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España permanece entre los países de la Unión Europea con los carburantes más caros antes de impuestos

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Redacción / Agencias.- España se mantuvo en octubre como uno de los países de la Unión Europea con los precios antes de impuestos de los carburantes más altos, según el Informe de Supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de servicio elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). España conservó la tercera posición en el caso de la gasolina y ascendió de la quinta plaza a la cuarta en la clasificación de países con el gasóleo de automoción más caro.

En octubre, el precio de la gasolina subió un 2,4% en la Península y Baleares, hasta 1,193 euros por litro; mientras que el del gasóleo aumentó un 3,4%, hasta situarse en 1,074 euros por litro. En ambos casos, se trata del segundo mes consecutivo al alza. Por el contrario, el margen bruto promedio de la gasolina bajó un 2,6%, hasta 17,1 céntimos por litro, y el del gasóleo se redujo un 4,7%, hasta 16,3 céntimos por litro. Este margen es el resultado de la resta entre el precio antes de impuestos y el coste del producto, de modo que ahí se incluyen costes como los de comercialización, logística o distribución.

En octubre, los precios más altos de la gasolina correspondieron a las gasolineras de BP, seguidas de las de Cepsa y Repsol. En el caso del gasóleo de automoción, Repsol y Cepsa registraron precios promedio iguales, superiores a las de BP. Los precios de los tres operadores con capacidad de refino en España fueron superiores a los de otras compañías con redes destacadas como Galp o Disa. Asimismo, la demanda de carburantes de automoción creció un 5,7% en septiembre en términos interanuales, pero se redujo un 3,8% respecto a agosto.

Energía remite a la CNMC su propuesta para congelar la parte regulada del recibo de electricidad y gas en 2017

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Redacción / Agencias.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) las propuestas de órdenes por las que se congelan los peajes de acceso de gas y electricidad para 2017, como viene ocurriendo desde la aprobación de las reformas energéticas, que suponen alrededor de la mitad de los recibos de luz y gas y con los que se pagan los distintos costes reconocidos al sistema.

El resto del recibo, tanto en el mercado libre como en las opciones reguladas (PVPC en electricidad y TUR en gas), lo conforman impuestos y el coste del componente energético, muy vinculado a la evolución de las materias primas, que viven un repunte en las últimas jornadas. Así, Energía reconoce que con esta decisión de congelar los peajes «los hogares verán amortiguado» el impacto de las fluctuaciones alcistas en el coste del gas y el petróleo en los mercados internacionales.

Una vez calculados los costes regulados previstos de los sistemas y el escenario de demanda estimado por el Ministerio para 2017, se tomó la decisión de mantener los peajes en los mismos niveles que en 2016, anunció el Ministerio. Según Energía, las previsiones a futuro apuntan a una “situación equilibrada” entre los ingresos y gastos «que permite la contención de la parte regulada de los precios de electricidad y gas».

Sube remuneración a las renovables

En el caso del sector eléctrico, la propuesta de orden refleja una previsión “moderada” de incremento de demanda eléctrica, en el entorno del 0,7% respecto a 2016. La remuneración del régimen retributivo específico para las instalaciones de producción a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos se incrementa en casi 600 millones de euros respecto de la del año anterior, como consecuencia de la revisión de parámetros retributivos que se llevará a cabo para el segundo semiperiodo retributivos 2017-2019. Además de mantener los peajes de acceso, se congelan los precios unitarios de aplicación a los consumidores eléctricos para la financiación de los pagos por capacidad, es decir, lo que cobran determinadas centrales por estar disponibles.

Incertidumbre en la demanda gasista

En lo que se refiere al sector del gas natural, “a pesar de la incertidumbre en la previsión de la demanda, fuertemente condicionada por la temperatura, se prevé un ligero superávit gracias al mantenimiento de los peajes para 2017”, señala Energía. Además, se proponen nuevos peajes de recarga de buques con gas natural licuado, con objeto de “incentivar el cambio hacia combustibles alternativos con menores emisiones de gases invernadero, así como para incrementar la utilización de las plantas de regasificación”.

Encuentro Rivera Rajoy

Ciudadanos lleva al Congreso de los Diputados la división de la CNMC en dos organismos que pactó con el PP

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Europa Press.- Ciudadanos ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para instar al Gobierno a dividir la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en dos órganos independientes, una medida que el partido naranja acordó con el Partido Popular en el pacto de investidura de Mariano Rajoy.

