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El 21% de los hogares españoles se sigue declarando insatisfecho con su servicio de electricidad

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Europa Press / EFE.- El 20,9% de los hogares españoles se declara poco o nada satisfecho con su servicio de electricidad aunque este porcentaje mejoró en 5 puntos con respecto al grado de insatisfacción de hace seis meses, según el Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Para el gas natural, este porcentaje de insatisfacción cae hasta el 14,8% de los hogares.

Entre los hogares que se declaran insatisfechos con el servicio, el precio es el principal motivo apuntado. Un 90% de los hogares insatisfechos con su proveedor de electricidad opina que el servicio es caro y casi la mitad considera que las facturas de electricidad o las tarifas no son claras. En el caso del gas natural, sigue un patrón similar, aunque, en general, con mejores resultados que la electricidad. Las valoraciones de los hogares mejoran respecto a la calidad de los servicios de energía ofrecidos.

Respecto a la satisfacción con el precio de los servicios, un 54% del total de los hogares está poco o nada satisfecho con los precios del servicio de electricidad, 5 puntos menos que hace un año. Por su parte, el 46,1% de los hogares con servicio de gas natural están insatisfechos con el precio del servicio. Asimismo, a pesar de que los hogares españoles declaran mayor insatisfacción con los servicios de electricidad y gas natural, son los servicios de telecomunicaciones los que reciben más reclamaciones. Así, alrededor del 15% presentó reclamaciones en la materia frente al 5,7% de los hogares que presentaron quejas en gas natural y un 6,5% en el caso de la electricidad.

Los motivos para reclamar, exponen, siguen un patrón similar a los motivos de insatisfacción. En el caso de los servicios de electricidad y gas casi 6 reclamaciones de cada 10 de ellas están relacionadas con problemas en la facturación. Además, a la hora de recibir las facturas o notificaciones por parte de las empresas, destaca que el 77,1% de los hogares sigue recibiendo la factura del suministro energético en papel.

La Audiencia desestima el recurso de Nuclenor contra la multa de 18,4 millones por el cierre de Garoña en 2012

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Europa Press / EFE.- Mientras desde la Junta de Castilla y León sostienen que su posición «ni ha variado ni variará» sobre el futuro de la nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), que debe reabrirse bajo los parámetros de «seguridad y empleo», la Audiencia Nacional desestimó el recurso presentado por Nuclenor en contra de la sanción de 18,4 millones de euros que le impuso en julio de 2014 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por el cierre en 2012.

En su sanción, el regulador consideró que Nuclenor, participada por Endesa e Iberdrola, había incurrido en una infracción muy grave al acometer una «reducción, sin autorización, de la capacidad de producción o de suministro de energía eléctrica». El cese de la explotación de Garoña estaba previsto para el 6 de julio de 2013, si bien Nuclenor acordó el 14 de diciembre de 2012 extraer el combustible nuclear. Apenas 15 días después entrarían en vigor los nuevos impuestos eléctricos. La CNMC consideró que el cese de actividad se produjo «estando plenamente vigente y operativa la autorización de explotación de la central, y sin que concurrieran las circunstancias de parada previamente programada, ni circunstancias imprevistas que aconsejaran o hicieran necesaria la parada».

«La Sala comparte plenamente el planteamiento de la resolución de la CNMC», señala la Audiencia, que considera además que el operador de Garoña «siguió una política de hechos consumados, limitándose a comunicar al Ministerio su decisión unilateral de cese, comunicación que no tuvo lugar hasta el 28 de diciembre de 2012, 14 días después de adoptarse el acuerdo». La comunicación, señala la Audiencia, se produjo «cuando el proceso de descarga del combustible estaba ya concluido desde el anterior 22 de diciembre», de modo que «la recurrente puso en conocimiento del Ministerio unos hechos ya consumados«.

En su recurso ante la Audiencia Nacional, la sociedad propietaria de Garoña, que tiene una potencia de 455 megavatios (MW), sostenía que la decisión de su consejo de administración se adoptó únicamente como consecuencia de los efectos asociados a la nueva tributación a los residuos nucleares, aprobada por el Gobierno para atajar el déficit de tarifa eléctrica. Los nuevos impuestos de la Ley 15/2012 implicaban, según cálculos de Nuclenor, un pago «inasumible» de 153 millones de euros para Garoña, que consideraban que hacía la central “inviable”, lo que supone una causa con carácter de «imprevisibilidad» que, a juicio de la demandante, le debería eximir de cumplir el plazo de operación con un año de antelación.

