Entradas

Tempos Energía aumenta en un 28% su nuevo negocio y ya gestiona más de 500 Gwh en electricidad y gas

Europa Press.- La consultora de compras de energía Tempos Energía ha incrementado en un 28% su nuevo negocio, llegando a gestionar una cartera superior a los 500 gigavatios/hora (Gwh) en electricidad y gas. La consultora, que nació en 2013 como consecuencia de su experiencia en la ingeniería, ha realizado importantes apuestas en I+D+i. De este modo, gracias a su BigData, desarrolla un servicio informativo sobre el mercado eléctrico y gasístico que ya siguen más de 500 empresas.

Se trata de una herramienta de trabajo valorada por los profesionales de la compra de energía, dado que ofrece análisis exhaustivos sobre la situación del mercado con arreglo a exámenes detallados y al estudio de las noticias que tratan sobre él. Se trata de saber «cuándo estamos ante una buena oportunidad de compra y aprovecharla», según explica su director general, Antonio Aceituno. Entre las que se guían por estos análisis para ver aumentada su cuenta de resultados están Strugal, Geotexan, Dragados Off Shore, Inquiba, Ecomsa, Riotinto Fruit, AgroSevilla, Usisa, Aceitunas Guadalquivir y Linasa, entre otras.

Así, de estos análisis se extrae que, tras un primer semestre de año convulso, el mercado eléctrico continúa con precios muy altos, lo que provoca que sea poco competitivo. Para la consultora energética, esta situación viene motivada por «el poco aporte de las energías renovables en el mix energético nacional y por la gran bajada de aguas almacenadas en los embalses». En lo referente al mercado del gas, «puede que estemos ante la apertura de la ventana de compras, fundamentado por la baja cotización del Brent y el apuntamiento del tipo de cambio del euro respecto al dólar en la zona de 1,12», subraya Aceituno.

Por otro lado, y dentro de la apuesta por el I+D+i, el director general de Tempos Energía destacó la «capacidad de la que dispone la consultora para absorber nuevo negocio», gracias al desarrollo y puesta en marcha de un simulador de compra de energía, único en el mercado nacional. Gracias a esta herramienta, la consultora analiza en tiempo real la comparativa entre todas las comercializadoras que operan en España, para garantizar a sus clientes la opción de compra energética más rentable. En concreto, este simulador fue desarrollado en 2016 y se trata del primero en España que analiza el sector de la energía a pool.

El consumidor vulnerable deberá tener un certificado de los servicios sociales para impedir los cortes de luz

EFE / Europa Press.- Los servicios sociales de ayuntamientos y comunidades autónomas deberán acreditar mediante la expedición de un documento que un consumidor es «vulnerable severo», lo que le protegerá de los cortes de luz, según se recoge en el real decreto-ley. La norma, que regula la financiación del bono social, incluye varias modificaciones de la ley del sector, entre ellas la de incluir la citada categoría de consumidor «vulnerable severo» en el epígrafe de «suministros esenciales», es decir, que no se les puede suspender el suministro.

Así, se incluye en el apartado 4 del artículo 52, en el que se establecen esos supuestos de suministros esenciales, una nueva categoría que se suma a los 8 ya existentes, como hospitales, fuerzas de seguridad, alumbrado público entre otras, y en las que en «ningún caso» puede suspenderse el suministro. En ese nuevo apartado se incluye a «aquellos suministros a consumidores que tengan la condición de vulnerables severos acogidos a tarifas de último recurso y que estén siendo atendidos, respecto a estos suministros, por los servicios sociales de las Administraciones Públicas competentes por hallarse, en atención a su renta, en riesgo de exclusión social».

El texto también añade que estos suministros se circunscribirán a personas físicas en su vivienda habitual y que «todo lo anterior deberá ser acreditado mediante documento expedido por los servicios sociales de las referidas Administraciones Públicas». Sobre los cortes de suministro, contempla además que, para los consumidores vulnerables, no se pueda cortar la luz en un periodo de cuatro meses desde la notificación del impago, pero sólo si son clientes del PVPC. También se incluye la obligación de que haya respuesta por parte de los servicios sociales cuando se les consulte sobre la situación de las familias vulnerables. Además de incluir a estos consumidores “vulnerables severos”, el texto prohíbe que se puedan aplicar recargos posteriores a esas situaciones de morosidad.

El borrador de la normativa, que podría ir este viernes al Consejo de Ministros, también regula el nuevo modelo de financiación del bono social, que pasarán a costear todas las comercializadoras eléctricas en función del número de clientes y no solo las que tienen además actividades de producción y distribución como ocurría hasta ahora. Además, será asumido por las matrices de los grupos de sociedades. El Tribunal Supremo tumbó recientemente el anterior modelo de financiación por considerarlo discriminatorio. El nuevo repartirá el coste del bono, que supone unos 200 millones de euros anuales, entre un mayor número de empresa aunque la mayor parte seguirá cayendo en las tres principales compañías, Endesa, Iberdrola y Gas Natural, por sus cuotas de mercado.

