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El Supremo admite a trámite el recurso de APPA contra la orden que revisa los parámetros retributivos a las renovables

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Europa Press / EFE.- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) contra la orden ministerial de actualización de los parámetros retributivos de las instalaciones de energías renovables para el semiperiodo regulatorio 2017-2019, que comenzó el 1 de enero, por considerar que reduce los ingresos que deberían percibir. La Sala de lo Contencioso-Administrativo admitió el recurso, presentado por la firma Holtrop SLP Transaction & Business Law, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La Ley del Sector Eléctrico establece periodos regulatorios de seis años, tras los cuales se pueden revisar diferentes parámetros retributivos, pero también semiperiodos de tres años, el primero de los cuales finalizó en 2017, al término de los cuales se revisan las previsiones de ingresos por la venta de energía en el mercado. Esa primera revisión al cumplirse los primeros tres años la llevó a cabo el Ministerio de Energía en febrero de este año, para lo cual fijó unos precios esperados para los años 2017, 2018 y 2019 de entre 41 y 43 euros el megavatio hora (MWh), que luego para 2020 en adelante sitúa en 52 euros, un 25% más que los estimados para antes de esa fecha.

En el cálculo de la retribución que perciben como complemento a los precios las instalaciones de energías renovables, para las que la Ley del Sector Eléctrico garantiza una rentabilidad razonable del 7,4%, se tiene en cuenta el precio de mercado previsto, que se basa en los futuros de OMIP. Si los precios previstos son más altos que los reales, la retribución que reciben las instalaciones será menor lo que, según el director general de APPA, José María García-Moya, hará que el sector deje de percibir 600 millones de euros sobre lo que considera que les correspondería en el semiperiodo 2017-2019.

García-Moya explica que ello se debe a que cómo la estimación que recoge la orden es que a partir de 2020 cobrarán 52 euros por MWh, en el semiperiodo de tres años, en que los ingresos previstos son de 42,84 euros/MWh en 2017; 41,54 euros/MWh en 2018 y 41,87 euros/MWh en 2019, no hay que retribuirles para complementar el precio, ya que en el futuro aumentarán sus ingresos. De hecho APPA subraya que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya denunció esta distorsión, remarcando la «inconsistencia» y la «abierta contradicción» que supone incrementar el precio previsto del mercado a partir del año 2020 en más de un 24% respecto a las estimaciones consideradas en otras órdenes.

APPA destaca que el recurso tiene «una importancia capital» para la viabilidad de las empresas del sector renovable, que en el primer semiperiodo regulatorio ya dejaron de ingresar 930 millones de euros, de los cuales 574 millones «los han perdido de forma definitiva». La asociación considera que esto supone quitarles a las renovables lo que tenían reconocido y les detrae ingresos, al tiempo que reclama un sistema que dé a la industria renovable mayor certidumbre y que las revisiones sean «más armonizadas». Sin embargo, el Ministerio de Energía esgrimió que la revisión de los parámetros supondría un incremento de la retribución para estas instalaciones de unos 600 millones al año.

La CNMC advierte a Energía de que su plan para los purines dejaría a la mitad del sector sin retribución

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Redacción / Agencias.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advirtió al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de que su propuesta sobre la revisión retributiva para las plantas de purines de porcino dejará a más de la mitad de las instalaciones sin retribución.

Concretamente, la CNMC señala en un informe, sobre la propuesta de orden de parámetros retributivos para instalaciones tipo de tratamiento y reducción de purines, que la intención de Energía de reducir la vida útil regulatoria de las plantas de 25 a 15 años hará que, antes de que concluya 2017, más de la mitad de las 33 instalaciones existentes ya hayan alcanzado o superado el tiempo durante el cual tienen derecho a recibir retribución. El regulador ha recordado que, además, muchas de esas instalaciones, de gran importancia para prevenir el impacto medioambiental que tendrían unos residuos como los purines en caso de filtración en el subsuelo, han estado inactivas durante gran parte de 2014, así como en 2015 y 2016.

La propuesta de Energía obedece a una sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2016 en la que se declaran nulos algunos elementos que formaban parte de la retribución a las plantas de tratamiento de purines porcinos.Además, el Supremo declaró que la orden ministerial IET/1045/2014 de parámetros retributivos ignoró las «singularidades» que la normativa precedente había reconocido a estas instalaciones con respecto a las de cogeneración. Tras la elaboración de la propuesta para cumplir la sentencia, el regulador ha redactado un informe en el que realiza varias observaciones acerca de la futura regulación propuesta por el Ministerio de Energía.

