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Los sindicatos plantean al Gobierno crear una mesa de trabajo con los Ministerios de Industria y Transición Ecológica

Europa Press.- Mientras Greenpeace ha publicado un documental contra el carbón y las térmicas, UGT FICA y CCOO de Industria han trasladado al secretario de Estado de Energía, José Domínguez, la necesidad de crear una mesa de trabajo conjunta con presencia de los ministerios de Industria y de Transición Ecológica, junto a los propios sindicatos de industria y energía, para abordar el camino «hacia una transición energética justa que contribuya a fortalecer el tejido industrial y frene su deterioro».

Los sindicatos señalaron que esta propuesta, que ha sido bien acogida por el secretario de Estado de Energía, podría materializarse en octubre con presencia de representantes de ambos Ministerios y de los dos sindicatos mayoritarios. UGT FICA y CCOO han recordado a Domínguez la problemática que atraviesa el sector energético y las alternativas que proponen garantizar esta transición energética «justa que avance en paralelo con la reindustrialización de la economía».

Entre estas alternativas, UGT defiende un mix «equilibrado en el que tengan cabida todas las fuentes de energía» y establecer un sistema transparente de formación de precios que eviten «las bruscas oscilaciones y sea asumible tanto por las empresas de cara a garantizar su viabilidad, como por los consumidores con el objeto de erradicar la pobreza energética«. Por su parte, CCOO consideró «imprescindible» la participación del Ministerio de Industria en el grupo de trabajo, «ya que las decisiones que allí se tomen le afectarán de forma directa». Según este sindicato, la mesa debería hablar de las subastas de interrumpibilidad y de renovables que se avecinan, del mix eléctrico y energético y del mercado de emisiones.

Greenpeace contra las centrales térmicas

Por su parte, la organización Greenpeace hizo público el documental El lado oscuro del carbón, las voces silenciadas, que se puede ver en Youtube y que refleja los impactos económicos, sociales y en la salud del uso del carbón, incluidas las consecuencias negativas de vivir cerca de una central térmica. «Yo soy termicana. Nací y viví, igual que mi hermana, que me llevaba solo un año, en la central térmica de Compostilla, donde mi padre trabajaba. Mi hermana y mi padre murieron del mismo cáncer. Se sabe el daño que produce aquello desde hace 60 años. En nombre del progreso se permite seguir construyendo un mundo en el que nos estamos envenenando», afirma en su trabajo la médico Sara Velasco.

Doctores, exmineros, activistas y asociaciones vecinales protagonizan el documental de 30 minutos que revela «la cara más amarga y menos conocida» del carbón, según Greenpeace. Se trata de un trabajo realizado por un equipo de periodistas y documentalistas que ha recorrido varios puntos de la geografía carbonera española para documentar las consecuencias de la quema y extracción de este mineral. Junto al documental, Greenpeace publica un informe en el que recopila los impactos económicos, sociales y en la salud del carbón. Asturias, León, Almería y Aragón son los escenarios elegidos para la elaboración del trabajo.

Los sindicatos transmiten al Gobierno que no aceptarán el fin del carbón ni indefiniciones sobre la reactivación de las cuencas

Europa Press.- Los sindicatos UGT FICA y CCOO de Industria han transmitido al Gobierno que «no van a aceptar el cierre del carbón ni indefiniciones en la reactivación» tras una reunión a la que ha asistido por primera vez el secretario de Estado de Energía, José Domínguez.

En este sentido, UGT indicó que los sindicatos han pedido al Gobierno «un mayor compromiso y flexibilidad» en cuanto a la aplicación de la legislación vigente, así como que no se siga «demonizando» al sector. Además, han reclamado «sensibilidad» con las cuencas mineras y con sus trabajadores y un acuerdo consensuado que valore unos parámetros «que hagan posible la reactivación, junto a un plan social y la continuidad de las empresas a partir de 2019».

Asimismo, el sindicato ha vuelto a insistir en la urgencia de dotar al sector de un nuevo marco para la minería del carbón autóctono y las comarcas mineras, que tenga vigencia hasta el año 2027, y la defensa de una participación suficiente del carbón nacional en el mix de generación eléctrica «por ser necesario tanto como energía de respaldo, como para garantizar la seguridad de suministro y la estabilización de los precios de la energía complementariamente al desarrollo de las renovables«. UGT también exige el mantenimiento de una producción de carbón autóctono y que se asegure su uso en las centrales térmicas de generación eléctrica.

