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En Comù Podem exige que Soria dé explicaciones al Congreso sobre la indemnización extra de 295 millones reconocida a Castor

Europa Press / EFE.- El portavoz de En Comú Podem en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, Josep Vendrell, ha exigido la comparecencia del ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, José Manuel Soria, para que dé explicaciones sobre la indemnización extra y secreta  de 295 millones de euros que se habría reconocido a los promotores y expropietarios del almacén subterráneo de gas Castor, cantidad que será pagada a través de la factura del gas.

El Confidencial informa de que las cuentas de 2015 del socio canadiense de ACS en Escal, el grupo Dundee Energy, revelan que en noviembre del año pasado, apenas un mes antes de las elecciones, Industria emitió una resolución aprobando una retribución adicional de 253,3 millones de euros y el reembolso de 42,3 millones por gastos de operación y mantenimiento a favor de los operadores de Castor. Una cantidad que se sumaría a los 1.350 millones de euros en concepto de indemnización que el Gobierno ya reconoció a Escal cuando se decidió el cierre del almacén en 2014, con lo que la factura total a la que deberán hacer frente los contribuyentes se elevaría a 1.645 millones de euros, más intereses.

El Ministerio de Industria concedió esta indemnización después de que la empresa promotora Escal UGS decidiera renunciar al proyecto Castor, almacén que llevaba meses suspendido de actividad tras registrarse cientos de pequeños seísmos en la zona, por lo que pasó a manos del gestor del sistema gasista Enagás. El diputado de Podemos denuncia también el mecanismo por el cual la empresa Escal, participada mayoritariamente por ACS, firmó un contrato que «le permite tener beneficios seguros si todo sale bien, pero obliga a pagar con dinero público en caso de pérdidas».

Ante estas informaciones, el diputado catalán quiere que Soria comparezca en sede parlamentaria para informar sobre esta decisión, relativa a un proyecto que «nunca se tendría que haber hecho». En Comú Podem recordó que, según los cálculos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el proyecto costará 4.731 millones de euros sumando los intereses. «No puede ser que los consumidores tengamos que volver a pagar esta indemnización a través de la tarifa del gas durante los próximos 30 años por la sumisión de este Gobierno a los intereses de las grandes empresas», reprochó Vendrell.

Unió pregunta a la Comisión Europea por su investigación sobre Castor

Europa Press.- El eurodiputado de Unió, Francesc Gambús, registró tres preguntas en el Parlamento Europeo para recibir información sobre la investigación de la Comisión Europea sobre el almacén subterráneo de gas Castor. Quiere saber los detalles de la «desproporcionada compensación» económica de 1.350 millones de euros a la promotora del almacén. No es la primera vez que Gambús critica que la compensación a Castor está repercutiendo en la factura de todos los ciudadanos. Además, denuncia que podría ser considerada «ayuda ilegal del Estado, lo que rompería las normas comunitarias de competencia».

Bruselas pide información al Gobierno sobre la indemnización a ACS por Castor

EFE.- La Comisión Europea ha pedido información al Gobierno sobre la indemnización de 1.350,7 millones de euros otorgada a la concesionaria Escal UGS, controlada por ACS, por el cierre temporal y la hibernación del almacén de gas natural Castor, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón). «Estamos en contacto con las autoridades españolas sobre esto. Nuestro análisis se está haciendo. No podemos prejuzgar el resultado en estos momentos», señaló el portavoz comunitario de Competencia, Ricardo Cardoso.

Se trata de un paso preliminar en el análisis de la Comisión Europea, que permitirá determinar si la indemnización supone ayudas de Estado y si se ajustan o no a la normativa comunitaria. Si no cumplieran las reglas de la Unión Europea, el Estado español podría recuperar el dinero. Castor se encuentra cerrado desde 2013 tras la oleada de seísmos registrada en la zona. Escal UGS recibió en 2014 la indemnización fijada por el Gobierno por la paralización del proyecto. El Consejo de Ministros aprobó un decreto que aceptaba la renuncia a la concesión de Castor presentada por la empresa participada por ACS y fijaba el importe de la compensación.

Amplian la instrucción del caso Castor hasta los 18 meses

EFE.- El Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs (Castellón) ha declarado «causa compleja» las diligencias del caso Castor, en las que se investigan presuntas irregularidades en la tramitación del proyecto del almacén subterráneo de gas de Escal UGS, y amplía de 6 a 18 meses el plazo máximo de instrucción.