Aparte de las consideraciones sobre la posible retirada de la retribución, la CNMC advierte de que Energía, al calcular la nueva vida útil regulatoria de 15 años, parece considerar que, de forma genérica, una planta de tratamiento de purines funciona 8.000 horas anuales. «Incluso antes de la reforma regulatoria de 2014 pocas plantas han logrado tales niveles de actividad, dado que supondría que estarían funcionando de forma constante y a plena carga durante 11 meses de producción ininterrumpida», replica el regulador. La CNMC recuerda que la sentencia del Supremo no requiere al Ministerio que modifique la vida útil regulatoria de las plantas y, en todo caso, considera que los cambios propuestos «no estarían adecuadamente justificados».

Finalmente, en lo referido a los precios del gas natural que se tienen en cuenta para retribuir la operación de las plantas de purines, la CNMC señala que se debería adoptar un “criterio homogéneo”. De esta forma, en cada momento se utilizaría el mejor valor disponible, en función de datos reales, siempre que esto fuera posible. La propuesta del Ministerio incluye una serie de precios reales y estimados, de forma que el ajuste por las bajadas en el coste de combustible registradas en 2016 se podría repercutir a las plantas de purines dos veces, en lugar de una, señala. Este desfase, señala el organismo regulatorio en su informe, podría prolongarse, en el peor de los casos, hasta finales de 2019.

Además de las dos sentencias del Supremo de junio del año pasado que anuló dos anexos de la orden de parámetros retributivos, una nueva resolución de este tribunal ha vuelto a dar la razón a la empresa Energyworks en respuesta a otro recurso en el mismo sentido y ordena a la Administración a que en un plazo de cuatro meses apruebe una nueva regulación que sustituya a la de la instalación tipo que anula ahora por ser disconforme a derecho.

Los usuarios del bono social descienden un 1,1% en 2016 pese a aumentar entre familias numerosas o de desempleados

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Europa Press / EFE.- El promedio de consumidores acogidos al bono social de electricidad ascendió a 2,42 millones a cierre de 2016, lo que supone un descenso del 1,1% con respecto al ejercicio anterior, a pesar del aumento más del 10% entre familias numerosas y hogares con todos los miembros en situación de desempleo.

Según el último informe de indicadores eléctricos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el descenso en 2016 se debe, como viene ocurriendo en los últimos ejercicios, al menor número de consumidores domésticos con potencias contratadas inferiores a 3 kilovatios (kW). Este grupo de beneficiarios del bono social, que es el más numeroso entre los distintos perfiles de usuarios con derecho a la ayuda, ascendió a 1,79 millones en el promedio de 2016, un 4,2% menos que en 2015 y el 72,7% del total de beneficiarios.

Aparte de potencias inferiores a 3 kW, el bono social también lo pueden disfrutar los perceptores de pensiones mínimas, las familias numerosas y los hogares con todos los miembros en situación de desempleo. Los pensionistas que recibieron la ayuda en 2016 fueron un promedio de 322.060, un 5,5% más y el 13,7% del total, mientras que entre las familias numerosas hubo 216.139 beneficiarios, un 14,9% más y el 9,4% del total. Entre las familias en desempleo se produjo un incremento del 12,8%, hasta 73.571 usuarios, representando el 3,23% del total.

Los beneficiarios del bono social consumieron el año pasado 2,29 millones de megavatios hora, un 4% más que en 2015. De ese consumo, el 56,4% corresponde a los usuarios con una potencia contratada inferior a los 3 kw; el 20,2% a las familias numerosas; el 18,1% a pensionistas; y el 4,5% a desempleados. Las familias numerosas son las que más consumen de media (4.013 kilovatios hora anuales), seguidas por los desempleados (2.611 kilovatios hora anuales) y los pensionistas (2.408 kilovatios hora anuales). Los que consumen menos son los usuarios con potencias contratadas inferiores a 3 kw (1.351 kilovatios hora anuales).