CCOO: «con las manos vacías»

Por su parte, CCOO ha señalado que el Gobierno español ha «vuelto» a demostrar su «nulo compromiso» con el sector del carbón al acudir a la reunión sobre el futuro del sector «con las manos vacías». «El Ministerio para la Transición Ecológica acudió a la reunión con las manos vacías, sin documento y sin respuestas a las propuestas que plantearon los sindicatos», ha señalado el sindicato, que tiene la sensación de que la negociación sobre el futuro de la minería del carbón se encuentra «en el minuto número cero«. «Los sindicatos tienen una propuesta y el Ministerio para la Transición Ecológica un libro incompleto», lamentan.

«La posición del Ministerio va encaminada al cierre y a la desaparición sin alternativas de la minería del carbón», han señalado, para afirmar que el secretario de Estado tiene un “nulo interés por el futuro de la minería del carbón». Por ello, exigen «de forma reiterada» que arranque de forma definitiva la negociación con voluntad de avanzar. «El Ejecutivo socialista debería cambiar de actitud y dar continuidad al sector minero porque el tiempo se agota y la paciencia también. CCOO recuerda que los trabajadores y las trabajadoras de la minería del carbón necesitan soluciones», concluyó.

La compañía minera Hullera Vasco-Leonesa inicia un ERE de extinción para sus últimos 68 trabajadores tras 125 años de historia

EFE.- La administración concursal de la compañía minera Hullera Vasco-Leonesa ha iniciado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción para la práctica totalidad de los 68 empleados que aún desempeñaban su trabajo en la empresa, que tiene 125 años de historia.

Según CCOO, este ERE supone un «nuevo mazazo a la provincia de León, al sector de la minería y a sus comarcas» y significa el cierre de la compañía.

Las causas que alegan los administradores concursales para presentar el ERE son económicas por el desmantelamiento de la mina de interior y que actualmente no tienen ningún contrato de compra de carbón para el próximo año por parte de las eléctricas.

CCOO estaca que con esta decisión «se pone punto y final a una larga agonía que desde 2014 ha supuesto la presentación de multitud de ERE para cientos de trabajadores, el cierre de las subcontratas de la compañía y la entrada en el concurso de acreedores por su delicada situación económica».

En este sentido, CCOO cree que la pérdida de empleo y la desaparición del sector del carbón no puede seguir siendo el principal objetivo de las propuestas del Gobierno.

Por ello, el sindicato espera que el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y los asesores ministeriales presentes en la última reunión trasladen sus reclamaciones a la ministra y al secretario de Estado del ramo.

«Es necesario contemplar globalmente todas las implicaciones que están en juego, y más aún con una noticia tan drástica y lamentable para el sector y la provincia de León como la anunciada por la sociedad Hullera Vasco-Leonesa», ha apuntado CCOO.

El sindicato confía en que finalmente se evite la tensión que se viene acumulando en el sector, ya que puede tener consecuencias sociales imprevisibles.

CC.OO. urge al Gobierno a reformar «en profundidad» el bono social de la electricidad

Europa Press / EFE.- CC.OO. ha instado al Gobierno a que revise «con urgencia y profundidad» el bono social eléctrico, porque el actual es «inoperante» ante la escalada de precios que experimenta la electricidad, según afirmó el sindicato. Para la organización que lidera Unai Sordo es necesario que se implanten medidas «más amplias y estructurales», empezando por la aprobación de la ley integral sobre pobreza energética y estableciendo un bono social energético que incorpore «coordinadamente» a las distintas medidas de lucha contra la pobreza energética.

En concreto, el sindicato considera que esta normativa debería complementarse con la reforma del sistema de fijación de precios de la electricidad, que «ahora solo beneficia a las compañías eléctricas y que es la principal causa del aumento de los precios», e impulsando la rehabilitación energética, estableciendo desde la acción pública medidas concretas y amplias para el aislamiento térmico de viviendas de consumidores vulnerables. Ante la proximidad del vencimiento de plazo para solicitar un nuevo bono social, CC.OO. ve preciso prorrogar el plazo para que «nadie con derecho a él esté excluido por cuestiones burocráticas» ya que sus efectos no han llegado a todos sus potenciales beneficiarios, lo que, en su opinión, pone de manifiesto las carencias de la normativa.

Hasta el 8 de octubre

La nueva normativa fijó un plazo para adaptar el nuevo bono social que finaliza el 8 de octubre y hasta ahora solo la cuarta parte de los actuales beneficiarios se han acogido al nuevo bono, que establece descuentos en el recibo eléctrico de entre el 25% y el 40% según sean consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión. Así, ve necesario que todos los consumidores estén plenamente informados de las condiciones que les dan derecho a la prestación del bono social y que haya un asesoramiento acerca de medidas de eficiencia energética, «especialmente relevante para los consumidores vulnerables».

No obstante, CC.OO. considera que el bono social no resuelve los principales problemas de la pobreza energética y apuesta por medidas «más amplias y estructurales». En este contexto, reclama considerar la extensión de la protección al conjunto de suministros energéticos de los hogares (butano o gas) y que tenga en cuenta criterios similares para la concesión de la protección. Según la Encuesta de Presupuestos Familiares, en 2015 el gasto en electricidad supuso un 62% del gasto energético de los hogares.

El Gobierno ofrece un plan de ayudas para el cierre de las minas de carbón que los sindicatos ven “insuficientes”

Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha puesto sobre la mesa de negociación con los agentes sociales un plan de ayudas para los trabajadores afectados por los cierres de las explotaciones que decidan cerrar en diciembre de 2018 y que incluye bajas incentivadas, prejubilaciones y trabajos en el propio cierre de las explotaciones para los mineros más jóvenes.

Según fuentes ministeriales, en las negociaciones también se incluye la mejora de las condiciones actuales de los mineros para que ningún trabajador quede desprotegido. Así, aseguran que a diferencia de los anteriores gobiernos, el de José Luis Rodríguez Zapatero y el de Mariano Rajoy, el de Pedro Sánchez tiene un absoluto compromiso con las comarcas para mantener el empleo a corto plazo en las zonas.

Además, defienden que la ministra no ha decretado ningún cierre de ninguna explotación minera y critican que no ha cambiado el horizonte temporal desde que en 2010 la Unión Europea tomó la decisión de que las ayudas a las explotaciones minera se mantendrán siempre inscritas en un plan de cierre cuya fecha final «a más tardar» en diciembre de 2018 si no devuelven las ayudas. Así, el acuerdo comunitario señala que las unidades de producción de carbón afectadas deberán cerrarse definitivamente de conformidad con el plan de cierre y hasta la fecha al Ministerio no le consta que ninguna de las afectadas por la fecha de fin de año haya devuelto las citadas ayudas o mostrado su intención de hacerlo.

Más allá del horizonte a corto plazo, según estas fuentes, se están diseñando diversas medidas a medio y largo plazo entre las cuales la Estrategia para una Transición Justa, que acompañará a la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, contemplará un plan urgente para las comarcas mineras. Asimismo, añaden que también se hará un plan social y se prevén ayudas a la reconversión, medidas que consideran más ambiciosas que las del Ejecutivo anterior.

Los sindicatos UGT y CCOO del sector de la minería del carbón han lamentado una falta de concreción del Gobierno sobre un nuevo marco regulatorio para las empresas y las comarcas mineras, así como una «falta de compromiso» ante el final del marco de actuación para el carbón 2013-2018. Representantes de ambos sindicatos critican que el documento remitido desde el Ministerio «está plagado de inconcreciones». El secretario sectorial Minero de UGT FICA, Víctor Fernández, ha apuntado que no han sacado «nada en claro» de ese documento oficial «como solución viable y como plan global», y ha añadido que el borrador no tiene «aspecto positivo alguno».

Los sindicatos critican que el borrador que se les ha hecho llegar no contempla soluciones ni medidas concretas para todos los capítulos, además de que han solicitado la actualización de las tablas salariales para los trabajadores del carbón. Víctor Fernández ha asegurado que el Gobierno «sigue enrocado en que el carbón hay que cerrarlo», y ha advertido de que si continúa en «la línea de desasosiego, irracionalidad y de ir a por 4 empresas mineras del carbón autóctono» les van a «encontrar». El sector del carbón en España aboga por una «transición justa» en el proceso de descarbonización y lleva meses solicitando una valoración de los efectos que tendrá en el empleo y la industria.

Los sindicatos critican al Ministerio

Por su parte, CCOO ha denunciado que el Ministerio «ha vuelto a demostrar su nulo compromiso, reflejado en su ausencia en la mesa negociadora, con el sector del carbón autóctono y con las comarcas mineras». En este sentido, el sindicato ha señalado que el documento presentado «no cubre las garantías suficientes para poder firmar ningún tipo de acuerdo». «Dicho documento, simplemente tiene como objetivo el cierre y liquidación del sector de la minería sin generar absolutamente ninguna alternativa», han criticado. Así, Comisiones Obreras ha anunciado que seguirán reivindicando que el carbón autóctono siga teniendo presencia en el mix energético de España ya que, según su criterio, el carbón «todavía es necesario como energía de respaldo y debe ser carbón nacional».

Según el sindicato, entre las propuestas planteadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, «no se contemplan el resto de elementos que son imprescindibles para la denominada Transición Justa y que afecta al sector del carbón, como es la necesaria generación de empleo en las comarcas mineras, que no puede quedarse en meras declaraciones de intenciones y vaguedades». «La pérdida de empleo y desaparición del sector no puede continuar siendo, ni un minuto más, el principal objetivo de las propuestas del Ejecutivo socialista», han criticado.

CCOO espera que los representantes de Transición Ecológica con los que se reunieron se replanteen toda esta serie de cuestiones para que el próximo día 21 de septiembre, fecha en la que ha quedado fijada una nueva reunión, «se vea un cambio de perspectiva en el que han de contemplarse de forma global todas la implicaciones que están en juego».

Lambán se centra en Andorra

Por su parte, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha considerado que el Gobierno de España debería «llamar» a Endesa para hacerle un planteamiento encaminado a alargar la vida de la central térmica de Andorra, que debería cerrar en junio de 2020 si no acomete determinadas inversiones encaminadas a mejorar su eficacia medioambiental. En este sentido, Lambán ha considerado que el Ministerio tendría que «ser sensible» a los planteamientos de los sindicatos y de las empresas mineras sobre la transición energética. Al Ministerio, ha apuntado, «no le falta razón en el planteamiento genérico de la transición energética», pero hay que convencerlo de que «una transición que suponga cerrar centrales en el 2020 es cualquier cosa menos justa«, ha concluido Lambán.

El PSOE critica al PP

Por otro lado, el PSOE acusa al Partido Popular de «utilizar» la incertidumbre sobre el futuro de las cuencas mineras para atacar al Gobierno «tras 6 años sin hacer nada» y «no invertir ni un euro en la reconversión industrial», según el diputado socialista por Teruel, Ignacio Urquizu. De hecho, el parlamentario tilda de «burla» la actitud del PP que ha propuesto medidas para la zona que, «además de ser ilegales», provocarían «una gran incertidumbre jurídica puesto que van en contra de la normativa europea». Se refiere así a la Proposición No de Ley presentada por el PP en el Congreso para, entre otras cosas, alargar la vida de las centrales térmicas como la de Andorra (Teruel), según los populares.

Urquizu les ha acusado de presentar una iniciativa que «contradice completamente» lo que el PP «dijo hace unos meses en Europa». Esto supone, en opinión de la secretaria general del PSOE en Teruel, Mayte Pérez, tratar de «engañar» a los turolenses sobre este asunto y destaca que la situación que viven las cuencas mineras está provocada por la «inacción» del Partido Popular durante sus años en el Gobierno central. Así, critica que «lo poco que hizo fue precisamente impulsar el cierre de las explotaciones mineras», como lo demuestra, según Pérez, que en febrero de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy enviara un documento a Bruselas solicitando el cierre de 15 centrales térmicas, entre las que se encontraba la de Andorra.

Sordo (CCOO) exige al Gobierno que regule la deslocalización de empresas con beneficios para evitar casos como el de Vestas

EFE.- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha exigido al Gobierno que impida la deslocalización de empresas con beneficios que hayan recibido subvenciones públicas y se les obligue a asumir el compromiso adquirido con el territorio en el que asientan, como sucede en Francia.

Así lo ha afirmado en León, donde participó en la manifestación convocada por UGT, CCOO y CGT para exigir la continuidad de la planta de componentes eólicos que la multinacional Vestas tiene en la localidad leonesa Villadangos del Páramo y la reindustrialización de la provincia.

