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Enagás, Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola, Red Eléctrica y Siemens Gamesa figuran en el índice de sostenibilidad DJSI World 2017

Europa Press.- Un total de 14 empresas españolas figuran en la edición 2017 del Índice de Sostenibilidad de Dow Jones, el Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World, por sus siglas en inglés), publicado por S&P Dow Jones Indices y RobecoSAM, lo que supone cuatro menos que en la edición anterior, cuando ingresaron un total de 18.

En esta nueva edición, 3.484 compañías entre las más grandes del mundo por capitalización eran elegibles para los distintos índices. Solo el 10% han sido seleccionadas como miembros de DJSI 2017 World, al que optaban 2.528 compañías y en el que figuran las 320 más sostenibles, de acuerdo con criterios económicos, medioambientales y sociales. En el caso del índice europeo, de las 609 compañías candidatas, han sido elegidas un 20%.

En esta edición, figuran en el índice mundial las españolas Banco Santander, Bankia, CaixaBank, Ferrovial, Siemens Gamesa Renewable Energy, Enagás, Inditex, Amadeus, Indra, Telefónica, Endesa, Gas Natural, Iberdrola y Red Eléctrica. Ramón Pueyo, socio de Sostenibilidad de KPMG en España, destaca que 3 empresas españolas, Amadeus, Red Eléctrica e Inditex, se han colocado como líderes absolutos de sus respectivos industry groups. Sólo Reino Unido consigue incluir más compañías como líderes sectoriales con 4″, añadió Pueyo.

El analista de KPMG ha hecho hincapié en la importancia que supone figurar en este índice, que ha calificado como «punta de iceberg» ya que las empresas «supieron ver lo que supone estar en el índice». «Las compañías se han dado cuenta de que hay que desarrollar políticas expresas en las que se examinan cuestiones más allá de lo financiero», aspectos que también examinan «los inversores inteligentes, que están hartos de sustos y apuestan por el largo plazo», según Pueyo.

Energía somete a consulta pública hasta el día 15 el decreto que regula el cierre de centrales de generación eléctrica

Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital está sometiendo a consulta pública previa el proyecto de real decreto por el que se regula el procedimiento de cierre de las instalaciones de generación eléctrica con el objetivo de recabar la opinión de las personas y entidades potencialmente afectadas por la norma. El plazo para presentación de escritos, que se abrió el 3 de agosto, finaliza el próximo 15 de septiembre.

En la consulta pública, el departamento que encabeza Álvaro Nadal plantea las siguientes cuestiones: si se considera oportuno mantener operativa una central por motivos de seguridad del suministro, cambio climático e impacto en el precio, y qué procedimiento debería seguirse en el supuesto que el titular solicite el cierre de una central que es necesaria para el sistema. Mediante el decreto se pretende abordar una serie de medidas que garanticen en todo momento la seguridad del suministro en el territorio nacional, de una forma sostenible y respetuosa con el medioambiente, y atendiendo en todo momento a los criterios de sostenibilidad económica y financiera del sistema.

Según recuerda Energía, la Ley del Sector Eléctrico establece que todos los consumidores tendrán derecho al acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica en los términos establecidos. En consecuencia, deben desarrollarse las medidas necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica cuando concurran una serie de supuestos, como el riesgo cierto para la prestación del suministro de energía eléctrica, situaciones de desabastecimiento de las fuentes de energía primaria, amenaza grave a las instalaciones, a la integridad de la red de transporte, a la distribución de energía eléctrica, así como en situaciones que impliquen una reducción sustancial de la disponibilidad de las instalaciones de producción, transporte o distribución del suministro.

España y los objetivos climáticos

A su vez, según resalta el Ministerio, resulta necesario tener en cuenta las proyecciones e impactos de cada tecnología en la generación eléctrica nacional, de cara a las obligaciones de planificación energética con la Unión Europea en el horizonte 2030 y 2050, para lograr el cumplimiento de los objetivos energéticos y de cambio climático que los Estados miembros han asumido tras el Acuerdo de París.

