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El PSOE y los sindicatos exigen a Industria que reúna de forma urgente la comisión de seguimiento del carbón

Redacción / Agencias.- Al igual que hicieron los sindicatos CCOO y UGT, el PSOE ha exigido al Ministerio de Industria que reúna de forma urgente a la Comisión de Seguimiento del Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras 2013-18 para ponerse al día de la situación del sector ante los «graves incumplimientos» en los que, a su entender, ha incurrido el Gobierno del PP.

En una proposición no de ley presentada en el Congreso, diputados socialistas de regiones mineras como Asturias, Castilla y León o Aragón critican el incumplimiento del Plan Nacional de Carbón 2006-12 por parte del Ejecutivo de Rajoy, que provocó un recorte del 64% de las ayudas y la «progresiva desaparición» de recursos destinados a infraestructuras para el desarrollo alternativo de estas comarcas. Lejos de corregir esta situación, el Gobierno popular ha seguido creando «grandes incertidumbres» sobre el futuro del sector con su actitud ante el acuerdo que los sindicatos y los empresarios alcanzaron en 2013.

Por eso, los socialistas quieren que se reúna de forma urgente la Comisión de Seguimiento del Marco de Actuación para conocer el grado de cumplimiento de dicho acuerdo, analizar la evolución de las plantillas, las ayudas de explotación, los cierres, los proyectos empresariales y de infraestructuras, entre otros asuntos que abordar, como la situación de las negociaciones con la Unión Europea para revertir la decisión de cierre de minas no rentables a partir de 2018.

También piden conocer el grado de cumplimiento del Mecanismo de Pago por Capacidad que “debería estar en vigor” desde el 1 de enero de 2015 en sustitución del Real Decreto de Garantía de Suministro, y la posibilidad de acompañamiento de la exención del céntimo verde. Otro de los puntos que el grupo parlamentario quiere debatir es la situación de las inversiones en Investigación y Desarrollo para la Captura y Almacenamiento de C02, con especial atención a la situación de la Ciudad de la Energía (Ciuden).

En este sentido, los socialistas recuerdan que el acuerdo incorpora la posibilidad de prorrogar las ayudas a la actividad minera hasta el 2018 e incluye la continuidad de líneas de ayuda al desarrollo alternativo de nuevas actividades económicas en las regiones afectadas. «Tras más de 2 años de vigencia del presente Plan continúan existiendo grandes incertidumbres sobre el futuro del sector, especialmente en lo que afecta al consumo del carbón nacional que garantice la continuidad de la actividad minera en España«, señala la iniciativa socialista, que recuerda que el Marco de Actuación creó una Comisión de coordinación y de seguimiento.

Los sindicatos exigen a Industria

Fitag-UGT e Industria de CCOO reclamaron también al Ministerio la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento del acuerdo marco del carbón. En una carta remitida al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, con copia al ministro de Industria, José Manuel Soria, los sindicatos señalan que, «independientemente de la situación política del país, la grave crisis que atraviesa la minería del carbón requiere respuestas inmediatas». Así, consideran que «es más necesaria que nunca» una comisión de seguimiento del acuerdo marco para buscar «soluciones urgentes que, a través del diálogo, garanticen la supervivencia del sector y de las comarcas mineras».

En su misiva, los sindicatos insisten en la convocatoria para conocer el grado de cumplimiento del marco de actuación, firmado en 2013, así como el estado de la implementación del mecanismo de pago por capacidad que debería estar en vigor desde 2015. UGT y CCOO señalan que estos dos conceptos, que en principio serían una de las soluciones urgentes que solicitan, deberían estar resueltos «a la vista de la necesidad que atraviesa todo el sector». Asimismo, demandan información sobre el estado de la Ciuden y de las negociaciones con la Unión Europea, en los mismos términos que los diputados socialistas.

«Hay un compromiso de que las centrales térmicas seguirían comprando carbón autóctono a las empresas mineras porque el carbón es una de nuestras únicas fuentes de energía autóctona y, por ende, de garantía de suministro además de por cuestiones sociales y territoriales», apuntaron desde los sindicatos. También recordaron que España es una «isla energética» con pocas conexiones y el carbón «da independencia energética» y es un sector que estructura comarcas enteras, del que viven miles de familias. «En un momento en el que Europa vela por la despoblación, tenemos todos los ingredientes para reclamar el mantenimiento de la actividad de nuestra minería del carbón», concluyeron.