El líder de CCOO ha tildado de «atropello» lo que pretende hacer la multinacional danesa y ha ofrecido todo el apoyo del sindicato para frenar las intenciones de la empresa.

«Es una batalla en la que no vamos a cejar porque consideramos inaceptable que una empresa que arroja resultados positivos y cuenta en León con una planta que tiene unos ratios de productividad muy importante sea cerrada después de contar con recursos públicos y con un tratamiento privilegiado», ha advertido.

Ha añadido que es «inaceptable» que en una provincia como León se produzcan estos episodios de desindustrialización que «desanclan las empresas del territorio y provoca que la gente se tenga que marchar».

«No podemos admitir que empresas multinacionales que acceden a recursos públicos se marchen sin ningún ejercicio de responsabilidad con su entorno, y vamos a promover el Gobierno tome medidas», ha anunciado Sordo, que ha calificado de «intolerable» la forma de actuar de la empresa.

Ha señalado que los trabajadores de Vestas ya han demostrado su disposición a la negociación, que pasa, ha precisado, porque la empresa reconsidere su decisión, y están dispuestos a asumir medidas que mejores incluso los ratios de productividad y rentabilidad.

Ha precisado que cuando se facilita que las empresas se vayan sin tener que dar explicaciones una vez que han aprovechado los recursos públicos, los episodios de deslocalización son más habituales de lo que deberían.

«Por tanto exigimos medidas para controlar que empresas con beneficios no se puedan ir de esta manera, tal y como sucede en otros países y Francia es un buen ejemplo donde hay leyes que condicionan las decisiones de las empresas», ha zanjado.

Los sindicatos piden que la manifestación para exigir la continuidad de Vestas sea el comienzo de una reindustrialización de León

EFE.- Los sindicatos UGT, CCOO y CGT han animado a la participación en la manifestación convocada este jueves en León para exigir la continuidad de la planta de la multinacional danesa Vestas en Villadangos del Páramo, y confían en que esta movilización sea el arranque de la reindustrialización de la provincia.

Bajo el lema Por la reindustrialización y el empleo de León. Vestas, la marcha partirá a las 20.00 horas desde la sede de los sindicatos, en Gran Vía de Marcos, para desembocar en la plaza de San Marcelo tras recorrer las principales calles leonesas. El responsable de industria de UGT en la provincia de León, Francisco Romero, ha expresado su decepción por el resultado de la reunión celebrada entre la empresa y el Gobierno, y ha recalcado que el objetivo es mantener la planta en León y no negociar traslados o recolocaciones de los trabajadores.

«Exigimos a los administraciones que fuercen a la empresa a cambiar su decisión y mantenga la planta leonesa», ha señalado el dirigente sindical, que ha recordado que la compañía recibió 13 millones en subvenciones. Además, advierte de que el Gobierno de España no debe caer en el «engaño de la multinacional» de que ahora apuesta por las factorías de Ciudad Real y Lugo, cuando «hasta hace poco decían que la de Villadangos era la mejor planta de España y al cumplirse el plazo fijado por las subvenciones recibidas la cierran».

Mayor beneficio durante este año

Por su parte, el responsable de la CGT, Javier Suárez, ha denunciado que el modelo que representan empresas como Vestas es «pan para hoy y hambre para mañana» y subraya que se va de León dejando «un reguero de cadáveres». El presidente del comité de empresa, Juan Francisco García, ha insistido en que no hay causas objetivas que justifiquen el cierre ya que, sólo en el primer cuatrimestre, Vestas ganó con la planta en Villadangos un 45% más que en el mismo periodo del año anterior. Finalmente, el responsable de industria de CCOO en la provincia de León, Ángel Santos, ha apostado por mantener la lucha como la única forma lograr mantener el tejido industrial.

Desde que Vestas anunciara su intención de cerrar su fábrica leonesa para deslocalizar la producción a China o India, prácticamente la totalidad de la plantilla cuenta en su haber con la carta de la empresa en la que les comunica el Expediente de Regulación de Empleo (ERE). La mesa de negociación del ERE ya ha sido compuesta por los mismos integrantes del Comité de empresa de Vestas, según indicó el presidente del Comité. Los cerca de 600 trabajadores que se verían afectados mantendrán levantado el campamento, instalado ante la factoría, hasta que consigan una solución.

El PSOE, en la manifestación

Por su parte, el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, participará en la manifestación convocada en León para la defensa de los trabajadores de Vestas. En este sentido, el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ha formulado un llamamiento a todos los leoneses para que participen en la protesta contra la pérdida de empleo. El subdelegado del Gobierno en León, Faustino Sánchez, también ha confirmado su presencia en la protesta que se celebrará bajo el lema No al cierre de la industria, no a la despoblación de León.

El PSOE de León destaca cómo desde que los trabajadores de Vestas dieron la primera voz de alarma, a principios de verano, se posicionó en todo momento a favor de sus «justas» reivindicaciones.Cendón reitera ahora que es «lamentable que intereses puramente empresariales» lleven a esta situación a una fábrica «modélica desde el punto de vista de la eficiencia y la competitividad» y lamenta que la empresa no haya dado el margen necesario en las conversaciones abiertas con el Gobierno.

«Cuando conocimos la gravedad de la situación dimos los pasos necesarios para evitar el cierre. El Gobierno ha trasladado a Vestas la apuesta decidida por las energías renovables y el volumen de negocio que eso puede suponer para la empresa, pero no ha servido de nada porque la decisión ya estaba tomada en Dinamarca», señala Cendón.Pese a todo, mantiene un hilo de esperanza ante la posibilidad de encontrar un comprador para el mantenimiento de la planta tras la línea de negociación abierta entre el Ejecutivo y la compañía danesa.

Cendón también abogó por mantener el consenso logrado en este conflicto para apoyar a los trabajadores «porque es un momento para la unidad de las instituciones, con el objetivo de que todos echen una mano a una empresa importante para León».»No podemos entrar en luchas partidistas porque no se puede permitir que se vaya otra empresa de León», concluyó.

CCOO lamenta que Vestas persista en su estrategia de «querer engañar a todos» mientras surgen críticas sobre las subvenciones recibidas

EFE.- La Unión del Pueblo Leonés (UPL) califica de fraude de ley el uso de las subvenciones por parte de Vestas, y culpa a PP y PSOE del «fiasco» del cierre de la planta de Villadangos del Páramo (León). Asimismo, el sindicato CCOO ha denunciado que el resultado del encuentro que mantuvo la ministra Teresa Ribera con Vestas se limita a que la empresa continúa con su estrategia planificada desde hace mucho tiempo de dilatar y «engañar a todas las partes«.

«No es de recibo que ahora deseen potenciar las otras dos plantas con que cuentan en España y seguir adelante con el cierre de Villadangos del Páramo (León)», ha denunciado el sindicato. A su juicio, todo apunta a una «clara estrategia de negociación e intento de chantaje al Gobierno de España, más aún cuando la dirección de Vestas ha querido reunirse por separado con los Ejecutivos central y de Castilla y León». «No estamos de acuerdo con esa posición, ya que parece que el frente común de ambos gobiernos los desea dividir y, de hecho, ya se ha realizado una posición política de quien tiene la culpa», apuntó el secretario provincial de la Federación de Industria, Ángel Manuel Santos González.

Deslocalizar la planta a Asia

CCOO ha recalcado que no está de acuerdo con lo sucedido y ha insistido en que hay que utilizar todos los instrumentos que posee el Gobierno para «anclar una industria de este calado y dimensión en una población tan castigada como es la de la provincia de León». «Dicen que se van, pero están abiertos a una posible venta de la fábrica, con subrogación de la plantilla, cuestión que nos genera muchas dudas», ha advertido CCOO, que avisa que ahora ya sólo se cree en los hechos. «Basta ya de buenas palabras, y que se apliquen en actuar en beneficio de la plantilla y la continuidad de la factoría», reprocha Santos González, que añadió que la plantilla está totalmente decepcionada.

Desde que Vestas anunciara su intención de cerrar su fábrica leonesa para deslocalizar la producción a China o India, prácticamente la totalidad de la plantilla cuenta en su haber con la carta de la empresa en la que les comunica el Expediente de Regulación de Empleo (ERE). La mesa de negociación del ERE ya ha sido compuesta por los mismos integrantes del Comité de empresa de Vestas, según indicó el presidente del propio Comité, Juan Francisco García Cabezas. Los cerca de 600 trabajadores que se verían afectados mantendrán levantado el campamento, instalado ante la factoría, hasta que consigan una solución.

