha subrayado que el modelo regulatorio debe ser «estable y predecible». «Tenemos un periodo regulatorio en la distribución de España, 2020-2025, donde esperamos que se haga una retribución adecuada al nivel de inversiones para afrontar los retos que tenemos«, ha añadido.

Martínez ha destacado la colaboración público-privada del proyecto Bidelek 4.0 en Euskadi, una «tierra donde todos vamos de la mano», que ha contrapuesto a «las noticias que llegan desde la administración central sobre nuevos recortes en la retribución de la distribución, una actividad eficiente, con enormes oportunidades de futuro«. Martínez ha confiado en que «juntos seamos capaces de reenfocar este debate» para garantizar las inversiones.

En la misma línea, el presidente de Velatia, Javier Ormazabal, ha señalado que contar con un marco estable es «muy importante» y no «gusta» esa «cierta incertidumbre, esa sensación de no entendimiento con el Gobierno en un sector tan importante como el de las utilities«. No obstante, explicó que «no notamos un frenazo» de inversiones aún, pero «preocupa encontrarnos ante un recorrido inseguro, después de los periodos que hemos pasado«.

Con este protocolo se pone en marcha la segunda fase del proyecto Bidelek, con el que se pretende «seguir innovando» en el desarrollo de tecnologías en redes de distribución eléctrica para poder tener «los productos más innovadores» e implantar «una red más vanguardista», ha explicado el responsable del Ente Vasco de Energía, Iñigo Ansola. La inversión de 30,5 millones que requerirá este nuevo despliegue de redes inteligentes será ejecutada por una nueva sociedad conjunta entre Iberdrola y el EVE, con el objetivo de impulsar el desarrollo de la industria local a través de la innovación y el diseño de equipos.

Las soluciones que se desarrollen en Bidelek 4.0 serán utilizadas por Iberdrola en su apuesta por «implantar más redes y más inteligentes» como camino para avanzar en la transición energética hacia una economía descarbonizada. Según Armando Martínez, la compañía ha invertido en España 1.400 millones en los últimos años en este ámbito. La consejera Tapia ha resaltado que, además de la oportunidad que supone para las empresas, «toda la ciudadanía va a ver mejorado el servicio y la forma en que se gestiona la energía».

Por su parte, el diputado de Desarrollo Económico y Territorial de Vizcaya, Imanol Pradales, ha destacado la importancia del sector de la energía, «estratégico para Vizcaya por múltiples razones». Según ha recordado, supone el 7,5% del PIB, unos 12.000 millones de euros de facturación al año y 13.400 puestos de trabajo directos.  Todos los participantes resaltaron el «éxito» de la primera fase de Bidelek. Entre los resultados de las inversiones en redes inteligentes de los últimos años, Iberdrola destacó que se redujo a la mitad el tiempo necesario para recuperar el servicio ante incidencias y la mayor parte de las operaciones con clientes se realizan «de forma automática e inmediata».

El fondo BlackRock eleva al 5% su participación en Iberdrola y se convierte en el tercer máximo accionista

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Europa Press.– El gestor de fondos internacionales BlackRock se ha erigido en el tercer máximo accionista de Iberdrola tras elevar su participación en la petrolera hasta el 5%. Según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), BlackRock se hizo con casi un 2% del capital de Iberdrola, para controlar el 5,006%, desde la participación del 3,023% que poseía.

En concreto, la mayor gestora de fondos del mundo posee 322,34 millones de títulos de la energética, con un valor de más de 1.960 millones de euros. De esta manera, BlackRock se convierte en el tercer principal accionista de Iberdrola, tan sólo por detrás de Qatar Investment, que posee un 8,5% del capital de la energética, y Capital Research, que cuenta con el 5,11%. El cuarto principal accionista de Iberdrola es Norges Bank, el fondo soberano noruego, que elevó su presencia en el capital de la compañía hasta el 3%.

BlackRock también apostó recientemente por otra de las compañías energéticas del Ibex 35, Repsol, en la que aumentó su participación hasta el 5%, erigiéndose en su tercer máximo accionista, tan solo por detrás de Caixabank, que cuenta con una participación del 9,6%, y de Sacyr (8%). La gestora de fondos estadounidense está también presente en el capital de otras empresas del Ibex, como Telefónica, donde posee una participación de más del 6%, Red Eléctrica (3,1%) o Enagás (3,2%), entre otras.