Según la iniciativa, que se debatirá en la Comisión de Economía y Competitividad, la actual CNMC debería dar lugar a dos nuevas entidades: una Autoridad Independiente de Regulación de los Mercados (AIReM) y una Autoridad Independiente de Defensa de la Competencia (AIDeCo), siguiendo «el modelo vigente en la mayoría de países de nuestro entorno». En concreto, Ciudadanos propone que la AIReM asuma las funciones de supervisión y control de todos los sectores económicos, en especial los de gas y electricidad.

Además, Ciudadanos apuesta por que esta nueva entidad recupere competencias que fueron asumidas por ministerios y direcciones generales tras la creación de la CNMC durante la reforma de los organismos regulatorios en 2013, cuya supervisión y regulación sería asumida por la AIReM. Aquel año se fusionaron en la CNMC seis organismos (Comisión Nacional de la Competencia, Comisión Nacional de Energía, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Comisión Nacional del Sector Postal, Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y Comité de Regulación Ferroviaria y Aeroportuaria). Ciudadanos critica que aquella reforma «fue realizada sin consenso y acaparó críticas tanto de expertos como de organismos internacionales, incluida la Comisión Europea». «No tiene sentido cuando se hace en tantos ámbitos y tan dispares», señala Ciudadanos.

Respecto a la AIDeCo, Ciudadanos propone que asuma las funciones de promoción de la competencia, de aplicación de la normativa española y europea de defensa de la competencia y de garantía de la unidad de mercado. Asimismo, esta entidad desarrollaría las funciones de protección y defensa de los consumidores y usuarios siguiendo el modelo imperante en la Unión Europea, «sin perjuicio de las competencias que corresponden a las comunidades autónomas».

«Para que el mercado funcione, es necesario dejar el máximo espacio posible a la iniciativa privada, pero dentro de unas reglas de juego claramente impuestas e imparcialmente ejecutadas», subrayan desde la formación. En este sentido, consideran «absolutamente imprescindible un organismo auténticamente capaz de velar por la competencia efectiva en los mercados y de evitar el abuso de las posiciones dominantes».

La CNMC cree que la oferta de paquetes de electricidad y gas beneficia a grandes grupos frente a los pequeños

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Redacción / Agencias.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que el empaquetamiento de servicios eléctricos y de gas natural “podría estar beneficiando a los grandes grupos energéticos, con presencia en ambos sectores, frente a pequeños nuevos entrantes que operen solamente en uno de ellos”. Según datos del Panel de Hogares, los grandes grupos se reparten la cuota de mercado en los hogares que contratan el gas y la electricidad con el mismo operador.

El grupo empresarial con mayor presencia entre los hogares que contratan ambos servicios con un mismo operador es Gas Natural Fenosa/Gas Natural SUR, con un porcentaje del 41,7% de estos clientes domésticos. Le siguen Endesa, con un 24,7%, Iberdrola (19,9%), Grupo EDP (11,8%) y Viesgo (1,8%). Por otra parte, el informe, correspondiente al segundo trimestre de 2016, destaca que 4 de cada 10 hogares, el 44,4% de los hogares españoles, no sabe cuál es la tarifa eléctrica de su suministro, mientras que el 26,9% desconoce la potencia que tiene contratada. Asimismo, casi el 22% declara tener tarificación por horas (contador digital), 2 puntos más que a finales del año pasado.

Otros datos revelados son que el 39,7% de los hogares españoles contrata servicios de electricidad y de gas natural, mientras que el 23,1% dispone de electricidad y butano y un 19,8% cuenta sólo con la electricidad como único suministro energético. Entre los hogares con gas natural, un 51,7% contrata el gas natural y la electricidad con la misma compañía. La razón más mencionada para la contratación conjunta es la comodidad (41,8%), pero también los consumidores aluden a motivos relacionados con los descuentos y ahorros que se producen cuando se contratan ambos servicios con un proveedor.

El déficit eléctrico provisional asciende a 1.599 hasta agosto, 342 millones menos de lo previsto

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Redacción / Agencias.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son inferiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.599 millones de euros hasta agosto, un 17% por debajo del escenario previsto. Las previsiones apuntan a una reducción progresiva del déficit provisional que propicie el equilibrio entre ingresos y costes a cierre del ejercicio. De hecho, la tendencia apunta a un nuevo superávit en 2016, tras los de 2014 y 2015.

La cifra de 1.599 millones de euros, incluida en la octava liquidación del sistema eléctrico de 2016 elaborada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), es 342 millones inferior a la prevista. Ya en la liquidación de julio, el sistema eléctrico evolucionaba 249,5 millones mejor de lo previsto. El organismo presidido por José María Marín Quemada explica que la mejor evolución del sistema eléctrico se debe al buen comportamiento de los ingresos por peajes de acceso de consumidores, que fueron 135 millones superiores, y a los menores costes de las renovables y la cogeneración, inferiores en 151 millones a lo previsto.

La demanda en consumo registrada en la liquidación fue un 0,5% inferior al valor promedio observado en años anteriores, mientras que los ingresos por peajes de acceso de consumidores resultaron un 1,7% superiores al valor promedio histórico. El déficit hasta agosto es resultado de que los ingresos totales del sector eléctrico fueron de 9.837 millones mientras que los costes sumaron 11.436 millones. El coeficiente de cobertura de esta liquidación se ha situado en el 83,38%. Este porcentaje recoge la proporción de retribución que van cobrando los agentes del sector en función de la entrada de ingresos en el sistema eléctrico.

En cuanto a la retribución a las renovables, la CNMC ha gestionado la liquidación de 63.688 instalaciones con derecho a retribución específica en agosto. La liquidación provisional a cuenta correspondiente a la energía generada por estos productores desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto de 2016 ascendió a 4.332 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. La cantidad a pagar a cuenta a los productores en esta liquidación ascendió a 577 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente.

Por otro lado, los ingresos netos liquidables del sistema gasista fueron de 1.607 millones de euros, lo que supone una disminución del 6,4% respecto a los ingresos netos liquidables del mismo periodo del 2015. La retribución fija acreditada a las empresas ascendió a 1.936 millones de euros, un 1,7% superior a la del 2015. El déficit provisional se situó en 329 millones y el índice de cobertura se ha situado en el 83% de la retribución acreditada. La demanda de gas natural facturada hasta agosto, ascendió a 193,5 teravatios hora (TWh), lo que representa un descenso del 0,7% respecto al 2015 al reducirse la demanda de gas para generación eléctrica.

La CNMC pide más competencias para evitar que se haga política con la tarifa eléctrica y para hacer propuestas vinculantes

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Redacción / Agencias.- El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, reclamó que las propuestas regulatorias que realiza el organismo en materia energética sean vinculantes, para lo que se le debe otorgar competencias que actualmente corresponden al Gobierno. Con más competencias cree que evitaría, entre otras cosas, que los gobiernos hagan «política industrial a través de las tarifas eléctricas».

Durante su intervención en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, Marín Quemada ha insistido en que las actuaciones del organismo serían “mucho más eficaces” si tuviera las competencias que establecen las directivas europeas. «Somos el único regulador de la energía en la Unión Europea cuyas decisiones en ámbitos muy relevantes no son vinculantes», subrayó Marín Quemada, que recordó que Bruselas tiene muy avanzado un procedimiento contra España por este motivo, que puede terminar en «importantes sanciones» si no se introducen los cambios legislativos que exigen las directivas.

En este sentido, Marín Quemada ha indicado que en Europa consideran que determinadas cuestiones es mejor que las lleven a cabo los reguladores, más que los gobiernos «por su independencia, capacidad técnica y grado de transparencia». A juicio del presidente de la CNMC, contar con más competencias evitaría que los gobiernos hicieran política industrial a través de las tarifas eléctricas, “lo que contribuiría a evitar las dudas de los ciudadanos sobre el sector y a incrementar la eficacia del sistema en su conjunto, lo que es algo esencial para el bienestar de los consumidores en el largo plazo», ha remarcado.

Marín Quemada ha puesto como ejemplo de los beneficios que tendría para los ciudadanos hacer sus decisiones vinculantes el informe para calcular la retribución de las empresas titulares de instalaciones de transporte de electricidad, donde la CNMC valoró la propuesta del Ministerio de Industria y recomendó cambios que suponen una rebaja del 24% de los costes de operación y mantenimiento. Respecto a las sanciones, señaló que en estos tres años se ha impulsado la actividad sancionadora y la atención a los consumidores, «que se ha convertido en una prioridad», y añadió que la finalidad de estas es disuasoria, no recaudadora, pese a que ha supuesto importantes ahorros a los consumidores.

Defiende el modelo de CNMC

Por otro lado, Quemada defendió que el «enfoque integrado» del organismo, que une el control de la competencia y la regulación de mercados, permite «una mayor eficacia y seguridad jurídica» aunque aseguró que acatará lo que determine el Congreso si se aprueba cambiar el modelo. Eso sí, recordó que no tuvo nada que ver en la creación del modelo. «Me encontré un modelo en el BOE», apuntó. Además, sostuvo que se trata de «una estrategia plenamente consolidada» en Europa y destacó que «otras autoridades están reproduciendo nuestra forma de actuar».