Como parte del desarrollo normativo del nuevo mecanismo de financiación del bono social, el Ministerio de Energía prevé un nuevo sistema de reparto de la ayuda en función de la renta. Energía considera que la actual definición de beneficiarios «tiene una relación muy indirecta con las categoría de renta», lo que consideran que justifica vincular la ayuda al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). Con esta definición, «puede haber consumidores que realmente necesiten la ayuda del bono social y no la estén recibiendo«, así como «beneficiarios que no requieran realmente del descuento del 25% en su factura eléctrica».

La CNMC coincide con Energía en la necesidad de que Endesa y Gas Natural animen el mercado del gas natural

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) coincide con el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en la necesidad de obligar a los operadores dominantes del sector del gas natural, Endesa y Gas Natural Fenosa, a ejercer de creadores de mercado dentro del mercado organizado Mibgas.

Esta iniciativa, contemplada como opción dentro de la ley, fue presentada precisamente por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, como principal medida para contener las subidas del precio del gas y, con ello, aplacar el encarecimiento de la electricidad registrado en enero en el mercado mayorista. En un informe, la CNMC propone una metodología para desarrollar la medida de Energía. El regulador coincide en que los actuales niveles de liquidez de Mibgas son «insuficientes» y en la necesidad de «continuar introduciendo medidas de fomento de liquidez, como el establecimiento de las obligaciones de creador de mercado a los operadores dominantes».

Para el regulador, las medidas de fomento de liquidez asociadas al nuevo papel de Gas Natural Fenosa y Endesa deben concentrarse en los productos diario y mensual con el objetivo de lograr un incremento en los volúmenes diarios de hasta el 2,5% de la demanda diaria. De esta forma, se podría duplicar la liquidez en el primer año del producto diario y multiplicar por más de 10 la del producto mensual. Si se duplicase la liquidez en ambos productos en 2018 y 2019 y en años siguientes con incrementos similares a los de los mercados europeos se alcanzaría el objetivo.

Con este propósito, el organismo presidido por Marín Quemada propone que las obligaciones de cantidades a ofertar para cada operador dominante se establezcan de forma proporcional a su cuota de aprovisionamientos de gas al sistema gasista español. En este sentido, propone que la separación máxima de precios de las ofertas del creador de mercado sea de 0,5 euros por megavatios hora (MWh) tanto para el producto Diario D+1 como para el producto del mes siguiente. En cuanto a la cantidad máxima a ofertar, se propone que el límite máximo de cantidad a casar en el conjunto del año sea igual al 5% del volumen anual de aprovisionamientos de gas a España de cada operador dominante.

Debido a la importancia que tiene la logística del gas natural licuado (GNL) en el aprovisionamiento nacional y que estos aprovisionamientos se programan normalmente con bastante antelación, la CNMC considera que los nuevos creadores del mercado deberán priorizar en sus ofertas el producto mensual seguido del producto diario, para favorecer el desarrollo de los productos con mayores plazos de entrega.

En la actualidad, en el hub del gas solo existe una empresa, Gunvor Internacional, que ejerce de creador de mercado. Para ilustrar el modesto peso de Mibgas, la CNMC indica que en 2016 este mercado negoció un volumen equivalente al 2% de la demanda nacional, una cantidad «muy inferior a la negociada en otros países europeos con sistemas similares». Para dotar de mayor liquidez al mercado del gas, la legislación establece que si no hubiera operadores dispuestos a generarla voluntariamente o se considerase que su aportación es insuficiente, el Gobierno podrá establecer obligaciones de creador de mercado a los comercializadores gasistas que sean operadores dominantes.

El sector eléctrico reclama para las renovables una rentabilidad fija, no revisable, mientras la CNMC pide cambios en la subasta

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) propone modificar varios aspectos de la próxima subasta de renovables, que se celebrará finalmente el 17 de mayo, y en la que se adjudicará hasta un máximo de potencia de 3.000 megavatios (MW), con el fin de que sea más competitiva y transparente. Asimismo, varias asociaciones empresariales solicitan que la próxima subasta garantice a los adjudicatarios una rentabilidad razonable fija.

Esta inquietud responde en buena parte a la incertidumbre que viene acompañando al marco retributivo de las renovables y aparece recogida en las alegaciones al borrador de resolución con los detalles de la subasta presentadas por las asociaciones ante el Consejo Consultivo de Electricidad de la CNMC. En su informe sobre la subasta, el regulador explica que ha recibido alegaciones de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), de la Asociación Eólica de Galicia (EGA), de la asociación de empresas termosolares Protermosolar, de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa).