Gas Natural Fenosa gana 1.360 millones en 2017, un 1% más, y abre una nueva etapa con Francisco Reynés (Abertis)

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Europa Press.- Gas Natural Fenosa obtuvo un beneficio neto de 1.360 millones de euros en 2017, lo que supone un incremento del 1% respecto al año anterior, cumpliendo el plan estratégico. El resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 3.915 millones de euros, con un descenso del 16,1% respecto a 2016, una vez reexpresado por la discontinuidad de los negocios de distribución y comercialización de gas en Italia, distribución de gas en Colombia, distribución eléctrica en Moldavia y generación eléctrica en Kenia.

Además, Gas Natural Fenosa ha anunciado el relevo en su cúpula directiva con el nombramiento de Francisco Reynés como nuevo presidente ejecutivo, sustituyendo en la presidencia a Isidro Fainé y con la salida de Rafael Villaseca como consejero delegado. Asimismo, la compañía energética lanzó un nuevo plan de eficiencias para el periodo 2018-2020, lo que ha supuesto unos costes de captura no recurrentes en 2017 de 110 millones de euros.

Sin considerar dicho efecto, así como el impacto de Electricaribe, filial en Colombia intervenida por el Gobierno del país, la disminución del Ebitda sería de 8,8%, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Dicha disminución se concentra en el negocio de electricidad en España, cuya evolución se vio afectada por factores climatológicos, con una contracción de la producción hidráulica para Gas Natural Fenosa del 71,4%. Asimismo, el Ebitda de la actividad internacional representó un 48,5% del total, mientras que el 51,5% restante correspondió a las actividades en España.

La energética, que tiene previsto presentar próximamente su nuevo plan estratégico con visión a 2020, llevó a cabo una revisión estratégica en 2017 de su cartera de negocios que supuso unas desinversiones con un precio de venta total de 2.741 millones de euros y unas plusvalías de más de 540 millones de euros a materializar entre diciembre de 2017 y el primer trimestre de 2018.

Entre estas ventas destacaron la de su negocio de distribución de gas en Italia, el acuerdo con Brookfield Infraestructura para hacerse con la participación del 59,1% en Gas Natural SA ESP o la compra de una participación del 20% en la sociedad titular de los activos de distribución de gas natural en España por Allianz Capital Partners (ACP) y Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB). Asimismo, la compañía indicó que, dentro de su estrategia de revisión y optimización de su cartera de negocios, ha decidido emprender unos procesos competitivos de venta para sus negocios de distribución eléctrica en Moldavia y generación de electricidad en Kenia.

En lo que respecta a las inversiones del grupo, ascendieron a 1.782 millones de euros en 2017, con una caída del 29,2% debido principalmente a que en 2016 se registró la contratación de dos nuevos buques metaneros en régimen de arrendamiento financiero y la adquisición de nuevos puntos de suministro del GLP. Por ámbito geográfico, las inversiones de la energética en el exterior representaron el 54%, mientras que en España bajaron su contribución al 46%.

Por otra parte, el consejo de administración de la compañía elevará a la junta general de accionistas una propuesta de dividendo de 1.001 millones de euros con cargo a 2017, manteniendo así su apuesta de un dividendo mínimo de 1 euro por acción y que representa un pay out del 73,6%. El pasado 27 de septiembre se pagó íntegramente en efectivo un dividendo a cuenta del ejercicio 2017 de 0,33 euros por acción. El dividendo complementario de 0,67 euros por acción se pagará en efectivo el próximo mes de junio.

Nadal asegura que los nuevos ajustes en el sistema eléctrico compensarán lo ganado por las empresas en las sentencias judiciales

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EFE / Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha señalado que los ajustes que el Gobierno plantea en la retribución de algunos activos energéticos permitirán compensar lo que han ganado las empresas dedicadas al transporte y la distribución por sentencias en los tribunales contra la reforma eléctrica.

Nadal ha recalcado que las empresas «no están perdiendo dinero» sino que lo están ganando «a base de pelear cada línea de la reforma eléctrica en los tribunales a costa de los contribuyentes y la industria«. El titular de Energía indicó que el coste total de esos ajustes para las empresas será de entre 150 y 200 millones de euros.

