Entradas

Badajoz insta a la Junta de Extremadura y a Endesa a que acaben con los cortes eléctricos

/0 Comentarios/en , , , /por

EFE.- El Ayuntamiento de Badajoz ha instado a Endesa y a la Junta de Extremadura a que solucionen el problema de los cortes del suministro eléctrico que se producen en los poblados de la localidad. Los grupos políticos debatieron en el pleno municipal una moción del PSOE en la que se pide a Endesa a que acaben los «continuos» cortes y a la Junta a que interceda con la empresa para solucionar la situación.

El portavoz de Podemos Recuperar Badajoz, Remigio Cordero, resaltó que en la última reunión de la Comisión Municipal en la que se abordó este aspecto se acordó solicitar al Ejecutivo autonómico a resolver la cuestión, y felicitó al PSOE local por su esfuerzo en este asunto. PP y C’s también han apoyado esta moción, y el concejal de Poblados, Jesús Coslado, manifestó que el Ayuntamiento (PP) ya realizó algunas notificaciones de quejas a la compañía por estos cortes y transmitió a la Dirección General autonómica de Industria (PSOE) esta situación.

Otra moción del PSOE, aprobada gracias a los votos de C’s y Podemos, insta a ayudar a las personas que no pueden pagar la factura de la luz, y a un convenio con las compañías eléctricas para que no se corte el suministro a ningún ciudadano, iniciativa a la que el PP se abstuvo al alegar que se abordará en el próximo consejo del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS).

La oposición critica en la Comisión de Industria la “opacidad y politización” del CSN

/0 Comentarios/en , , , , , /por

Europa Press / EFE.- Durante la comparecencia del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Fernando Marti, todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, recordaron que la Comisión aprobó en la pasada legislatura su cese y que el Gobierno no lo llevo a cabo. Han criticado también las actuaciones del órgano respecto a las decisiones en torno a la central de Garoña así como al ATC. Igualmente, lamentan que se esté impulsando, a juicio de los parlamentarios, una regulación para extender la vida útil de las nucleares hasta los 60 años.

«Es un órgano más opaco y menos independiente desde que usted está en el cargo», le indicó la diputada del PSOE, Pilar Lucio, que insistió en que es «chocante» que sea el máximo responsable del CSN después de haber sido secretario de Estado de Energía. A su juicio, su actividad al frente del mismo ha supuesto «una captura del órgano regulador«. Asimismo, Lucio lamentó que Marti vaya a la Cámara Baja a responder a los técnicos, en lugar de responder a los parlamentarios sobre cómo va a resolver la situación.

Desde Unidos Podemos, Juan López de Uralde, ha advertido del «deterioro» de la seguridad nuclear en los últimos años. «Hoy estamos más expuestos», ha avisado al tiempo que ha recalcado que este deterioro se refiere tanto a la situación de las centrales como a la realidad interna del CSN, «consecuencia de la ocupación por parte del PP de este organismo». Su compañero de filas, Josep Vendrell, ha insistido en la «escasa credibilidad» de un presidente que viene de ser secretario de Estado, además de denunciar falta de transparencia y el «clima interno» en el CSN.

Uralde también ha tachado de «tomadura de pelo» la comparecencia de Martí. «No es de recibo que las discrepancias se sustancien poniendo a caldo a quienes han apuntado las críticas», afirmó, al tiempo que advirtió de que el suceso notificado por Almaraz calificado como 0 y denunciado por la asociación ha pasado a calificarse como 1. «Les da la razón a ellos y le quita la razón a usted. Lo mejor es que usted dimita y que el Consejo de Seguridad recupere su credibilidad», sentenció.

Mientras, Melisa Hernández, de Ciudadanos, ha manifestado la voluntad de su grupo de confiar en el organismo regulador, pero ha precisado que no de esa manera y ha avisado de la «politización» del sistema. En este sentido, también ha criticado la ausencia de Marti en la pasada legislatura y le ha reprochado que la razón que se dio a la Cámara Baja es que tenía «muchos viajes». Por ello, le ha recordado que su grupo también apoyó la petición de dimisión. Hernández ha anunciado que su grupo presentara una iniciativa para que los plenos del CSN se retransmitan en directo.

Por su parte, Pedro Azpiazu, por el PNV, que se centró en la central nuclear de Garoña, ha confesado estar un poco cansado de este tema. «Ya vale, tomen una decisión, hagan el informe técnico que corresponde. ¿A qué esperan para no conceder la autorización a Garoña? Pusieron un calendario hasta septiembre de 2015 y no han cumplido ¿A qué esperan? A mí me gustaría que, por fin, Garoña se cerrase, sería hacer lo que exige el sentido común», proclamó.