El pasado 19 de octubre declaró ante el juez el primero de los 18 investigados en esta causa sobre la planta situada frente a la costa de Vinaròs, cuya actividad se paralizó después del incremento de la actividad sísmica en Castellón y Tarragona.

La causa investiga la existencia de supuestas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del almacén.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en un comunicado, la causa, en la que ya han declarado 16 de los 18 investigados, está abierta por prevaricación medioambiental y delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.

En el auto, el juez explica que el número de imputados, dieciocho, «es a todos los efectos una cantidad lo suficientemente amplia como para adoptar esta decisión» de declararla como causa compleja, solicitada por el fiscal.

Añade que la «revisión de la gestión de al menos una persona jurídica, cual es Escal UGS -propietaria de la planta-, es también motivo de declaración de complejidad, atendida la consideración de investigada de la misma y de los miembros de su consejo de administración».

El instructor de esta causa, que ya ha superado los 13.000 folios, considera además que la complejidad de los delitos investigados exigirá de la «realización de pericias que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis».

Esto justifica, según el instructor, la declaración del caso Castor como «causa compleja» y la ampliación del plazo máximo de instrucción de 6 a 18 meses.

El Supremo admite un recurso de Cataluña en contra del cargo de Castor a la factura del gas

EFE / Europa Press.- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo presentado por la Generalitat de Cataluña contra la orden de peajes del gas para 2015, al oponerse a que los gastos de mantenimiento del almacenamiento subterráneo de gas Castor se carguen a la factura del gas. Según figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Supremo acordó la admisión a trámite el pasado 23 de diciembre, un año después de la aprobación de la orden ministerial.

La Generalitat aseveró que el recurso cuestiona que se considere como «costes del sistema» los gastos de mantenimiento de la infraestructura del Castor y que, por tanto, se autorice la repercusión de éstos en la tarifa que pagan los usuarios. La administración catalana considera que el coste de mantenimiento de la instalación, en su actual estado de hibernación, no puede cargarse a usuarios y consumidores dado que, entre otras razones, se trata de una infraestructura que nunca ha entrado en servicio, según el departamento de Empresa y Empleo. La cuota de mantenimiento de la instalación se eleva a unos 17 millones de euros al año.

La orden de peajes de gas establece los pagos que tienen que efectuar consumidores y productores para sufragar los costes regulados del sistema gasista, como la distribución o el transporte, así como el destino de esos fondos. Desde 2015, entre los costes regulados también figura el mantenimiento del almacenamiento de gas Castor, ubicado frente a las costas de Castellón e hibernado (cerrado temporalmente) con el objetivo de garantizar la seguridad después de registrarse cientos de pequeños seísmos en la zona.

La Generalitat de Cataluña se ha pronunciado en diferentes ocasiones contra del pago de la indemnización prevista para los promotores del proyecto Castor, que asciende a unos 1.350 millones de euros y que se cargará en la factura del gas durante 30 años. Así, la administración catalana presentó en el primer trimestre de este año el recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional y ésta decidió elevarlo al Tribunal Supremo.

Industria congelará la parte regulada de la tarifa de gas en 2016 pese al coste de indemnizar al almacén Castor

Europa Press / EFE.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo congelará durante 2016 los peajes de la tarifa de gas natural, destinados a cubrir los costes regulados del sistema, a pesar de que el próximo año los consumidores empezarán a abonar las anualidades destinadas a cubrir la indemnización por el almacenamiento subterráneo de Castor, según el borrador de orden de peajes de enero.

«Las previsiones realizadas permiten concluir que los peajes son suficientes para cubrir los costes», indica Industria en el borrador, en el que también señala que el «potencial superávit» de tarifa que pueda surgir en el ejercicio «se destinaría a cubrir el déficit generado». El déficit acumulado a cierre de 2014 tomado como referencia por el Ministerio asciende a un total de 1.011 millones de euros. Esta cifra es «la mejor previsión» y está aún condicionada a la liquidación definitiva que realice la CNMC. En todo caso, en 2016 se producirá un superávit de tarifa gasista por valor de 18 millones de euros, que se sumará a otro excedente de 9 millones de euros en 2015.