Al mismo tiempo, se debe ponderar el coste-beneficio que implicaría el cierre de una central y la posible apertura de una nueva central, «considerando el impacto sobre el precio de la energía para usuarios domésticos e industriales y sobre la competitividad de la economía española». En este contexto, por tanto, Energía considera necesario contar con las medidas regulatorias que aseguren que las decisiones de cierre de centrales «son coherentes con la planificación energética y, de esta manera, son compatibles con los objetivos en materia de seguridad del suministro, cambio climático y precio de la energía».

Con este decreto, el Gobierno pretende dotarse de los instrumentos adecuados para garantizar la continuidad de las centrales ante eventuales cierres y otras situaciones de contingencia. La regulación debe prever las medidas que deben implementarse a futuro. La norma tiene como finalidad regular el procedimiento de cierre de las instalaciones de producción de energía eléctrica. Para ello habrá de contemplarse las distintas fases del mismo, la documentación necesaria, los informes que habrán de recabarse en el procedimiento, así como las autoridades y la forma en que deben intervenir para garantizar los objetivos que se pretenden.

Según Energía, la finalidad que propugna la iniciativa ha de abordase necesariamente a través de una alternativa regulatoria, y recuerda que estos procedimientos se encuentran contemplados en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en el Real Decreto 1836/1999, de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, que han de actualizarse.

Francia tiene previsto aprobar este año la prohibición de producir en 2040 petróleo y gas natural en todo su territorio

Europa Press / EFE.- El Gobierno de Francia tiene previsto aprobar, antes de que concluya 2017, una ley para prohibir tanto las prospecciones como la producción de petróleo y gas natural en sus territorios continental y de ultramar en 2040, según un proyecto de ley presentado por el ministro de la Transición Energética y de Ecología de Francia, Nicolas Hulot, para acabar con la explotación de hidrocarburos en territorio galo antes de 2040, a fin de cumplir los objetivos climáticos del Acuerdo de París.

«Francia asume el papel de líder en la lucha contra el cambio climático e incentiva a los otros países a tomar iniciativas parecidas, en la línea del acuerdo de París de 2015», aseveró Hulot, al término del Consejo de Ministros del Gobierno que lidera Emmanuel Macron. La ley, que debe ratificarla el Parlamento, pretende terminar con la explotación de hidrocarburos convencionales y también de los no convencionales, como el gas de lutita, por el impacto negativo en el medio ambiente.

Según el Ejecutivo francés, se trataría de la primera vez que un país toma una decisión de este calado, aunque más bien es una iniciativa simbólica, ya que la producción gala de gas y petróleo (0,8 millones de toneladas de petróleo en 2015) supone apenas el 1% del consumo nacional ya que el resto (99%) es importado. Esta prohibición forma parte de un plan para eliminar la dependencia de la economía francesa de los combustibles fósiles, así como fomentar el desarrollo de las energías renovables y cumplir con los compromisos firmados en los Acuerdos de París contra el cambio climático.

Según el proyecto, Francia ya no expedirá más permisos de exploración ni la extensión de las concesiones actualmente en vigor, de forma que se irán limitando de forma gradual hasta ser retiradas por completo en 2040. El Gobierno recordó que actualmente hay 63 concesiones de hidrocarburos en Francia que cubren una superficie de 4.000 kilómetros cuadrados. Con la puesta en marcha de esta ley, el Ejecutivo aseguró que podrá declinar más de 40 demandas de permisos, aunque aclaró que mantendrá las que ya fueron autorizadas.

Según el Ministerio que dirige Hulot, frenar la explotación y producción de hidrocarburos en Francia tendrá «un impacto limitado» en las empresas del sector por tener un perfil exportador y porque tendrán unos 25 años para adaptarse a la disminución de actividad. Esta ley podría afectar a compañías como la petrolera Total que, aunque suspendió la exploración en territorio continental, aún tiene permisos para continuar con las prospecciones en territorios de ultramar como la Guayana Francesa. Total rechazó realizar cualquier tipo de declaraciones al respecto.

En libertad con cargos los 4 activistas de Greenpeace detenidos tras su protesta en Coruña contra Gas Natural Fenosa

Europa Press.- Los 4 activistas de Greenpeace detenidos tras ser acusados de desobediencia a la autoridad, después de que la Guardia Civil retirara al grupo que protestaba en el almacén de carbón del puerto de Coruña que abastece a la central térmica de Meirama, han quedado en libertad con cargos, según indicó un portavoz de la organización ecologista.