Nadal ha asegurado que las empresas dedicadas al transporte y la distribución están «bien retribuidas para el riesgo que asumen», con 200 puntos básicos por encima de la rentabilidad de los bonos del Tesoro, y que, por eso, prácticamente agotan sus cupos de inversión. Según el ministro, Iberdrola invierte el 93% de su cupo; Gas Natural Fenosa, el 100%; Viesgo y EDP, «por encima del 90%»; y sólo Endesa «no invierte los suficiente», el 59%, «por su política de dividendos«. Nadal subrayó que, cuando el organismo regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dice que hay «sobrerretribución», «hay que hacerle caso».

Asimismo, aplicar la rentabilidad razonable supondrá ahorrar al sistema 1.500 millones de euros a partir de 2020. Eso sí, respecto a esta revisión de la retribución, el ministro subrayó que «no se sabe lo que va a ocurrir» y que al igual que la prima de riesgo ha bajado y se han podido abaratar los costes financieros, en la actualidad Estados Unidos vive una «tormenta financiera» por la que están subiendo «mucho» los bonos del Tesoro. La clave, según Nadal, es que España tenga un buen sistema de financiación, porque «de la misma manera que bajan los tipos, pueden subir».

Por otro lado, preguntado sobre la repercusión «negativa» de los planes de ajuste de la retribución regulada de redes de transporte y distribución eléctrica a partir de 2020, Nadal ha señalado que comparte la necesidad de que haya inversión y de que se den «los mejores precios posibles de la energía para los consumidores«. «Hemos pactado la necesidad de mejorar las tarifas industriales», le ha recordado Nadal al senador vasco José María Cazalis, que también ha asegurado que es «importante» que se lleguen a acuerdos.

Cazalis ha puesto en duda que reducir la retribución de la actividad de distribución permita atraer la inversión necesaria y que se traduzca en una rebaja de tarifas. En su opinión, la senda elegida por el Ejecutivo pone en riesgo a las empresas dedicadas a la fabricación de equipamiento. Cazalis ha abogado por una «reforma completa» y ha pedido al Gobierno que huya «del parche y el cortoplacismo», que, bajo su punto de vista, es «lo que ha hecho que esté en este punto». En este sentido, señaló que lo que se puede ahorrar debería ser considerado «como un superávit del sistema y dedicarse a reducir la deuda» del mismo.

Previamente, el senador de UPN, Francisco Javier Yanguas, había pedido al Gobierno que no se produzca un recorte retributivo a los productores de energía solar fotovoltaica por el efecto negativo que tendría en los pequeños inversores. Según Yanguas, a la fotovoltaica se le ha cargado «el San Benito del déficit». «Están en el purgatorio y si hay un recorte más, quienes invirtieron en esta energía se van al infierno«, señaló.

El senador de UPN critica al Gobierno por cambiar las normas «a mitad del partido» y con efecto retroactivo. Por esto, el senador ha pedido que el Gobierno actúe antes de 2020, que escuche a las asociaciones y las familias. Además, desveló que cree que finalmente el Ejecutivo hará algo para reconocer el esfuerzo que han hecho «las familias fotovoltaicas».

Nadal ha reiterado que, sin la reforma energética, el recibo de la luz habría subido un 42%, un incremento que, a su juicio, «habría sacado del mercado» a las empresas. El ministro ha repetido que tanto las renovables como las actividades reguladas del sector han mantenido aún su retribución aunque los costes financieros han bajado. Finalmente, Nadal apuntó que «le preocupan» las familias que invirtieron «en un sector tan complicado» como el de la energía solar fotovoltaica, ya que, según cree, «este no es un producto para inversores pequeños, sino para gente conocedora del sistema».

Nadal pide a las compañías energéticas dejar de recurrir la legislación con el “afán legítimo de rascar hasta el último euro”

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Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha pedido al sector rebajar la «conflictividad» judicial, dejando de recurrir toda la legislación que elabora el Gobierno, para evitar inseguridad jurídica y hacer más sostenible el sistema. «Disminuyamos en redes la conflictividad. Ya sé que el monopolista se quiere quitar la legislación para cobrar más, pero el consumidor está en la situación contraria«, espetó.