Sin embargo, la CNMC calcula unos ingresos de 2.923 millones frente a unos costes de 3.023 millones, lo que supone un déficit de 100 millones. Como novedad, en 2016 empezarán a repercutirse los primeros costes del almacén Castor, por valor de 96,3 millones. De este importe, 80,6 millones corresponden a la primera anualidad para sufragar el importe de la indemnización, mientras que 15,7 millones irán destinados a costes de mantenimiento y operatividad. Los costes gasistas también incluirán una partida de 5,2 millones para cubrir los costes de operación y mantenimiento de la planta de regasificación de El Musel, que se encuentra en condiciones de hibernación.

Otro de los costes imputados a la tarifa será el de 32,7 millones de euros para cubrir el laudo arbitral dictado en 2010 por la Corte Internacional de Arbitraje de París por la revisión de los precios del gas importado desde Argelia. En total, los consumidores deben abonar 163 millones en cinco años para cubrir la indemnización dictada por las autoridades de arbitraje internacional. El próximo ejercicio es el segundo de los cinco en el que se repercute esta partida.

Para elaborar la orden de peajes, Industria calcula que la demanda de gas aumentará un 1,6% en 2016, hasta 316 teravatios hora (TWh), fruto de un mantenimiento del consumo de gas para generar electricidad en 60 TWh, de un incremento del 2,1% en el relacionado con el consumo industrial y del 1,3% en la doméstica. Esta previsión está por debajo del 2,5% previsto por Competencia. Los ingresos del sistema gasista ascenderán en 2016 a 2.947 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,6% con respecto al 2015. La orden de peajes también mantiene la tarifa de alquiler de contadores y equipos de telemedida.

En cuanto a los costes, ascenderán a 2.929 millones, un 3,3% menos que en 2015, después de que la distribución, que es la principal partida de costes, se mantenga en el entorno de los 1.337 millones de euros. El resultado de este escenario de costes e ingresos es un superávit de 18 millones. Por otro lado, el Ministerio de Industria ha emplazado a la CNMC a que realice un informe acerca de los márgenes comerciales que deben aplicar las comercializadoras gasistas de la Tarifa de Último Recurso (TUR). En el estudio, el regulador deberá detallar cada uno de los costes de comercialización que se incorporen. El informe será publicado en la web de la CNMC.

Enagas ultima el proceso de hibernación de Castor mientras Escal UGS niega relación entre su actividad y los movimientos sísmicos

El operador del sistema gasista Enagás anunció que ya ha cumplido el encargo de poner en condiciones de seguridad el almacén subterráneo de gas Castor y que ultima su proceso de hibernación o cierre temporal. Mientras tanto, en su declaración ante la Justicia, el presidente del consejo de administración de la concesionaria del proyecto Castor, Escal UGS, Recaredo del Potro, negó la relación entre la actividad de inyección de gas y los movimientos sísmicos que se produjeron en la zona.

Según Enagás, la instalación ya está en condiciones de seguridad, como exigía la regulación, sin alterar la estructura y con las necesarias tareas de mantenimiento y preservación de equipos, así como que «está concluyendo el proceso de hibernación«. En septiembre de 2013, el Gobierno suspendió la actividad de inyección de gas en el almacenamiento, ubicado frente a las costas de Castellón, después de que se registraran cientos de pequeños seísmos en la zona y encargó a Enagás su hibernación hasta que se contara con información suficiente para garantizar su seguridad.

El gestor del sistema gasista explica que ya ha culminado la fase de inertización, por la que se ha evacuado el gas de la superficie, la plataforma, el gasoducto y las instalaciones en tierra. También se han completado los trabajos de preservación y mantenimiento de los equipos y avanza en el sellado de los pozos, que ya sólo está pendiente de la instalación de dos piezas mecánicas de acero adicionales a las dos válvulas existentes.

«Una coincidencia en el tiempo»

Por su parte, Recaredo del Potro negó la relación entre la actividad de inyección de gas y los movimientos sísmicos que se produjeron en la zona, y apuntó que la sismicidad fue «natural» y que sólo se trató de una «coincidencia en el tiempo«. Así se ha manifestado Del Potro en su declaración como imputado en el juzgado de instrucción número 4 de Vinaròs (Castellón) en la causa abierta por supuestas irregularidades en la tramitación de la concesión de explotación de Castor, según ha informado el abogado de la Asociación Nacional Arca Ibérica, que ejerce de acusación popular, Jorge Casal.