Tras pasar a disposición judicial, los activistas quedaron en libertad, pero con cargos, en torno a las 22.00 horas del martes. Ahora navegan rumbo a Gijón a bordo del barco Esperanza, que ha iniciado una campaña por el Cantábrico contra el cambio climático. Estos activistas, junto a otros 5 que quedaron en libertad después de la intervención de la Guardia Civil, participaron en una protesta en el almacén de La Medusa. En ella, desplegaron una pancarta en la cúpula y se movilizaron en la entrada.

Todos ellos llegaron la instalación de Gas Natural Fenosa en embarcaciones neumáticas para llevar a cabo una jornada de protesta «con la intención de alertar al Gobierno sobre la necesidad de terminar con la quema de carbón y sustituirlo por energías limpias». La organización ecologista realiza una campaña el lema Misión Salvar el Clima para alertar de que la quema de carbón «es el principal responsable del cambio climático » y para exigir al Gobierno una ley «que establezca un plan de cierre para 2025 de las térmicas de carbón».

Sedigas pide aprovechar las infraestructuras del sistema gasista en la transición energética para reducir las emisiones de gases efecto invernadero

EFE / Europa Press.- La Asociación Española del Gas (Sedigas) ha propuesto de cara a la elaboración de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética que se aprovechen al máximo las infraestructuras gasistas para aumentar la seguridad de suministro y reducir las emisiones de gases efecto invernadero. A su juicio, España podría alcanzar los objetivos de descenso de dióxido de carbono (CO2) si la nueva ley contemplara el gas como «energía clave».

Sedigas presentó varias propuestas para esa futura norma y para avanzar en la descarbonización, reivindicando que el gas “es la única energía capaz de ser pieza angular en el mix energético para dar una solución a largo plazo, pero fácil a corto plazo y con un impacto inmediato”.  Las propuestas que plantea Sedigas se centran en utilizar las «fortalezas» del gas en la transición hacia una economía baja en carbono en sectores como el transporte, el residencial y el de generación eléctrica, sustituyendo otros combustibles más contaminantes por gas, reduciendo las emisiones de gases invernadero y mejorando la calidad del aire “de forma económicamente sostenible”.

Las primeras medidas pasarían por establecer un modelo energético sostenible económicamente, que ayude a conseguir los objetivos de cambio climático, que mejore la calidad del aire y que contribuya a aumentar la seguridad de suministro y a crear empleo. Para ello, propone aprovechar las infraestructuras existentes y disponer de un precio del CO2 que permita el desarrollo económico de la industria. En este sentido, subraya que España ya ha acometido inversiones en infraestructuras gasistas que permiten diversificar el suministro. También destaca que el gas natural garantiza una combustión libre de partículas y con cero emisiones de óxido de nitrógeno (NO2).

Además, para reducir las emisiones del sector residencial propone cambiar a sistemas modernos de calefacción a gas, que pueden reducir las emisiones en un 55%. Asimismo, ha recordado que las calderas de condensación tienen un 65% más de eficiencia que sus tecnologías competidoras. La asociación también apuesta por potenciar los ciclos combinados para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico, dado que aportan firmeza, flexibilidad y una potencia ya instalada. Según Sedigas, aumentar la generación de electricidad a gas reduciría las emisiones hasta en un 66%.

También ha propuesto incrementar la utilización del gas natural en el transporte terrestre y marítimo, pues puede reducir las emisiones invernadero en un 23% comparadas con la gasolina y en un 7% comparadas con el diésel. En el caso de los camiones y autobuses, la reducción respecto al diésel es de un 16% con gas natural comprimido (GNC) y de un 15% con gas natural licuado (GNL). La reducción de emisiones en el sector marítimo alcanzaría el 21% comparado con el tradicional fuelóleo pesado marítimo.

Sedigas también ha propuesto incrementar el uso del gas renovable, el biometano, procedente de fuentes renovables, pues inyectando un 20% de gas renovable en el sistema de distribución se reducirían un 36% las emisiones globales de gases de efecto invernadero en comparación con los combustibles derivados del petróleo. Según recoge Sedigás, el secretario general de Ngva Europa, Andrea Gerini, asegura que más de dos millones de vehículos podrían emplear biometano procedente de residuos sólidos urbanos, «transformando la basura doméstica» en un combustible sostenible, producido localmente.