El ministro ha afeado a las compañías el alto nivel de litigiosidad: «Desde que se estaba secando la tinta en el BOE de la reforma energética, se ha recurrido todo. Todas las normas son recurridas buscando el afán legítimo del regulado de rascar hasta el último euro». «Tenemos que bajar el nivel de conflictividad jurídica del sector. No puede ser que todos los bonos sociales, las leyes energéticas, los reales decretos se recurran. No ocurre en ningún otro sector y ocurre menos en el gas que en la electricidad. No es normal esta situación en que se recurre todo con la idea de a ver qué cae», ha continuado Nadal.

Ha defendido que de ello se desprende inseguridad jurídica, ya que el Gobierno nunca sabe con qué va a contar cuando tiene que calcular el sistema porque no sabe qué se va a recurrir: «Estamos en un toma y daca que no tiene sentido«. El ministro ha realizado esta intervención ante diversos directivos del sector, como el presidente de Endesa y del Club Español de la Energía, Borja Prado, y el presidente de Enagás, Antonio Llardén. El sector energético ha expresado recurrentemente su disconformidad con la pretensión del Gobierno de rebajar los ingresos regulados que reciben las compañías por distribuir la luz y el gas a lo largo del país.

El ministro habla de “monopolistas”

«No se puede dejar a un monopolista fijar él mismo sus precios», ha asegurado el ministro, que ha añadido que esto generaría ineficiencias y, por ello, los precios deben estar regulados. En este sentido, sostiene que no hay ninguna actividad en la que se retribuya al precio que el Tesoro coloca su deuda a 10 años más 200 puntos básicos: «Es una actividad sin riesgo, limpia de polvo y paja».

El ministro busca realizar ajustes que permitan lograr un ahorro de 200 millones en el sistema eléctrico, y en el caso del sector gasista el ajuste es de 50 millones. En este sentido, Nadal se ha referido al ajuste del factor de retardo, un pago que se realiza por la demora de dos años que se produce para empezar a cobrar por una central y que se retribuye con un interés del 10%. «Un 10% de interés por dos años de financiación. No hay ningún índice financiero que esté ganando eso. Aquí hay una sobreretribución«, indicó. Según Nadal, «antes de subir peajes, el Gobierno va a mirar ámbitos regulatorios en lo que se pueda corregir un desequilibrio en el sistema».

Nadal plantea ajustes a las energéticas por 250 millones de euros y que asuman el coste de desmantelar las nucleares

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Europa Press.- Mientras desde el PSOE afirman que el sector energético «no necesita más parches», el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha reclamado al resto de fuerzas políticas del Congreso respaldo para aplicar a las compañías eléctricas y gasistas una serie de ajustes en su retribución por un máximo de 250 millones de euros, de los cuales algo menos de 200 millones de euros corresponden al sector eléctrico y otros 50 millones de euros al sector gasista.

En comparecencia en la Comisión de Energía del Parlamento, Nadal también solicitó el apoyo para que las empresas dueñas de las centrales nucleares asuman, en el caso de producirse su cierre, el coste de su desmantelamiento. A este respecto, subrayó que España es el único país en el que el desmantelamiento de una central nuclear «es responsabilidad de todos», a través de la sociedad Enresa.

El titular de Energía señaló que estos ajustes en el sistema de la retribución en la parte regulada de las energéticas procede de las recomendaciones del regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y ha mostrado su deseo de tramitarlo bien a través de una enmienda en el Senado o como proposición de Ley con el respaldo de los grupos políticos.

En concreto, el mayor de estos ajustes se refiere a los costes del sistema en transporte y distribución, donde considera que existen «casos de sobrerretribución en el factor de retardo», por el que una distribuidora eléctrica o Red Eléctrica de España (REE) reciben un equivalente de tipo de interés del 10% durante un periodo de dos años desde que se realiza el proyecto hasta que se integra. «Este tipo de interés es altísimo. Un 5% anual a dos años no lo paga nadie para este nivel de riesgo. Pretendemos sustituirlo por un índice financiero», indicó Nadal, quien estimó que el impacto de esta medida sería de unos 100 millones de euros, en una actividad de unos 7.000 millones de euros.