UPL critica las subvenciones otorgadas

La UPL considera que «ha quedado perfectamente demostrada la absoluta inoperancia e inutilidad negociadora y ejecutiva de la Junta de Castilla y León que, salvo simples manifestaciones, no ha adoptado medida alguna para salvar la actividad y los puestos de trabajo de Vestas». UPL añade que el Gobierno de la nación «tampoco ha conseguido mayores logros por lo que, al final, tanto PP como PSOE son también corresponsables de un cierre del que la primera responsabilidad cae en la empresa Vestas, que con desprecio absoluto al drama humano y a las millonarias subvenciones autonómicas y estatales recibidas, deciden el cierre».

«Este desprecio de la empresa, materializado en que en su momento reciben las subvenciones para el montaje de la planta, para actividad de la misma, y la conservación de los puestos de trabajo, acaba incumpliendo precisamente los objetivos de las mismas, siendo también la responsabilidad de la Junta y del Estado», recalca la formación leonesista. Señala que, si bien pudieran estar prescritas las acciones para exigir a la empresa su devolución, lo que es evidente es que la norma existente no ha servido para su objetivo y ha propiciado «un auténtico fraude de ley en la utilización de las mismas».

Por todo ello, UPL exige a la Junta «que se deje de afirmaciones rutilantes cara a la galería, y adopte las medidas oportunas para exigir a la empresa todas sus responsabilidades». «Si esto hubiera acaecido en cualquiera de las provincias castellanas, no dudamos que hubieran buscado otro tipo de soluciones», precisa UPL, que subraya que el Gobierno de la nación deberá también buscar soluciones efectivas y no meros intentos que no han dado resultado alguno.

En último lugar, UPL pone de manifiesto la «incongruencia» de apostar por una transición energética justa, cerrando térmicas, finiquitando y descarbonizando lo poco que queda de la minería, y a la vez cerrar empresas de renovables como la de Vestas. De hecho, el líder de la UPL, Luis Mariano Santos, ha pedido en persona al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que exija a Pedro Sánchez explicaciones sobre lo que los socialistas denominan «transición justa» y si esto se traduce en «descarbonizar» o «acabar también con la eólica». «A León se le exige que se acabe con lo poco que le queda del carbón y nos dejan solos ante los problemas de las energías limpias», ha aseverado sobre Vestas.

El ataque a las renovables

Por su parte, la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) ha criticado la política energética de España como causa de la salida de Vestas de la provincia y pide minimizar el impacto del cierre de la planta de Villadangos. En este sentido, FELE expresa su «respeto» ante esta decisión empresarial de la compañía danesa, que responde «a un procedimiento enmarcado en las leyes nacionales y europeas». También expresa su respeto «a los accionistas de la compañía, a la libertad de empresa y la economía de mercado».

En este contexto «de respeto mutuo», FELE solicita a los agentes implicados que se minimicen al máximo posible los daños que conlleva este cierre, tanto para los trabajadores como para la economía y el empleo de León. También insta a llevar a cabo una política que favorezca la recolocación de todos sus trabajadores y reducir así el grave impacto de esta decisión. La patronal leonesa pone de manifiesto que las descalificaciones, amenazas y represalias de los representantes políticos no son la manera más adecuada de actuar. Además, advierte de que esta actitud afectaría a futuras inversiones de otros agentes económicos.»Este tipo de situaciones requieren templanza, sosiego, responsabilidad y que se mantengan alejadas de intereses electorales o populismos políticos oportunistas», recalca.

La patronal leonesa reitera la «inquietud» y «preocupación» ante «una política energética que no ha sido la más adecuada y ha frenando el desarrollo de las renovables y propiciado la deslocalización de empresas«. Recuerda que, en su día, se acogieron a una normativa favorable para implantarse y posteriormente, debido a los continuos cambios regulatorios en España, se ha frenado el desarrollo del sector en los últimos años. De cara al futuro, FELE reclama una planificación energética basada en el consenso de todos los partidos políticos que permita alcanzar los objetivos fijados por la Unión Europea.