La consulta pública para el cierre de las centrales

El Ministerio de Energía tiene abierta hasta el día 15 una consulta pública (conforme a lo que establece el procedimiento de elaboración regulatoria español) dirigida a una eventual y futura regulación del procedimiento de cierre de las centrales eléctricas. La consulta pregunta a los que quieran personarse si ¿Considera oportuno mantener operativa una central por motivos de seguridad del suministro, cambio climático e impacto en el precio? y ¿Qué procedimiento debería seguirse en el supuesto de que el titular solicite el cierre de una central que es necesaria para el sistema?

Dado que la legislación española ya prevé los mecanismos para el cierre de centrales, la principal cuestión global que se deriva de la pretensión de establecer una regulación expresa para fijar límites a la salida de instalaciones en un mercado de generación liberalizado como el español es conocer la motivación del Ministerio para forzar a que exista esta regulación y someter a pública demagogia las propias directrices de la Unión Europea, fijadas en el cuarto paquete legislativo, sobre la participación de operadores en las actividades liberalizadas. El hecho de que se haya planteado el cierre de algunas plantas y retirar potencia del sistema seguramente ha sido determinante para que el Ejecutivo acuda a la regulación.

El Ministerio de Energía de la Administración Rajoy sigue con una política basada en la búsqueda de espacios de discrecionalidad. Discrecionalidad que se instrumenta de muchas formas: desde convocando subastas de nueva potencia renovable ad libitum y con letra pequeña para ir distribuyendo potencia (equilibrando agravios), pasando por arañar las finalidades de los excedentes de liquidación según convenga electoralmente, realizar intervenciones tarifarías para determinados ámbitos geográficos, hasta buscar dotarse de fórmulas para sortear las legítimas peticiones de cierre y/o hibernación de centrales que se suceden por sus titulares a la vista de su inviabilidad económica.

Esta discrecionalidad también le permite no definir los escenarios de la denominada y todavía vaporosa transición energética en el caso español, término que es un significante vacío de comunicación política, en donde confluyen el impulso a la Ley de Cambio Climático con la creación del Comité de Expertos para su definición.  Escenarios que, con una importante sobrecapacidad en la generación (otro de los mantras de esta Administración, agudizado con el pase de Nadal a ministro), deberían determinar en cada momento el mix de generación, las fórmulas de mercado mayorista resultantes, el procedimiento de despacho y los mecanismos de retribución de cada tecnología según su papel.

Por eso, el Ministerio busca apelar a fórmulas inespecíficas e inconcretas que le permitan actuar de forma discrecional en cada momento sin la necesidad de definir una política energética, sin organizar y hacer coherente una política de fiscalidad verde energética más allá del actual esperpento regulatorio, sin explicitar una política medioambiental más allá de la retórica (y que concierna a todos los sectores)  y, lógicamente, sin basarse en el modelo de gobernanza empresarial según se trate de las actividades liberalizadas o reguladas en cada caso.

Por eso Energía apela en esta consulta, emocionalmente, al cambio climático (sin abordar el proceso de descarbonización y el futuro de las térmicas), a la seguridad de suministro (con un nivel de sobrecapacidad como el existente) o al precio; ahí sí que está la madre del cordero de todas las justificaciones del Ministerio, la utilización de los precios de la energía como argumento electoral a toda costa. Eso sí, sin liberalización completa y sin detraer de la tarifa las cuestiones no relacionadas con el suministro, con una política de sobrecapacidad inducida que mantenga a todas las tecnologías subyugadas y enfrentadas por no perder su hueco.

En consecuencia, de una cuestión global como es la motivación del Ejecutivo para intentar promulgar esta norma se derivan otras muchas más: ¿Qué papel tiene la normativa comunitaria y, en consecuencia, la Dirección General de Competencia de la Unión Europea en los límites, barreras o prohibiciones de salida del mercado, en su intervención ya sea vía instrumentación legal o de facto? ¿Se coordinará la iniciativa regulatoria con el calendario de elaboración normativa para la futura Ley y los trabajos de la Comisión de Expertos? ¿Cuáles son los aspectos colaterales (mercado, pool, tecnologías, escenarios) de dicho proceso? ¿Se respetarán el carácter liberalizado con todas sus consecuencias de la actividad de generación?