«La CNMC ya ha alcanzado su velocidad de crucero y hemos conseguido superar las numerosas vicisitudes de un proceso de fusión complejo», señaló Quemada, quien añadió que «es una organización integrada más fuerte y efectiva para los ciudadanos». En esta línea, destacó que las actuaciones contra los cárteles realizadas desde 2011 suponen un ahorro para los consumidores de más de 640 millones de euros anuales, cifra que asciende hasta 1.260 millones en 2014 y 2015. Por último, incidió en la necesidad de revisar la Ley de Competencia de 2007 para adaptarla a los cambios tecnológicos y para incrementar las sanciones para que sean realmente disuasorias con medidas como la prohibición de que los implicados en cárteles participen en concursos públicos.

Marín Quemada (CNMC) relativiza el impacto en el empleo de las gasolineras desatendidas y niega que supongan problemas de seguridad

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Redacción / Agencias.- El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, reiteró su defensa de las gasolineras desatendidas, ya que la mayor parte de las estaciones tradicionales tienen solo un empleado que, según su punto de vista, se dedica a cobrar la gasolina que los propios clientes se han echado y las cosas que puedan comprarse en el camino de la puerta del establecimiento a la caja, curiosamente situada «al final de la tienda».

Así se expresó Marín Quemada en una comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, donde valoró el impacto que pueden tener estas gasolineras como elemento dinamizador del mercado en un entorno como el de crecimiento del precio del crudo que se produce en estos momentos «haciendo frente a una situación oligopolista». Además, destacó que permiten dar servicios en lugares en que las tradicionales no son rentables y descartó que puedan suponer problemas de seguridad, por lo que Marín Quemada vinculó las críticas al informe presentado recientemente por la CNMC sobre las gasolineras automatizadas, donde expone que ayudará a fomentar la competencia en el sector. «¿Qué no interesa a todos? Esto es otra cuestión«, consideró el regulador.

Por otro lado, incidió en que con su propuesta la CNMC no está planteando nada distinto a lo que se hace en otros países «con éxito». Así, apuntó que las estaciones de servicio automatizadas suponen ya el 60% del total en Suecia y el 65% en Dinamarca, mientras que en Bélgica se aproximan al 20% y en Holanda al 23%. Asimismo, señaló que en España ya existen «un número relevante de estaciones desatendidas», en referencia a las de cooperativas agrarias, que según aseguró «nunca dieron ningún problema y son bien percibidas por los usuarios». Por último, defendió que estas establecimientos «están dirigidos a los usuarios que lo deseen y los que prefieran seguir yendo a gasolineras tradicionales podrán seguir haciendo».

Finalmente, criticó que cuando los precios del crudo bajaron, este descenso no se reflejó totalmente en los carburantes por lo que el aumento del número de gasolineras automáticas o desatendidas “será bueno para elevar la competencia y bajar los precios de los carburantes”. Frente a esta defensa, la diputada del PSOE, Ana María Botella, ha apuntado los problemas de empleo o seguridad que pueden conllevar este tipo de gasolineras y le ha pedido que tenga una reunión más amplia con los agentes del sector. El informe de la CNMC causó reacciones de sindicatos y algunos grupos políticos, que criticaban también los problemas de atención a determinados colectivos, como los minusválidos.

Los acogidos al bono social caen un 17,5% desde 2010, hasta los 2,4 millones, por la mayor potencia contratada

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EFE.– La cifra de beneficiarios del bono social, que supone una rebaja del 25% en la factura eléctrica, terminó mayo en 2,4 millones, lo que supone un descenso del 1% frente al mismo mes de 2015 y del 17,5% desde 2010, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Un dato que se debe al descenso en 0,7 millones del grupo de consumidores con menos de 3 kW de potencia contratada.

El organismo regulador, que destaca una estabilización en los beneficiarios de bono social, recuerda que a este descuento pueden acogerse distintos colectivos: pensionistas mayores de 60 años con la pensión mínima, familias numerosas, familias con todos sus miembros en paro y consumidores con menos de 3 kW de potencia contratada. También detalla cómo han evolucionado el número de acogidos desde 2010 en las distintas categorías.

La cifra de familias numerosas acogidas aumentó un 143% respecto a 2010, de 88.257 a 214.563, mientras que el número de familias en paro beneficiarias se triplicó, de 21.658 en 2010 a 76.563 en 2016. Frente a esto, los consumidores con menos de 3 kW contratados acogidos al bono han caído un 18%, desde 2,5 millones a 1,8 millones, y los pensionistas subieron un 3,9%, de 308.229 a 320.254. Competencia señala que estos aumentos en el acceso al bono social se debe a que los consumidores disponen de mayor información.