El bono tendrá mayor coste

La propuesta de normativa también incluye, tal y como había señalado el Gobierno, que las compañías eléctricas «cofinancien» con las Administraciones Públicas el suministro de energía eléctrica de aquellos consumidores que entren en esa categoría de «vulnerables severos». Posteriormente, el Gobierno prevé acometer una revisión de esta ayuda para vincular su percepción a la renta. El texto también pone un plazo máximo de tres meses para aprobar las normativas de desarrollo necesarias para su aplicación. El Gobierno y el PSOE firmaron un acuerdo sobre estas reformas, que también apoya Ciudadanos.

En el desarrollo reglamentario quedan pendientes la articulación del procedimiento para evitar los cortes de suministro, la modificación de la definición de consumidores vulnerables que pueden acogerse al bono social y la fijación de mejores prácticas de comercialización para que los usuarios puedan conocer de forma clara las ofertas energéticas. El Gobierno calcula que actualmente hay 2,6 millones de hogares con consumidores vulnerables, que suponen unos siete millones de personas, que reciben un descuento en la factura de la luz a través del bono social.

El Gobierno podrá imponer además sanciones de hasta 60 millones de euros a las comercializadoras de electricidad que no cumplan con sus obligaciones referidas al nuevo sistema de financiación del bono social, según consta en el borrador del real decreto por el que se regula el nuevo mecanismo de fijación de esta ayuda a consumidores vulnerables. El borrador modifica en su artículo 1 varios aspectos de la Ley del Sector Eléctrico 24/2013. En concreto, el real decreto-ley incorpora por primera vez al catálogo de conductas consideradas «muy graves» dos apartados relacionados con las obligaciones de las comercializadoras con el bono social. Estas infracciones implican penalizaciones por importe de entre 6 y 60 millones de euros.

La sanción de entre 6 y 60 millones es la mayor de las recogidas por la ley eléctrica y, a partir de la aprobación del real decreto, se podrá aplicar cuando la comercializadora «deje de ingresar dentro de los planes legal o reglamentariamente establecidos las cuantías que correspondan al reparto del coste del bono social», siempre que la cantidad anual que deba aportarse sea superior a 5 millones de euros. La infracción por conducta «muy grave» también se podrá imponer cuando se produzca «el falseamiento u ocultación de datos sobre número de clientes o energía eléctrica suministrada o de cualquier otra información que se solicite por la Administración a efectos de la aplicación del mecanismo de financiación del bono social».

El borrador incorpora al régimen de sanciones «graves» las conductas consistentes en dejar de ingresar los importes del bono social en cantidades de entre 500.000 y 5 millones de euros. Las multas para este tipo de actuaciones oscilan entre 600.000 y 6 millones de euros. Serán sanciones «graves» la comunicación de datos inexactos sobre el número de clientes o la energía suministrada por las comercializadoras encargadas de costear el bono social. Hasta la fecha, la normativa sobre consumidores vulnerables y el bono social no recogía ningún tipo de sanción explícita.

El Gobierno no subirá la parte regulada de la tarifa eléctrica en 2017

Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha asegurado que el Gobierno no subirá en la próxima revisión para 2017 la parte regulada de la tarifa eléctrica, los denominados peajes eléctricos que representan aproximadamente un tercio del recibo.

«Para este año, va a haber subida 0% en la parte que depende del Gobierno», afirmó Nadal en una entrevista en ‘Los Desayunos’ de Televisión Española.

El ministro, que señaló que el resto de la factura depende del coste de la energía, donde influyen la meteorología, y el precio del petróleo y el resto de materias primas, subrayó que tampoco se piensa tocar los impuestos sobre la electricidad, «ya son lo suficientemente altos y no hay ninguna intención de modificarlos».

En lo que se refiere al bono social, Nadal indicó que «es mejorable» el sistema como actualmente está planteado, aunque afirmó que, a pesar del consenso entre las fuerzas políticas, no es fácil que se pueda ligar a la renta.

A este respecto, defendió la idea de una tarjeta social para estos colectivos vulnerables que sirva para otros aspectos, además del energético, y que ya figuraba en el acuerdo de investidura y en el programa electoral.

Bono Social, asumido por las empresas

Igualmente, el ministro de Energía defendió que el bono social siga siendo asumido por las compañías, tal y como ocurría hasta ahora. «Todas las formaciones políticas llevábamos la mejora del bono social. Estaba puesto en la ley que lo pagaban las matrices de las comercializadoras y una sentencia del Supremo decía que era discriminatoria. Estas son el 94% del mercado, había un 6% que no contribuía, y estamos negociando que en vez de ese 94% sea el 100% y lo sigan pagando exactamente los mismos que lo estaban pagando hasta ahora», manifestó.

Nadal señaló que «la obligación del Gobierno es hacer que a los cinco millones de personas con dificultades energéticas en el país le salga más barata la energía«, para lo que, según su opinión, es necesario mejorar la relación entre la política energética y la política social «para aquellos que están en una situación peor», pero siendo «respetuoso con las competencias de las comunidades autónomas».

La OCU denuncia ante la CNMC solamente a las principales compañías eléctricas por “confundir al consumidor con el precio libre”

Europa Press / Servimedia.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado a las principales compañías eléctricas ante la CNMC por generar “confusión” entre los consumidores “al no separar de forma clara el precio regulado de las ofertas en el mercado libre”. Esta confusión, indica la organización, «está prohibida expresamente por la Ley del Sector Eléctrico» y su efecto causa «un perjuicio notable a los consumidores que en su gran mayoría desconocen con quién están contratando la electricidad».

La OCU indica que la Ley del Sector Eléctrico prohíbe a las empresas que desarrollan actividades reguladas (distribución y comercializadoras de referencia) y actividades liberalizadas (comercialización en el mercado libre) crear confusión en la presentación de su marca y la información que ofrecen a los consumidores. «La norma obliga a establecer una separación clara entre las comercializadoras de referencia, que tienen obligación de suministrar a los consumidores la tarifa regulada Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor o PVPC, de las comercializadoras pertenecientes a ese mismo grupo, pero que ofrecen electricidad en el mercado libre«, indica.

Sin embargo, aunque la ley es clara en esta materia, OCU denuncia que la realidad es bien distinta para los consumidores. A su juicio, Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo «incumplen claramente la ley y presentan una información confusa en aspectos básicos para los consumidores como son el nombre comercial de las compañías, las páginas web y logos corporativos, que son prácticamente idénticos». Además, la organización señala que estas compañías comparten los e-mail de contacto con los clientes e incluso «en algunos casos como Iberdrola tienen el mismo teléfono de atención al cliente».

Para OCU los efectos que provoca esta confusión en la identidad de las empresas que prestan el suministro de electricidad son «claros». «La mayoría de los consumidores desconoce exactamente cuál es su comercializadora más allá del grupo al que pertenece, y con ello desconoce un hecho fundamental, cuál es su tarifa y las condiciones comerciales que le aplican», señala. «Esta situación es terreno abonado para los abusos«, indica la organización, para la que la confusión entre empresas del mismo grupo daña la «exigua competencia en el mercado de la electricidad».

Por último, recordó que la normativa del sector eléctrico califica como grave esta infracción y establece sanciones que van desde 600.000 a los 6 millones de euros, por lo que pidió a la CNMC «que aplique lo dispuesto en la Ley para impedir la confusión de marca entre las empresas del mismo grupo y evite el perjuicio que esta situación provoca sobre el nivel de competencia del mercado eléctrico y por extensión en los consumidores».

Las grandes compañías eléctricas declaran pérdidas de 29 millones de euros por el suministro de luz a precio regulado

Europa Press.- Las sociedades con las que Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa suministran la electricidad mediante el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) declararon unas pérdidas de 28,9 millones de euros en el ejercicio 2015, el último en el que, conforme a la nueva regulación y a las sentencias del Tribunal Supremo, debería registrarse insuficiencia de ingresos.

En concreto, la filial de Endesa encargada de ofrecer el PVPC, Endesa Energía XXI, contabiliza unas pérdidas de 29,2 millones de euros, frente a los 10,7 millones de ‘números rojos’ de Gas Natural Fenosa, que opera a través de Gas Natural SUR SGD. Esta última sociedad también incluye la comercialización a tarifa de gas natural, según datos del Registro Mercantil a través de Infoempresa.com.

En el caso de Iberdrola, su filial Iberdrola Comercialización de Último Recurso declara un beneficio de 11 millones de euros en 2015, un ejercicio en el que su matriz inyectó 8,9 millones a la sociedad para compensar las pérdidas y restituir su equilibrio patrimonial.

Fuentes de la compañía indicaron que este resultado positivo en 2015 se debe puntualmente a criterios de eficiencia, ya que en los ejercicios anteriores se registraron pérdidas al no disponer el negocio de una retribución razonable.

En noviembre de 2015, el Supremo falló a favor de las eléctricas y obligó a revisar el margen de 4 euros anuales por kilovatio (kW) reconocido a las comercializadoras de referencia encargadas de suministrar el precio regulado. A comienzos de junio, obligó además al Gobierno a establecer de forma urgente una nueva metodología.