La evaluación de reapertura de Garoña por el CSN está pendiente del envío de información y de modificaciones por Nuclenor

/0 Comentarios/en /por

Redacción / Agencias.- El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Marti, explicó que el proceso de evaluación de reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) está pendiente del envío de información por parte del titular, Nuclenor, y de la puesta en marcha en la instalación de algunas modificaciones requeridas, por lo que «estamos a la espera de que Nuclenor cumpla las condiciones» para la reapertura de la central, que cesó su actividad a finales del año 2012.

Así lo explicó Marti durante su comparecencia ante la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, especificando que la central, perteneciente a Iberdrola y Endesa, tiene que aplicar los requisitos derivados de Fukushima y presentar unas modificaciones de diseño que deben estar implantadas antes de la carga de combustible para poner en marcha la central (estos incluyen el sistema de venteo filtrado de la contención, los recombinadores pasivos autocatalíticos y el Centro Alternativo de Gestión de Emergencias (CAGE). Estas modificaciones «habrían de ser apreciadas favorablemente por el CSN antes de su entrada en servicio». El presidente del CSN ha asegurado desconocer el coste de las mejoras que ha exigido a Nuclenor para reabrir Garoña.

Por otro lado, recordó que estos requisitos tendrían que haberse cumplido en septiembre de 2015, por lo que afirmó que «el calendario ha sido rebasado». Preguntado por la posibilidad de aparcar la posible reapertura de Garoña ante el retraso de su titular Nuclenor, aseguró que «el CSN no puede parar sus actividades reguladoras sobre Garoña». «No tenemos capacidad jurídica para parar esos expedientes, de unos señores que son regulados y que están pagando sus tasas», prosiguió Martí, quien advirtió de que «si lo hiciésemos, prevaricaríamos».

Por su parte, la mayoría de los grupos parlamentarios presentes en el Congreso, salvo PP y Foro Asturias, han vuelto a mostrarse partidarios del cierre definitivo de la central burgalesa, y en el caso del PSOE y Podemos, sus diputados han llegado a afirmar que el Gobierno, a través del CSN, «ensayan» con Garoña la extensión de la vida útil del parque nuclear hasta los 60 años. «La renovación de Garoña es un claro ejemplo de sus inconfesables intenciones, permitiendo que pueda operar hasta 2031 como solicitó Nuclenor», remarcó la diputada socialista Pilar Lucio, quien aseguró que «el Parlamento debe ser informado de estas intenciones».

«Garoña es un paripé para alargar la vida de las nucleares, su reapertura no interesa ni a los propietarios de la central», insistió el diputado de Podemos, Juan López de Uralde, quien exigió al presidente del CSN que no siga adelante emitiendo informes de Garoña «hasta que no haya nuevo Gobierno». La diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez, también acusó a Martí de «seguir dando curso» a los informes de Garoña pese a la discrepancia con la reapertura de la central nuclear de la mayoría parlamentaria.

Sobre el ATC, Marti indicó que el pleno del CSN remitió en julio de 2015 al Ministerio de Industria el informe favorable a la solicitud de autorización previa o de emplazamiento, estableciendo en dicho informe los límites y condiciones referidas a la seguridad nuclear y la protección radiológica. En este sentido, en 2016, el CSN ha trabajado en la solicitud de autorización de construcción, concretamente en la evaluación del Estudio Preliminar de Seguridad que ha generado una petición de información adicional. Igualmente, ha recalcado que hubo dos inspecciones centradas en garantía de calidad, en el diseño de la instalación y en las actividades de caracterización geológica y geotécnica en campo.

El Congreso apoya, con el voto en contra del PP, la paralización del almacén de Gas Natural Fenosa en Doñana

/0 Comentarios/en , , , , , , /por

Redacción / Agencias.- La Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados apoyó la proposición no de ley, iniciativa de Unidos Podemos, por la que se insta al Gobierno a paralizar el proyecto industrial de Gas Natural Fenosa que se ha comenzado a llevar a cabo en el entorno del Parque Nacional de Doñana (Huelva). La propuesta ha contado con el apoyo de PSOE, Ciudadanos, ERC, Compromís y la antigua Convèrgencia, el voto en contra del PP y la abstención del PNV.

La iniciativa apremia al Gobierno a «luchar por la preservación de Doñana como Patrimonio de la Humanidad y rechazar el proyecto de almacén de gas en el marco de la lucha contra el cambio climático y la sustitución de los combustibles fósiles y la energía sucia por energías limpias», así como a «paralizar inmediatamente las obras hasta que se realice la evaluación de los potenciales impactos directos, indirectos y acumulativos del proyecto industrial de Gas Natural en su conjunto». Eva García Sempere, de Unidos Podemos, solicitó la protección de Doñana por ser «uno de los parques referentes mundiales» y pedir que esté a salvo de «los intereses especulativos» de Gas Natural, que aboga por «un modelo energético caduco y depredador».