La OCU denuncia ante la CNMC solamente a las principales compañías eléctricas por “confundir al consumidor con el precio libre”

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Europa Press / Servimedia.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado a las principales compañías eléctricas ante la CNMC por generar “confusión” entre los consumidores “al no separar de forma clara el precio regulado de las ofertas en el mercado libre”. Esta confusión, indica la organización, «está prohibida expresamente por la Ley del Sector Eléctrico» y su efecto causa «un perjuicio notable a los consumidores que en su gran mayoría desconocen con quién están contratando la electricidad».

La OCU indica que la Ley del Sector Eléctrico prohíbe a las empresas que desarrollan actividades reguladas (distribución y comercializadoras de referencia) y actividades liberalizadas (comercialización en el mercado libre) crear confusión en la presentación de su marca y la información que ofrecen a los consumidores. «La norma obliga a establecer una separación clara entre las comercializadoras de referencia, que tienen obligación de suministrar a los consumidores la tarifa regulada Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor o PVPC, de las comercializadoras pertenecientes a ese mismo grupo, pero que ofrecen electricidad en el mercado libre«, indica.

Sin embargo, aunque la ley es clara en esta materia, OCU denuncia que la realidad es bien distinta para los consumidores. A su juicio, Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo «incumplen claramente la ley y presentan una información confusa en aspectos básicos para los consumidores como son el nombre comercial de las compañías, las páginas web y logos corporativos, que son prácticamente idénticos». Además, la organización señala que estas compañías comparten los e-mail de contacto con los clientes e incluso «en algunos casos como Iberdrola tienen el mismo teléfono de atención al cliente».

Para OCU los efectos que provoca esta confusión en la identidad de las empresas que prestan el suministro de electricidad son «claros». «La mayoría de los consumidores desconoce exactamente cuál es su comercializadora más allá del grupo al que pertenece, y con ello desconoce un hecho fundamental, cuál es su tarifa y las condiciones comerciales que le aplican», señala. «Esta situación es terreno abonado para los abusos«, indica la organización, para la que la confusión entre empresas del mismo grupo daña la «exigua competencia en el mercado de la electricidad».

Por último, recordó que la normativa del sector eléctrico califica como grave esta infracción y establece sanciones que van desde 600.000 a los 6 millones de euros, por lo que pidió a la CNMC «que aplique lo dispuesto en la Ley para impedir la confusión de marca entre las empresas del mismo grupo y evite el perjuicio que esta situación provoca sobre el nivel de competencia del mercado eléctrico y por extensión en los consumidores».

156 distribuidoras de electricidad todavía no reemplazaron el 35% de sus contadores y serán investigadas por no cumplir los plazos

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Redacción / Agencias.- 156 distribuidoras no cumplieron a finales de 2015 el objetivo fijado para 2014 de sustituir el 35% de su parque de contadores analógicos por telegestionados, los conocidos como inteligentes, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Además, Competencia señala que existen distribuidoras de electricidad que, disponiendo de contadores inteligentes, emiten un porcentaje muy reducido de facturas basadas en curvas de consumo horario, o que no han puesto a disposición del consumidor sus curvas de consumo horario.

El organismo presidido por José María Marín Quemada ha anunciado que abrirá actuaciones previas para analizar los casos en los que se incumplen los plazos de sustitución de los contadores y en los que han instalado más de 1.000 inteligentes y no han emitido curvas de consumo horario. En global, el número total de contadores inteligentes a cierre del pasado año ascendía a 14,49 millones, lo que supone que el 51% de los contadores analógicos ya ha sido sustituido en España. Un dato que no es óbice para que haya esas 156 distribuidoras de electricidad que no están cumpliendo los plazos para reemplazar sus contadores.

Contadores inteligentes, integrados y telegestionados

Según el informe de seguimiento y aplicación de los datos procedentes de equipos de medida correspondiente al segundo semestre de 2015, al 90% de los consumidores con este tipo de contador se le facturó utilizando sus curvas de consumo horario. De estas medidas horarias, un 91,6% correspondieron a medidas reales. Los contadores telegestionados son equipos capaces de medir de forma remota el consumo horario de energía eléctrica de los usuarios.

La normativa vigente establece que las distribuidoras deben realizar la sustitución de los contadores analógicos y posteriormente integrarlos en sus sistemas de telemedida y telegestión para poder realizar las lecturas horarias de forma remota de aquellos consumidores con una potencia contratada de hasta 15 kW. Al tratarse de un proceso técnicamente complicado, se estableció un cambio gradual. Así, a fecha 31 de diciembre de 2014, un 35% del total del parque de contadores de hasta 15 kW de potencia contratada debían estar sustituidos. Entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, debía cambiarse un 35% adicional, y entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, el 30% restante.