Según ha explicado el letrado, «como era de esperar, Recaredo del Potro ha eludido cualquier tipo de responsabilidad de la empresa y ha dicho que desde un primer momento Escal hizo los estudios de sismología que le fueron requeridos de forma exhaustiva y aprovechando los datos que habían adquirido con anterioridad de los estudios de la empresa que había explotado en su día la instalación petrolífera». «Sí que ha reconocido que esos estudios se centraron exclusivamente en el entorno de la falla Amposta, y ha dicho que no podían tener conocimiento de la existencia de otras fallas e incluso ha negado que los movimientos sísmicos estuviesen relacionados con la actividad de inyección de gas«, relató.

También ha declarado Del Potro que sobre los movimientos había un «perfecto» conocimiento por parte del Ministerio y de la Red Nacional de Alerta Sísmica, «los cuales estaban perfectamente informados de lo que estaba sucediendo e, incluso, el director de esta última entidad les manifestó que, por la magnitud e intensidad de los sismos, no había el más mínimo riesgo para la seguridad de las personas». «Ha dicho que la intensidad de los sismos es tres, que excluye cualquier riesgo para personas y bienes y, en definitiva, que la intensidad de los sismos en la zona de Vinaròs es equivalente a las vibraciones que experimenta la fachada de una casa cuando pasa un camión por delante», ha añadido el letrado.

El representante de Escal aseguró que las únicas medidas que se adoptaron cuando empezaron a registrarse los sismos fue el seguimiento de los mismos y la comunicación al Ministerio y a la Red Nacional de Alerta Sísmica, y dijo que en ningún momento cesó la actividad, «ya que el 16 de septiembre cesa la inyección sencillamente porque se acabó el gas y había finalizado la actividad programada, pero no porque voluntariamente lo decidieran ni recibieran ninguna instrucción al respecto«, indicó el abogado de Arca Ibérica.

Por otra parte, según Casal, una de las sugerencias que hizo el Observatorio de Ebro cuando puso en conocimiento de la empresa la existencia de movimientos sísmicos es que paralizara la actividad o redujera el caudal de inyección a los límites por debajo de los cuales no se había producido ningún movimiento sísmico, a lo que la empresa «manifiesta que redujo el caudal de inyección incluso antes, aunque el informe del Instituto Geológico y Minero (IGME) dice que no se redujo el caudal de inyección, sino que incluso se aumentó«.

Asimismo, Recaredo del Potro ha puesto en «entredicho» los informes del IGME sobre unas fallas que hasta el momento eran desconocidas, «pues dice que son datos interpretables». Respecto a la falla Castor, ha destacado que tanto por sus dimensiones como por su velocidad de desplazamiento «no es susceptible de generar ningún tipo de riesgo», según Casal. Finalmente, el imputado entiende que, según los estudios que ha hecho la empresa, la sismicidad que se produjo en la zona fue «natural» y que sólo se trata de una «coincidencia en el tiempo» con la inyección de gas. Casal recordó que los técnicos del IGME han declarado que había una relación directa entre la inyección de gas en Castor y los movimientos sísmicos».

Miguel Sebastián repasa el panorama energético y propone luz gratis para los primeros kilovatios hora consumidos

El exministro socialista de Industria, Miguel Sebastián, realiza en una entrevista a Europa Press un amplio repaso al panorama energético actual: Castor, renovables, déficit de tarifa… y propone que los hogares tengan electricidad gratis hasta un número concreto de kilovatios hora y que, a partir de ese umbral, el precio vaya aumentando en función del consumo, de modo que los colectivos vulnerables con menos demanda verán rebajada su factura y el conjunto de los consumidores tendrá incentivos al ahorro.

El también exdirector de la Oficina Económica de La Moncloa plantea esta propuesta con motivo de la publicación de su libro La falsa bonanza, en la que también en materia energética compara el nuevo decreto de autoconsumo con «obligar a sacarse una licencia de taxi para llevar a los niños al colegio» y se muestra convencido de que el Estado ganará los litigios con los inversores internacionales de renovables al menos en lo referido a los recortes que él aplicó en su etapa como ministro.

La idea de Sebastián sobre el recibo eléctrico consiste en «un mínimo exento» en consumo. «Fuera término de potencia. Que haya un mínimo, habrá que ver cuánto, de electricidad gratis. Para todos. Una vez superado el mínimo exento, el porcentaje de lo que vas pagando va subiendo con tu consumo», propone. Para Sebastián, esta idea es parecida al tipo único del IRPF, que también defiende y en la que se exime de pagar por la primera parte de la renta. Si se aplica la medida al recibo eléctrico, «ya no sería necesario el bono social mientras se incentivaría el ahorro energético porque, a medida que se consuma, se pagaría más«.