Hullera Vasco-Leonesa tira la toalla tras 120 años y pide su liquidación mientras Izquierda Unida arremete contra Industria en Bruselas

Servimedia / EFE.- La eurodiputada de Izquierda Unida, Ángela Vallina, denuncia que el Ministerio de Industria «no ha peleado lo suficiente por el sector» en Europa en una jornada en la que la minería del carbón despide a Hullera Vasco-Leonesa, que decidió por unanimidad de su consejo de administración presentar la solicitud de liquidación de la compañía tras fracasar en su intento de convencer a los acreedores de la viabilidad futura de una empresa creada hace 120 años.

Además, según comunicó la compañía minera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), habilitó a su presidente para que adopte las medidas necesarias para su ejecución, entre ellas, la emisión de las oportunas certificaciones hasta completar los trámites de la extinción de la sociedad. Hullera Vasco-Leonesa asegura que con esta decisión persigue favorecer una salida lo menos perjudicial posible para los intereses de trabajadores y acreedores ante el deterioro de su situación económica.

Además, lamenta que «los principales agentes implicados, clientes, instituciones públicas, entidades financieras y aquellos acreedores que han sido emblemáticos en el devenir productivo de los más de 120 años de historia que avalan la trayectoria de la sociedad, no hayan podido encontrar fórmulas de superación de una situación económica que deviene como consecuencia de imposiciones legales cuando no de las políticas energéticas articuladas por las administraciones públicas y compañías eléctricas».

La entrada en concurso de la compañía se produjo básicamente por los efectos del plan de cierre de la minería del carbón impuesto por la Unión Europea y por su aplicación por parte de las autoridades españolas, lo que provocó una drástica reducción tanto de las ayudas como de la demanda de carbón, hasta alcanzar cuotas insostenibles en 2014. Por último, el consejo expresa su «frustración» por «no haber podido superar las rígidas barreras administrativas y financieras que le han sido infranqueables durante estas largas negociaciones, especialmente, en cuanto detentadores de un legado empresarial centenario».

Izquierda Unida protesta ante Europa

Por su parte, la eurodiputada de Izquierda Unida, Ángela Vallina, calificó de «decepcionante» la decisión de la Comisión Europea de considerar contraria al derecho de la Unión Europea la orden ministerial de ayudas al carbón autóctono para generar electricidad. Asimismo, exige que se implante «de forma urgente» una bonificación sobre el denominado céntimo verde para incentivar el consumo de carbón extraído en el Estado español frente al importado. A su juicio, estamos ante «última muestra de que el Ministerio de Industria no ha peleado suficiente por el sector, dejándolo sin oportunidades más allá de 2018».

Vallina señala que el pasado mes de enero mantuvo una reunión en Estrasburgo con la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, para tratar la situación del sector del carbón en el Estado español, en la que la representante comunitaria le trasladó que la transición energética era una «cuestión inminente» y defendió la importación de carbón del extranjero puesto que sus precios eran «imbatibles». Vallina reseña que le expuso a Vestager que la orden ministerial, que finalmente ha rechazado la Comisión Europea, «redundaría en una rentabilidad social en las zonas donde se produce carbón autóctono» y «serviría para generar empleo estable y duradero y frenar la despoblación».

Asimismo, advirtió que de no aplicarse sería «un desastre social», y denunció que el carbón importado «no cumple los mismos estándares laborales y medioambientales que el autóctono». La europarlamentaria insiste en la necesidad de implantar el llamado céntimo verde, que dé preferencia a que se queme carbón nacional para producir electricidad frente al importado, lo que considera «vital» y entiende que lo convertiría «también en competitivo a nivel de precios».

Explicaciones en Castilla y León

Mientras tanto, el PSOE reclamó en las Cortes de Castilla y León la comparecencia urgente de la consejera de Economía de la Junta, Pilar del Olmo, para que explique el rechazo de Bruselas al mecanismo para la compra de carbón autóctono. En este sentido, el procurador por León Tino Rodríguez considera que la reclamación está justificada ante el hecho de que el Gobierno, tal como ha reconocido ante la Asociación de Comarcas Mineras (Acom), no haya enviado a Bruselas la orden ministerial que habría evitado la actual situación de quiebra en la que se encuentra el sector.A este respecto, Rodríguez se pregunta: «¿De qué rechazo hablaba la consejera Pilar del Olmo si no se había presentado ninguna petición formal?».