La decisión del consejo de administración «se adoptó únicamente cuando los efectos asociados a la nueva tributación suponía la declaración de concurso de la sociedad y no desde el momento en que se tuvo conocimiento del establecimiento de un nuevo tributo que reduciría notablemente la rentabilidad de la instalación», afirmaba la propietaria de Garoña. Nuclenor también consideraba que la infracción de la CNMC es desproporcionada y que infringe «de manera flagrante» el principio de tipicidad establecido en la Ley 30/1992. Precisamente, la sentencia ve adecuada la sanción de 18,4 millones de euros calculada basándose en el 10% de la cifra de negocio que tuvo la central nuclear en 2011, que se elevó a 184 millones.

Junto a esto, la empresa discrepaba de las consideraciones del regulador acerca de los efectos de su decisión sobre la seguridad de suministro. Considerar que el cierre afectaría al suministro «estaría en contradicción con la existencia en la actualidad de un exceso de capacidad de generación eléctrica, según aseveraciones tanto del propio Ministerio como de la CNMC», señalaba. En su demanda, Nuclenor llegaba a considerar que la decisión del cierre de Garoña resulta «totalmente insignificante para la seguridad del suministro». Por ello, fuentes de la empresa explicaron que la interposición del recurso de casación ante el Tribunal Supremo, cuya argumentación no han desvelado, será suficiente para suspender el pago de la multa hasta que se produzca una resolución judicial definitiva.

El Ejecutivo siempre ha mantenido abierta la puerta a que la planta retome la actividad. Actualmente, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) evalúa la petición de la central de renovar su permiso de explotación hasta 2031, cuando sumaría 60 años de antigüedad. El 27 de mayo, Nuclenor presentó dicha solicitud y el Gobierno solicitó al CSN el informe preceptivo. Si éste es negativo, obligará al cierre de la planta y si es positivo dejará la decisión en manos de Industria y del Consejo de Ministros.

El Gobierno trabaja en una normativa de seguridad en las gasolineras desatendidas mientras Castilla y León exige que haya empleados

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Redacción / Agencias.- Las Cortes de Castilla y León, con el voto en contra de Ciudadanos, han respaldado la Ley por la que todas las gasolineras deberán contar con al menos un trabajador en el tiempo que permanezcan abiertas para garantizar así la atención a personas con discapacidad y mejorar la cifra de empleos en el sector, una norma que excluye a las cooperativas agrarias siempre que atiendan a sus asociados y no ofrezcan combustible al público general.

Mientras tanto, en el Congreso, el Gobierno en funciones está trabajando en un proyecto de decreto sobre las medidas de seguridad en las llamadas estaciones de servicio desatendidas, es decir, aquellas en las que no hay personal. Según señaló en la Comisión de Industria el diputado del PP, Juan Manuel Juncal, el Gobierno, pese a estar en funciones, trabaja sobre la necesidad de revisar una instrucción técnica complementaria, denominada IP04, relativa a estaciones de servicio.

Aprobada la propuesta del PSOE

Se trata de los puntos de la proposición no de ley (PnL) que llevó a la Comisión de Industria el PSOE y que ha salido adelante. Esa instrucción técnica, según el texto de la PnL, debe «aclarar y hacer más concretas y rigurosas las medidas de seguridad de las estaciones de servicio desatendidas». Junto a este punto, la propuesta del PSOE insta al Gobierno a que se modifiquen, en coordinación con las autonomías, las normas necesarias para obligar a que haya al menos un empleado para atender en horario diurno.

También han pedido «desarrollar y clarificar» los requisitos de seguridad industrial y garantizar la unidad de mercado para que no se produzcan agravios comparativos en los requisitos de acceso de seguridad básicos en las diferentes comunidades autónomas. En definitiva, concluye el texto, se trata de articular e implantar una normativa que «aclare la posición jurídica de las gasolineras desatendidas y garantice la seguridad de estas instalaciones y el cumplimiento de los derechos de los consumidores».

En nombre del PSOE, Begoña Tundidor, explicó que estas medidas, junto a otras, son necesarias para evitar las dificultades que pueden tener las personas con discapacidad para utilizar gasolineras que no cuentan con personal, además de los riesgos a los que pueden estar expuestos. Además, Tundidor advirtió sobre el impacto en el empleo que puede tener la expansión de este tipo de gasolineras desatendidas en un sector que actualmente da trabajo a unas 40.000 personas.