¿Qué mejor que una consulta aparentemente beatífica  sobre una regulación para exonerar de responsabilidad la ausencia de una política energética y legitimar una posible intervención a los mercados? Ya estamos otra vez con la melé.

El Gobierno distribuye 16,3 millones de euros a planes medioambientales y lucha contra el cambio climático en las comunidades autónomas

Europa Press.- El Consejo de Ministros determinó distribuir entre las comunidades autónomas un total de 16.389.340 euros a distintas líneas de actuación de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y el Organismo Autónomo Parques Nacionales como planes medioambientales y lucha contra el cambio climático. De esta cantidad, casi 16,4 millones de euros, 10,4 millones se dirigirán a iniciativas de lucha contra el cambio climático, en el marco de los Planes de Impulso al Medio Ambiente (PIMA): Residuos, Adapta Costas y Adapta-Ecosistemas.

En concreto, el plan PIMA Residuos contará con una dotación de más de 4,9 millones para actuaciones dirigidas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar en los objetivos de la Ley de residuos y suelos contaminados y del Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos, así como para cumplir los objetivos en materia de energías renovables.

El Gobierno explica que acometerán tres líneas de actuación: Residuos-Compost, para fomentar la recogida separada de biorresiduos, compostaje doméstico y comunitario y construcción de instalaciones de compostaje de biorresiduos para su tratamiento; Residuos-Aceites, para fomentar la recogida separada de aceites de cocina usado de los hogares para destinarlo a producción de biocombustible para el transporte y Residuos-Biogás, para incentivar el uso eficiente de biogás y de la generación de biogás.

También se ha acordado llevar a cabo el plan PIMA Adapta-Ecosistemas que, con 2,5 millones, buscará combatir el cambio climático en las comunidades autónomas con medidas que garanticen que los bosques sean menos vulnerables y adquieran más capacidad de resistir a las condiciones climáticas futuras. Además, este plan permitirá aumentar la retención y secuestro de carbono y, por tanto, a cumplir las obligaciones de reducción de emisiones adquiridas por España.

Greenpeace arremete contra todos los responsables políticos y empresariales ligados al sector energético en su lista de “villanos del clima”

Europa Press.- La organización ecologista Greenpeace ha alertado de más casos de sequía y déficit de lluvia, principalmente en el noroeste peninsular, si no hay «ambición» política para frenar el cambio climático, en la presentación de un informe sobre «los villanos del clima» en España. Para denunciar la contaminación, subrayan que «ninguna» central térmica española cumple los límites de emisión que se exigirán a partir de 2021.

Tatiana Nuño y Sara Pizzinato, expertas en cambio climático y transición energética, han reclamado políticas que «favorezcan el desarrollo sostenible» y han lamentado las que en esta materia se están promoviendo en España. Para poner «cara» a los responsables, la organización ecologista ha elaborado Villanos del clima. ¿Quién está detrás del calentamiento global en España?, donde se identifican a algunas de las principales personas responsables del cambio climático en España, ya sea por las decisiones que toman desde sus cargos públicos o por sus actividades empresariales, y donde sitúan al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como uno de los «villanos».

Tatiana Nuño ha lamentado que, para el desarrollo de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Gobierno no cuente «con ninguna organización ecologista». Mientras, reivindica que tanto comunidades autónomas como gobiernos locales tienen «herramientas» para luchar contra el cambio climático. Al respecto, critica que en «el país del sol» el 85% de la energía que se produce en España «proceda de combustibles sólidos y de energía nuclear». «Con otros 5 países producimos el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero», expuso.

Para Greenpeace, la lista de «villanos» la encabeza el presidente Rajoy por «apoyar la energía nuclear y no poner en marcha un calendario de cierre» de las plantas térmicas de carbón. Le sigue el titular de Energía, Álvaro Nadal, «el ministro que odiaba a las renovables»,según la ONG, que está en la lista por haber afirmado que «España no dejará de quemar carbón» y por «pretender continuar con las ayudas al sector»; continúa la lista su antecesor, José Manuel Soria, «el malo universal», por «crear el impuesto al sol» y «apoyar las prospecciones petrolíferas».