García Sempere indicó que Doñana lleva «30 años de impacto debido a la extracción de gas del subsuelo», pese a lo cual «se quieren hacer nuevos pozos, emplazamientos y gasoductos» para convertir este espacio verde en «una verdadera bombona», después de que el Gobierno emitiera una declaración de impacto ambiental favorable para iniciar el proyecto denominado Marisma Occidental sin valorar, a su juicio, «los graves impactos» de las obras. Un proyecto, explicó, que afecta a dos zonas en el interior del parque nacional y a otras tantas en su entorno.

En este sentido, desde Podemos criticaron que Gas Natural y el Gobierno dividieron en 4 un macro-proyecto impidiendo, de este modo, que se puedan analizar los impactos medioambientales sobre Doñana de manera global. Según García Sempere, esta actuación ha permitido al Ejecutivo aprobar el proyecto «por la puerta de atrás», sin aceptar los informes geológicos que solicitan la Junta de Andalucía o las asociaciones ecologistas.

La respuesta del portavoz popular, Ernesto Aguiar, es que la autoridad competente para aprobar este proyecto es el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y que su única voluntad ha sido cumplir la ley. Por ello, subrayó que la política medioambiental del Gobierno se sustenta en compatibilizar el desarrollo sostenible con la prevención de los recursos naturales y apuntó que el proyecto Marisma Occidental cuenta con «todas las formalidades establecidas» para ponerse en marcha. Así, ha desmentido que no haya informes sobre el impacto medioambiental de este almacenamiento de gas y criticó que algunos «duden de informes de expertos porque no se corresponde con lo que creen que deben decir».

Toda la oposición quiere paralizarlo

Desde el PSOE, su diputada Josefa González ha defendido su apoyo a la propuesta de Unidos Podemos señalando que «la conservación de Doñana no es negociable«, mientras que el portavoz de Ciudadanos, Luis Salvador, ha remarcado la necesidad de preservar de un entorno hostil uno de los parques de los que el país está más orgulloso como «ecosistema de biodiversidad»

Por su parte, el portavoz de ERC, Francesc Eritja y los representantes del Grupo Mixto en la comisión, Antoni Postius (CDC) y Enric Bataller (Compromís) han declarado su desconfianza hacia el Gobierno al ver similitudes entre este proyecto y el del almacén Castor, paralizado tras detectarse centenares de seísmos en la zona. «Esa iniciativa terminó con seísmos, indemnizaciones y cero responsabilidades del Gobierno. Hemos pagado entre todos el fiasco de Castor, por lo que no nos fiamos del Ejecutivo en este tipo de proyectos», ha declarado Postius. En este sentido, Bataller recordó que, en total, se entregaron 1.300 millones de euros a la empresa concesionaria. Eritja también ha señalado que existe «mucho riesgo» en intervenir en espacios de protección ambiental.

Cadiz contra Soria por Doñana

Por otro lado, el pleno de la Diputación de Cádiz aprobó nombrar persona non grata al exministro de Industria, José Manuel Soria, por haber firmado la declaración de utilidad pública del proyecto de almacén en Doñana de Gas Natural Fenosa. La petición, propuesta por Izquierda Unida, salió adelante con el voto a favor de PSOE, Ganemos Jerez y Por Cádiz Sí se Puede, la abstención del Partido Andalucista y el voto en contra del PP.

Para Izquierda Unida, el inicio de las obras ha sido posible «por una maniobra por la que el proyecto queda troceado en cuatro subproyectos (Marismas Oriental, Marisma Occidental, Saladillo y Aznalcázar), lo que permitió pasar el corte del Ministerio de Medio Ambiente». «La autorización que ha permitido que Gas Natural comience a trabajar en Doñana fue una de las últimas gestiones llevadas a cabo por José Manuel Soria como ministro de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España», ha argumentado Izquierda Unida, por lo que el Pleno aprobó nombrar persona non grata en la provincia de Cádiz al exministro.

El presidente del CSN rendirá cuentas el próximo 19 de octubre ante el Congreso tras acordarlo todos los grupos

/0 Comentarios/en , , , , , , , /por

Europa Press / EFE.- Todos los grupos parlamentarios acordaron la comparecencia para el próximo 19 de octubre del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados para que presente los informes de actividad de este organismo en 2014 y 2015 y explique otras cuestiones relativas a seguridad nuclear. Martí no ha rendido cuentas ante el Parlamento desde finales de 2014. Los informes están disponibles en la web del organismo regulador.

El PSOE pedía la presencia de Martí para presentar la actividad del organismo, alegando que no se presenta en la Cámara Baja desde diciembre de 2014, a pesar de que debería hacerlo anualmente. Por su lado, Ciudadanos y Podemos reclamaban su comparecencia tras conocer informaciones sobre problemas internos en el CSN e irregularidades en la seguridad de algunas centrales nucleares. Entre los temas de seguridad nuclear que tendrá que tocar en su comparecencia estarán el proceso de renovación y explotación de la central nuclear de Garoña (Burgos)  o la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca).

El portavoz popular en la citada comisión, Guillermo Mariscal, se ha mostrado «totalmente de acuerdo» con las solicitudes de comparecencia de Martí y, de hecho, ha disculpado la ausencia del presidente del CSN en la anterior legislatura porque, según explicó, entonces «tuvo el tiempo que tuvo». En todo caso, considera necesaria su presencia en sede parlamentaria porque, según esgrimió, en materia de seguridad nuclear «es preferible no esgrimir argumentos que puedan alarmar a la sociedad».

Desde el PSOE, Pilar Lucio recordó que la falta de comparecencias de Martí en la última legislatura han dado lugar a «desplantes» que han provocado que «todos los grupos de la Comisión menos el PP hayan pedido su dimisión«, un hecho que, sin embargo, quedó sin efecto por la finalización de la misma. Ahora pide de nuevo que Martí «cumpla con su obligación» y acuda a «dar explicaciones, no sólo ordinarias, sino también de todas las irregularidades que se han conocido» en los últimos meses.

En este sentido, el diputado de Equo en Unidos Podemos, Juan López de Uralde, denunció que existen informaciones «relevantes y alarmantes» por las que Martí debe pasar por el Congreso. En concreto, recordó una carta emitida por técnicos del CSN en el que denuncian «hechos graves» en la situación interna del órgano, además de tener conocimiento de la existencia de «dossieres secretos sobre la evaluación de la central nuclear de Garoña» o problemas de seguridad en la de Almaraz. «Es necesario que estas cosas se clarifiquen«, sentenció. Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, el representante de ERC, Joan Capdevilla, y el de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, expresaron también su «apoyo» a las peticiones de comparecencia presentadas.

Greenpeace pide su cese inmediato

Por su parte, la organización ecologista Greenpeace exigió el cese del presidente del CSN por considerar que «ha perdido la confianza y la imparcialidad que su cargo requiere». Para la ONG es «muy grave» que se pueda poner en juego la seguridad nuclear del país por la mala gestión de su presidente. A su juicio, Greenpeace cree que debe responder ante el Congreso a cuestiones como la «política del miedo denunciada por técnicos del CSN» y las posibles consecuencias de esto en la seguridad nuclear o la «falta de respeto» al Parlamento, donde lleva sin comparecer desde finales de 2014.

También cuestiona la ONG su falta de independencia, puesto que con anterioridad ejerció como secretario de Estado de Energía, entre cuyas tareas estuvo revocar la orden ministerial de cese de explotación de Garoña, un asunto que ahora está tramitando el regulador que preside. Del mismo modo, le acusan de falta de transparencia y opacidad en la toma de decisiones y en el funcionamiento del regulador. «Sobran motivos para cesar a Marti, pero si además el CSN quiere continuar con la renovación de Garoña, con un Gobierno en funciones y en contra de la opinión del Parlamento, la Comisión de Industria debería actuar en consecuencia», consideró la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón.

El Gobierno trabaja en una normativa de seguridad en las gasolineras desatendidas mientras Castilla y León exige que haya empleados

/0 Comentarios/en , , , , , , /por

Redacción / Agencias.- Las Cortes de Castilla y León, con el voto en contra de Ciudadanos, han respaldado la Ley por la que todas las gasolineras deberán contar con al menos un trabajador en el tiempo que permanezcan abiertas para garantizar así la atención a personas con discapacidad y mejorar la cifra de empleos en el sector, una norma que excluye a las cooperativas agrarias siempre que atiendan a sus asociados y no ofrezcan combustible al público general.

Mientras tanto, en el Congreso, el Gobierno en funciones está trabajando en un proyecto de decreto sobre las medidas de seguridad en las llamadas estaciones de servicio desatendidas, es decir, aquellas en las que no hay personal. Según señaló en la Comisión de Industria el diputado del PP, Juan Manuel Juncal, el Gobierno, pese a estar en funciones, trabaja sobre la necesidad de revisar una instrucción técnica complementaria, denominada IP04, relativa a estaciones de servicio.

Aprobada la propuesta del PSOE

Se trata de los puntos de la proposición no de ley (PnL) que llevó a la Comisión de Industria el PSOE y que ha salido adelante. Esa instrucción técnica, según el texto de la PnL, debe «aclarar y hacer más concretas y rigurosas las medidas de seguridad de las estaciones de servicio desatendidas». Junto a este punto, la propuesta del PSOE insta al Gobierno a que se modifiquen, en coordinación con las autonomías, las normas necesarias para obligar a que haya al menos un empleado para atender en horario diurno.

También han pedido «desarrollar y clarificar» los requisitos de seguridad industrial y garantizar la unidad de mercado para que no se produzcan agravios comparativos en los requisitos de acceso de seguridad básicos en las diferentes comunidades autónomas. En definitiva, concluye el texto, se trata de articular e implantar una normativa que «aclare la posición jurídica de las gasolineras desatendidas y garantice la seguridad de estas instalaciones y el cumplimiento de los derechos de los consumidores».

En nombre del PSOE, Begoña Tundidor, explicó que estas medidas, junto a otras, son necesarias para evitar las dificultades que pueden tener las personas con discapacidad para utilizar gasolineras que no cuentan con personal, además de los riesgos a los que pueden estar expuestos. Además, Tundidor advirtió sobre el impacto en el empleo que puede tener la expansión de este tipo de gasolineras desatendidas en un sector que actualmente da trabajo a unas 40.000 personas.

PP y Ciudadanos en contra

Por su parte, Ángela Ballester, portavoz de Podemos, otro grupo que apoyó la exigencia de que haya personal en las gasolineras, destacó la importancia de que «se respeten los derechos de todos los consumidores y en particular el de las personas con discapacidad al acceso a este servicio». Entre los grupos que se opusieron o se abstuvieron, los portavoces del PP, Juan Manuel Juncal; de Ciudadanos, José Luis Martínez, y de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, defendieron la existencia de estas gasolineras por la necesidad de que exista una mayor competencia, lo que redunda en unos menores precios, en la línea de lo defendido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó recientemente un informe en el que pedía que se eliminaran las trabas normativas al desarrollo de estas gasolineras que, a su juicio, aseguran una mayor competencia y unos mejores precios que «benefician» al consumidor final. El informe provocó reacciones de sindicatos y algunos grupos políticos, que criticaban la pérdida de empleo que puede conllevar este tipo de gasolineras, así como problemas de seguridad o de atención a determinados colectivos.

En cuanto al efecto en los discapacitados, Juncal defendió que hay muchas de ellas que sí pueden utilizar este tipo de gasolineras gracias a las innovaciones en los aparatos de expedición y en los dispositivos que utilizan y Martínez apuntó que los problemas de acceso se pueden subsanar con mejoras en los diseños arquitectónicos. Asimismo, el portavoz del PP señaló que en Suecia, país que se puede considerar referente en la atención a personas con discapacidad, actualmente hay un 60% de sus gasolineras sin trabajadores.

Castilla y León las prohíbe

La nueva normativa de Castilla y León modifica la Ley por la que se aprobó el Estatuto del Consumidor y se ha impulsado a instancias del grupo parlamentario popular con el objetivo, como expuso el procurador Salvador Cruz, de establecer garantías, «mejorar» la protección de los usuarios y la accesibilidad, además de actuar de forma «responsable» con el empleo. Cruz ha explicado que las estaciones de servicio deberán tener al menos a un responsable de las instalaciones debidamente formado durante todo el horario en el que permanezcan abiertas, así, ha recordado que la norma establece una moratoria de tres meses para que todos los centros se adapten a la misma.

La exención de las cooperativas agrarias es algo que, a juicio del procurador de UPL, Luis Mariano Santos, no queda claro en esta Ley por lo que «dañará», a su juicio, al mundo rural, motivo por el que finalmente se abstuvo en la votación. Por su parte, el procurador de Ciudadanos, David Castaño, ha incidido en que su grupo no puede apoyar una Ley que, según su lectura, es «contraria a derecho», ya que la normativa estatal básica establece tres tipo de instalaciones de hidrocarburos que son «las atendidas, autoservicio y desatendidas«. Así, ha considerado que con esta normativa las nuevas gasolineras denominadas low cost pierden «su razón de ser».

Sector en Castilla y León

En concreto, se estima que en torno a 60 estaciones de servicio de 1.305 no están atendidas por ningún personal, por lo que esta obligación incluye como beneficio «mayores garantías de seguridad y de protección del medio ambiente», como ha destacado la procuradora popular Irene Cortes, desde el convencimiento de que la presencia de al menos un empleado ayuda a garantizar el correcto suministro de unos «productos peligrosos y contaminantes».

El Congreso de los Diputados reclama una tregua invernal y un fondo público-privado de protección para paliar la pobreza energética

/0 Comentarios/en , , , , , , , , , , /por

Europa Press / EFE.- La Comisión de Industria, Energía y Turismo aprobó una moción en la que se insta al Gobierno a crear un fondo de protección con participaciones de comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas con el objetivo de paliar los efectos de la pobreza energética. Esta medida se incluye dentro de la enmienda transaccional acordada por PP, PSOE y Ciudadanos, y que contó con el apoyo de todos los grupos políticos con la salvedad de Podemos y ERC, que optaron finalmente por abstenerse.

El texto aprobado por la comisión, con 26 votos a favor y 8 abstenciones, recogía los tres primeros puntos de una proposición no de ley presentada por Ciudadanos con distintas medidas para paliar los efectos de la pobreza energética y pidiendo que este problema sea una prioridad de la política energética española. Finalmente, tanto el PP como el PSOE han realizado varias aportaciones. Concretamente, la participación de las empresas energéticas en estos fondos ha sido propuesta por los populares, si bien Ciudadanos ya incluía en su iniciativa acuerdos con las compañías suministradoras de energía para evitar estos cortes de luz.

Así, se insta a establecer la obligatoriedad de avisar por parte de las compañías antes de interrumpir el servicio con el fin de que los servicios sociales puedan valorar la situación de los afectados, así como se pide limitar los cortes de electricidad y de gas para personas reconocidas como «vulnerables» en período invernal. La moción también solicita que se regule un nuevo sistema de acceso mínimo garantizado a los suministros básicos de electricidad, gas natural y gas butano para todos los hogares con poder adquisitivo reducido, en el que «se prime el ahorro y se penalice el consumo ineficiente».

Además, plantea la necesidad de introducir criterios de renta a la hora de acceder al bono social, una rebaja del 25% en la factura que pueden solicitar algunos colectivos. Asimismo, pide que los servicios sociales puedan gestionar directamente la solicitud de dicho bono social por parte de las familias en situación de vulnerabilidad. Por último, la enmienda recoge la necesidad de mejorar la eficiencia energética e incorporar «servicios energéticos avanzados» a estas personas en situación de dificultad dentro de los planes de rehabilitación de edificios.

Según los datos ofrecidos por Ciudadanos durante el debate de la iniciativa, en los últimos dos años se han encarecido en un 22% el precio del gas, un 23% la bombona de butano, un 34% del precio de la luz y un 8,5% el agua. «Creo que todos entendemos que la pobreza energética es un problema real que hay que paliar», aseveró la diputada Melissa Rodríguez, que criticó que se estén produciendo cortes en el suministro energético «sin tener en cuenta su condición social, su renta o que es invierno».

Ciudadanos recordó que en España hay 4,5 millones de personas «pobres desde el punto de vista energético», sin dinero suficiente para mantener en invierno su casa por encima de los 18 grados centígrados. En todo caso, lamentan, la norma no garantiza que no se interrumpa el suministro energético, «sino que incluso permite a las compañías suministradoras la posibilidad de interrumpirlo a aquellos servicios esenciales que acumulen seis meses de impago«.

Por su parte, el diputado socialista, Gonzalo Palacín, destacó la necesidad de profundizar con iniciativas como esta los beneficios del bono social con el que, a su juicio, existe un «problema de indefinición» de las personas que pueden acogerse a él. Asimismo, ha mostrado su satisfacción por tener la posibilidad de aprobar esta iniciativa, pues su grupo presentó otras medidas al respecto en el pasado y, a pesar de contar con el apoyo de otros grupos parlamentarios, fueron tumbadas por la mayoría absoluta del PP.

Teresa Palmer, diputada popular, reivindicó que el Gobierno del PP «ha sido el primero que ha afrontado el problema heredero del déficit tarifario, de unos 26.000 millones de euros«, cuantificando el ahorro gracias a las reformas llevadas a cabo en unos 10.000 millones. Por el contrario, el único grupo de los cuatro grandes partidos que no apoyó la medida fue Podemos, pese a compartir, según indicó Rafael Mayoral, diputado de la formación morada, las ideas y el diagnóstico de la iniciativa. Sin embargo, ha pedido «no mirar la pobreza energética como si fuera un fenómeno de la naturaleza». Sus enmiendas referidas al cobro de los Costes de Transición a la Competencia y a una tarifa progresiva no han sido aceptadas.

El PP se compromete con un Renove para la cogeneración mientras Ciudadanos lo encuadra en un pacto de Estado energético

/1 Comentario/en , /por

Javier Angulo.- Los partidos que lograron suscribir un pacto de investidura el pasado agosto han ofrecido una perspectiva esperanzadora para la cogeneración en caso de formarse Gobierno. El Plan Renove, aspiración del sector que está contenida en la Ley del Sector Eléctrico de 2013 pero aún no desarrollada, parece contar con el apoyo de los grupos parlamentarios del PP y de Ciudadanos, aún con las manifiestas diferencias entre sus representantes. En el lado contrario Podemos, que no varió su aspiración 100% renovable.