Por este motivo, ha acusado a la Junta de ser «los titiriteros de Mariano Rajoy y del ministro José Manuel Soria para encubrir su política de aniquilación de la minería».El parlamentario autonómico ha recordado que desde que el PP accedió al Gobierno a finales de 2011 «se han cerrado el 90% de las explotaciones mineras de la Comunidad de casi 10 grupos mineros que sustentaban el trabajo a más de un centenar de empresas auxiliares, sólo quedan 3 y con los mineros en ERE«. Rodríguez ha esgrimido que esta situación ha llevado a que se haya pasado de más de 6.000 empleos directos e indirectos de la minería del carbón, a los actuales 700.

Castilla y León trata de conseguir que reabra la Hullera Vasco-Leonesa

EFE.- La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, aseguró que la administración autonómica está en continuo contacto para tratar de que se reabra la Hullera Vasco-Leonesa, inmersa en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a toda la plantilla. Los casi 800 trabajadores de la emblemática compañía minera, entre plantilla y subcontratas, están regulados desde hace meses por la inactividad de la empresa y el concurso de acreedores que sufre, situación complicada que se extiende a la liquidación laboral de algunas subcontratas.

«Nos hemos reunido tanto con la administración concursal como con los trabajadores y la dirección de la compañía», ha señalado la consejera en declaraciones a los periodistas. Del Olmo ha advertido de que en la actualidad es preciso seguir el procedimiento que marca el concurso, aunque ha valorado que, de momento, «parece que la intención de la empresa es seguir con la actividad». «No obstante, los administradores concursales tienen mucho que decir porque el procedimiento tiene sus pasos y sus reglas, pero desde la administración estamos en continuo contacto para tratar de que se reabra la empresa«, recalcó Del Olmo.

Industria no renuncia a lograr un mecanismo para el carbón nacional aceptado por Bruselas mientras recibe duras críticas desde Asturias

Redacción / Agencias.- El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, aseguró que prefiere «no imaginar» lo que ocurriría si no se habilita un sistema que garantice el consumo de carbón nacional en las centrales térmicas ante lo que considera la «desidia» del Gobierno, que no renuncia a lograr un mecanismo para incentivar la quema de carbón nacional en centrales eléctricas que sea aceptado por la Comisión Europea, indicó el Ministerio de Industria.

Industria asegura que el Gobierno «sigue trabajando por el sector del carbón» y que el ministro José Manuel Soria se reunió la semana pasada con la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, para abordar la posibilidad de que Bruselas «acepte algún tipo de mecanismo de ayudas para garantizar la quema de carbón nacional». Industria argumenta que la caída del precio internacional del carbón está provocando «un cierre abrupto de las minas en lugar de un cierre ordenado hasta el 2018», tal y como prevé la Decisión de la Unión Europea.

El Gobierno también apela a la necesidad de poner en marcha un mecanismo sobre la base de la necesidad de garantizar la seguridad de suministro energético del país. Vestager se mostró «comprensiva con los argumentos españoles», si bien supeditó cualquier tipo de ayuda a que sea compatible con el régimen europeo, para lo cual siguen trabajando equipos técnicos de la Comisión Europea y de Industria.

El ministro argumentó que, «a pesar de los avances en la legislatura anterior», España es un país «con muy pocas interconexiones *con el resto de Europa», de modo que es «vulnerable» de cara a la seguridad de suministro y precisa fuentes autóctonas. La Comisión Europea no se opone a este tipo de ayudas, siempre y cuando se hagan dentro de la legalidad europea, indica Industria. «El compromiso comunitario es por tanto estudiar la posibilidad de una vía legal que permita a España cierta compensación a la quema del carbón nacional hasta el año 2018″, añade.

Asturias critica desidia del Gobierno

El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, aseguró que prefiere «no imaginar» lo que ocurriría si no se habilita un sistema que garantice el consumo de carbón nacional en las centrales térmicas, lo que llevaría a la minería a una situación crítica por la «desidia» del Gobierno. «Debemos estar a tiempo de disponer de un sistema pese al tiempo que se ha perdido y que es achacable al Gobierno de España y, en particular, al Ministerio de Industria», apuntó Fernández después de que la Unión Europea haya cuestionado el modelo propuesto por el Ejecutivo.

El presidente asturiano denunció también que la situación del sector carbonero «no tiene que ver con el hecho de que el Gobierno esté en funciones sino con la desidia de un Gobierno que ha intentado condenar a la minería». En relación con este asunto el ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, indicó que la Comisión Europea «no ha cerrado la puerta» a la puesta en marcha en España de un nuevo incentivo al consumo de carbón nacional, pero que es necesario estudiar su encaje en la normativa europea.

El Parlamento respalda al carbón

Asimismo, el Parlamento asturiano aprobó una iniciativa de Izquierda Unida que muestra su respaldo al futuro de la minería del carbón que ha salido adelante por unanimidad aunque durante el debate se ha producido un duro intercambio de acusaciones entre el PSOE, el PP y Podemos. La iniciativa plantea promover desde Asturias junto a sindicatos, partidos y ayuntamientos una posición común que permita revertir en el seno de la Unión Europea, y en colaboración con otras comunidades autónomas y con el Gobierno central, la decisión adoptada en 2010 de suprimir a partir de 2018 todas las ayudas a explotaciones deficitarias.

La Cámara asturiana se compromete con la defensa del carbón y de su explotación como recurso natural de forma sostenida y sostenible «como un derecho irrenunciable y fundamental para Asturias» y exige del Gobierno central que habilite, tal y como prevé el vigente Plan del Carbón, los mecanismos que garanticen el consumo de hulla nacional. La ausencia de dicha regulación, a cuya renovación Bruselas sigue poniendo obstáculos, favorece según el diputado de Izquierda Unida Ovidio Zapico, el uso de hulla importada con cuyo coste el carbón nacional «no puede competir».

Para el portavoz socialista, Jesús Gutiérrez, en el frente común que plantea la iniciativa aprobada «no puede estar el PP porque es meter al zorro donde usted quiera» dado que incumple sus compromisos con el sector y alberga «al igual que Podemos, gente que siente desprecio por la minería». Previamente el parlamentario de la formación morada, Héctor Piernavieja, había criticado que el plan de cierre del sector fue «firmado y sellado» por PSOE y PP en las últimas décadas en las que además «dilapidaron el dinero que debía servir para construir un tejido económico alternativo».

PP se suma al compromiso

Por su parte, la portavoz adjunta del PP, Emma Ramos, recordó que su partido fue el «único» que luchó contra el cierre de las minas en la década de los años noventa y logró que Bruselas ampliara hasta 2018 el plazo para seguir subvencionando la producción, una decisión que ha considerado «difícil» de revertir por la Unión Europea. Para el diputado de Foro, Pedro Leal, si España deja de producir hulla se «dispararía» el precio de la importada de Colombia, China o Sudáfrica mientras que Armando Fernández, de Ciudadanos, ha emplazado al Gobierno a cumplir lo pactado en el Plan del Carbón, pero abogó por «no volver la cabeza a un pasado que no volverá».

La minería del carbón genera aún en Asturias entre empleos públicos y privados más de 3.000 puestos de trabajo directos y constituye la principal actividad económica de comarcas como la suroccidental donde operan empresas amenazadas de cierre si no se recupera la garantía de suministro para producir electricidad. El vigente Plan del Carbón contemplaba que el único recurso energético fósil de que dispone España supusiera el 7,5% de la producción eléctrica en el mix energético nacional y la hulla es la segunda fuente de generación en España tras las centrales nucleares tras consumir en los últimos años una media de 21 millones de toneladas de las que 18 son importadas.

Castilla y León también reivindica

La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, confía en poder convencer a la Unión Europea por la vía de la «garantía de suministro» e insistió en que la puerta de las ayudas a la minería «no está cerrada«. Tras recordar que la orden del carbón que había preparado el Ministerio de Industria también fue informada desfavorablemente por la CNMC, al considerar que se trataba de ayudas de Estado contrarias a la normativa europea, Del Olmo ha defendido el «nuevo planteamiento» del ministro José Manuel Soria a la Comisión Europea.

Soria niega que lo presentado por Elcogas sea un plan de viabilidad al pedir una retribución específica

Redacción / Agencias.- El ministro de Industria, José Manuel Soria, aseveró que la empresa operadora de Elcogás «no ha presentado ningún tipo de plan de viabilidad» y que lo que el Ministerio no contempla es que pueda tener un régimen retributivo especifico. En este sentido, Soria explicó que lo que se presentó por la empresa es la «reiteración» de que la térmica de Puertollano «pueda tener un régimen retributivo específico como tiene la generación renovable», e indicó que «ese no es el caso».

