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Galán asegura que cambiar un modelo de fuentes contaminantes por energías limpias es «la única solución» contra el cambio climático

Europa Press.- Mientras Iberdrola seguirá remitiendo información a sus clientes sobre cómo acogerse al nuevo bono social hasta el final del período transitorio que concluye en abril, para que los antiguos beneficiarios se mantengan en el nuevo sistema, el presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, asegura que la transición energética hacia un modelo sostenible con energías limpias «es la única solución capaz de conciliar la satisfacción del fuerte crecimiento de la demanda energética con el cumplimiento de los objetivos climáticos globales«.

Galán defiende «acelerar» la transición energética hacia ese modelo estableciendo la planificación «adecuada para impulsar definitivamente la descarbonización de la economía y procurando un reparto justo de los costes climáticos entre los diferentes sectores, de acuerdo con el principio quien contamina paga«. A este respecto, el presidente de la energética considera que la Unión Europea parte de «un diagnóstico acertado» y avanza «en la dirección correcta» con iniciativas como el paquete Energía limpia para todos los europeos o la Plataforma de las regiones mineras en transición, «a la que se han sumado nuestras comunidades de Castilla y León y Asturias» para abordar su transformación hacia una economía sostenible y sólida».

Galán señala que la «tendencia imparable» hacia las renovables exige aprovechar «el enorme potencial transformador de las soluciones con las que cuenta el sector eléctrico». No obstante, subraya que para ello es preciso contar con «una política energética clara, y con una regulación estable y predecible, capaz de atraer los capitales necesarios para acometer fuertes inversiones que se requieren en energías renovables y redes». A este respecto, Galán apunta que la seguridad del sistema estaría «siempre garantizada» con un diseño de mercado que permita disponer de potencia firme y flexible para respaldar a las energías renovables, «intermitentes por naturaleza, cuyos costes se han abaratado enormemente».

Respecto a los sistemas tarifarios, pide que reflejen «adecuadamente» los costes reales de producir, distribuir y suministrar electricidad a los clientes, «liberándolos de las actuales cargas no relacionadas con el servicio, que en la actualidad alcanzan el 50% de las tarifas pagadas por muchos europeos«. El directivo reitera que Iberdrola continuará «invirtiendo en energías renovables, en las redes necesarias para integrarlas y en almacenamiento, actividades a las que destinará 25.000 millones de euros hasta 2020.

Seguirá informando del bono social

El Gobierno aprobó en octubre el decreto que regula la aplicación del nuevo bono social de electricidad, que está basado en criterios de renta para que puedan acceder los consumidores que más lo necesitan y que supondrá descuentos de hasta el 100% en la factura de la luz. La energética, de acuerdo con todos los cambios normativos, sigue adaptando sus procesos de gestión de solicitudes de bono social a la evolución de la normativa y, en concreto, a los más recientes sobre la presentación de certificados por parte de familias numerosas (renta) y pensionista del sistema de la Seguridad Social.

De esta manera, la compañía ha remitido la carta informativa publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con información actualizada al respecto del bono social eléctrico a todos sus clientes y seguirá remitiéndola junto a la factura hasta que acabe el periodo transitorio establecido de 6 meses. Con motivo de la aprobación del nuevo bono social eléctrico, la compañía eléctrica lanzó una campaña informativa al respecto mediante la remisión de información de la normativa a más de 1.500 responsables de consumo y de servicios sociales de organismos públicos, asociaciones de consumidores y entidades sociales.

Además, Iberdrola, que también procedió al envío de más de un millón de cartas explicativas a los clientes y preparó sus canales para la gestión de las solicitudes del nuevo bono social, puso en marcha un plan de visitas en persona para explicar el bono social a los responsables de servicios sociales de las comunidades autónomas y municipios de más de 100.000 habitantes de zonas donde tiene una importante presencia.

Asimismo, lanzó una web (www.iberdrolacur.es) para sus clientes regulados, los acogidos al conocido como PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) y entre los que figuran los beneficiarios del bono social, con el fin de reforzar la diferenciación y la separación entre las dos comercializadoras de energía del grupo en España. Iberdrola cuenta con unos 862.700 clientes acogidos al bono social, reformado por el Gobierno después de que el anterior fuera tumbado por el Tribunal Supremo al declarar inaplicable su régimen de financiación por considerarlo incompatible con la normativa comunitaria.

El Gobierno desestima el requerimiento de la Generalitat de Cataluña sobre el bono social que reclamaba respetar las competencias autonómicas

Europa Press.- El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se responde al requerimiento previo a la vía contencioso-administrativo formulado por la Generalitat de Cataluña sobre varios preceptos del bono social que, a su juicio, vulneran sus competencias en relación con la asistencia social.

Así, el Gobierno rechaza las pretensiones de Cataluña, al considerar que la normativa estatal que impide la interrupción del suministro a los consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social mediante el copago de su factura de la luz entre el sistema eléctrico, las sociedades comercializadoras y los servicios sociales de las comunidades autónomas o ayuntamientos no invade ninguna competencia autonómica.