Las asociaciones solicitan que se modifique la propuesta de decreto y orden ministerial, de modo que «la rentabilidad razonable tenga un valor fijo no modificable a lo largo de la vida útil de las instalaciones, tanto para la existentes, a las que ya se las sometió a una revisión de la rentabilidad una vez realizadas las inversiones, como para las futuras«. Algunas alegaciones van más allá y piden que todos los parámetros de las instalaciones, que se utilizan para elaborar las ofertas de la subasta, no puedan sufrir modificaciones a lo largo de toda la vida útil de la instalación.

Otro aspecto que genera controversia en el sector es el de la neutralidad tecnológica. Sobre ellas, las alegaciones van desde la petición de cupos específicos por tecnología a la denuncia, como hace UNEF, de una falsa neutralidad tecnológica que favorece a la eólica. Las propuestas también incluyen la reducción de 6 a 3 meses en el periodo de identificación de las plantas ganadoras, con el objetivo de garantizar que solo proyectos maduros sean los adjudicatarios.

Varias alegaciones consideran que la decisión del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de subastar 2.000 MW y reservarse la posibilidad de elevar esta capacidad en 1.000 más conforme a unos criterios recogidos en un anexo confidencial «no está justificada», según las alegaciones presentadas a la CNMC. Este anexo, según algunas alegaciones, «reduce la transparencia de la subasta». De ampliarse la puja hasta 3.000 MW, consideran que deberían fijarse nuevas fechas y volúmenes de potencia adicional para su subasta.

CNMC: más competitiva y transparente

En concreto, el regulador, que ha emitido dos informes sobre las propuestas del Ministerio de Energía para la subasta, solicita que el volumen por el que las empresas de energías renovables presentarán sus ofertas «sea vinculante respecto al valor de referencia fijado por el Ministerio» para cada tipo de tecnología renovable. Según el organismo presidido por José María Marín Quemada, esta medida posibilitaría tener certidumbre sobre la presión competitiva que existe por parte de las empresas antes de la subasta.

Asimismo, recomienda que la cantidad de potencia adjudicada finalmente en la subasta no sea inferior a la potencia a subastar. Para el regulador, este supuestos podría darse si las empresas de renovables que acuden a la subasta ofertasen un volumen de potencia superior, por ejemplo, a la hora de pujar por determinados bloques de energía que son indivisibles y superaran el monto ofertado. Además, la CNMC considera que a la hora de ordenar las ofertas para adjudicar los distintos bloques subastados, en caso de indeterminación o empate, se elimine el criterio del número de horas equivalentes de funcionamiento de las distintas instalaciones de energía renovables.

Por otra parte, afirma que antes de que se celebre la subasta, la entidad administradora (OMIE) debe proponer a la Secretaría de Estado de Energía los criterios por los que la subasta podría aplazarse. Para el regulador, también se debería evitar que las empresas que resulten asignatarias deban presentar garantías (efectivo, avales y seguros de caución) por duplicado. Concretamente, señala que este supuesto afectará a las empresas que se adjudiquen alguno de los bloques subastados porque deberán presentar una serie de garantías antes de participar en la subasta (garantías de participación), y otras posteriormente, cuando se inscriban en el registro empresas de régimen retributivo específico.

En cuanto a la resolución que establece la convocatoria de la próxima subasta de renovables, la CNMC propone como principal recomendación que no se establezcan límites a los descuentos (valores máximos del porcentaje de reducción) que las empresas renovables ofrecerán en su puja con respecto al valor estándar que ofrece el Ministerio. Todo ello, con el fin de que «no se reduzca la presión competitiva en la subasta, y de no restringir la horquilla de descuentos dentro de la cual las ofertas pueden ordenarse sin necesidad de recurrir a criterios de desempate más discutibles». Finalmente, la CNMC subraya que desconoce la propuesta de anexo confidencial.

La CNMC propone rebajar entre un 16% y un 76,6% el precio del alquiler de los contadores de gas

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Europa Press.-Facua reclama al Gobierno que adopte las medidas necesarias «para ajustar a los costes reales» el precio que pagan los consumidores de gas por el alquiler de los contadores, tal y como señala la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que propone rebajar entre un 16% y un 76,6% el precio, dependiendo del tipo de equipo, lo que implicaría, de media, un ahorro de unos 8 euros al año para los 6,8 millones de consumidores con contador alquilado.