«Cuando planteen un plan de viabilidad el Gobierno lo estudiará, pero de momento no han planteado absolutamente ninguno», subrayó el ministro. Previamente, el comité de empresa de la planta había señalado que el Ministerio de Industria les trasladó que «no se permite la inclusión de la central en un régimen retributivo propio» en este momento. Según, el secretario del comité de empresa de Elcogas, Jesús Crespo, la planta de Puertollano sí se podría incluir en el futuro en un régimen retributivo específico si realizara la hibridación. Elcogas había propuesto producir electricidad con una hibridación de coque de petróleo, carbón y un 30% de orujo de aceituna (biomasa) para poder acceder así al régimen retributivo específico.

Por su parte, el presidente del comité de empresa, José Antonio Alcaide, explicó que el Ministerio de Industria estima que la inclusión de la empresa en un marco regulatorio específico es de «difícil aplicación» porque supondría un «cambio de calado» en la legislación del sistema energético para el que se dispondría de «muy poco tiempo». Además, según añade, el Gobierno considera que las ayudas que Elcogas pide para cubrir el periodo de dos años de transición hacia la hibridación con biomasa podrían ser consideradas por la Unión Europea como «ayudas de Estado» y, por tanto, prohibidas por la legislación comunitaria.

«No es un no rotundo; hay obstáculos y para salvarlos hay que sentarse a negociar», incide Crespo, que considera que el Ministerio «ve bien el punto final al que tiene que llegar Elcogas, pero no el cómo y eso es lo que hay que negociar«. Ante esta respuesta, el comité de empresa de Elcogas, que ha señalado que no conoce «al detalle el contenido de la comunicación para saber exactamente qué dice el Ministerio y cuáles son las intenciones de los socios», solicitó una reunión urgente con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.

Asimismo, han solicitado una reunión con el Gobierno de Castilla-La Mancha, porque «desde que se abrió el conflicto, los trabajadores han dado toda la información a la Junta para que intercedan, aporten y hablen con el Ministerio y con la empresa». Por otro lado, Crespo ha señalado que los trabajadores de Elcogas ya tienen convocada una manifestación el martes 26 de enero en la puerta del Ministerio de Industria. Además, desde el lunes 25 de enero, los trabajadores de Elcogas se encerrarán en la planta de Puertollano, también como medida de protesta por el cierre de la empresa, previsto para el próximo 31 de enero.

Crespo recordó «al Ministerio y a la empresa que fueron los que pusieron el problema sobre la mesa y lo tienen que resolver». «No podemos estar en Europa diciendo que se van a reducir las emisiones de CO2 y en España, que tiene la central más avanzada y donde se quema el carbón de forma más limpia, a la que se quiere además incorporar la biomasa, decir que nos lo vamos a cargar de un plumazo», sentenció. La planta térmica de Elcogas está participada por Endesa e Iberdrola, HC Energia, la italiana ENEL y la francesa EDF. Tiene 320 megavatios (MW) de potencia y da empleo directo a 150 personas.

«Que la Junta aporte dinero»

Por su parte, el portavoz adjunto del grupo popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Carlos Velázquez, indicó que la solución para Elcogas pasa porque el Gobierno regional aporte dinero y que el rechazo del plan de viabilidad por parte del Ministerio de Industria se ha basado en cuestiones técnicas. En este sentido, Velázquez ha demandado que en los presupuestos de 2016 se contemplen medidas complementarias «que se materialicen con una cantidad concreta» «Eso es lo que tiene que hacer el Gobierno de Castilla-La Mancha», indicó Velázquez, que recordó que el Ejecutivo socialista dijo que no quería aportar ayudas que complementaran las del Gobierno central.

Según el diputado del PP, «si existiera ese compromiso político y no solamente palabrería y se utilizara el presupuesto para lo que se tiene que utilizar, que es para solucionar los problemas de muchos ciudadanos, quizás empezaríamos a hablar de la solución de Elcogas en breves fechas«. Por ello reiteró que la solución «depende del presupuesto de 2016» y de la voluntad política del presidente autonómico manchego, Emiliano García-Page. Asimismo, cuestionó el planteamiento de Podemos de que se regionalice la empresa. Intentar hacer públicas empresas «no soluciona el problema», aseguró Velázquez, que lo ve como «una medida anacrónica, de las políticas viejas que quiere intentar traer Podemos a Castilla-la Mancha».

