Los 6 millones de toneladas sobre los que se realiza la comparación son los recogidos en la última edición, la de 2014, del ya extinto decreto del carbón, si bien la cantidad que finalmente compraron las eléctricas ha quedado realmente muy por debajo de esa cifra debido a las circunstancias excepcionales del ejercicio. El nuevo mecanismo consistirá en unos pagos por capacidad que se repercuten sobre la parte de mercado del recibo de la luz y que se abonarán a las eléctricas por realizar mejoras medioambientales en las centrales térmicas que compran carbón nacional. En concreto, se incentivan las inversiones encaminadas a la reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno.
El borrador de orden ministerial recoge la quema cada año a partir de 2015 y hasta 2018 de unas cantidades de carbón equivalentes a 4,025 millones de termias PCS por megavatio (MW) instalado, lo que, según fuentes del sector, equivale a 3,8 millones de toneladas. El pago se articulará en torno a una retribución por unidad de potencia. Será de 72.000 euros por MW, lo que, de aplicarse sobre todo el parque de centrales térmicas que queman carbón nacional, implicaría el desembolso de 326 millones de euros, cerca de la mitad de los entre 500 y 600 millones anuales del ya expirado decreto del carbón.
No obstante, esta cifra será muy inferior debido a que no todas las centrales podrán adaptarse a los requisitos. Fuentes del Ministerio de Industria cifran el importe final en unos 100 millones de euros. En la actualidad, existen nueve centrales que queman el mineral nacional, que son Soto de Ribera 3, Narcea 3, Anllares, La Robla 2, Compostilla, Teruel, Guardo 2, Puentenuevo 3 y Elcogás. Industria obligará además a las térmicas a presentar, antes de recibir el pago, documentos que acrediten contratos de aprovisionamiento cerrado en los que se contemple la entrega de carbón cada año. Los contratos deben cerrarse en un plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor de la orden.
Rechazo manifiesto de los sindicatos
CCOO y UGT expresaron su rechazo a la orden de pagos por capacidad que regulará el incentivo a la inversión para mejorar las instalaciones de producción de electricidad a partir de carbón autóctono, al considerar que «incumple» lo acordado en el Marco de Actuación para la Minería del Carbón 2013-2018. En este sentido, desde Comisiones Obreras (CCOO) ya presentaron alegaciones al Ministerio de Industria y reclaman que se elabore una nueva propuesta «que respete lo acordado y asegure que las eléctricas adquieren las producciones» que estimó el Plan del Carbón.
De lo contrario, el sindicato advirtió de que «cerrarán de inmediato algunas explotaciones y el resto reducirá plantilla», ya que de los cálculos efectuados en el documento aportado por Industria concluye que la obligación de compra que refleja el borrador de pagos por capacidad es un 50% inferior a lo pactado. Para CCOO, también es necesario establecer el periodo de compra de carbón autóctono, con un periodo más amplio, en el horizonte del 2020 o posterior, para que las empresas que puedan continuar su actividad planifiquen su futuro a medio y largo plazo. También consideran que los recursos destinados para las inversiones que deben incentivar el proceso de desnitrificación «son muy escasos, muy lejos de las cifras que se barajaban».
Por su parte, UGT también remitió sus alegaciones a Industria y subrayó la «urgente necesidad» de materializar el compromiso del Ministerio de garantizar estructuralmente, en los próximos días, las ventas por parte de las empresas mineras del carbón a las compañías eléctricas para este año 2015. Asimismo, el sindicato advirtió de que esta «exigua obligación de compra», cuyas consecuencias se van a sentir especialmente en León y el Sur-Occidente de Asturias, se compensa con una «drástica» reducción del presupuesto anunciado para el mecanismo que «decían de ser de 400 millones«.
En concreto, según sus cálculos, los 72.000 euros por megavatio (MW) instalados reporta una subvención de 25,2 euros por grupo, que multiplicado por los diez grupos «da un presupuesto de 250 millones, bien lejano del 100% del coste anunciado, que está en los 35 a 40 millones por grupo». «El borrador propuesto es irreal, ya que para que las empresas del carbón vendan el 50% de lo firmado es necesario que estén los 10 grupos de consumo en funcionamiento», añadió.