Así se desprende del primer estudio sobre el precio que deberían pagar los consumidores domésticos de gas por el alquiler de sus contadores, según establece el Real Decreto 1434/2002. Anualmente, el Gobierno publica en una orden ministerial los precios del alquiler de contadores de gas, que varían en función del tipo de consumidor (doméstico, empresa, etc.), y del caudal, cantidad de gas, que circula por equipo. Hasta el año 2013, de media, estos precios subían anualmente entre el 2,5% y el 3,6%. Sin embargo, han estado congelados desde ese año.

Un 99,2% lo tiene alquilado

Los consumidores pagan mensualmente a su empresa comercializadora a través de su recibo del gas el precio estipulado por el alquiler del contador junto con el resto de conceptos facturables (peajes, consumo de gas, impuestos). Un 99,2% tiene alquilado su contador. Los precios que pagan los consumidores domésticos oscilan entre 0,69 euros mensuales (hasta 3 metros cúbicos por hora) y los 2,64 euros mensuales (hasta 10 metros cúbicos por hora), dependiendo del caudal del contador que tengan alquilado. La secretaria general de Facua, Olga Ruiz, denunció que “las empresas están cobrando a los usuarios más de lo que les correspondería».

Hasta la fecha, no ha existido una metodología concreta de costes para fijar el precio del alquiler de estos equipos, entre otras cosas, porque las empresas distribuidoras no cuentan con una separación contable que diferencie los ingresos que perciben y los costes en los que incurren por el alquiler de estos equipos, frente al resto de ingresos y costes de la actividad de distribución. En consecuencia, la CNMC ha solicitado información económica para llevar a cabo un análisis metodológico que concluye que los precios por el alquiler de estos equipos deberían bajar entre el 16% y el 76%, dependiendo del tipo de contador del usuario.

PetroLow Cost y Fast Fuel lanzan el negocio de las franquicias de gasolineras desatendidas con carburantes 10 céntimos más baratos

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Europa Press.- Dos empresas, PetroLow Cost y Fast Fuel, se encuentran en la avanzadilla de un nuevo modelo de negocio consistente en una red de franquicias de gasolineras desatendidas, en las que se ofrece como principal reclamo un precio reducido del carburante.

Estas gasolineras, también conocidas como fantasma, generan división desde su implantación. Aunque la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y varias comunidades autónomas las apoyan, los sindicatos y los operadores tradicionales advierten del daño que puede provocar al empleo y cuestionan su accesibilidad y seguridad. PetroLow Cost presume de ser la primera gasolinera autoservicio en un entorno urbano, instalada en 2011, y ha desarrollado un nuevo modelo de negocio en régimen de franquicia en las que ofrece su experiencia y su infraestructura.

Por su parte, Fast Fuel anuncia que este año dispondrá de 7 estaciones de servicio operativas y que ha iniciado un plan de expansión nacional a través del sistema de franquicias que presentó de manera oficial en Expofranquicia. Fast Fuel cuenta con una unidad propia en funcionamiento desde hace dos años y seis más en su última fase de construcción. Su modelo de franquicia, indica, permite recuperar la inversión, de aproximadamente 189.000 euros, en dos años. Sus establecimientos ofrecen llenar el depósito con combustible a precios más económicos, entre 10 y 12 céntimos por debajo de su precio medio, gracias a su reducción de costes.

Los márgenes de la gasolina y el gasóleo suben hasta un 11% en enero

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Europa Press.– El margen bruto medio de la gasolina experimentó un incremento del 8,5% en enero, o de 1,38 céntimos por litro, mientras que el del gasóleo aumentó un 11%, o 1,79 euros por litro, según el último informe de distribución de carburantes en estaciones de servicio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Tras estos incrementos, el margen bruto obtenido por los operadores asciende a 17,7 céntimos por litro en el caso de la gasolina y a 18 céntimos por litro en el del gasóleo. Este margen es el resultado de restar al precio tanto los impuestos como los costes de la materia prima, de modo que incluye partidas como la logística, distribución o comercialización de los productos.