«Un verdadero plan de viabilidad»

Finalmente, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, aseguró que el Ministerio de Industria lo que demanda es un «verdadero plan de viabilidad» sobre Elcogas porque lo que ha presentado la dirección de la empresa «es simplemente un documento». «El Ministerio dice que no es un plan de viabilidad, que es simplemente un documento, y lo que pide es un verdadero plan técnico de viabilidad para una planta de biomasa hibridada», explicó.

De tal forma, añadió, que «el Ministerio de Industria está abierto a nuevas ofertas, pero también pide que la Junta apoye también, junto con el Ministerio, para que Elcogas sea viable en un futuro». «No puede ser que solamente sea una Administración la que este tirando del carro, la que ha dicho que va a ayudar, la Administración del Estado, y la Junta de Castilla-La Mancha lo único que hace es esperar«, ha concluido Gregorio.

Elcogas inicia el ERE extintivo para toda la plantilla «sin que exista respuesta» del Ministerio de Industria

Redacción / Agencias.- Precisamente los sindicatos CCOO y UGT han exigido al Ministerio de Industria «una respuesta inmediata» al plan de viabilidad de la central térmica de Elcogas, ya que la dirección de la empresa ha empezado a negociar el ERE de extinción con los trabajadores de la planta sin que «exista respuesta», por parte del Ministerio de Industria, al estudio de viabilidad presentado en diciembre. Este documento incluye un plan de inversiones hasta 2017 para la hibridación de generación eléctrica con la inclusión de biomasa.

La empresa indicó «tiene que iniciar» el periodo de consultas para la negociación del ERE «tras apurar los plazos legales al máximo posible» y teniendo en cuenta que «hasta la fecha no existe una respuesta» al planteamiento reflejado en el estudio de viabilidad. De hecho, el 31 de enero expira la prórroga de 3 meses solicitada por los socios de Elcogas para desconectar definitivamente la termoeléctrica de la red eléctrica nacional. Así, el calendario del periodo de consultas para el ERE acordado con los sindicatos prevé las fechas de 22 y 27 de enero, y 2 y 9 de febrero.

«En estos plazos había que presentar un estudio de viabilidad que permitiera incluir a Elcogas en un régimen retributivo específico que garantizara su viabilidad técnica y económica», recordaron. La dirección apunta que el 22 de diciembre presentó a Industria un estudio avalado por prestigiosas consultoras internacionales que han elaborado un trabajo riguroso coordinado por PricewaterhouseCoopers, sin que hasta el momento «haya tenido respuesta a ese planteamiento». Consecuentemente, indica la compañía, Elcogas «tiene que iniciar los procesos legales para cumplir tanto con lo estipulado en la resolución del expediente de cierre del propio Ministerio de Industria como en la legislación laboral».

La dirección de la empresa quiso reiterar el «respeto escrupuloso a los derechos laborales de los trabajadores, la plena voluntad negociadora de la empresa y la vocación de concluir el proceso en un acuerdo». También incide en su «confianza» ante la eventualidad de que «antes de la finalización del proceso se produzca una respuesta del Ministerio que acabe con la inviabilidad económica de una central modelo de innovación y tecnología«.

Según la documentación entregada por Elcogas a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral, la termoeléctrica de ciclo combinado de carbón soportó un «deterioro patrimonial» del 40% en 2015, «al pasar de los 50 millones de euros disponibles en 2014 a los 30 millones cuantificados a 30 de noviembre del año pasado«. En este sentido advierte de que a las pérdidas generadas hasta agosto se suma la «ausencia de ingresos» desde septiembre y el hecho de que la compañía haya tenido que competir a precios de mercado «sin protección» desde 2015 por ausencia de un marco regulatorio específico que garantice su viabilidad.

Los sindicatos piden respuestas ya

En este sentido, los sindicatos CCOO y UGT han exigido al Ministerio de Industria «una respuesta inmediata» al plan de viabilidad que le presentó hace 4 semanas Elcogas, para evitar la desconexión de la planta de Puertollano a la red eléctrica, prevista para el próximo 31 de enero. Los sindicatos han recordado que «este proyecto tiene el respaldo explícito de todas las fuerzas políticas de ámbito estatal que el pasado 20 de diciembre obtuvieron representación parlamentaria en las elecciones generales». También tiene «todo el apoyo de los organismos locales y autonómicos, así como de todas las organizaciones sociales implicadas«, añadieron.