Al «club de villanos de Greenpeace» también se suma el responsable de Industria del PSOE entre 2008 y 2011, Miguel Sebastián, «el ministro de los recortes a las renovables», por aprobar medidas que supusieron un recorte en la eólica y la termosolar de 1.100 millones de euros, y de hasta 2.000 en la fotovoltaica. Rodrigo Rato, «el amigo de las eléctricas», según la organización, que recuerda que durante su mandato como vicepresidente del Gobierno liberalizó el sector de la energía con la Ley del Sector Eléctrico creando los Costes de Transición a la Competencia, que provocó el denominado tarifazo eléctrico.

La lista la completan el presidente de Repsol, Antonio Brufau, por «su amor por el petróleo»; el presidente de Endesa, Borja Prado, «el señor de la energía sucia»; el consejero delegado de Gas Natural, Rafael Villaseca, «el amigo de las emisiones»; el presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, «el experto en greenwashing«, porque su «actividad principal todavía se basa en la quema de combustibles fósiles». Para terminar la lista, el director general de la AOP, Álvaro Mazarrasa, «el guardián de los petroleros», y el empresario del carbón Victorino Alonso, «el temor de la mina».

Greenpeace también hace un repaso de personalidades por el ámbito de algunas comunidades autónomas, todos hombres a excepción de una mujer, mientras que las razones a las que alude la ONG son, en su mayoría, por el apoyo al carbón. Asimismo, Greenpeace ha situado al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, entre los “villanos del clima” por decir que defiende para las islas la meta de un sistema 100% renovable antes de 2050 mientras apuesta por la introducción del gas en el archipiélago, retrasando así la transición energética canaria».

Narbona critica que España juega un papel «de lastre» en los debates europeos sobre las energías renovables

Europa Press.- La presidenta del PSOE y exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha criticado que España juega actualmente un papel «de lastre» en los debates europeos sobre energías renovables, como los que se producen en los Consejos de Ministros de la Unión Europea, cuando nuestro país ha sido «pionero».

Además, ha asegurado que los proyectos presentados por el Gobierno español en relación con las interconexiones energéticas en la Unión Europea «no se corresponden» con la petición que hizo en junio de este año el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, junto con Portugal, de adoptar «medidas urgentes y vinculantes» para aumentar el nivel de interconexión de los países que se encuentran por debajo del objetivo de interconexiones de un 10%, como es el caso de España.

En este sentido, ha incidido en que estas interconexiones son uno de los «elementos más importantes» en la actualidad y las ha calificado de «pescadilla que se muerde la cola» porque son infraestructuras con financiación privada y pública, a través por ejemplo del Banco Europeo de Inversiones), pero ha destacado que «hace falta» que los países presenten proyectos. Del mismo modo, Narbona ha hecho hincapié en que los mecanismos normativos en España «no están ni mucho menos a la altura» de lo que sucede en Alemania, Francia o Reino Unido. En este sentido, ha afirmado que «las grandes empresas» están entrando «claramente» en la producción de energías renovables en los países de la Unión Europea.

Además, ha lamentado que Europa «ha llegado tarde» en materias como la electrificación del transporte que es, en su opinión, «la asignatura pendiente», y ha concretado que el papel de «liderazgo» lo «está asumiendo» China. Igualmente, advirtió de que la dependencia energética europea es «una extraordinaria debilidad» y precisó que actualmente «un 53% de los recursos energéticos que se consumen en la Unión Europea» proceden del exterior, mientras que en el sector del transporte la dependencia es «de un 90%».

Narbona también ha defendido que debe producirse una transición energética y un cambio de modelo que pase por un abandono de los hidrocarburos y los combustibles fósiles hacia la «consolidación» de las energías renovables «aunque no existiera el cambio climático», una cuestión que, tal y como ha añadido, tiene consecuencias también a nivel de seguridad global. Así, asegura que los motivos de esta transición son que «cada vez somos más capaces» de usar energías renovables «a un precio menor» y que los cambios tecnológicos actuales «cuestionan a las grandes empresas» energéticas. En este sentido, incidió en que actualmente los consumidores tienen «mucha capacidad» para convertirse en productores de su energía.