Incremento de precios en enero

El incremento en los márgenes se produjo en un mes en el que el precio final en la Península y Baleares aumentó un 2,4% y registró su segundo incremento consecutivo, hasta 1,253 euros el litro. El encarecimiento del gasóleo fue del 2,2%, hasta 1,137 euros. En cuanto a las diferencias de precios entre provincias, la CNMC destaca la decisión de Navarra, desde enero, de suprimir el tramo autonómico del IVMDH para todos los productos derivados del petróleo, que había estado vigente desde enero de 2016.

En enero de 2017, las estaciones de servicio integradas en la red de distribución de BP marcaron los precios promedio más altos, seguidas de las de Repsol y Cepsa, tanto en gasolina como en gasóleo. Por otro lado, España se mantuvo en la segunda posición del ranking de precios antes de impuestos más altos de la Unión Europea para la gasolina, mientras que, en lo referido al ranking del gasóleo, se mantuvo en quinta posición.

El Gobierno plantea destinar el superávit eléctrico a financiar nuevas renovables en los sistemas extrapeninsulares y a pagar indemnizaciones judiciales

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Europa Press.- El Ministerio de Hacienda ha incluido varias disposiciones adicionales en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2017 en las que recoge la posibilidad de dedicar parte del superávit del sistema eléctrico a sufragar tanto las ayudas a las renovables en territorios no peninsulares como indemnizaciones por fallos judiciales a favor de empresas del sector.

Estas disposiciones con rango de ley supondrían una modificación de la Ley del Sector Eléctrico de 2013, en la que se establece que el superávit del sistema eléctrico deberá dedicarse íntegramente a amortizar la deuda generada tras sucesivos años de déficit tarifario. Desde 2014, el sistema se encuentra en superávit, del que se habrán acumulado unos 1.130 millones hasta 2016, según las previsiones. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cifra la deuda del sistema eléctrico pendiente de pago en 23.000 millones de euros. Precisamente, el regulador reclama al Ministerio de Energía que desarrolle «lo antes posible» la ley para aplicar los superávit de 2014 y 2015 a la amortización parcial de la deuda del sistema eléctrico.

Frente a este planteamiento del regulador, la disposición adicional 110ª del proyecto de presupuestos recoge una convocatoria de ayudas a la inversión para la instalación de renovables en territorios no peninsulares «con cargo al superávit eléctrico generado hasta la entrada en vigor de la presente ley». El Gobierno establece que estos importes se dedicarán a proyectos susceptibles de ser cofinanciados con fondos europeos Feder y establece la cuantía máxima que podrá cargarse al sistema eléctrico, que será de 60 millones de euros. Además, la disposición adicional 114ª señala que, «de forma excepcional para 2017, los superávits del sistema eléctrico podrán destinarse al pago de indemnizaciones en ejecución de sentencias derivadas de normativa del sector eléctrico».

Entre las indemnizaciones que el Gobierno podría verse obligado a afrontar figuran los 500 millones de euros de compensación a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo por haber sufragado el bono social en los últimos años. Sobre este aspecto hay una sentencia firme del Tribunal Supremo que el Gobierno tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional. Otro de los litigios susceptible de indemnizaciones es el referido al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que las empresas del sector eléctrico, como han hecho otras del energético en general, tienen recurrido. El Supremo ha elevado una cuestión sobre el asunto al Tribunal de la Unión Europea.

El proyecto de ley también recoge una disposición adicional, la 111ª, en la que se contempla una «compensación por costes adicionales derivados de la financiación del apoyo a la energía eléctrica procedente de fuentes renovables». La disposición habilita al Gobierno a establecer un sistema de ayudas a las industrias que se determine, “intensas en comercio con terceros países” (exportadoras), consistente en la «reducción del coste de la promoción de la generación de electricidad a partir de fuentes renovables que soportan«.

El PSOE pide que los presidentes de Red Eléctrica, Enagás y Enresa expliquen en el Congreso los Presupuestos del Estado

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Europa Press.– El PSOE quiere que los presidentes de Red Eléctrica, José Folgado, de Enagás, Antonio Llardén, y de Enresa, Juan José Zaballa, comparezcan en el Congreso para explicar el proyecto de Presupuestos del Estado, que remitió el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro. Así consta en la lista de comparecientes registrada por los socialistas para la próxima semana. Asimismo, el PSOE ha pedido que comparezca el presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada.