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Aevecar, CEEES, CERMI y los sindicatos se unen para defender las gasolineras «atendidas y seguras»

Europa Press. – Las organizaciones patronales de estaciones de servicio Aevecar y CEEES; el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) y los sindicatos UGT y CCOO se han unido con el objetivo de defender a las estaciones de servicios atendidas y seguras, reclamar a la Comisión Europea que determine «la falsedad del rumor sobre supuestas multas millonarias a las comunidades autónomas con una legislación contraria a las gasolineras sin personal» y apoyar los derechos de las personas con discapacidad en todas las gasolineras de la Unión Europea.

En un comunicado, las organizaciones piden a los responsables políticos de las comunidades autónomas que «no actúen con precipitación por la desinformación creada por un rumor falso y malintencionado que amenazaba con multas diarias y desorbitadas a aquellas comunidades que no permitieran en su legislación las gasolineras sin personal».

Así, reclaman una declaración pública de la Comisión Europea sobre el tema. Por otro lado, las organizaciones celebran y apoyan el resultado de las gestiones realizadas por el CERMI en el ámbito de la Unión Europea que ha logrado que la Comisión Europea, a instancias del Parlamento Europeo, investigue en toda la UE la situación regulatoria de las gasolineras desatendidas para determinar si los derechos de movilidad de las personas con discapacidad están debidamente amparados.

La Confederación de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) y el CERMI se unen contra las gasolineras desatendidas

EFE.- La Confederación de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) harán un frente común en Bruselas para defender las normas autonómicas que prohíben las gasolineras sin personal. Ambas organizaciones ven estas normativas plenamente conformes al derecho comunitario.

CEEES, la principal patronal del sector de la distribución de carburante, aportará informes que demuestran que las gasolineras sin personal incumplen un buen número de normas estatales y autonómicas que fueron aprobadas para garantizar la protección de los derechos de las personas discapacitadas. Por su parte, CERMI continuará con su labor de concienciación en las instituciones comunitarias, fruto de la cual el Parlamento Europeo ha instado a la Comisión Europea a que investigue en toda la Unión Europea la situación regulatoria de las gasolineras desatendidas.

Aevecar pide a la Comisión Europea «claridad» sobre su posición respecto a las gasolineras desatendidas

Europa Press.- La Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar) exige a la Comisión Europea «claridad» respecto a su posición frente a las gasolineras desatendidas. En este sentido, la asociación subraya su predisposición a «acatar» lo que dicte la Unión Europea al respecto. Asimismo, reclama a los dirigentes de las comunidades autónomas que «no se precipiten a la hora de cambiar su legislación por temor a supuestas y graves sanciones que han sido desmentidas” con cambios en favor de las gasolineras desatendidas.

Igualmente, la patronal apoya la unión de todos los afectados por esta situación y representantes europeos, «con el fin de lograr clarificar una problemática» que consideran que «perjudica la seguridad en las instalaciones de servicio, el mantenimiento del empleo, los derechos de los consumidores y la atención a las personas con discapacidad«. Así, Aevecar se adhiere al llamamiento realizado por el CERMI de una unidad de acción por parte de asociaciones de consumidores, sindicatos, el CERMI y la patronal para conseguir que en todas las estaciones de servicio en horario de apertura al público «exista al menos un operario cualificado».

Entra en vigor el nuevo bono social, aplicado en función de la renta y con descuentos de hasta el 50%

Redacción / Agencias.- El Gobierno ha aprobado el decreto que desarrolla la nueva regulación del bono social de electricidad, que estará basado en criterios de renta para percibir descuentos en la factura de la luz que llegan hasta el 50% de su importe. También impedirá que a los consumidores atendidos por servicios sociales se les corte el suministro. Además, se establecen unos límites máximos de consumo eléctrico a los que será aplicable el bono social con la finalidad de asegurar un consumo eficiente.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, explicó que los descuentos del bono social se aplicarán en función de la renta y no por los parámetros que se habían venido usando, como tener contratada poca potencia, percibir una pensión mínima y estar todos los miembros de la unidad familiar desempleados. De esta forma, una vez publicado en el BOE y aprobada la orden ministerial que desarrolla el mecanismo de solicitud del bono, aquellos consumidores que cumplan con los requisitos establecidos podrán solicitarlo de manera inmediata. El real decreto del Gobierno establece tres categorías de consumidores considerados vulnerables y fija los umbrales de renta, que varían en función del tamaño del hogar, para los diferentes descuentos en la factura de la luz.

En el caso de una persona sola, la renta que permite ser beneficiario del bono social y disfrutar de un descuento del 25% en la factura de la luz se sitúa en 11.300 euros al año, cuantía que se eleva a cerca de 19.000 euros en el caso de una familia con dos menores. El umbral se incrementa para el caso de personas con discapacidad y para víctimas de violencia de género o de terrorismo. También son considerados consumidores vulnerables los hogares formados por pensionistas con pensiones mínimas y todas las familias numerosas. El descuento se amplía hasta el 40% para los consumidores considerados vulnerables severos, aquellos cuya renta familiar sea inferior a la mitad de la de los vulnerables.

Asimismo, el descuento llegará hasta el 50% para aquellos consumidores vulnerables que estén siendo atendidos por los servicios sociales de una Administración autonómica o local que financie al menos el 50% del importe de su factura, debido a su especial protección, y que serán considerados como consumidores en riesgo de exclusión social. Para este colectivo, las comercializadoras eléctricas deberán asumir el resto de la factura y no podrá, por tanto, procederse al corte de suministro en caso de impago. En estos casos, se establece un mecanismo para que las comercializadoras de electricidad realicen una aportación financiera adicional a la hora de evitar cortes de suministro. Hay que recordar que hasta ahora el descuento del bono social era siempre del 25%.

El nuevo bono social, que se reformó después de que el Tribunal Supremo declarara inaplicable su régimen de financiación anterior por considerarlo incompatible con la normativa comunitaria, obliga a las empresas comercializadoras o sus matrices a financiar el bono social en función de su cuota de clientes. Con ello, según asevera el Ministerio de Energía, se mantiene el sistema por el cual el coste del bono social es asumido por las empresas comercializadoras como «un servicio de interés general, sin cargarlo sobre los consumidores o los Presupuestos Generales del Estado».

El decreto recoge, además, una serie de medidas para reforzar la protección al consumidor vulnerable, entre las que está la ampliación de 2 a 4 meses del plazo para cortar el suministro, una vez se produce el impago. En este caso, las comercializadoras estarán obligadas a comunicar los impagos en un plazo máximo de 2 meses, para evitar que se acumulen retrasos que no sean detectados por los consumidores. Además, las compañías deberán informar al consumidor que decidiera contratar en el mercado libre de que está renunciando a la posibilidad de percibir el bono social.

Asimismo, en caso de impago, las compañías eléctricas deberán informar a los consumidores de la posibilidad de acogerse al bono social, sin asumir costes por el cambio de contrato, de forma que la aplicación del mismo pueda ser una medida para recuperar la normalidad de los pagos. Se regula además un mecanismo para evitar los cortes de suministro en los casos con mayor riesgo social.

Los consumidores que actualmente disponen del bono social lo podrán mantener durante 6 meses sin necesidad de renovarlo, disfrutando así de un descuento en su factura durante todo el período invernal. Eso sí, transcurrido este plazo tendrán que haberlo renovado en el caso de que puedan seguir beneficiándose de este descuento en la factura de la luz. Próximamente estará operativa una aplicación informática para verificar la información disponible sobre la renta de los solicitantes en la Agencia Tributaria, aunque también se podrá pedir presentando el interesado la declaración del IRPF.

La discapacidad también se valora

El umbral se incrementa en 0,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) para el caso de personas con discapacidad igual o superior al 33%, y para víctimas de violencia de género o de terrorismo, lo que significa un aumento en 3.760 euros del umbral. En este sentido, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) considera positivo que el factor de discapacidad se tenga en cuenta por vez primera en la regulación del bono social eléctrico aunque cree que «se podía haber ido más lejos en la intensidad de las ayudas por este motivo«.

El Comité señaló que «como consecuencia de la acción de incidencia del Cermi ante el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, durante la tramitación de la norma adoptada por el Gobierno, las situaciones de discapacidad en la unidad de convivencia ampliarán los umbrales de renta que se establecen para poder acogerse a este beneficio, lo que aumenta el número de domicilios que podrán disfrutar de este bono social, con lo que se atiende en parte las demandas del sector«.

Desde su aprobación en 2009, la discapacidad no era un elemento relevante en la configuración del bono social eléctrico, exclusión que el Cermi había venido criticando y que ahora, con la regulación aprobada, «se subsana aunque sea de modo parcial, pues la discapacidad es una las situaciones sociales, junto con la violencia de género y las víctimas del terrorismo, que favorece el acceso al beneficio».

El Comité planteó a Energía que la discapacidad se asimilase a las familias numerosas o los perceptores de pensiones mínimas, que con independencia de la renta, acceden per se a la consideración de consumidor eléctrico vulnerable, aunque este aspecto no fue asumido por el Gobierno. «No obstante, indirectamente, a través de la consideración de familias numerosas, que se alcanza con rebaja de criterios cuando concurre una situación de discapacidad, o como perceptores de pensiones mínimas, un número importante de personas con discapacidad y sus familias podrá disfrutar del bono social eléctrico y de los demás beneficios que lleva aparejados», concluye.

La patronal, los sindicatos y el Cermi piden a la Junta de Castilla-La Mancha que siga prohibiendo las gasolineras desatendidas

EFE.- La patronal de gasolineras, los sindicatos CCOO y UGT, el Cermi y la asociación de consumidores Facua quieren que el Gobierno de Castilla-La Mancha mantenga en la nueva normativa en la que trabaja la prohibición de que existan gasolineras desatendidas en la región, por razones de seguridad, empleo y sociales.