CCOO y UGT demandaron «una respuesta inmediata» a la propuesta presentada por la empresa, que a su juicio «tendría que pasar por articular los mecanismos oportunos para la aprobación y vehiculación del plan presentado. «A 15 días del plazo máximo para la desconexión de la central y tras la nueva apertura del ERE de extinción, no entendemos por qué no hay respuesta por parte del Ministerio», han apuntado los sindicatos, que pidieron que se «deje de jugar con los trabajadores y el futuro de Puertollano».

Respecto a la negociación del ERE, el presidente del comité de empresa de Elcogas, José Antonio Alcaide, indicó que mientras exista la posibilidad de continuidad y haya vías de solución para que Elcogas siga adelante con un plan de viabilidad, no quieren tratar «ningún aspecto ni de despido ni de cierre». Los trabajadores no entienden «cómo se ha puesto sobre la mesa la negociación de un nuevo expediente y no se ha esperado a que finalicen la prórroga el 31 de enero», ha añadido Alcaide.

Las comarcas mineras exigen al Gobierno el cumplimiento del plan del carbón hasta 2018

EFE.- La asamblea general de la Asociación de Comarcas Mineras (ACOM) acordó por unanimidad de los alcaldes presentes exigir el cumplimiento del plan del carbón 2013-2018 así como que el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, reciba con carácter inmediato a una representación de estos regidores. En Pola de Laviana, los alcaldes que componen el órgano asambleario, así lo determinaron y recogieron en un documento estructurado en 6 puntos, 3 con referencia al sector y otros tantos a las comarcas mineras.

En cuanto al sector, exigen el cumplimiento íntegro del Plan del Carbón, convocando con «carácter inmediato» la Comisión de Seguimiento por ser un instrumento «necesario para evaluar su grado de cumplimiento». ACOM también reclama al Gobierno que se respete el 7,5% de consumo de carbón autóctono en el mix energético nacional y que se implante el mecanismo que garantice la quema de este carbón en térmica, así como la posibilidad de implantar el céntimo verde, con el objetivo de dar estabilidad al sector y garantizar el empleo actual y el desarrollo de las comarcas mineras.

Además, insta al Ejecutivo a que defienda ante la Unión Europea el mantenimiento de un régimen de ayudas al carbón que asegure la continuidad del sector minero como el «eje vertebral que aún es para numerosos territorios desde un punto de vista económico y social». En este aspecto, reclama la revisión de la decisión 787/2010 en referencia a la devolución de ayudas y la recuperación de concepto de reserva estratégica, cuestiones que ACOM-España planteará también en el ámbito de EURACOM.

En el apartado de las comarcas mineras, exige al secretario de Estado de Energía que reciba con carácter inmediato a una representación de alcaldes de ACOM, al objeto de evaluar la compleja situación de las comarcas. Otra reivindicación apunta que se articulen cuantos instrumentos sean necesarios para la puesta en marcha de las ayudas destinadas al desarrollo alternativo de las comarcas mineras. Por último, ACOM demanda al Gobierno central el abono de los pagos adeudados a las distintas administraciones públicas relativos a los fondos para la reactivación contemplados en los planes de la minería anteriores.

En la exposición de motivos apuntan que las comarcas mineras españolas vienen experimentando desde hace décadas un «paulatino declive social, laboral y económico» como consecuencia del ajuste sufrido en el sector del carbón autóctono, con efectos más evidentes en una acusada pérdida de población. Los alcaldes mineros constatan que la situación actual del sector del carbón autóctono atraviesa un momento «complejo» ante la decisión europea que fija el fin de las ayudas a la producción de las explotaciones mineras al 31 de Diciembre de 2018.

Industria libera 15 millones de euros de ayudas para el cierre de minas de carbón

EFE / Europa Press.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo liberó 15 millones de euros en ayudas para facilitar el cierre de minas no competitivas de carbón nacional, de las que se beneficiarán Hulleras del Norte, Endesa Generación y La Carbonífera del Ebro. En un resolución publicada en el BOE, Industria detalla que estas ayudas van destinadas a cubrir costes excepcionales del cierre de unidades de producción de carbón en el ejercicio 2015.

