EFE.- Francia tendría que dotarse de 6 nuevos reactores nucleares de tipo EPR, como el que se construye en Normandía, para que su sector atómico mantenga su competitividad y siga siendo puntero, según los autores de un informe encargado por el Gobierno. El contenido del documento se filtró después de que estallara una crisis política por la dimisión del ministro de la Transición Ecológica, Nicolas Hulot, desencantado por su incapacidad para hacer valer sus posiciones para reducir el peso de la energía nuclear en Francia.

El primero tendría que empezar a levantarse en 2025 para una entrada en servicio en 2035, el segundo dos años después y los siguientes a continuación con el mismo ritmo, según las conclusiones de Yannick d’Escatha y Laurent Collet-Billon. D’Escatha, antiguo administrador general del Comisariado de la Energía Atómica (CEA) y Collet-Billon, que fue hasta 2017 delegado general del armamento, insisten en que no se pueden dejar de construir centrales atómicas para conservar las competencias industriales, dar perspectivas a los trabajadores y garantizar su relevo.

En este sentido, Hulot y el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, fueron los que encargaron el informe para abordar la cuestión del «mantenimiento de las capacidades industriales del sector nuclear con vistas a potenciales nuevas construcciones de reactores«. Alrededor del 75% de la electricidad generada en Francia procede de los 58 reactores nucleares que hay en 19 centrales repartidas por el país.

La eléctrica estatal EDF está construyendo uno nuevo, de tecnología EPR en Flamanville, que acumula numerosos retrasos y cuyo costo se evalúa ahora en 10.900 millones de euros, una cifra que triplica la contemplada en un principio. Le Maire señaló que antes de plantearse la construcción de nuevos reactores atómicos, primero hay que esperar a que el de Flamanville esté acabado. Además, aunque afirmó que la nuclear es una energía «competitiva» que no emite gases invernadero y da trabajo a «cientos de miles de asalariados«, insistió en que la decisión corresponde al presidente de la República y al primer ministro.