Este es el motivo que les ha llevado a registrar en la Consejería de Sanidad y Consumo 14 propuestas que esperan que se incluyan en el nuevo decreto que sobre esta materia está elaborando el Gobierno regional para adaptarse a la normativa europea, «más permisiva con las gasolineras sin empleados», según el presidente de la patronal de gasolineras, Alberto Domínguez.

Domínguez ha explicado que, de las 14 propuestas, «hay una que solventaría todo el problema y es que todas las unidades de suministro de carburante deben cumplir la obligación legal de contar al menos con un empleado», a lo que obligaba el anterior decreto de la Junta, del año 2005. Además, esto iría a favor de una mayor seguridad, que, a raíz de los atentados de Barcelona, «se ha demostrado que es el mayor valor a defender y que no puede ir una persona a una gasolinera y llevarse la cantidad de litros que quiera de gasolina, que es un material muy peligroso», ha alertado.

El responsable regional de Industria de CCOO, Ángel León, ha subrayado que en Castilla-La Mancha hay 730 estaciones de servicio, de las cuales el 16% (160) son desatendidas, lo que se ha traducido en una pérdida de empleo desde 2014 de 136 puestos de trabajo, a lo hay que sumar la falta de seguridad y el menoscabo de los derechos de los discapacitados y la competencia desleal entre las empresas.

En similares términos se expresó el responsable regional de la Federación de Industria de UGT, Carlos Duque, quien se ha referido además a la campaña de recogida de firmas que han iniciado para que el Gobierno regional endurezca las medidas para evitar que proliferen este tipo de gasolineras sin personal, que además, aseveró, deberían estar penalizadas porque no crean empleo.

Por su parte, el gerente de Cermi en Castilla-La Mancha, José Antonio Romero, indicó que este organismo a nivel estatal ha trasladado a la Unión Europea el planteamiento de que «es incompatible la liberalización del servicio que pretende hacer la Unión Europea con la armonización de los derechos de las personas con discapacidad«. Y recalcó que la Convención de la ONU establece que, en el acceso a bienes y servicios, «se tiene que primar a las personas con movilidad reducida o cualquier discapacidad», lo que incluye el repostaje de combustible, derechos que también recoge la ley autonómica de Garantías de los Derechos de los Discapacitados.

Por último, el presidente regional de la asociación de consumidores Facua, Francisco Ferrer, apuntó que esta organización está también muy sensibilizada con este asunto «tan preocupante y peligroso a la vez». Y criticó que, «con la excusa de mantener o crear competencia, lo que no deseamos es que se rebajen los derechos de los consumidores y usuarios castellano-manchegos, cuya competencia no es de Europa, sino que es de nuestra comunidad», recalcó, y que ya estaban garantizados en la normativa autonómica.

El CERMI aplaude la reforma legal para que no haya gasolineras desatendidas en Castilla y León

EFE.- El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) aplaudió la modificación legal acordada por las Cortes de Castilla y León para impedir gasolineras desatendidas en este territorio, al obligar a estos establecimientos a contar al menos con un empleado cuando permanezcan abiertos. CERMI cree que así se ampara que «las personas con discapacidad que no puedan acceder al suministro de carburantes y combustibles serán atendidas por una persona responsable de las instalaciones». Actualmente hay unas sesenta gasolineras desatendidas en Castilla y León.

El CERMI pide extender el bono social eléctrico a los hogares con discapacidad

Europa Press/Servimedia.-El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido  al Gobierno que extienda la aplicación del bono social energético a los hogares en que residen personas con discapacidad, como «consumidores vulnerables».

Así lo ha manifestado la directora ejecutiva de la asociación, Pilar Villarino, que ha hecho hincapié en el mayor riesgo de pobreza energética del colectivo, en un marco en el que «el 11% de la población reconoce no poder mantener su hogar a una temperatura ambiente adecuada por falta de recursos económicos».

Esta mayor probabilidad de sufrir pobreza y, más concretamente, pobreza energética, se debe, según ha indicado, al «sobrecoste» que supone para las familias la discapacidad de alguno de sus miembros, así como la mayor permanencia en el hogar de las personas con discapacidad, lo que incrementa su consumo de energía.

Además, ha indicado que este riesgo se agrava en el caso de las mujeres que sufren discapacidad, cuya salud y autonomía personal «se ve más afectada» en caso de encontrarse en situación de pobreza energética.

Para revertir esta situación, la directora ejecutiva de la plataforma representativa de la discapacidad en España abogó por que se realicen estudios sobre pobreza energética en los que tanto la variable de género como la de discapacidad sean tenidas en cuenta y se ofrezcan datos desagregados, así como por implementar políticas que garanticen a las personas con discapacidad el acceso a la energía que necesiten en su hogar.

Villarino ha participado en una mesa redonda titulada ‘El binomio pobreza energética y discapacidad’ en el marco del programa ‘Hablamos de Europa’ impulsado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, en el que también han participado la eurodiputada de Izquierda Unida en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Parlamento Europeo Paloma López Bermejo y la esponsable del Área de Consumo de la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (HISPACOOP), Carmen Redondo.