Asimismo, ha alertado de que los fenómenos naturales del cambio climático «se están intensificando» y ha mencionado las consecuencias de la tormenta tropical Harvey, que ha provocado unas inundaciones en el estado de Texas (Estados Unidos) que podrían alcanzar un coste de hasta 20.000 millones de dólares (16.605 millones de euros) para la industria de seguros estadounidense, lo que lo colocaría como uno de los diez huracanes más costosos en la historia del país, según estimaciones de JP Morgan Chase.

Por ello, Narbona aboga por que haya políticas «globales» y asevera que el modelo energético «imperante» en la sociedad explica en torno a un 80% del proceso de calentamiento global, mientras que ha completado que el 20% restante es consecuencia del modelo alimentario humano basado en la deforestación y en el consumo de carne y, por lo tanto, la mayor emisión de gas metano a la atmósfera. De esta forma, considera que las causas y efectos del calentamiento global muestran «una terrible asimetría» y una «injusticia» porque los países «que más han contribuido» al calentamiento global «no son necesariamente los más afectados» por sus consecuencias. Es decir, que considera el cambio climático como «un enorme desafío ético de nuestra sociedad».

Los patrones de consumo de electricidad en Europa cambiarán debido al cambio climático con una demanda creciente en el verano

Europa Press.- El aumento de las temperaturas debido a las emisiones de gases de efecto invernadero cambiará fundamentalmente los patrones de consumo de electricidad en Europa. Un equipo de científicos de Alemania y Estados Unidos ha analizado qué significa el calentamiento futuro sin freno de la demanda europea de electricidad: es probable que las cargas máximas diarias en el sur de Europa aumenten y que el consumo se concentre en esta región.

Además, la mayoría de los países verá un cambio en la demanda pico anual impulsada por la temperatura desde el invierno al verano a finales de este siglo, lo que añadiría una tensión adicional en las redes eléctricas europeas, sugiere el estudio publicado en PNAS. «El uso total de electricidad parece ser menor con una temperatura máxima de aproximadamente 22 grados centígrados y aumenta cuando esta temperatura máxima diaria sube o baja», explica la autora principal, Leonie Wenz, del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático (PIK), en Alemania.

«Utilizamos esta característica común como base para estimar el futuro consumo de electricidad bajo el cambio climático, que está más allá del rango actual de temperatura, de manera que los países europeos que ya están experimentando temperaturas muy altas sirven de ejemplo para el futuro de los países más fríos. Resulta que la demanda de electricidad en Europa pasará de Suecia o Noruega a Portugal o España, mientras que la carga máxima anual pasará de invierno a verano en la mayoría de los países», subraya.

«Cuantificar la conexión entre el calor y el comportamiento humano está en la frontera de la investigación sobre el cambio climático. Hay ahora amplia evidencia de que cuando hace calor afuera, la calidad del aire sufre, la gente está más estresada, agresiva, y es menos productiva», advierte el coautor Max Auffhammer, de la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos.

El principal mecanismo de adaptación disponible para los seres humanos para combatir las altas temperaturas es en un ambiente de interior refrigerado, que en la mayoría de los entornos requiere el consumo de cantidades significativas de electricidad. «Esta mayor demanda de aire acondicionado pondrá presión sobre las redes eléctricas cuando hace calor afuera y la infraestructura de generación y transmisión ya están tensas», añade Auffhammer.

Este análisis empleó datos horarios de electricidad observados en 35 países europeos para estimar cómo el cambio climático afecta a la intensidad de los eventos de carga máxima y el consumo general de electricidad. Aunque el trabajo anterior sobre la relación entre la temperatura y el consumo de electricidad se centró principalmente en Estados Unidos o en Europa y los impactos globales del consumo, trabajos recientes sugieren que los efectos de los cambios en la carga máxima pueden ser mucho más grandes y costosos. La red eléctrica ya está estresada.

«Hace unas décadas, ningún coche común en Europa tenía aire acondicionado, hoy en día casi todos los automóviles lo tienen. Probablemente, se producirá el mismo desarrollo con edificios en Europa, pero no por razones de comodidad, sino por necesidad. Las personas necesitan refrescar sus ambientes para mantener su vida y su productividad económica», concluye el coautor Anders Levermann, de PIK y la Universidad de Columbia en Nueva York, Estados Unidos.