PP y Ciudadanos en contra

Por su parte, Ángela Ballester, portavoz de Podemos, otro grupo que apoyó la exigencia de que haya personal en las gasolineras, destacó la importancia de que «se respeten los derechos de todos los consumidores y en particular el de las personas con discapacidad al acceso a este servicio». Entre los grupos que se opusieron o se abstuvieron, los portavoces del PP, Juan Manuel Juncal; de Ciudadanos, José Luis Martínez, y de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, defendieron la existencia de estas gasolineras por la necesidad de que exista una mayor competencia, lo que redunda en unos menores precios, en la línea de lo defendido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó recientemente un informe en el que pedía que se eliminaran las trabas normativas al desarrollo de estas gasolineras que, a su juicio, aseguran una mayor competencia y unos mejores precios que «benefician» al consumidor final. El informe provocó reacciones de sindicatos y algunos grupos políticos, que criticaban la pérdida de empleo que puede conllevar este tipo de gasolineras, así como problemas de seguridad o de atención a determinados colectivos.

En cuanto al efecto en los discapacitados, Juncal defendió que hay muchas de ellas que sí pueden utilizar este tipo de gasolineras gracias a las innovaciones en los aparatos de expedición y en los dispositivos que utilizan y Martínez apuntó que los problemas de acceso se pueden subsanar con mejoras en los diseños arquitectónicos. Asimismo, el portavoz del PP señaló que en Suecia, país que se puede considerar referente en la atención a personas con discapacidad, actualmente hay un 60% de sus gasolineras sin trabajadores.

Castilla y León las prohíbe

La nueva normativa de Castilla y León modifica la Ley por la que se aprobó el Estatuto del Consumidor y se ha impulsado a instancias del grupo parlamentario popular con el objetivo, como expuso el procurador Salvador Cruz, de establecer garantías, «mejorar» la protección de los usuarios y la accesibilidad, además de actuar de forma «responsable» con el empleo. Cruz ha explicado que las estaciones de servicio deberán tener al menos a un responsable de las instalaciones debidamente formado durante todo el horario en el que permanezcan abiertas, así, ha recordado que la norma establece una moratoria de tres meses para que todos los centros se adapten a la misma.

La exención de las cooperativas agrarias es algo que, a juicio del procurador de UPL, Luis Mariano Santos, no queda claro en esta Ley por lo que «dañará», a su juicio, al mundo rural, motivo por el que finalmente se abstuvo en la votación. Por su parte, el procurador de Ciudadanos, David Castaño, ha incidido en que su grupo no puede apoyar una Ley que, según su lectura, es «contraria a derecho», ya que la normativa estatal básica establece tres tipo de instalaciones de hidrocarburos que son «las atendidas, autoservicio y desatendidas«. Así, ha considerado que con esta normativa las nuevas gasolineras denominadas low cost pierden «su razón de ser».

Sector en Castilla y León

En concreto, se estima que en torno a 60 estaciones de servicio de 1.305 no están atendidas por ningún personal, por lo que esta obligación incluye como beneficio «mayores garantías de seguridad y de protección del medio ambiente», como ha destacado la procuradora popular Irene Cortes, desde el convencimiento de que la presencia de al menos un empleado ayuda a garantizar el correcto suministro de unos «productos peligrosos y contaminantes».

La cogeneración reivindica su aporte térmico a la industria y pide una regulación propia desligada de las renovables

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Javier Angulo.- El XII Congreso Anual de Cogen España (Asociación Española para la Promoción de la Cogeneración) representó una reivindicación de la parte más industrial del sector como forma eficiente de producir la energía térmica que demandan algunos procesos productivos. Un punto que vino a subrayar el asesor de la dirección general de Energía de la Comisión Europea, Samuele Furfari, que recordó que el calor, la energía térmica, representa aproximadamente la mitad del consumo de energía final, frente a la electricidad y los carburantes.

En este sentido, Furfari reconoció que el calor es el gran olvidado de las políticas energéticas y que desde Bruselas pretenden remediar esta situación puesto que las instituciones europeas están trabajando en directivas para revisar el mercado eléctrico y las fuentes renovables pero también en otras para beneficiar a la eficiencia energética y la cogeneración. Asimismo, recordó que los marcos regulatorios deben ser diferentes para la cogeneración y las renovables ya que contribuyen a objetivos diferentes puesto que las plantas renovables de generación eléctrica suman de cara a alcanzar un 20% de la energía primaria en 2020 mientras que la cogeneración ayuda en los compromisos de eficiencia energética y emisiones.