Otra de las partidas a ajustar corresponde a la retribución correspondiente a unos activos pertenecientes a las grandes compañías, después de una demanda presentada por pequeñas empresas distribuidoras ante el Tribunal Supremo, que estarían «sobreretribuidos» y cuyo impacto sería de unos 70 millones de euros, así como un ajuste en parámetros de activos de REE que ascendería a unos 15 o 20 millones de euros, «dependiendo de los cálculos definitivos de la CNMC». Respecto al sector gasista, el ministro de Energía estimó que los ajustes que prevé por sobrerretribución de activos estará en torno a los 50 millones de euros.

Asimismo, Nadal insistió en mantener el actual marco normativo y «aplicar la Ley» para revisar a partir de 2020 la rentabilidad razonable para las actividades reguladas del sector y para las renovables, ya que supondrá un ahorro de 1.500 millones de euros. «Creo francamente que hay que aplicar la Ley. Aplicar el bono del Estado más 200 puntos básicos en el caso de la distribución y 300 puntos básicos en el caso de las renovables», indicó Nadal, destacando que conoce «pocas inversiones que obtengan Tesoro más 200 puntos básicos sin riesgo«. Para el ministro, no hacerlo así sería algo «poco entendible por los consumidores que tienen unos costes altos por aquellas políticas energéticas que se han hecho en el pasado».

Por otra parte, Nadal también señaló que sequiere facilitar la instalación de postes de recarga y desregular la figura del gesto de carga. Además, prevé que se permita el suministro eléctrico a buques, aeronaves y ferrocarriles en instalaciones portuarias y aeroportuarias para reducir el consumo de combustibles fósiles en estas instalaciones. Finalmente, Nadal presentó una iniciativa para prevenir el fraude del IVA en el negocio de los carburantes. «Todas las semanas tengo expedientes por este tipo de acciones», apuntó.

El PSOE habla de “parches”

Por su parte, la portavoz socialista de Energía en el Congreso, Pilar Lucio, instó al ministro a buscar «otras mayorías» si quiere aprobar modificaciones en la retribución y consideró que el sector energético en España «no necesita más parches; necesita una reforma integral». Además, cuestionó a Nadal si está teniendo en cuenta los cambios que se avecinan en el sistema energético» y «si su política energética va a ir alineada con la europea y no en la dirección contraria, que es lo que parece forzar».

Asimismo, Lucio ha criticado que el Gobierno haya recurrido al proceso de enmiendas en el Senado de la ley de medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía cuando el propio Congreso discute el actual modelo energético en otro grupo de trabajo. «Estamos en un proceso de elaboración de los escenarios de transición energética y no vemos adecuado en este momento la adopción de estas medidas, que son un parche para algo que requiere una modificación en profundidad«, aseveró.

Lucio sostiene que Nadal tendrá que buscarse otros apoyos si quiere sacar adelante una reducción en las retribuciones, una vez el proyecto de ley vuelva al Congreso y se someta a votación en el Pleno de la Cámara Baja. «Si lo que quiere contar es con el PSOE, no vamos a tomar medidas si no es de forma global», subrayó.

Así, ha alertado de «la inseguridad jurídica» por «tomar medidas de ese calado» en torno al modelo energético por ser medidas que, en un breve período de tiempo, fruto de los trabajos de ese grupo dedicado a la transición energética, pueden volver a modificarse. Lucio ha recordado que están a la espera de recibir el informe de los expertos sobre esta cuestión y que, posteriormente, se constituirá una ponencia para debatir el futuro modelo energético y su transición hasta el mismo. «Hasta que eso no se dé, no vamos a hacer ningún paso adelante», aseveró.

De forma más reservada, Unidos Podemos también se ha desmarcado de las intenciones del Gobierno de cambiar estas retribuciones, aunque reconocen que ven positivamente buscar una rebaja en el precio de la factura eléctrica. Sin embargo, recelan de las intenciones de Nadal. «Obviamente, simpatizamos con todo lo que sea bajar los precios, pero con esta gente siempre hay algo de trampa detrás. Estamos convencidos de que están negociando con las empresas», aseguró la portavoz energética de Unidos Podemos, Yolanda Díaz.