Por otro lado, Sebastián asegura que, en el caso del almacén subterráneo Castor, las decisiones «sustanciales» como la ubicación no las tomó él y que la cláusula que reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado «era habitual en España y en otros países». Esta cláusula «hablaba de indemnización siempre que la planta estuviera operativa, cosa que nunca llegó a producirse, por lo que no entiendo por qué se ha aplicado«, sostiene, antes de considerar que los almacenes subterráneo son necesarios para enfriar el precio en caso de subidas. «Eso es muy bueno para el consumidor, pero malo para alguien. ¿Qué enemigos tiene Castor? Me temo que no solo los medioambientalistas», señala.

Al pronunciarse sobre los recortes a las renovables aplicados por el Gobierno a partir de 2008 para pinchar la burbuja en torno a estas tecnologías, Sebastián considera que «se tendría que haber sido más rápido y contundente», si bien duda de que legalmente fuese posible. «La forma de frenarlo habría sido con otro decreto o un real decreto ley. La pregunta es si hubiéramos podido aprobar un real decreto ley urgente. Estoy seguro de que no. Es más, seguro que no nos hubieran dejado ni los nuestros», señala. «Al principio dijeron que habíamos sido muy duros con la fotovoltaica, pero a la larga acabarán diciendo que fuimos demasiado blandos», sostiene.

Critica el decreto de autoconsumo

En lo referido al decreto de autoconsumo aprobado recientemente, el exministro de Industria se muestra «completamente» partidario de derogarlo. «Comparto el argumento de que no puede ser que todos los consumidores paguen los beneficios que van a recibir los que hagan el autoconsumo. Sin embargo, no puede ser que para tener unos paneles en casa te obliguen a tener permiso como si fueras una empresa productora. Es como si te obligan a tener una licencia de taxi para llevar a los niños al colegio», afirma.

Sebastián también califica de «buena idea» la nueva factura por horas de la luz, aunque considera que es «un poco pronto» para aplicarla porque «primero hay que hacer la sustitución de contadores». «Cuando era ministro estaba desesperado con lo lenta que iba la sustitución y propuse a mis colaboradores pasar una norma para que a partir de ahora los contadores analógicos no se cobrasen. Pero los servicios jurídicos me dijeron que no podría hacerlo», explica.

Pese a ver con buenos ojos la factura por horas, Sebastián prefiere el sistema de subastas trimestrales que él puso en marcha para fijar el precio de la luz. «Yo no me hubiera cargado las subastas porque me parecía un mecanismo mucho más transparente y predecible que el de ahora», afirma. En todo caso, Sebastián reconoce su «mosqueo» ante las subidas de precios antes de la celebración de las subastas.

«Cuando pedíamos informes sobre las subastas, nos decían que no había ningún problema, pero siempre me mosqueaba que, cuando llegaba el momento, siempre subía el precio. A nosotros nos pasó un par de veces, pero todos los informes que pedíamos nos daban negativo y decían que no pasaba nada raro», señala. Este encarecimiento, indica, se debía a la toma de posiciones por parte de agentes financiero. «Cuando se mete el sistema financiero, realmente no sale nada bueno. En la fotovoltaica se metió el sistema financiero y la convirtió en un producto financiero: llevó a la gente a endeudarse para entrar en los huertos solares«, señala.

Sobre los arbitrajes internacionales por los recortes a las renovables, Sebastián se muestra confiado en que el Estado «ganará» los correspondientes a las medidas adoptadas en su etapa como ministro. «La gran crítica es la retroactividad y lo que hicimos nosotros no es retroactivco porque la prima a las renovables no la tocamos«, sino que recortamos el número de horas, indica. «Lo hemos ganado en el Supremo y lo ganaremos en la corte internacional. Las medidas que vinieron después, ya veremos», afirma Sebastián, quien atribuye las subidas de la luz y la generación de déficit de tarifa en su etapa a la fotovoltaica y a la caída de la demanda.

«Metimos 3.000 MW de potencia instalada cuando estaban previstos 400. Eso eran 3.000 millones al año de primas, y eso fue lo que desequilibró todo. Sin eso, lo demás habría sido manejable. Es verdad que si la demanda de electricidad hubiera crecido más, ese coste se habría repartido entre más y hubiera sido menor, pero en vez de subir en tres años un 5% anual como estaba previsto, lo que es un 15%, cayó un 10%. Eso hizo que el coste para los que seguían consumiendo fuera muy alto», añade.

Soria: «El Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer con el almacén Castor»

EFE.- El ministro de Energía, José Manuel Soria, ha dicho hoy, cuando empiezan a declarar los imputados en la investigación sobre los movimientos sísmicos en el Delta del Ebro y su posible relación con la plataforma de almacén de gas Castor, instalada en el Golfo de Valencia, que «el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer» en este asunto.

Lo primero que hizo el Gobierno, ha aseverado Soria antes de participar en una reunión con REE, fue declarar lesiva para los intereses del Estado una de las cláusulas del Real Decreto de 2008 que autorizó el almacén y que establecía que, si en algún momento de la vida del proyecto el operador dejaba de operarlo, tenía derecho a indemnización por el valor residual del mismo, aún cuando mediara dolo o culpa.

El ministro de Industria, Energía y Turismo ha añadido que, posteriormente, en septiembre de 2013, cuando, como consecuencia de la inyección del gas colchón en el almacenamiento se detectaron movimientos sísmicos por encima de determinado nivel en la escala Richter, «se ordenó la paralización de esa inyección».

En tercer lugar, solicitamos que el operador del sistema gasista se hiciera cargo del mantenimiento de la planta mientras se recaban estudios adicionales que en estos momentos está llevando a cabo el Instituto Tecnológico de Massachusetts con el fin de ver si en el futuro es viable o no esta instalación.

Por todo ello, Soria ha considerado que, desde un principio, el Gobierno de España ha tomado las decisiones que tenía que adoptar.

José Manuel Soria ha asegurado que el Ejecutivo del que forma parte «es el primer interesado en esclarecer todo tipo de circunstancias que hayan podido concurrir en torno a este proyecto»

El Tribunal Supremo también dice que el gasoducto de conexión al almacén Castor debía tener evaluación de impacto ambiental

Europa Press.- El Tribunal Supremo ha avalado la sentencia de la Audiencia Nacional del 15 de abril de 2013 que anuló la resolución de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, de 23 de noviembre de 2009, por la que se acordó no someter a evaluación de impacto ambiental un tramo de gasoducto que conecta la red nacional de transporte de gas con la instalación en tierra asociada al almacenamiento subterráneo Castor, que discurría entre Tarragona y Castellón.

De esta forma, el Supremo desestima los recursos de casación interpuestos por la Administración General del Estado, Enagás y Escal UGS, y estima, al igual que hizo la Audiencia Nacional, que el proyecto de gasoducto entre la red troncal y una estación en tierra con conexión posterior a Castor debió ser sometido a estudio de impacto ambiental al ser un «elemento inescindible e indisociable del almacenamiento«.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo destaca que la evaluación ambiental y su posterior aprobación resultaban imprescindibles, «sin que resulte de recibo», en tal situación, rechazar el inicio del proceso de evaluación considerando el mismo innecesario, cuando otro tramo del gasoducto de similares características (situado entre la planta de operaciones y el mar) sí había sido objeto de evaluación.

Para el Alto Tribunal, no deja de ser «significativo» que en la resolución impugnada se formulara y aprobara la declaración de impacto ambiental del proyecto de almacén subterráneo de gas natural de Amposta, que comprendía tanto el almacenamiento propiamente dicho como una parte importante del gasoducto, el comprendido entre la plataforma marina y la planta de compresión y tratamiento de gas natural en tierra, en el término municipal de Vinarós.

Al someter a evaluación medioambiental este tramo del gasoducto de 11,6 kilómetros y no considerarla necesaria con su continuación, de 11,6 kilómetros, se produce a juicio del tribunal una desmembración de una parte del proyecto, de igual naturaleza y características que el sometido a evaluación junto con el almacenamiento de gas y parte marina del mismo gasoducto.

Si bien en la ley se alude al fraccionamiento de proyectos de igual naturaleza y realizados en el mismo espacio físico, el tribunal considera que, al margen de interpretaciones, cualquier desmembración no elude el necesario control ambiental.

Tras analizar las resoluciones de la Secretaría de Estado de Cambio Climático en relación con proyectos de gasoductos durante el periodo de vigencia de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos de 2008, el tribunal no ha sido capaz de detectar ninguna resolución de similares características a las de este caso.