Con este trámite, el Ministerio de Industria cierra la convocatoria para el ejercicio 2015 lanzada el pasado 6 de febrero. Las ayudas cubren actuaciones relacionadas con el Plan de Cierre del carbón remitido por España a la Unión Europea para el periodo comprendido entre 2013 y 2018. De las ayudas, que se distribuirán en cuatro anualidades, 8 millones de euros corresponden a Endesa Generación, frente a 3,6 millones de Hulleras del Norte y 3,2 millones de La Carbonífera del Ebro. De acuerdo a la regulación comunitaria, la minería tiene que adaptarse a determinados criterios medioambientales y económicos antes del fin de 2018, cuando solo podrán continuar las minas que sean capaces de competir sin ayudas.

UGT solicita «una vez más» a Industria la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento del carbón

Europa Press / EFE.- La Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (FITAG) de UGT solicitó «una vez más» al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento del acuerdo marco del carbón, según comunicó el sindicato, que envió una carta al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, solicitando al Gobierno esta convocatoria para tener información respecto a los temas «importantes» para el sector del carbón nacional y las comarcas mineras.

En concreto, Fitag-UGT pide conocer el grado de cumplimiento del plan de la minería firmado en 2013, tanto en el ámbito sectorial (cumplimiento de producciones y quema de carbón autóctono, evolución de plantillas, ayudas explotación, cierres) como en el territorial y de reactivación (proyectos empresariales y ayudas a infraestructuras) de las comarcas mineras. Además, solicita conocer el estado de implementación del mecanismo de pago por capacidad, «que debería estar en vigor desde enero de 2015 en sustitución del real decreto de garantía de suministro, y la posibilidad de acompañamiento de la exención del céntimo verde«.

UGT también pide la reunión para tener información sobre el estado de las inversiones en investigación y desarrollo para la captura y almacenamiento de CO2, con especial atención a la situación de Ciuden, y sobre las negociaciones y contactos en la Unión Europea de cara a revertir la decisión comunitaria del 10 de diciembre de 2010 sobre las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas. Desde FITAG-UGT confían en que, «dada la grave situación por la que atraviesa la minería del carbón actualmente, el secretario de Estado se avenga» a su requerimiento para, a través del diálogo, buscar soluciones que doten de futuro al sector y las comarcas mineras.

CCOO advierte de que el cierre de la minería del carbón «es inminente» si el Gobierno no actúa

EFE.- La Federación de Industria de CCOO considera que el cierre del sector de la minería del carbón se producirá «en un corto espacio de tiempo» si el Gobierno sigue «mirando a otro lado en connivencia con las empresas eléctricas«. Responsables del sindicato se pronunciaron así tras la reunión que mantuvieron con el nuevo presidente de la Asociación de Comarcas Mineras (ACOM) y alcalde de Laviana, el socialista Adrián Barbón, al que pidieron que los ayuntamiento defiendan el mantenimiento de la actividad minera.

Según el responsable de industrias extractivas de la Federación de Industria de CCOO, José Luis Villares, el Gobierno del PP consiguió «prácticamente finiquitar la minería del carbón» en la pasada legislatura. «Si esto no se soluciona inmediatamente el sector irá al cierre inmediato en un corto espacio de tiempo», sentenció Villares, que criticó que los responsables del Ministerio de Industria autorizaran desde 2012 una reducción del 63% en las ayudas a la producción de carbón «pese a que era ilegal».

Para el secretario general de CCOO de Industria de Asturias, Damián Manzano, desde el Gobierno «no se está haciendo ningún esfuerzo ni hay ninguna intención de defender el sector» tras 4 años de ejercicio «en funciones» con una actividad minera «que ha hecho todo lo posible por destruir». Al encuentro asistió también el responsable de Minería de CCOO en Castilla y León, José Luis García,

El presidente de ACOM ha reclamado que, tal y como vienen solicitando los sindicatos, se reúna la comisión de seguimiento del Plan del Carbón «porque un Gobierno carece de credibilidad si no cumple lo que firma». A su juicio, el Ejecutivo debe dar una solución y no limitarse «a mirar para otro lado y a echar la culpa a Europa» ante la actual situación en la que no se está quemando carbón nacional en las centrales térmicas y el que adquieren las compañías eléctricas se compra en unas condiciones «inasumibles» para las compañías mineras «que no pueden trabajar con perspectivas de encargos de una semana».