Una reivindicación que el sector expuso en el Congreso ante políticos de diversos ámbitos, desde diputados o representantes de los principales partidos hasta directores de Energía de las comunidades autónomas, o al propio organismo regulador. Precisamente José Antonio Castro, responsable de regímenes especiales de la subdirección de energía eléctrica de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), señaló que con un modelo retributivo como el de la rentabilidad razonable, con una remuneración establecida en función de la inversión realizada, las características de las plantas y los costes de operación, a partir de estándares denominados como instalación tipo, se pone de manifiesto que las renovables y la cogeneración deberían tener un tratamiento distinto.

La necesidad de un plan Renove para la cogeneración fue otra de las reivindicaciones del sector reflejadas por Castro, que subrayó la “creciente obsolescencia” del parque generador con 4 GW con más de 15 años de antigüedad. Asimismo, consideró que la eficiencia en la industria “no parece posible” sin cogeneración y que es “importante” que exista un marco para la cogeneración con autoconsumo más allá de 2019 ya que el actual régimen retributivo, con revisiones cada 6 meses, cada 3 años y cada 6 años no favorecen la planificación productiva. Respecto a la adjudicación de potencia mediante subasta, reconoció que aunque la Unión Europea prefiere “neutralidad tecnológica”, es “posible” diseñar subastas ad hoc incluso para las particularidades de la cogeneración.

De Alemania a la digitalización

Tratando de aportar una visión que complementara la de la situación del sector a nivel nacional, desde la organización Cogen Europa su presidente, Roberto Francia, resaltó la apuesta por la eficiencia energética que se está impulsando desde la Unión Europea. Una apuesta centrada en la calefacción y la refrigeración, la eficiencia en los edificios y la cogeneración, de la que apuntó que tiene un potencial de aporte del 20% de la electricidad de la Unión Europea y hasta de un 25% en la producción de calor. Por otra parte, tanto Eloy Álvarez, del Instituto Vasco de Competitividad, como  Gunnar Kaestle, de la Asociación Alemana de la Cogeneración, expusieron el papel de la cogeneración dentro de la transición energética alemana (Energiewende).

Un cambio de modelo energético en el que el desarrollo renovable requiere de la cogeneración una flexibilidad que el proceso productivo no siempre puede soportar. Para las industrias que sí son flexibles, Jesús Reyes, de Alpiq, planteó que la participación en los mercados de ajuste ofrece “una posibilidad real” de mejorar los ingresos de la cogeneración, “si bien es una posibilidad limitada que acarrea riesgos”. Desde ADAP su presidente, Josep Capdevila, confió en que la sentencia favorable del Tribunal Supremo a las plantas de purines suponga un punto de inflexión que posibilite su vuelta a la actividad tras parar a raíz del recorte retributivo que supusieron las medidas del Gobierno.

Finalmente, una de las sesiones más prometedoras del Congreso Cogen, con la participación de los presidentes de General Electric y Siemens en España, Daniel Carreño y Rosa García, respectivamente, constituyó todo un viaje al futuro de la industria y de la tecnología o, cómo ambos explicarían, simplemente al presente más inmediato. Una revolución, la digitalización de la industria, que supondrá avanzar hacia un mantenimiento predictivo y una mejora tecnológica que “reducirá enormemente los costes y aumentará la eficiencia”, según señaló Rosa García. En este sentido, Daniel Carreño advirtió que “no sobrevivirán las industrias que no cambien” ya que se transformarán los modelos de negocio. Asimismo, advirtió de la importancia de garantizar la ciberseguridad tras la integración digital de activos críticos.

La CNMC propone penalizar con 52,5 millones de euros a las distribuidoras eléctricas por pérdidas de energía en la red

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Redacción / Agencias.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha propuesto unas penalizaciones de 52,5 millones de euros para las distribuidoras eléctricas este año por las pérdidas de energía que tiene lugar a través de sus redes, según su informe. Entre las distribuidoras que registran mayores penalizaciones, Competencia destaca los 40,2 millones a Endesa, mientras que a Iberdrola corresponden 6,9 millones, y a Unión Fenosa, 2,5 millones. Estos cálculos, correspondientes a 2016, se han realizado con datos de 2014.

Competencia explica que la normativa fija que las empresas distribuidoras de electricidad recibirán unos incentivos o penalizaciones en función de la gestión que realicen de las pérdidas que tienen lugar a través de sus redes. El objetivo, añaden, es garantizar una adecuada prestación del servicio e incentivar la mejora de la calidad de suministro y la reducción de las pérdidas en las redes de distribución «con criterios homogéneos en todo el Estado y con un mínimo coste para el sistema».