Así, Díaz ha optado por adoptar una posición de «absoluta prudencia» hasta no ver con detalle tanto las enmiendas como el texto final de las modificaciones en el sistema de retribuciones eléctricos, pues cree que «con este Gobierno es un escándalo todo lo que tiene que ver con la energía». «Esta gente es un peligro», ha resumido Díaz, que recuerda el efecto de otras medidas que podían compartir, como la de cargar en las empresas el bono social, una operación doblemente anulada por la justicia española y que han agravado el déficit eléctrico y encareciendo la factura de la luz.

El 37,8% de los vehículos de la Comunidad de Madrid estarán afectados por las nuevas restricciones en el plan anticontaminación

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Europa Press.– El 37,76% de los vehículos de la Comunidad de Madrid, un total de 1.792.208, que son aquellos más contaminantes y que, por tanto, no cuentan con un distintivo ambiental, son los que se verían afectados por las nuevas medidas para el protocolo anticontaminación que estudia el Ayuntamiento de Madrid y que restringirían la circulación a aquellos sin etiquetas de la Dirección General de Tráfico (DGT) en escenarios 2 y 3.

Así se recoge en los datos de la DGT, que indican que a 1 de diciembre de 2017 se encontraban registrados en la Comunidad de Madrid un total de 4.746.526 vehículos: 9.516 de ellos son Cero emisiones, 1.610.981 del grupo B, 1.282.963 del C, 50.858 ECO y 1.792.208 sin etiqueta, correspondientes a aquellos de gasolina anteriores al año 2000 y los diésel anteriores a 2006.

La DGT cuenta con 4 etiquetas ambientales distintas en función de varios aspectos, como la naturaleza del vehículo o su potencial efecto contaminador. La primera, la más pura, es la de Cero emisiones, que se otorga a vehículos eléctricos de batería (BEV), de autonomía extendida (REEV) o híbrido enchufable (PHEV) con una autonomía mínima de 40 kilómetros, así como en vehículos de pila de combustible. En segundo lugar, los ECO son vehículos híbridos enchufables con autonomía menor de 40 kilómetros, vehículos híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural, vehículos propulsados por gas natural (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo (GLP). En todo caso, deberán cumplir los criterios de la etiqueta C.

Esta última se aplica a turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de 2006 y diésel a partir de 2014. También a vehículos de más de 8 plazas y pesados, tanto de gasolina como de diésel, matriculados a partir de 2014. Los de gasolina deben cumplir la norma Euro 4,5 y 6 y en diésel la Euro 6.

Por último, la B se limita a turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir del 2000 y de diésel a partir de enero de 2006. Incluye, a su vez, a vehículos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como de diésel matriculados a partir de 2005. Por tanto, los de gasolina deben cumplir la norma Euro 3 y en Diésel la Euro 4 y 5.

Esta clasificación de los vehículos se deriva del Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016 (Plan Aire) en el que se recoge que tanto las partículas como el dióxido de nitrógeno tienen en el tráfico rodado la principal fuente de emisión y propone, además, la clasificación de los vehículos en función de los niveles de contaminación que emiten, todo ello bajo criterios europeos. En definitiva, la medida tiene como objetivo «discriminar positivamente» a los vehículos más respetuosos con el medioambiente.

Información en web de DGT

La DGT recomienda, dado que facilita la rápida identificación de los vehículos menos contaminantes, que se adhiera este distintivo en el ángulo inferior derecho del parabrisas delantero, si se dispone de él, o en su defecto, en cualquier sitio visible del vehículo. En todo caso, explican que las administraciones competentes podrán acceder en tiempo real al registro de vehículos de la DGT y conocer la clasificación ambiental y el tipo de etiqueta que corresponde a cada vehículo. Además, el ciudadano que quiera conocer qué distintivo ambiental corresponde al vehículo de su titularidad puede consultarlo en la web de la DGT.

Cada autoridad con competencias en fiscalidad del automóvil, movilidad o medio ambiente podrá decidir en cada momento qué incentivos ofrece a los vehículos más limpios. Por ejemplo, la DGT permite circular en el carril bus VAO a vehículos Cero emisiones. Por otra parte, las oficinas de Correos venden desde el pasado diciembre en Madrid el distintivo ambiental para vehículos de la DGT por un precio de 5 euros. Esta medida es voluntaria salvo para aquellos vehículos afectados por alguna medida de restricción por la contaminación, como ocurre en la capital.

