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Bruselas estudia crear un fondo de garantías para promover la energía undimotriz y mareomotriz en la Unión Europea

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EFE.- La Comisión Europea estudiará la creación de un fondo de garantías para contribuir a promover la energía undimotriz y mareomotriz en la Unión Europea, es decir, energía a partir de las olas y las mareas. El Foro sobre Energía Oceánica presentó una hoja de ruta para garantizar el 10% del consumo energético de Europa a partir de la energía undimotriz y mareomotriz, algo que requeriría un fondo de inversión de 250 millones de euros y un fondo de garantías de 70 millones.

El comisario de Medioambiente, Asuntos Marítimo y Pesca, Karmenu Vella, ha constatado que «la hoja de ruta estima que la energía oceánica podría cubrir hasta el 10% de la demanda energética de la Unión Europea de aquí al 2050», algo que permitiría recortar las emisiones en 276 millones de toneladas de CO2 al año. «La Comisión estudiará ahora el establecimiento de un fondo de garantías y contribuirá a través del mejor uso de los recursos e instrumentos existentes» como el programa de ayudas a la investigación Horizonte 2020, así como el marco financiero plurianual, según avanzaron fuentes del Ejecutivo comunitario.

La gasista rusa Gazprom enviará «pronto» una propuesta a la Comisión Europea dentro de su investigación antimonopolio

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EFE.– La empresa rusa Gazprom enviará «pronto» una propuesta de compromisos a la Comisión Europea para resolver la investigación antimonopolio que Bruselas abrió al gigante gasístico por abuso de posición dominante, según su vicepresidente, Alexander Medvédev, que se reunión con la comisaria de Competencia, Marghette Vestager, para discutir sobre el curso de las pesquisas iniciadas en 2015. El empresario ruso afirmó tras el encuentro que las negociaciones están siendo «constructivas» y que «todas las partes han expresado su voluntad de encontrar una solución aceptable».

La comisaria europea, sin embargo, se mostró menos optimista. «Hemos hecho progresos pero todavía hay bastante trabajo por delante», matizó Vestager, quien añadió que «todas las opciones siguen sobre la mesa aún». La titular de Competencia señaló que para que las medidas propuestas por Gazprom aborden las preocupaciones de la Comisión y sean efectivas «tendrán que asegurar el libre flujo de gas en el este y centro de Europa a precios competitivos». «Gazprom es bienvenido si quiere vender su gas en Europa, pero tiene que hacerlo siguiendo las reglas de la Unión Europea», apuntilló Vestager.

Una vez la compañía presente su propuesta, la Comisión Europea la analizará y la someterá a una consulta con consumidores y otros actores del sector. Si Bruselas concluye que los compromisos son adecuados hará que estos sean legalmente vinculantes para Gazprom, de forma que si la compañía no respeta las medidas acordadas podría ser sancionada con una multa de hasta el 10% de sus beneficios globales, explicó la Comisión Europea.

En 2015 la Comisión Europea acusó al consorcio ruso de incumplir la legislación comunitaria al «buscar una estrategia global» para dividir los mercados de gas de Europa Central y del Este. Según señaló entonces, Gazprom redujo la capacidad de sus clientes de revender el gas a otros países, lo que podría haber permitido a la empresa rusa cobrar «precios injustos en ciertos Estados miembros«. Estos puntos son los que Gazprom deberá abordar en su propuesta.

El caso afecta a ocho países comunitarios (Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría y Bulgaria), en cuyos mercados gasísticos Gazprom goza de una posición dominante. En cinco Estados miembros (Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Bulgaria) Gazprom pide «precios diferentes dado que en esos contratos el precio del gas está ligado al del petróleo», según indicó la Comisión Europea.

La Comisión Europea aprueba el sistema de interrumpibilidad de Alemania y las ayudas a la cogeneración, aunque investigará su financiación

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EFE.- Bruselas dio luz verde al mecanismo propuesto por Alemania para reducir puntualmente el consumo eléctrico de los grandes usuarios, especialmente empresas, cuando sea necesario para garantizar la estabilidad de la red y el suministro energético. La Comisión Europea también aprobó las ayudas públicas que Alemania concederá a ciertas centrales de cogeneración eléctrica pero abrió una investigación sobre las reducciones en la tasa destinada a financiar esta medida para determinar si constituyen ayudas de estado ilegales.

«El régimen alemán de ayuda a la cogeneración que hemos aprobado puede suponer una contribución importante a los objetivos energéticos y climáticos de la Unión Europea», señaló la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, que matizó que la Comisión «tendrá que examinar el impacto que tendrán sobre la competencia las reducciones concedidas a ciertos usuarios sobre las retenciones que se aplican para financiar este régimen».

Alemania aprobó este año una ley que prevé dar subsidios públicos a las centrales de cogeneración, que aprovechan la energía térmica para producir electricidad, plantas de alto rendimiento que acaben de construirse o modernizarse, salvo aquellas alimentadas con carbón o lignito. También se otorgarán ayudas públicas para la construcción de sistemas de almacenamiento y transporte urbano de frío y calor.

Tras investigar la normativa, la Comisión Europea concluyó que la medida es conforme a las normas europeas sobre ayudas de estado y que «permitirá mejorar la eficiencia energética, reducir las emisiones de CO2 y asegurar una mejor integración de la energía producida por cogeneración en el mercado de electricidad». El Ejecutivo comunitario señaló que los beneficiarios recibirán una prima fija conforme a los precios del mercado solo por un número limitado de horas de funcionamiento y nunca cuando la oferta supere la demanda, lo que fomentará que las centrales operen cuando aumenten las necesidades energéticas.

Además, la Comisión Europea cree que las posibles distorsiones de la competencia que puedan derivar de estas ayudas serán limitadas porque una parte de los subsidios se otorgará mediante un concurso público al que podrán concurrir solo las centrales de nueva creación y menor capacidad, de 1 a 50 megavatios, con el fin de permitir su entrada en el mercado.

Bruselas decidió, sin embargo, abrir una investigación en profundidad sobre la «tasa de cogeneración» que pagan los usuarios según la electricidad consumida (0,445 euros por kw/h) y que reciben los operadores de la red eléctrica como un complemento a los beneficios que ya obtienen por dar acceso a la red. Así, la Comisión Europea estudiará las reducciones que se prevén para las industrias o consumidores electrointensivos para ver si constituyen una ayuda de estado ilegal, ya que disminuyen la carga que soportan estos consumidores. Bruselas examinará si estas rebajas son proporcionales y necesarias para asegurar el apoyo a la cogeneración.

Aprobada también la interrumpibilidad alemana

Tras estudiar el esquema de capacidad propuesto por Berlín, el Ejecutivo comunitario concluyó que es compatible con las normas de ayudas de estado europeas. La medida alemana prevé que los operadores puedan firmar contratos semanales con los grandes consumidores energéticos que les permitan reducirles el suministro eléctrico hasta en 1.500 megawatios a distancia y en un breve lapso de tiempo cuando sea necesario rebajar la demanda para estabilizar la red. A cambio, los operadores tendrán que pagar al consumidor una cuota que se fijará en subastas a las que podrán acudir los usuarios que consumen más de 10 megawatios (empresas grandes y medianas): estos pueden ofrecer a los operadores una cierta capacidad de interrupción a cambio de una determinada cuota.

La Comisión Europea cree que este sistema mejorará la capacidad de reacción de los operadores cuando se produzcan desequilibrios entre la demanda y la oferta que pongan en riesgo la seguridad del suministro eléctrico permitiendo actuar sobre la demanda en lugar de elevar la producción energética. Bruselas coincide con Berlín en que el aumento de las renovables en el conjunto de la producción energética alemana requiere que haya mayor flexibilidad para controlar la red eléctrica. La Comisión Europea ya ha advertido de que estos «mecanismos de capacidad» pueden provocar un aumento del precio para los consumidores si están mal concebidos.

Juncker quiere excluir a las tostadoras y los secadores del etiquetado energético para no caer en la sobrerregulación

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EFE.- El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, pretende dejar fuera de un paquete legislativo sobre etiquetado de eficiencia energética objetos que no presentan ahorros muy ventajosos y cuyo exceso de regulación podría ser percibido como «intrusivo» por los ciudadanos. «La Unión Europea no debería ser intrusiva y regular cada aparato del hogar», sostiene Juncker. En la Unión Europea existen más de 40 regulaciones sobre el etiquetado energético, muchos de los cuales deben revisarse en el actual mandato de la Comisión (2014-2019).

El presidente de la Comisión Europea pretende así que la nueva legislación sobre el etiquetado de productos según su ahorro energético, que la Comisión anunció el pasado abril, dejar fuera a utensilios que no generan un gran impacto en el medioambiente como tostadores y secadores. Sí entrarán en el paquete legislativo sobre el etiquetado las cocinas eléctricas, los secadores de manos, los sistemas de control y automatización de los edificios, los paneles solares y los contenedores de refrigeración, entre otros.

Hasta ahora un grupo de expertos era el que determinaba qué productos entraban o salían de esas listas, de modo que el planteamiento «político» de Juncker supone una «ruptura», agregó la misma fuente. Así, si algún comisario se opone a este nuevo enfoque, Juncker le pedirá que sea quien se responsabilice de la decisión y que asuma el desgaste público, de forma que éste no recaiga sobre la Comisión Europea.

El Gobierno aprueba 36,1 millones para conceder ayudas de 10 euros por tonelada de carbón nacional

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Redacción / Agencias.- El Consejo de Ministros aprobó el acuerdo para autorizar la convocatoria de ayudas adicionales al carbón por 36,1 millones de euros, que suponen una ayuda adicional de 10 euros por tonelada, según avanzó la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, que explicó que se trata de ayudas aprobadas por la Unión Europea para compensar las pérdidas de producción sufridas por el sector del carbón por las caídas de precios del mineral de importación, que agravaron la situación del sector en España.

2016: 61,4 millones en ayudas

En este contexto, el Gobierno alcanzó un acuerdo con la Comisión Europea en mayo para poder otorgar una ayuda adicional para el periodo 2016-2018, tanto para las minas subterráneas como de cielo abierto. La nueva ayuda adicional supone 10 euros por tonelada de carbón para 2016 y es compatible con la normativa europea, que limita las posibilidades de apoyo de los Estados Miembros a las minas no competitivas hasta el 2018, con el objetivo de un cierre ordenado de dichas minas. El acuerdo alcanzado con la Comisión Europea, según indicó el Ministerio de Industria, también incluye la autorización del Plan de Cierre de España, lo que supone que todas las ayudas otorgadas desde 2010 a las compañías mineras son válidas.

Dentro del plan de cierre de las instalaciones mineras no rentables, se contemplan diferentes mecanismos entre los que se incluyen otra partida de ayudas ordinarias a la producción, adicionales a las ayudas por el mismo importe ya previstas en el Plan de la Minería, por valor de 25,3 millones de euros y cuyo acuerdo para tramitación también se aprobó, con lo que se elevan a más de 60 millones las ayudas para el ejercicio 2016.

De la cuantía total de la ayuda, cerca de 1,6 millones van destinados a la empresa pública Hunosa (1,3 millones en 2016 y 260.000 euros en 2017) y 34,4 millones a empresas privadas (28,7 en 2016 y 5,7 en 2017). Esta ayuda excepcional se suma a la ayuda ordinaria de 2016, que estaba dotada con 25,3 millones de euros. Con estas decisiones «se facilita el cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea sin menoscabar el desarrollo de las comarcas mineras», indicó Sáenz de Santamaría.

Castilla y León: “Da oxígeno”

Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, aplaudió la rapidez con que el Gobierno central aprobó las ayudas adicionales a la extracción de carbón autóctono porque suponen «un balón de oxígeno» para el sector minero. En este sentido, Del Olmo recordó la reciente reunión entre el presidente autonómico, Juan Vicente Herrera, y el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, quien asumió las funciones de Energía tras la dimisión de José Manuel Soria. Precisamente este relevo es lo que, según Del Olmo, ha podido motivar el cambio de posición del Gobierno central.

Del Olmo destacó que estas ayudas se aprueban en un momento en el que el Gobierno central tiene sobre sí un cierre presupuestario que dificulta las autorizaciones de gasto, por lo que recalcó que «añade un valor» a la decisión adoptada y revela que el Ejecutivo es consciente de que se trata de un problema «importante y urgente». La consejera destacó que, además de esta medida, existen otras de ámbito autonómico como el Plan de Dinamización de los Municipios Mineros y el acuerdo para que el Gobierno desbloquee otros 152 millones de euros de ayudas, que van en la misma dirección de apoyo al sector.

La Eurocámara apoya el «mecanismo de solidaridad gasística» entre países de la Unión Europea en casos de una emergencia energética

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Europa Press / EFE.- El Parlamento Europeo respaldó la propuesta de la Comisión Europea para poner en marcha un «mecanismo de solidaridad regional» que permita a un país de la Unión Europea que se encuentre en situación de emergencia energética pedir ayuda a otros socios comunitarios para satisfacer sus necesidades de gas natural a través de «corredores de abastecimiento».

La resolución fue aprobada por la comisión de Energía con 55 votos a favor, 4 votos en contra y 2 abstenciones. El borrador legislativo permitiría a los Estados miembros reclamar ayuda para suministrar gas en casos en los que la seguridad y la salud de los «consumidores protegidos» esté en riesgo y las deficiencias no puedan sortearse con los planes de emergencia regionales. Así, el proyecto contempla la creación de 7 «regiones de cooperación» conectadas por «corredores de abastecimiento» de gas comunitarios con el objetivo de mitigar los efectos de posibles cortes en el suministro. Dentro de esas 7 regiones, España se integraría en el denominado grupo Norte-Sur de Europa occidental, formado además por Bélgica, Francia, Luxemburgo, Holanda y Portugal.

Este mecanismo de solidaridad deberá ahora ser negociado con el Consejo, es decir, los países, de forma que los Estados podrán recibir gas de otros países comunitarios para «proteger a los consumidores» en caso de riesgo de penuria energética que no pueda ser solventado con planes de contingencia nacional. «La solidaridad no es un eslogan vacío: es una obligación, consagrado ahora en una ley. No podemos confiar en la buena disposición y los esquemas voluntarios si se corta el suministro de gas de un Estado miembro», resumió el presidente de la comisión europarlamentaria, Jerzy Buzek.

Los eurodiputados subrayaron no obstante que el «mecanismo de solidaridad» debe ser un «último recurso» y debe incluir una compensación adecuada para reducir las consecuencias que pueda acarrear en los mercados. Además, la comisión de Energía ha introducido cambios en la propuesta para garantizar que los suministros de gas a hogares y servicios esenciales en un Estado miembro que ha pedido medidas de solidaridad sean los primeros en ser satisfechos antes que los de cualquier otra categoría de consumidores. La Comisión Europea presentó en febrero una serie de medidas para asegurar la seguridad del suministro de gas en la Unión Europea y reducir la dependencia energética, sobre todo de Rusia.

Si bien la Comisión Europea subrayó cuando presentó su propuesta que no señalaba directamente a Moscú, algunas de sus medidas apuntan directamente a Rusia o a su consorcio gasístico Gazprom. El proyecto de la Comisión Europea emana de las crisis del gas de 2006 y 2009, que dejaron sin calefacción a millones de personas, y de las pruebas de resistencia realizadas en 2014. El comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, señaló entonces que los países de la Unión Europea son aún «demasiado vulnerables ante interrupciones prolongadas del suministro de gas».

Por otro lado, la misma comisión parlamentaria aprobó también que los Estados miembros estén obligados a comunicar a Bruselas y a las autoridades pertinentes las negociaciones de suministro energético que entablen con terceros países fuera de la Unión así como los detalles de los contratos de suministro energético de más de un año, incluyendo el precio de gas, con el objetivo de asegurar que cumplen las normas y tener una imagen más amplia del mercado energético comunitario. En relación a esto la Comisión, si considera que los términos de un contrato de suministro pueden perjudicar el aprovisionamiento ininterrumpido de gas en la Unión Europea, podría iniciar procedimientos bajo la legislación comunitaria en materia de competencia.

Estos términos incluyen la «construcción o gestión de la infraestructura energética conectada con al menos un Estado miembro de la Unión Europea», lo que no debería restringir la libertad de los países comunitarios para negociar pero afectaría a proyectos como el de Nord Stream II, con el que Rusia quiere duplicar la capacidad de su gasoducto a Alemania y que genera reticencias entre los Veintiocho. El espíritu del legislador es que la Comisión Europea desempeñe un papel de «consejera» de las capitales para garantizar que se respeta la legislación comunitaria.

La Comisión Europea da un ultimátum de dos meses a España para corregir la legislación nacional sobre interconexiones energéticas

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EFE / Europa Press.- El Gobierno dispondrá de dos meses para corregir la normativa actual en la que se concede el monopolio de las interconexiones internacionales de electricidad y gas a los gestores de los respectivos sistemas, Red Eléctrica de España (REE) y Enagás, una vez reciba el dictamen de reprobación de la misma por parte de la Comisión Europea para que adapte adecuadamente su legislación nacional a la normativa europea sobre la liberalización de las interconexiones energéticas, según indicaron en fuentes de la Administración.

De lo contrario Bruselas referirá el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La citada llamada de atención, segunda de tres etapas, responde a una directiva aprobada en 2009 relativa al llamado «tercer paquete de energía» para reformar los mercados internos de energía y garantizar la independencia de los reguladores nacionales, entre otros aspectos. El Ejecutivo comunitario urge a España a la «correcta implementación y aplicación» de las medidas que conciernen a sus mercados de electricidad y gas. «La Comisión cree que la actual legislación española impide construir y operar interconexiones con otros Estados miembros a empresas que estén fuera del sistema nacional de operadores de electricidad y gas«, señaló el Ejecutivo comunitario.

Segundo paso dado desde Bruselas

La Ley del Sector Eléctrico y la Ley de Hidrocarburos establecen que los respectivos operadores de los sistemas eléctrico y gasista serán también operadores de las interconexiones internacionales en calidad de transportista único, lo que cierra la posibilidad de competencia en este ámbito. El diario Cinco Días adelanta que, tras las alegaciones presentadas por el Ministerio de Industria, la Comisión Europea ya ha emitido el dictamen motivado en el que se reafirma en sus primeras conclusiones y pide a España un cambio en la norma para adecuarla a las directivas. De esta forma, la Comisión da un salto cualitativo en el expediente abierto a España en 2013 en el que cuestionaba los monopolios de los que disfrutan REE y Enagás.

Además, España ha «traspuesto incorrectamente algunas reglas relativas a la independencia de la autoridad reguladora nacional», indicó Bruselas en referencia al grado de independencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), sin precisar más al considerar que se trata de un «proceso bilateral» entre España y el Ejecutivo comunitario, según fuentes europeas. La Comisión Europea envió a España un primer aviso en febrero de 2015 y, a partir de ahora, España tiene dos meses para informar a Bruselas de las «medidas tomadas para remediar la situación».

En concreto, Bruselas considera que debe ser el organismo regulador el encargado de establecer la metodología sobre la fijación de peajes de acceso al transporte y distribución. La norma actual concede a la CNMC la potestad para asignar los costes de estas actividades, si bien el cálculo de los ingresos, esto es, los peajes que se deben repercutir a los consumidores para sufragar el coste, lo aprueba previamente el Gobierno.

APPA rechaza la eliminación de biocarburantes que estudia la Comisión Europea si se quiere cumplir los objetivos de renovables

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Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) ha rechazado la posible eliminación de biocarburantes convencionales que la Comisión Europea estaría valorando introducir en la futura legislación de energías renovables para el periodo post 2020, ya que considera que, de ser así, «estaría errando tanto en el diagnóstico como en la solución al problema, al tiempo que pondría en peligro el cumplimiento de los propios objetivos previstos para 2030».

En un comunicado, APPA afirma que si la Comisión intentara justificar esta medida en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) derivadas del Cambio Indirecto del Uso de la Tierra (CIUT) atribuido a los biocarburantes, no estaría en lo correcto.

El presidente de APPA Biocarburantes, Óscar García, señaló que los biocarburantes no son «en última instancia» los responsables del cambio indirecto del uso de la tierra, «por lo que este problema no se puede resolver ‘matando’ a los biocarburantes, sino implementando las medidas para atajarlo propuestas por los expertos en el reciente informe Globiom».

Así, la asociación señala que el consumo anual de biocarburantes deberá incrementarse al menos un 50% para cumplir con estos objetivos de renovables y descarbonización previstos para 2030, según las conclusiones que se derivan de los escenarios energéticos elaborados por la Comisión Europea para ‘la Estrategia de movilidad de bajas emisiones’.

En concreto, el consumo de biocarburantes deberá incrementarse desde los 14 millones de toneladas equivalentes de petróleo (tep) hasta situarse entre 21 y 25 millones de toneladas.

De esta manera, los biocarburantes seguirán siendo la principal energía alternativa utilizada en el transporte, con un crecimiento de su cuota de mercado hasta cubrir a mediados de siglo el 37% de la demanda energética final en transporte, superando la aportación de la electricidad (16%).

Barcelona se suma a la Alianza Mar Blava para lograr un Mediterráneo libre de prospecciones

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Europa Press.- Mar Blava agradeció al Ayuntamiento de Barcelona su decisión de adherirse a la Alianza y de sumarse activamente al movimiento que persigue lograr la declaración del Mediterráneo español como zona libre de prospecciones y explotación de hidrocarburos. El Ayuntamiento aprobó «instar al Gobierno central a aprobar una ley específica para declarar el área marítima estatal del Mediterráneo español como Zona Libre de Prospecciones y Explotación de Hidrocarburos, además de adherirse a la Alianza Mar Blava”.

«La adhesión del Ayuntamiento de Barcelona a la Alianza Mar Blava nos acerca más al objetivo de lograr que el Mediterráneo quede definitivamente libre de la amenaza al medio ambiente y a la economía que suponen las prospecciones de hidrocarburos», han manifestado desde la Alianza Mar Blava. El Ayuntamiento de Barcelona ha manifestado que se adhiere a la Alianza Mar Blava para sumarse al objetivo de preservar la riqueza ambiental.

El Ayuntamiento de Barcelona ha expresado también «su rechazo a cualquier proyecto de exploración de hidrocarburos, en cualquiera de sus fases, en todo el Mediterráneo e insta a la Comisión Europea y al Gobierno a aprobar una moratoria de efecto inmediato sobre los permisos de investigación y explotación de hidrocarburos y aplicar la adopción de medidas estrictas en relación con las actividades potencialmente productoras de ruido submarino en la zona». La Proposición fue aprobada con el apoyo de los grupos municipales de Barcelona en Comú, PSC, ERC, Ciutadans y CUP.

Acogen celebra que el Parlamento Europeo se sume a la Comisión Europea en su apoyo a la cogeneración

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Europa Press.- La Asociación Española de Cogeneración (Acogen) ha celebrado que el Parlamento Europeo se haya sumado a la Comisión Europea y haya reclamado una mejora del marco regulatorio para la cogeneración. Acogen muestra su satisfacción con que la Eurocámara haya incidido especialmente en la cogeneración y solicite que «se desarrollen a escala nacional estrategias sostenibles específicas en materia de calefacción y refrigeración, con especial atención a la cogeneración”.

El pleno del Parlamento Europeo acaba de adoptar una resolución sobre la Estrategia de la Unión Europea de Calefacción y Refrigeración en la que reclama a los Estados Miembros que adopten medidas concretas. Los cogeneradores indican que la calefacción y la refrigeración son el mayor sector energético de la Unión Europea, ya que suponen el 50% del consumo de energía en Europa, mientras que la electricidad alcanza el 22% y el transporte un 28%, y se espera que esta situación se mantenga en el futuro.

El Parlamento Europeo reclama que la Comisión refuerce sin demora las políticas de apoyo a la cogeneración y establezca «un marco europeo común que promueva y dé seguridad jurídica a la autogeneración». El informe subraya además la necesidad de «contar con un marco favorable para inquilinos y residentes en edificios de viviendas, con el fin de permitirles que también se beneficien de la autogeneración y el consumo de calefacción y refrigeración renovables, así como de las medidas de eficiencia energética».