La CNMC es la encargada de proponer a Industria la cuantía que corresponde a cada empresa distribuidora en concepto de incentivo o penalización por este tema. Para calcularlo, se usa una metodología en la que se tiene en cuenta, entre otros aspectos, el nivel de pérdidas registradas por la distribuidora dos años antes, cuando tanto la CNMC como el Operador del Sistema Eléctrico, Red Eléctrica (REE), disponen de toda la información. Frente a las penalizaciones, otras compañías recibirán incentivos por un valor global de 900.000 euros. En el caso de las empresas que han remitido datos erróneos de medidas al operador del sistema o ni siquiera las han remitido, la CNMC propone establecer unas penalizaciones por valor de 300.000 euros.

La CNMC no impone condiciones a Endesa para la compra del 60% de Enel Green Power España

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) resolvió no imponer condiciones ni obligaciones específicas a Endesa Generación para la compra a Enel de un 60% de Enel Green Power España, con la que se hace con el 100% del capital.

La disposición adicional novena de la Ley 3/2013 concede al Ministerio de Industria la capacidad para pronunciarse acerca de estas transacciones, si bien la disposición adicional tercera del real decreto ley 9/2013 traslada esta competencia a la CNMC hasta que Industria disponga de los medios necesarios para asumirla. La operación analizada, explica la CNMC, consiste en una transacción intragrupo que también afecta a los accionistas minoritarios de Endesa, titulares de forma indirecta de un 29,9% de Endesa Generación. En última instancia, señala, estos minoritarios pasan de un 12% al 30% indirecto de Enel Green Power España, en la que Enel reduce su presencia, de forma indirecta, del 88% al 70%.

El regulador detecta que Endesa Generación asumirá tras la compraventa una deuda «significativamente superior al de la mayoría de comparadores», si bien el grupo Endesa en su conjunto mantendrá un apalancamiento inferior al de otros grupos verticalmente integrados. «Si bien esta Comisión considera oportuno señalar estas consideraciones, no puede concluirse, a la luz de las mismas, que alcancen una entidad suficiente como para entrar en los supuestos» que establece la legislación para la imposición de condiciones a la operación, concluye.

Industria inhabilita a Vertsel y Zencer como comercializadoras eléctricas

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EFE.- El Ministerio de Industria publicó las órdenes por las que inhabilita a Vertsel Energía y Zencer Sociedad Cooperativa Andaluza como comercializadoras eléctricas y fija el procedimiento para el traspaso de sus clientes a otras empresas. El proceso que culmina con la inhabilitación de ambas empresas arranca por el incumplimiento de las garantías económicas exigidas por el operador del sistema, Red Eléctrica de España, para poder prestar estos servicios. En el caso de Vertsel, estos incumplimientos llegaron a los 8,5 millones de euros; mientras que en los de Zencer a 1,5 millones.

Tanto las distintas eléctricas de forma individual como a través de la patronal Unesa presentaron escritos mostrando su conformidad con estas inhabilitaciones señalando «que, en los últimos años y de manera creciente, se repite una práctica por parte de ciertas comercializadoras que repercuten negativamente en el resto de sujetos del mercado eléctrico». La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también abrió expedientes sancionadores contra estas empresas. Por su parte, las comercializadoras inhabilitadas también alegaron mostrando su disconformidad con los avales que se les exigen, «desproporcionados» a su juicio, y rechazando haber puesto en riesgo el sistema eléctrico.

El déficit eléctrico provisional asciende a 1.672 millones de euros hasta julio, 249 millones menos de lo previsto

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Redacción / Agencias.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son inferiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.672 millones de euros hasta julio, un 16% menos de lo previsto al comienzo del año debido a la “favorable” evolución de los ingresos.

Esta cifra, incluida en la séptima liquidación del sistema eléctrico de 2016 elaborada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), es 249,5 millones de euros inferior a lo previsto, por lo que de continuar la tendencia se producirá superávit a cierre del ejercicio. El organismo presidido por Marín Quemada indicó que la demanda de consumo registrada hasta julio, de 119.758 GWh,  fue un 0,8% inferior al valor promedio observado en años anteriores, mientras que los ingresos por peajes de acceso de consumidores ascendieron a 7.084 millones de euros, un 2,1% (147 millones) superiores al valor promedio histórico. Los ingresos totales del sector en el periodo ascendieron a 8.103 millones de euros.

En esta liquidación, el coeficiente de cobertura se situó en el 80%, es decir, que los agentes del sistema cobrarán ese porcentaje de los ingresos reconocidos ahora, mientras que el resto se abonará a medida que haya nuevos recursos disponibles. En cuanto a las energías renovables, cogeneración y residuos, el regulador gestionó los pagos a 63.698 instalaciones que estaban activas. La liquidación provisional a cuenta correspondiente a la energía generada entre enero y julio ascendió a 3.784 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. La cantidad a pagar a cuenta a los productores en esta liquidación ascendió a 504 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente.

Por su parte, en el sector gasista los ingresos netos liquidables fueron de 1.566 millones de euros, lo que supone una disminución del 2,3% respecto a los ingresos netos liquidables del mismo periodo del ejercicio anterior. La retribución fija acreditada a las empresas ascendió a 1.686 millones de euros, un 2% superior a la del año anterior. Por tanto, el déficit provisional se ha situado en 240 millones, frente a los 105 millones registrados en el mismo periodo del 2015.

De este modo, el índice de cobertura se situó en el 86% de la retribución acreditada. La demanda de gas facturada hasta junio, ascendió a 170 teravatios hora (TWh), lo que representa un descenso del 0,8% respecto al 2015 como consecuencia de una reducción de la demanda gasista para generación eléctrica. El número de consumidores declarados por las empresas ascendió a 7,68 millones, con un aumento anual de 93.947 consumidores.

España exportará la electricidad a Portugal en el cuarto trimestre más cara de lo que la compra

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Europa Press.- Los contratos financieros para la venta de electricidad de España a Portugal en el cuarto trimestre registran un precio superior a los correspondientes a las ventas en sentido contrario, de Portugal a España. Esta tendencia se aprecia en los resultados de la undécima subasta coordinada de contratos financieros para la interconexión eléctrica entre España y Portugal, ofrecidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En concreto, se subastaron dos productos de carga base y con periodo de liquidación en el cuarto trimestre de 2016, uno en cada sentido de la interconexión, por un volumen de 200 megavatios (MW), en cada uno de ellos. También se subastaron dos productos de carga base y con periodo de liquidación en el primer trimestre de 2017 por un volumen de 100 MW, uno en cada sentido, así como dos productos de carga base y periodo de liquidación en 2017, también uno en cada sentido, por un volumen de 100 MW en cada uno de ellos. En la subasta participaron 9 agentes, de los que 7 resultaron adjudicatarios de alguno de los productos subastados.

En la subasta REE y REN actuaron como entidades emisoras de los productos al 50%. En los productos con periodo de liquidación en el cuarto trimestre de 2016, se adjudicó un volumen de 200 MW en el sentido exportador de España hacia Portugal, a un precio de 0,12 euros por megavatio hora (MWh), y otros 200 MW en el sentido exportador de Portugal a España a un precio de 0,05 euros por MWh. Sin embargo, en los demás productos fue más elevado el precio al que España compra la electricidad.

En los productos con periodo de liquidación en el primer trimestre de 2017, se adjudicó un volumen total de 100 MW en el sentido exportador de España hacia Portugal, a un precio de 0,08 euros por MWh, y otros 100 MW en el sentido exportador de Portugal a España, a un precio de 0,10 euros por MWh. En los productos con periodo de liquidación en el año 2017 la tendencia fue similar. Se adjudicó un volumen total de 100 MW en el sentido exportador de España hacia Portugal, a 0,07 euros por MWh, y otros 100 MW en el sentido exportador de Portugal a España, a 0,08 euros por MWh.

Competencia autoriza la venta de puntos de GLP de Repsol a Madrileña Red de Gas

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EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia autorizó la operación por la que Madrileña Red de Gas adquiere 41.832 puntos de suministro de instalaciones de gas licuado del petróleo (GLP) canalizado de Repsol Butano. Según Competencia, también se considera necesario y vinculado a la operación un contrato de GLP a granel siempre que no existan «cláusulas de exclusividad».

En septiembre de 2015, Repsol anunció un acuerdo para vender la mayor parte de su negocio de gas canalizado a Gas Natural Distribución y Redexis Gas por 651,5 millones de euros. Los detalles económicos sobre la operación de Madrileña Red de Gas, de menor magnitud, no transcendieron. Estas operaciones forman parte del plan estratégico de Repsol con el que prevé obtener 6.200 millones de euros mediante desinversiones en activos no estratégicos en el periodo 2016-2020.