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El Congreso veta una visita de diputados al Parlamento de Portugal por su posicionamiento contrario al almacén nuclear de Almaraz

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Europa Press.- La Mesa del Congreso ha negado su permiso para la visita de una delegación de la Comisión de Energía al Parlamento portugués. Una visita destinada a analizar la situación del Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), obras cuya paralización es reclamada por la Cámara lusa.

En el escrito remitido por la Mesa del Congreso no se precisan los motivos, si bien fuentes parlamentarias han señalado que el viaje no se considera oportuno habida cuenta de que la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, acaba de realizar una visita bilateral a Lisboa y que en próximas semanas ya se va a celebrar una cumbre interparlamentaria entre los dos países, prólogo de otra entre los dos Gobiernos.

No obstante, fuentes de la comisión critican la decisión de la Mesa del Congreso ya que, a su juicio, se trata de una «visita de cortesía obligada, más allá de mantener la buena relación entre ambos países«. En este sentido, recordaron que se trata de un tema que afecta a ambos estados, ya que la central de Almaraz, en Cáceres, se encuentra próxima a la cuenca del Tajo. En su momento, el Parlamento portugués votó de forma unánime en contra de la construcción del ATI.

Mediación europea, solución en curso

Portugal también envió a principios de año a su ministro de Medio Ambiente a negociar sobre el tema con su homóloga en España, Isabel García Tejerina, aunque finalmente no se llegó a ningún acuerdo, lo que llevó al país vecino a presentar una queja formal ante la Unión Europea. Finalmente, la Comisión Europea medió entre ambos países para evitar el choque judicial. Para las fuentes consultadas, la negativa de autorizar la visita puede deberse también a que «no conviene más presión» internacional sobre esta tema.

La visita al Parlamento portugués era la respuesta a una invitación que el Congreso realizó al presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento portugués, Pedro Soares, que visitó el Congreso de los Diputados en enero para tratar este mismo tema. Entonces, el parlamentario luso pidió al Gobierno de España que hiciera del caso de Almaraz una «cuestión ibérica» y trasladó la importancia que esta materia tiene en su país, ya que este ATI se construirá a menos de 100 kilómetros de la frontera.

El PP apoya a Rodríguez Martí como secretario general del CSN, Podemos se opone mientras PSOE y Cs se abstienen

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Europa Press.- La propuesta de nombramiento de Manuel Rodríguez Martí como nuevo secretario general del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha salido adelante en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso con el voto en contra de Podemos, la abstención de PSOE, Ciudadanos y ERC frente al PP, que ha votado a favor de la propuesta, remitida al Congreso por el Consejo de Ministros.

Previamente, durante su comparecencia, Rodríguez Martí, ha defendido su idoneidad y su falta de conflicto de intereses, de acuerdo con la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. En la votación, Unidos Podemos ha rechazado su nombramiento porque, según explicó su portavoz, Juan López de Uralde (Equo), lleva «meses» denunciando la situación de divergencia en el CSN entre lo que dicen los técnicos y lo que dictamina el pleno. Además, cuestionó este nombramiento porque Rodríguez Martí ha sido el coordinador del dictamen emitido por el CSN favorable a la reapertura de la central nuclear de Garoña. «Su nombramiento es parte del problema, no de la solución», sentenció Uralde.

Por su parte, Cs y ERC se han abstenido, igual que el PSOE, por el «perfil técnico» de Rodríguez Martí pero, según han precisado fuentes del grupo parlamentario socialista, no están de acuerdo en cómo se ha hecho su nombramiento. En todo caso, el PSOE le confiere «el beneficio de la duda» al nuevo secretario general pero reclama la comparecencia del presidente del CSN, Fernando Martí, también para explicar la propuesta y «asumir la responsabilidad de lo que ha pasado con el expediente de Garoña».

El 30 de noviembre de 2016 el CSN aprobó por unanimidad la propuesta de Manuel Rodríguez Martí, entre los cuatro candidatos que se valoraron, para suceder en la Secretaría General del CSN a María Luisa Rodríguez, quien solicitó su cese por motivos personales. Hasta ahora Manuel Rodríguez Martí era ejercía en su cargo de subdirector de Instalaciones Nucleares en la dirección técnica de seguridad nuclear.

El Congreso apuesta por priorizar los vehículos eléctricos en las ciudades

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Europa Press.- El Congreso ratificó su apuesta por el coche eléctrico y ha pedido dar prioridad a estos vehículos en las ciudades, tanto favoreciendo su circulación y abastecimiento, como su incorporación al parque público. Así se refleja en la moción aprobada por la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso tras un acuerdo entre el PP y Ciudadanos y apoyada por el PNV, Foro Asturias, Coalición Canaria. El PSOE decidió abstenerse, mientras que Unidos Podemos y Esquerra Republicana votaron en contra por considerarla insuficiente.

La iniciativa insta a estudiar normas que permitan la circulación de vehículos propulsados mediante energías alternativas en los carriles que priman los turismos de alta ocupación dentro de las ciudades. Asimismo, llama a impulsar la introducción de estos vehículos en las flotas de transporte público, el despliegue de una infraestructura de recarga y un marco regulatorio que favorezca estas instalaciones, así como analizar y estudiar las necesidades de estos puntos.

El texto respaldado por el Congreso también llama a crear programas especiales con líneas de investigación relacionadas con estos vehículos, garantizando una gestión «agil» de las ayudas y una evaluación anual de los resultados de estos planes de subvención. Por otro lado, pide desarrollar la tecnología necesaria para dar soporte a las funcionalidades requeridas en los vehículos de energía alternativa, como la medida de consumo, la facturación y el pago, y dar soporte a «otros servicios energéticos a través del desarrollo de las Smart Grids.

La oposición reclama un pacto para frenar la subida de la luz e insiste en auditar los costes

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Europa Press / Servimedia.- Los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados han planteado al ministro de Energía, Industria y Agenda Digital, Álvaro Nadal, la necesidad de alcanzar un «gran acuerdo» en materia energética para frenar la subida del precio de la factura de electricidad y han reclamado indistintamente la intervención del Gobierno en la parte fija y variable del recibo y, por unanimidad, la realización de una auditoría de los costes energéticos.

Estas peticiones han sido realizadas por los distintos portavoces parlamentarios en la comparecencia del ministro Nadal en la Comisión de Energía en el Congreso. La portavoz socialista de Energía, Pilar Lucio, ha pedido a Nadal que asuma su «responsabilidad» y haga una auditoria de costes del sector eléctrico como primer paso para la elaboración de una reforma del sector que facilite la transición energética y la bajada de la luz. Lucio considera que «existen costes que se imputan al sistema que son excesivos»; unos sobrecostes que, según sus cálculos, oscilan entre los 2.300 y los 3.300 millones. «Estamos pagando sardinas a precio de besugo y los que venden sardinas se están forrando a costa de los consumidores», ha indicado Lucio.

A su juicio, las medidas adoptadas por el Gobierno, como el informe solicitado a la CNMC para ver qué elementos del sistema eléctrico pueden mejorarse para contribuir a la moderación de los precios y la puesta en marcha de un market maker en el mercado del gas, son una «intervención quirúrgica» dentro de un «cuadro médico grave». Lucio subrayó que el Gobierno tiene la posibilidad de intervenir tanto en la parte fija como la variable del recibo, por lo que reclama cambios en el modelo de funcionamiento del mercado, y sugiere la vuelta a una mayor utilización del carbón autóctono si eso facilita abaratar el coste de la producción energética.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha defendido que en la actual coyuntura «no se trata de poner parches», sino que es necesario sentarse «entre todos» para hallar una solución al encarecimiento de la luz. Rodríguez asegura que se podría reducir en unos 400 euros al año el recibo de la luz para el consumidor medio si se intentasen aplicar medidas similares de mejora de competencia a las tomadas por otros países de Europa, y destacó el papel del autoconsumo como vía para abaratar también la factura.

En este sentido, apuntó respecto a que el autoconsumo disminuyese la recaudación por los impuestos que se dejen de pagar de la luz, al final el erario público podría llegar a ingresar una cifra mayor gracias al IVA de las instalaciones, por lo que aseguró no entender los vetos del Gobierno. Así, apeló a un Pacto de Estado por la Energía y también a la elaboración de una auditoría de costes para avanzar hacia la eficiencia energética. Rodríguez ironizó con las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy en las que ha augurado una bajada del precio de la luz porque «va a llover», al proponer ante esas palabras realizar la «danza de la lluvia».

Desde las filas de Unidos Podemos, Josep Vendrell apuntó que estamos ante un «problema estructural» que muestra el «fracaso en España de la liberalización del sector eléctrico». «No tenemos ni más competencias ni mejores precios, el sistema es ineficiente y con una regulación absurda», agregó Vendrell, que reclamó también la realización de una auditoría de costes y propuso una reforma del mercado eléctrico para que las tecnologías sean retribuidas conforme a su coste de generación con una rentabilidad «razonable». También abogó por pasar a un modelo de subasta competitiva en lugar de pagos fijos por capacidad, de forma que no sea el mercado marginalista quien determine los precios de la electricidad, así como recuperar la gestión pública de centrales hidroeléctricas.

Desde la oposición han hecho referencias en varias ocasiones a la complejidad para interpretar los recibos de la luz. De hecho, el diputado de ERC Joan Capdevilla ha propuesto obligar a las compañías eléctricas a que en sus facturas pongan «en negrita y Arial 16» si el contrato está sujeto o no a la aplicación de bonos sociales. Como el resto de grupos, ha solicitado una revisión del sistema y la elaboración de una auditoría de costes. También ha pedido al ministro Nadal “que el Gobierno reconsidere su posición” ante la proposición de ley de fomento del autoconsumo presentada por la mayoría de los grupos.

A su vez, la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, considera que la normativa es «descoordinada» y «castiga a los consumidores», debido a un mercado mayorista «sometido a la volatilidad de las tecnologías». Por ello, desde el PNV se defendió la necesidad de impulsar cambios legales y buscar soluciones. Sagastizabal ofreció a Nadal la colaboración del PNV para lograr «sinergias», impulsar una política energética «coordinada» con la industrial y social, y que «se implemente de manera adecuada», a la vez que reclamó una auditoría de costes.

Dentro del Grupo Mixto, Ana Oramas, de Coalición Canaria, agradeció las explicaciones del ministro, a quien ha pedido trabajar para conseguir mayor «transparencia» y ha dicho parecerle «lógico» que ante la «alarma social» por la luz se elabore una auditoría de costes. Isidro Martínez Oblanca (Foro Asturias) ha hecho hincapié en que España presenta una de las tarifas eléctricas más altas de Europa, y ha culpado al exministro socialista de Energía, Miguel Sebastián, del «tarifazo» que aprobó en su momento, «origen» de la situación actual.

Entre tanto, Joan Baldoví (Compromís), ve necesario cambiar el sistema de fijación de precios, ya que «se paga la luz a precio de caviar», y se ha opuesto a que se pague el agua de las empresas nucleares e hidroeléctricas «a precio del gas, proponiendo que se haga una media ponderada entre lo que vale el kilovatio producido por una energía y otra. Ha reclamado también una auditoría de costes y el desarrollo de las renovables, y ha recordado al ministro que el 21% de IVA que soporta la factura de la luz en España se sitúa tres puntos por encima de la media europea.

Por último, el portavoz del PP en la Comisión de Energía, Guillermo Mariscal, ha defendido que el PP «no tiene la culpa del anticiclón ni del cierre nuclear en Francia» que ha propiciado la reciente subida del precio de la electricidad. Mariscal ha recordado el Gobierno ya llevó a cabo una auditoría de los costes del sistema para poder elaborar la reforma energética “que permitió acabar con el déficit tarifario”.

Además, ha augurado que la energía solar será la «energía del futuro», si bien ha criticado la «dinámica de cierto folclore» reflejada en la presentación de la proposición de ley apoyada por todos los grupos junto a la presencia de la patronal fotovoltaica UNEF. «¿Si el Grupo Popular hubiese aparecido con una proposición de ley acompañados por el presidente de una gran compañía eléctrica o presidente de la patronal qué hubieran dicho de nosotros?», se preguntó Mariscal, quien defendió la política energética del PP al congelar los peajes del recibo y aprobar las medidas relativas al mercado del gas con las que la factura «bajará».

Hablemos de costes y precios

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La comparecencia del ministro de Energía en el Congreso al hilo de la evolución reciente de los precios de la electricidad en España permite hacer una retrospectiva de lo que ha sido esta crisis de invierno de 2017, generalizada en toda Europa. Iba con la lección aprendida y con una importante preparación técnica y metodológica.

Álvaro Nadal ha realizado una explicación académica de lo que es un mercado, sus reglas y sus consecuencias; los efectos de la escasez en esta coyuntura. Escasez que proviene de unas condiciones climatológicas determinadas y adversas: un país que produce alrededor de un 20% con energía hidráulica y otro 20% con energía eólica, si ve mermado el recurso eólico o hidráulico, tiene escasez. Una escasez derivada también de los flujos internacionales de la energía por la exportación a Francia de electricidad dado que una parte significativa de su parque nuclear está parado. Una evidencia, además, que la energía en el mercado de generación francés es más cara aún que en España y/o que nos eligen frente a otros países suministradores.

Los beneficios de que una actividad esté en régimen de mercado son claros: se consigue que todas las tecnologías compitan, obteniendo precios medios finales eficientes, y los propios agentes determinan la forma de aplicar sus recursos de forma eficiente. Además nuestro mercado ofrece signos muy claros de eficiencia y sus precios resultantes han transmitido las señales que se derivan de las condiciones del mismo, bien la escasez actual o bien la abundancia cuando hay días que se efectúan las casaciones a cero en el pool.

Es la escasez la que hace que unos años el aceite sea más caro que otro, teniendo prácticamente los mismos costes de producción. O que la verdura se haya puesto en precios de pata negra por las heladas. Bienes de primera necesidad y condiciones climatológicas: ¿Les va sonando?  Los resultados de las investigaciones que se han realizado en el pasado y las que defienden los propios agentes del sector reflejan la eficiencia del mercado. Si un mercado no es eficiente, no transmite correctamente las señales de escasez o de abundancia, como sería un mercado intervenido en el que el consumidor artificialmente puede tener precios bajos fijados políticamente, abocándolo a consumir de forma ineficiente por un ejercicio mal entendido de «protección».

El ministro aprovechó para soltar alguna pulla sobre determinados componentes de los costes de acceso, sobre todo en nuestro pasado de despilfarro en ciertas tecnologías. A la vez, los socialistas no quieren ni oír hablar de los desmanes en la fijación retributiva y gestión de autorizaciones de potencia renovable de la época Zapatero. Eso sí, la oposición está alineada claramente con las posiciones anti mercado: desde Ciudadanos hasta los partidos de izquierda insisten en reclamar una auditoría de costes del sistema eléctrico, otra más, destinada a acabar con el mercado. Cuánto más próximas son las ideas de los grupos parlamentarios a Podemos más partidarios son de la intervención, con Izquierda Unida planteando directamente la nacionalización.

Pedir la auditoría ya es un clásico. Pero que un suministro se sufrague por un sistema de costes reconocidos, significa que en el precio de un café, por ejemplo, se calcule el precio de los gramos de café que se ponen en la carga de la cafetera, el escandallo del coste del agua que se incluye en la taza, la distribución del tiempo horario del camarero que lo prepara, más la repercusión de los costes directos e indirectos del establecimiento dónde se sirve (alquiler del local, luz, limpieza, etc…) y que se fije un tipo de interés que lo retribuya.

Un sistema que hace que por un café se pague lo que cuesta el café al dueño de la cafetería. Pero un sistema que también incentiva que, por ejemplo, el local tenga mucho, mucho mármol, por el simple motivo de que va a reflejarse en los costes. Obviamente, la economía de mercado no funciona así y lo que determina el precio del café, entre otros factores, es la abundancia o no de sitios en los que tomar café en una zona, con los establecimientos compitiendo entre sí, con sus diferentes precios, para captar clientes. Economía de mercado. Europa. Siglo XXI.

Podemos considera que las compañías eléctricas deberían asumir el coste del suministro a los consumidores vulnerables

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Servimedia / EFE.- El presidente de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso de los Diputados, Ricardo Sixto, considera que el suministro eléctrico de garantía para los hogares en situación de vulnerabilidad «es un coste que debe ser asumido sobre todo por las compañías, puesto que se trata de una cuestión social». Así se expresó Sixto, diputado de Unidos Podemos, que sostuvo que «está claro que tiene que ser un coste compartido entre las compañías y las administraciones».

A este respecto, señaló que la Comisión de Energía del Congreso «va a tener que desarrollar un trabajo muy interesante y muy importante para no dejar en la estacada a la gente que más sufre los efectos de la crisis y que puede acabar padeciendo una situación de indefensión frente a unas compañías enormes que acaban marcando unos precios que mucha gente no puede asumir».

«Es una situación compleja que lo que tiene que llevar en un primer momento es sensibilidad por parte de la empresa cuando se producen estos cortes de suministro, porque son ellos los que manejan los datos, son ellos los que conocen cuáles son las circunstancias del corte que se está produciendo», añadió. En esta línea, argumenta que desde las empresas «son ellos los primeros responsables y los primeros que tienen que estar interesados en que no se produzcan situaciones de este tipo, de extrema vulnerabilidad».

Por otro lado, pidió al Gobierno que aborde este problema, porque «el que haya una cobertura estatal a toda esta normativa sería positivo». «El que las comunidades autónomas tengan que ir cada una por su lado regulando estas cosas puede dar lugar a ciertas disparidades que no tendrían sentido», apostilló. En concreto, abogó por que el departamento dirigido por Álvaro Nadal establezca la obligatoriedad por ley de que las compañías eléctricas tengan que comunicar a los ayuntamientos los cortes de suministro en situaciones de vulnerabilidad, en la línea de lo contemplado en la ley catalana.

Sixto considera necesario hacer que las empresas, a la hora de suministrar los datos, puedan hacer una primera criba de cuáles son esas situaciones de vulnerabilidad que se producen, porque las situaciones de corte son muy diferentes, y «eso las compañías son las que más posibilidades tienen de poder visibilizarlo«. Asimismo, advirtió sobre el problema para las administraciones locales que supone la ley de financiación local, que, según Sixto, les impide contratar personal suficiente para dar los servicios que tienen que prestar a la ciudadanía.

En cuanto a la financiación del bono social, explicó que la opción que «parece contar con más respaldo por parte de los grupos parlamentarios y del Ministerio es buscar una solución similar a la que se venía aplicando hasta ahora, que sean las compañías las que asuman el coste», sin valorar que el sistema de financiación aplicado hasta ahora fue anulado por el Tribunal Supremo.

Asimismo, advirtió de que «hay una cuestión más complicada, que es a quién se aplica», ya que considera que «ha tenido un criterio muy generalista, ligado a un consumo menor de un determinado nivel y a pocas cuestiones más». Esto, según Sixto, «ha llevado a que gente con poderes adquisitivos muy diferentes tengan derecho al bono social, cosa que no tiene mucho sentido». «Hay que ligarlo a las rentas que tiene cada unidad familiar», sentenció.

«El problema no es cómo se hace, el problema es que según los cálculos que manejan las empresas eléctricas ahora mismo hay 2,5 millones de contratos con el suministro en bono social y si se aplicasen criterios de renta probablemente habría un millón menos», advirtió. «Hay un millón de contratos que tienen bono social que si aplicásemos criterios de renta no tendrían derecho a ello. Eso debe tener un coste político para asumirlo en un determinado momento y a veces hay Gobiernos que no han querido asumir ese coste», lamentó.

Pobreza energética “inadmisible” en España

Diputados del Congreso y miembros de la Ejecutiva Estatal de Podemos celebraron en La Granja (Segovia) una jornada de trabajo para preparar la movilización del 21 de diciembre contra la pobreza energética. En este sentido, el secretario de Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, sostuvo que es «inadmisible» que la conocida como pobreza energética «exista en España, uno de los países más ricos de Europa». Mayoral aseguró que «los abusos tarifarios existentes son intolerables y más en un país en el que las compañías energéticas tienen los beneficios más altos».

En su opinión, las movilizaciones que se han desarrollado hasta la fecha han logrado que la pobreza energética forme parte de la agenda política, aunque Mayoral ha insistido que «se sigue violando» la observación de Naciones Unidas que aboga por el derecho a disponer de la energía suficiente para poder alumbrar la casa, cocinar y mantener la temperatura adecuada. En este sentido, ha subrayado que «no sirve de nada una moción» y ha exigido medidas legislativas que «garanticen los derechos de la mayoría y pongan límites a las eléctricas para que dejen de jugar con la vida de la gente». 

La Cámara de Comercio de España crea una comisión de energía presidida por Iberdrola para analizar el sector

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EFE.- La Cámara de Comercio de España ha creado una comisión que analizará los problemas del sector energético y que contará con representantes de compañías como Iberdrola, Repsol, Endesa, Técnicas Reunidas, Alstom España o Renault Consulting. Presidida por el director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de Iberdrola, Carlos Sallé, la nueva comisión aportará visión y recomendaciones a la estratégica energética del país.

Así, los trabajos se centrarán en cuestiones como los precios de la energía y la competitividad de las empresas y las implicaciones y oportunidades de las políticas de cambio climático para las firmas españolas. Además, abordará las nuevas tendencias del mercado energético como la transición energética, digitalización, energía limpia, redes inteligentes y mayor foco en el cliente, y el papel de las empresas en los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la energía. La Comisión de Energía elevará a la Cámara propuestas de iniciativas en programas y proyectos europeos, así como nuevas actividades de apoyo a las empresas del sector, especialmente pymes, y hará recomendaciones sobre nuevas fuentes de financiación de programas orientados a fomentar y reforzar la renovación sectorial.

La Eurocámara respalda los cambios en el etiquetado de eficiencia energética de los electrodomésticos

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Europa Press.- La Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo ha apoyado este martes 14 de junio los cambios en la normativa comunitaria para modificar el etiquetado de eficiencia energética de eletrodomésticos para facilitar su comprensión por parte de los comsumidores.

En concreto, los eurodiputados han pedido introducir una escala comprendida desde la A a la G en los próximos cinco años que sustituya a las etiquetas actuales A+, A++ y A+++, de forma que los consumidores no sean engañados al pensar que la clase A es una de las más eficientes del mercado cuando, de hecho, puede ser de las menos eficientes.

Además, la Comisión de Energía ha establecido que las etiquetas deben incluir información sobre la clase de eficiencia energética del modelo del producto, así como de su consumo absoluto de kilovatios por hora (kWh) al año o en un periodo determinado.

Por otro lado, los suministradores y comerciantes tendrán que informar sobre la clase de eficiencia energética de cada producto en todos los anuncios visuales o material promocional para cada modelo específico del producto.

De la misma forma, los eurodiputados han abogado por crear una base de datos de productos que consista en una página web donde sea accesible información individualizada que además esté disponible en todos los idiomas de los países donde se vende el producto.

En cualquier caso, la Comisión de Energía ha propuesto incluir algunas excepciones a estas normas, entre otras, a productos de segunda mano y a medios de transporte cuyo motor permanezca en el mismo lugar durante la operación, como ascensores o elevadores.

El pleno del Parlamento Europeo votará su posición final en la próxima sesión con el objetivo de fijar el mandato que permita iniciar las negociaciones con el Consejo de la UE.

La Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB por sus siglas en inglés) ha lamentado en un comunicado que se retrase la entrada en vigor de unas normas «claras» sobre el etiquetado energético.

«El decepcionante voto es haber perdido una oportunidad para permitir que los consumidores elijan verdaderamente informados sobre los electrodomésticos que compran», ha criticado el coordinador de la campaña Coolproducts, Stephane Arditi.