CCOO y el Gobierno socialista de Asturias acusan a Ribera de poner «en jaque» a la industria con sus «devaneos»

EFE.- El presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, ha reclamado que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética no debe definir una senda de descarbonización «que fuerce una nueva reconversión» en Asturias, dado que afectaría a la viabilidad futura de la industria regional. Más duro se mostró el sindicato CCOO, que ha asegurado que los «devaneos» del Gobierno en política energética están poniendo «en jaque» a la industria y ha acusado al Ejecutivo de cometer «errores estratégicos».

El sindicato ha criticado la «vehemencia» de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha anticipado medidas “sin tener en cuenta” cuál será su impacto en un sector básico para la economía como es la industria y que “se ha equivocado” al hablar del carbón y al referirse al diesel. «Teresa Ribera ignora que su desconocimiento de la realidad industrial tendrá consecuencias en las personas, en las empresas y en regiones enteras», ha afirmado CCOO de Industria. En este sentido, el sindicato reclama al Gobierno «cordura, sensibilidad, flexibilidad y voluntad» para conseguir un consenso entre las partes afectadas.

CCOO ha tachado de «irresponsabilidad temeraria» la «política antidiesel» del Gobierno, cuando, ha apuntado, no existen razones técnicas que la justifiquen. Así, ha insistido en que no se justifica la subida de impuestos al carburante diésel por cuestiones medioambientales y que no comparte que, para proceder al cambio energético, haya que prescindir del carbón sin tener presente el impacto que puede conllevar para la actividad económica, social y medioambiental. Por ello, ha defendido que los objetivos que se propongan para limitar las emisiones estén acompañados de medidas industriales, financieras, educativas y sociales y que se maneje «con inteligencia» la transición.

Por otro lado, ha agregado que tanto el paquete de movilidad como el de transición energética que ha avanzado el nuevo Gobierno no tienen en cuenta cuáles serán las consecuencias de su implantación e ignoran a algunas tecnologías. «Consideramos que, antes de tomar una decisión que pueda perjudicar de forma irreversible estas expectativas, es preciso facilitar los instrumentos y las soluciones necesarias para que el resultado no suponga un proceso traumático para las personas, las empresas y las regiones», insistió.

Asturias, preocupada por su industria

Por su parte, el presidente de Asturias ha rechazado una descarbonización que «suponga el fin de las centrales térmicas de carbón entre 2020 y 2025 con el empleo y la logística a ellas asociado» y que afecte también al precio de la electricidad. En este sentido, ha reiterado que en un sector regulado como el eléctrico «no parece sensato que las empresas tengan libertad de decisión para proceder al cierre de instalaciones de generación» y es al Gobierno de España «al que le corresponde decidirlo como regulador». «No deben ser las compañías eléctricas las que interpreten el interés general, y menos aún las que regulen el sector a través del Gobierno», ha puesto de manifiesto.

Los sindicatos abordan con el Ministerio de Industria la implantación del coche eléctrico y la necesidad de empresas de baterías

Europa Press.- CCOO y UGT Fica se han reunido con la ministra de Industria, Reyes Maroto, con la intención de trasladarle la necesidad de un Pacto de Estado por la Industria. El secretario general de UGT Fica, Pedro Hojas, señaló que ambicionan un posible Pacto de Estado por la Industria con matizaciones y aportaciones del nuevo Gobierno, y pusieron encima de la mesa los problemas relacionados con otros Ministerios, como el energético.

Para UGT, es fundamental tener una energía competitiva y que no represente un coste superior al 30% que existe actualmente de diferencial con los países industriales europeos y ve necesario que el Ministerio «se apoye» en los consensos del anterior Gobierno para sacar adelante la Estrategia Industrial del Programa 2020-2030. En el encuentro con Maroto, se ha abordado la implantación del coche eléctrico, la digitalización y la necesidad de que en España se establezcan empresas de baterías y de desarrollo de nuevos materiales y combustibles.

El secretario general de Comisiones Obreras, Agustín Martín, ha explicado que para pasar por ese Pacto de Estado por la Industria, es necesario un Pacto de Transición Energética, que garantice que en las transformaciones no se pierda empleo. Además, ambos secretarios han asegurado que todos los sectores son importantes y estratégicos y han mostrado su descontento con las declaraciones sobre el diésel que, aseguran, «son alarmas innecesarias y tienen un serio impacto sobre el empleo».