La mesa política del Congreso Anual de Cogen España (Asociación Española para la Promoción de la Cogeneración) no contó con la presencia de la portavoz socialista de Energía en el Congreso de los Diputados, Pilar Lucio. Una ausencia totalmente comprensible e incluso esperada dado como bajan las aguas por Ferraz. A pesar de la ausencia del principal partido de la oposición, no faltó la tensión política en algunos momentos. Frente a las críticas de Ciudadanos y Podemos a las medidas puestas en marcha por el Gobierno popular en los últimos años, el PP volvió a justificar sus decisiones en la necesidad de atajar la generación de más déficit de tarifa.

Guillermo Mariscal, portavoz popular de Energía, resaltó que su partido fue el único que llevó en su programa electoral el compromiso de llevar a cabo un Plan Renove para la cogeneración. No comprometió cifras ni plazos, pero mostró su convencimiento de que el gas natural “es el futuro a corto y medio plazo” al tiempo que resaltó la infraestructura gasista existente en España. Por ello cree que, una vez logrado “un marco jurídico estable” en el sistema eléctrico, es el momento de apostar por la cogeneración y la eficiencia energética, pensando en los objetivos comunitarios para 2020. La cuestión es conocer si la sintonía será absoluta entre lo expresado desde el grupo popular y los actuales y futuros responsables ministeriales.

Su homóloga en el Congreso por Ciudadanos, Melisa Rodríguez, priorizó un pacto de Estado en materia energética para que el país defina cómo quiere garantizar su suministro. En este sentido, reprochó al PP haber tomado medidas que “han sido un palo para el sector” así como otras como la regulación del autoconsumo, “ambas realizadas desde la improvisación después de no escuchar a nadie”. Asimismo reconoció que la eficiencia energética es clave para la economía de un país y ratificó el compromiso de Ciudadanos con los objetivos comprometidos con la Unión Europea en la materia, pero no quiso respaldar explícitamente un Plan Renove para la cogeneración, algo que circunscribió a la conveniencia de alcanzar un pacto de Estado en materia energética.  

Elena Méndez, coordinadora del Área de Trabajo Territorial del grupo parlamentario de Podemos en la Comunidad de Madrid, se limitó a exponer el objetivo de un suministro energético 100% renovable como el objetivo a alcanzar en el futuro. Dentro de este discurso, si bien reconoció que es necesaria una transición para llegar a ese punto, no ofreció una solución mejor a la cogeneración para las industrias que precisan de gran cantidad de energía térmica (calor o frío) para sus procesos productivos, limitando su discurso al sector eléctrico y a un plan de ahorro energético centrado en la rehabilitación de edificios y el sector del transporte. “Hay que subordinar los intereses económicos a los intereses sociales”, sentenció respecto al cambio climático.

Punto de vista de autonomías

Los representantes de los partidos políticos también protagonizaron otros momentos del Congreso Anual de Cogen. Mención especial merece Aitor Oregi, director de Energía del Gobierno del País Vasco, que asistió a todas las sesiones del Congreso e incluso lanzó una pregunta a los diputados. El dirigente vasco lamentó que la incertidumbre que rodea al plan Renove de cogeneración esté retrasando las inversiones en un sector en el que no se ha invertido nada desde 2012. A la espera también se expresaron otras comunidades como indicó el representante de Aragón, Fernando Rivera, que señaló que el Plan Energético a 2020 prevé una potencia instalada en cogeneración de 850 megavatios, lo que supondría un incremento del 30%.

Desde la Agencia Andaluza de la Energía, Jorge Juan Jiménez Luna destacó que la cogeneración es una herramienta “básica” para el cumplimiento de los objetivos de eficiencia energética. En términos parecidos se expresó Esther Marín, directora de Energía de la Región de Murcia, que aspira a aprobar próximamente una regulación específica para el autoconsumo. Otro representante murciano, el diputado del PP en el Congreso, Teodoro García Egea, apuntó que, “después de asegurar la sostenibilidad del sistema eléctrico”, es momento de dar un paso adelante y plantear otras cuestiones como si deben financiarse mediante la tarifa eléctrica todos sus componentes actuales o favorecer a la industria “haciendo justicia” con la cogeneración.

Los partidos coinciden en la necesidad de una nueva regulación para avanzar a una transición energética

/1 Comentario/en , , , , , , , , /por

Europa Press.- Expertos del sector energético y representantes de las principales formaciones políticas alertaron desde el Foro de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad de la Universidad de Comillas de la necesidad de consensuar un marco legislativo para garantizar una correcta transición energética en España.