Evitar activar el protocolo anticontaminación

Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido al Gobierno municipal que trabaje en elaborar medidas preventivas que ayuden a evitar establecer el protocolo anticontaminación. Así se ha expresado Almeida después de que la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, avanzara que se está revisando el protocolo de medidas a adoptar ante episodios por alta contaminación de dióxido de nitrógeno (NO2) de modo que se limite la circulación de vehículos sin distintivo ambiental de la DGT.

José Luis Martínez-Almeida ha indicado que estas medidas están pensadas para los días de alta contaminación, por lo que ha propuesto «cambiar de medidas antes». «Este gobierno adopta medidas que son un auténtico fracaso«, ha apuntado. Por ello, ha hecho hincapié en la necesidad no de hablar del protocolo anticontaminación «que se aplica los días de contaminación», sino de estudiar las medidas preventivas a adoptar «para que no se tenga que llegar a esta situación».

Nadal asegura que se mantendrá la retribución en las actividades reguladas pero modificando la base sobre la que se calcula

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Europa Press.- El Ministerio de Energía trabaja en un borrador que prevé introducir ajustes en los costes regulados del sistema energético. En este sentido, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha asegurado que «la retribución se va a mantener» en las actividades reguladas de los sectores del gas y el eléctrico, y que lo que se prevé que sea modificado es la base de los activos sobre la que ésta se calcula.

«Siempre se va a mantener la retribución. Lo que estamos hablando es si está bien calculada la base de activos. Si aquellos activos sobre los cuales se hace la retribución están bien calculados tanto en electricidad como en gas», ha explicado el ministro. Nadal ha detallado que la propuesta del Ejecutivo «todo el mundo la ha visto bien» en una primera aproximación y que se está trabajando para que estos cambios entren en el saldo de este año, aunque ha subrayado que aún no está definido qué instrumento parlamentario se acabará utilizando y ha indicado que preferiría que fuera una enmienda en el Senado, para la que ya se está hablando con los otros grupos.

«Los grupos parlamentarios muchas veces critican al Gobierno que está en demasiada connivencia con el sector. Cosa que no es así. Ahora se tendrá que demostrar su participación en modificaciones que son muy técnicas», ha defendido. Preguntado por el impacto que esta medida podría tener sobre el sector, Nadal ha indicado que «se tendrá que ver«. Estas modificaciones se enmarcarían dentro de los esfuerzos del Gobierno por reducir costes regulados de electricidad y gas y, en ese sentido, el Ejecutivo mantuvo congelados los peajes de electricidad y gas para 2018, por quinto año consecutivo para la electricidad y por cuarto año consecutivo para el gas.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya consideró recientemente necesario revisar, de cara al siguiente periodo regulatorio, la tasa de retribución financiera de la distribución de energía eléctrica mediante una metodología que permita adecuarla «al coste de los recursos propios y ajenos de las distribuidoras, que han evolucionado a la baja durante el actual periodo regulatorio».

Según el regulador, el marco retributivo actual establece una tasa de retribución financiera del 6,503%, que aplica sobre el valor neto de los activos en servicio a 31 de diciembre de 2014, valorados a coste de reposición. Adicionalmente, esta tasa se aplica a los activos puestos en servicio desde enero de 2015 valorados como la semisuma del valor auditado y el valor calculado aplicando los valores unitarios de inversión vigentes.

En su informe sobre el análisis económico-financiero de las principales empresas de distribución eléctrica (Endesa Distribución Eléctrica, Iberdrola Distribución Eléctrica, Unión Fenosa Distribución, Hidrocantábrico Distribución, y Viesgo Distribución Eléctrica), la CNMC apuntaba a un incremento de la rentabilidad económica, pasando su ROI (retorno sobre la inversión) del 6,57% en 2013 al 8,16% en 2016. Así, señalaba que la rentabilidad financiera se incrementa también durante el periodo pasando el ROE del 8,84% en 2013 al 12,32% en 2016, situándose todas las distribuidoras por encima del 10%.

Las consecuencias en Bolsa han sido inmediatas, al igual que el pasado septiembre, cuando un informe del banco estadounidense Goldman Sachs, en el que se advertía de los recortes que se avecinan en la retribución del sector eléctrico español para la próxima revisión para el periodo 2020-2025, ya provocó un derrumbe en Bolsa de las principales compañías del sector (Iberdrola, Endesa, Gas Natural y REE), dejándose casi 3.000 millones en capitalización en un solo día.

Iberdrola refinancia 5.300 millones de euros en la mayor operación del mundo supeditada a criterios de sostenibilidad y descarbonización

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Europa Press.- Iberdrola cerró con 24 entidades financieras la extensión y ampliación de dos créditos sindicados multidivisa por valor de 5.300 millones de euros, en la mayor operación realizada en el mundo supeditada a criterios de sostenibilidad, según indicó la compañía. En concreto, el acuerdo mejora las condiciones previas, de forma que se recuperan niveles anteriores al comienzo de la crisis, en 2007.

El diferencial obtenido puede ser de hasta 27,5 puntos básicos sobre Ibor, frente a los 30 puntos básicos de la última línea de crédito, firmada en junio de 2016. El vencimiento es a 5 años, con la posibilidad de ampliarlo en 2 años, hasta febrero de 2025. Las buenas condiciones del crédito están ligadas al cumplimiento de un indicador sostenible validado por la agencia Vigeo Eiris y relacionado con la reducción de la intensidad de emisiones por parte de Iberdrola.

Tiene 9.000 millones de liquidez

La operación supone la extensión de las dos líneas por importe de 4.400 millones de euros y su ampliación en 900 millones de euros adicionales. Así, la empresa señaló que continúa adecuando su liquidez a las inversiones de 25.000 millones de euros previstas para el periodo 2016-2020 y cumple su compromiso de mantener su liquidez por encima de los 9.000 millones de euros. La ampliación y extensión de los dos créditos ha contado con BBVA como banco agente y ha recibido el respaldo del 100% de las entidades financieras participantes.

Iberdrola continúa avanzando de este modo en su estrategia de financiación socialmente responsable. La compañía fue el mayor emisor de bonos verdes a nivel de empresa durante 2016 y realizó todas sus emisiones públicas en este formato a lo largo de 2017, entre las que destaca el bono verde híbrido cerrado el pasado noviembre, con el que la empresa inauguró este mercado en España. Durante el pasado ejercicio también se firmó el primer crédito verde realizado a nivel mundial para una compañía energética, suscrito entre Iberdrola y BBVA por importe de 500 millones de euros.

Oriol Castro o Quique Dacosta, entre los chefs que se suman al Círculo de eficiencia energética de Gas Natural Fenosa

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Europa Press.- Gas Natural Fenosa ha presentado el Círculo de Eficiencia Energética, una iniciativa a la que se han adscrito una docena de chefs de reconocido prestigio internacional como Oriol Castro (dos estrellas), Quique Dacosta (tres estrellas) o Ricard Camarena (una estrella), entre otros, con el objetivo de fomentar la eficiencia energética en el sector de la hostelería, según indicó la compañía.

Asimismo, se han unido a la iniciativa los chefs Marcos Morán (una estrella), Juan Mari Arzak y Elena Arzak (tres estrellas en España y una en Londres), Rodrigo de la Calle (una estrella), Nacho Manzano (dos estrellas), Diego Guerrero (dos estrellas), Mario Sandoval (dos estrellas), Martín Berasategui (ocho estrellas), Ángel León (tres estrellas), y Sergio y Javier Torres (dos estrellas).

De este modo, el proyecto busca ayudar a los propietarios de establecimientos de restauración a tener un consumo de energía responsable, para lo que pone a su disposición diferentes herramientas, entre las que destaca Smart Energy Tool, un servicio que analiza los datos de consumo energético de un negocio para dar información útil que permita ahorrar tiempo y recursos en la gestión de la energía. Además, un equipo de expertos de Gas Natural Fenosa realizará una auditoría «energética» personalizada a cada restaurante, con el fin de aconsejar las mejores prácticas en sus hábitos de consumo energético permitiendo, de esta forma, el ahorro de costes y la reducción del impacto medioambiental.