En cumplimiento de la sentencia, Industria ha reconocido 26,11 millones a las eléctricas para compensar las mermas de los últimos tres años. Además, para 2017 y 2018 ha fijado un valor de 3,09 euros por kW para el término fijo y de 0,000532 euros por kilovatio hora (kWh) para el variable.

Esta revisión es más limitada que la propuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que abogaba por elevar el margen de las comercializadoras de referencia un 31%, hasta 5,24 euros por kW. Esta propuesta habría implicado una subida de 5 euros al año para una familia media.

Traslado de clientes a mercado

En 2014, el Gobierno sustituyó la Tarifa de Último Recurso (TUR) por el PVPC, de cuyo suministro se encargan las filiales de comercialización de las compañías verticalmente integradas del sector, lo que incluye a Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP España.

Esta circunstancia ha permitido a las eléctricas retener una gran bolsa de clientes, pero a costa de unos márgenes insuficientes. Por este motivo, han venido aplicando la estrategia de trasladar clientes desde sus comercializadoras de referencia a las de mercado.

En un reciente informe, la CNMC advirtió de que la mayoría de cambios de una comercializadora regulada a otra libre tiene como destino una sociedad perteneciente al mismo grupo empresarial.

De hecho, el 77,2% de los cambios de precio regulado a libre se produjo en 2015 entre sociedades del mismo grupo. En el caso de Endesa, las tasas fueron del 78,9%, frente al 82,7% de Iberdrola y el 54,3% de Gas Natural Fenosa.

Vuelco a favor del mercado

La orientación estratégica hacia el mercado ha contribuido a que, por primera vez desde la liberalización del suministro en 2009, los clientes con precio libre sean más que los que disponen de la modalidad regulada, a pesar de que que esta última opción sea en la mayoría de las ocasiones la más ventajosa para el consumidor.

En septiembre de 2015 se produjo el vuelco. En ese momento, la CNMC cifró en 12,75 millones los consumidores domésticos abastecidos por una comercializadora de referencia, una cifra por primera vez superior a la de clientes regulados, que en ese momento eran 12,9 millones.

Las tres mayores comercializadoras aglutinan una cuota de mercado del 67% en el mercado libre. Endesa Energía lideraba a finales de 2015 este segmento, con una cuota del 32%, frente al 20% de Iberdrola y el 14% de Gas Natural Fenosa.

Las comercializadoras eléctricas deberán enviar a la CNMC cada trimestre las quejas de los clientes

Europa Press.- Las comercializadoras y distribuidoras de electricidad y gas deberán remitir con carácter trimestral a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) las reclamaciones que reciban procedentes de los clientes.

Esta obligación aparece recogida en una circular de la CNMC publicada este viernes en el BOE. La entrada en vigor de las nuevas exigencias se producirá mañana, si bien el primer periodo para el que las empresas deberán remitir la información corresponde al cuarto trimestre de 2016.

En total, 33 comercializadora de electricidad y 18 de gas deberán cumplir con la obligación, así como unas 35 distribuidoras de electricidad y todas las distribuidoras de gas.

En el caso de la comercialización de electricidad, las empresas obligadas son las comercializadoras de referencia encargadas del suministro del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), así como las que ostenten una cuota en el mercado libre superior al 0,15%.

También deberán remitir las quejas las que hayan incrementado su base de clientes en el mercado libre más de un 100% en el último año y hayan superado los 3.000 usuarios.

En el caso del gas, las comercializadoras obligadas son las de último recurso y las que suministren el producto a más de 1.000 clientes finales en el mercado español. La CNMC renovará cada año los nombres de las empresas sujetas a la circular.

El regulador argumenta que las nuevas exigencias son necesarias para disponer de información detallada sobre las reclamaciones que presentan los consumidores y, sobre todo, sobre la tipología de las mismas.

La CNMC también está interesada en conocer el tratamiento que se da a las quejas, con el objeto de poder llevar a cabo de forma adecuada sus funciones de supervisión del mercado y de protección de los consumidores.

Si las empresas incumplen la remisión de información, se verán expuestas a un procedimiento sancionador y a una posible infracción de carácter grave o muy grave.

Más de 3.000 consultas y quejas

La CNMC informó en abril del volumen de quejas de los consumidores que se dirigen directamente al regulador para exponer su situación. En total, durante 2015 el regulador atendió 1.948 consultas de consumidores y 1.378 reclamaciones contra compañías de electricidad y gas.

De las consultas, que el año pasado aumentaron un 20%, el 77% correspondió a electricidad y el resto, un total de 457, se refiere a gases y fuel.

En cuanto a las reclamaciones, en 2015 cayó un 50% el número con respecto al ejercicio 2014, que estuvo marcado por la entrada en vigor del PVPC y las refacturaciones a los clientes durante el primer semestre de ese año.