Al acto acudieron el diputado de Equo Juan López de Uralde, el exministro socialista Luis Atienza, la diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez y el diputado popular Guillermo Mariscal. Junto a ellos también estuvieron el presidente de BP España, Luis Aires y el director de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad de Comillas, Ignacio Pérez-Arriga. Los expertos señalaron que el sector del transporte es el sector que contribuye más a las emisiones de CO2 en España, ya que suponen un 30% del total. De esta forma, piensan que se deben mejorar las tecnologías de los vehículos y que se promuevan señales económicas y fiscales adecuadas.

Según el presidente de BP España, Luis Aires, los gobiernos deben ofrecer un marco legislativo claro que facilite y ayude al desarrollo energético. Asimismo, ha recordado que los combustibles fósiles suponen un 86% de las emisiones a nivel global. En este sentido, Aires propuso que se sustituya el uso del carbón como materia prima para la producción eléctrica por gas, ya que, según comenta, la combustión del carbón constituye un tercio de todas las emisiones. Del mismo modo, Aires ha criticado que España fuera en 2015 el país con un mayor incremento de la emisión de contaminantes derivados del carbón.

Por su parte, el profesor de la Universidad de Comillas Ignacio Pérez-Arriaga advirtió que todos los sectores energéticos tendrán que contraer mucho sus emisiones para el año 2030 y que tendrán que exponerse a «un esfuerzo notable». En este sentido, Pérez-Arriga pide que se establezca una hoja de ruta y una política energética «fuerte, estable y ortodoxa». Asimismo, pidió que la regulación que se adopte tiene que adaptarse a las alteraciones del mercado e indicó que ahora es «un buen momento» para reflexionar acerca de una legislación conjunta. «Hace falta decisión, liderazgo y cierto nivel de consenso político», ha explicado.

Para el portavoz de Equo, Juan López de Uralde, el modelo que propone su formación consiste en que toda la energía que se consuma provenga al 100% de renovables. Del mismo modo, defendió que también se deben cerrar progresivamente todas las centrales nucleares conforme se vayan agotando sus licencias. Asimismo, lamentó que en los últimos años el sector de las renovables haya perdido «el gran aporte de riqueza» que le otorgaba a la economía española a causa de «políticas irresponsables».

Por otro lado, el exministro socialista de Agricultura Luis Atienza reclamó que la reducción de las emisiones pase por la descarbonización «plena» del sistema eléctrico. Asimismo, ve imprescindible que se acometa una decisión política a largo plazo. «Hace 20 años, la desaparición de la política energética era la medida más adecuada para asegurar la competitividad del sector. Ahora, el cambio climático se ha revelado como el gran fallo de mercado y necesita de intervencionismo«, argumentó.

Para la diputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, los partidos que han estado en el poder «han jugado» con la política energética y a raíz de este hecho se ha llegado a un punto de «inseguridad jurídica». De esta forma, Rodríguez ha solicitado «un pacto de Estado» para la energía pero duda de que todos los partidos lo apoyen. Igualmente, ha puesto en valor la utilización del ferrocarril como método a corto plazo para reducir las emisiones de carbono y ha pedido que se acometan medidas para que España se aleje del concepto de «isla energética».

Finalmente, el diputado del PP, Guillermo Mariscal, recordó que la primera demanda del sector de la energía es el consenso. De este modo, cree que el objetivo de que el 20% de la energía producida en España sea renovable en 2020 es conseguible y explica que el porcentaje actual es superior al de los socios europeos. Además, Mariscal cree que una reducción de la tarifa y de los precios es fundamental para que la industria sea competitiva y para que no se «machaque» al consumidor.

Ciudadanos pide que se retome la comisión de investigación de la trama eólica de Castilla y León con nuevo presidente

/0 Comentarios/en , , /por

EFE.- El procurador del grupo parlamentario Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, José Ignacio Delgado, ha pedido que se retome la comisión de investigación de la «trama eólica» en las Cortes, paralizada desde hace 7 meses, y con un nuevo presidente al frente que no sea el recientemente nombrado nuevo portavoz parlamentario del PP, Juan José Sanz Vitorio, en lo que considera que sería «un gesto político del PP».

Por ello, aunque Delgado ha asegurado que a todos los partidos les gustaría que el presidente de la comisión de investigación fuese «de otro partido diferente al PP», se conforman con que, al menos, «no forme parte» de la dirección del grupo parlamentario. Eso sí, Delgado considera que no tiene «mucha esperanza» de que cambie mucho la situación de «parálisis» que se vive ya que las investigaciones llevan paradas «7 meses y no se facilita el acceso a la información». El principal motivo por el que esta comisión está en punto muerto se debe a la petición del resto de partidos de la presencia del presidente Herrera en la misma.