En concreto, según el Consejo de Estado, el decreto aprobado por el Gobierno sobre el bono social se limita a abrir un cauce de cooperación interadministrativa y coordinar la ordenación económica del sector eléctrico con la asistencia social a los consumidores en situación de pobreza energética, que despliegan las administraciones autonómicas y locales. Además, las alegaciones expuestas por la Generalitat ya fueron realizadas durante el trámite de audiencia de la norma y ya obtuvieron respuesta.

Las principales compañías eléctricas financiarán el 95,4% del coste del nuevo bono social de electricidad

Europa Press.- Las principales compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo, se harán cargo de casi el 95,4% del coste del nuevo bono social, frente al 96% que soportaban con el anterior sistema. Según el cálculo del porcentaje de reparto de la financiación propuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al Ministerio de Energía, Endesa asumirá el 37,14% del total; mientras que Iberdrola correrá con el 35,04%, correspondiéndoles así más del 72% del total entre las dos empresas.

Por su parte, Gas Natural Fenosa se hará cargo de la financiación del 15,81%, mientras que EDP, contando Cide, sufragará el 5,17% y Viesgo el 2,2%. En total, la CNMC ha incluido en la lista para participar en la financiación del bono social eléctrico de 2018 a un total de 232 sociedades que realizan la actividad de comercialización de energía eléctrica sin que formen parte de ningún grupo y 18 matrices del grupo de sociedades que desarrollan esta actividad. Al resto de empresas, fuera de las principales compañías eléctricas, les corresponde porcentajes inferiores al 1%. Así, Fenie Energía, la comercializadora de las empresas instaladores, será la que más aporte de las pequeñas, con un 0,88%.

El pasado mes de octubre, el Gobierno aprobó el nuevo bono social de electricidad, basado en criterios de renta para que puedan acceder los consumidores que más lo necesitan y que supone descuentos del 25%, el 40% y el 100% en la factura de la luz, según los casos. Este nuevo decreto regula la obligación a las empresas comercializadoras (o sus matrices, en el caso de grupos empresariales) de financiar el bono social, en función de su cuota de clientes.

No obstante, las grandes eléctricas, e incluso algunas más pequeñas, ya han presentado sus recursos contenciosos-administrativos contra este real decreto. En octubre de 2016, el Supremo ya tumbó el anterior mecanismo de financiación del bono social al estimar los recursos interpuestos por Endesa y Viesgo y reconocer el derecho de los demandantes a cobrar una indemnización por las cantidades abonadas en concepto de bono social en aplicación del real decreto de 2014 por el que se fijó la metodología de financiación. Este fallo del Supremo anuló el mecanismo de financiación del anterior bono social eléctrico, circunstancia que obligó al Gobierno a diseñar este nuevo sistema.

El CES considera que el bono social de electricidad debería ser financiado por los Presupuestos y no por las comercializadoras

Europa Press.- El Consejo Económico y Social (CES) considera que el bono social de electricidad debería ser financiado con cargo a los Presupuestos del Estado en lugar de ser asumido por el conjunto de las comercializadoras eléctricas. El CES señala que la electricidad es un bien de «primera necesidad», por lo que el Estado debería garantizar el acceso a ella a todos los ciudadanos, «sufragando su coste a los hogares más vulnerables, en lugar de depositar la responsabilidad en las empresas comercializadoras».

El Gobierno aprobó en octubre el nuevo modelo de bono social eléctrico, estableciendo la obligación a las empresas comercializadoras (o sus matrices, en el caso de grupos empresariales) de financiarlo, en función de su cuota de clientes, y manteniendo así el sistema por el cual el coste del bono social es asumido por estas compañías como un servicio de interés general, sin cargarlo sobre los consumidores o sobre los Presupuestos.

Asimismo, el CES cree que sería conveniente revisar los instrumentos fiscales, incluyendo medidas de protección y apoyo a los colectivos vulnerables. A este respecto, recomienda replantearse la aplicación del tipo de IVA previsto para ese fin. Además, aconseja extender la aplicación del bono social al total de la factura de los consumidores vulnerables ya que los límites de consumo anual que establece la nueva regulación, de a partir de 1.200 kWh, «son muy bajos si se tiene en cuenta el consumo medio por hogar, lo que reduce la eficacia de la medida en su conjunto».

Por otra parte, el organismo defiende promover el autoconsumo de electricidad, con derecho a una retribución a cambio de la energía vertida en la red. Así, ve necesaria una revisión completa de la normativa del sector en esta materia y, en concreto, del tratamiento de los costes regulados. Para ello, pide una modificación de la regulación y avanzar «hacia un marco jurídico estable» para conseguir promover y alcanzar los objetivos fijados por la Directiva comunitaria, «asegurando una aplicación neutra para el conjunto de los consumidores”.

En su informe, el CES subraya que el sector eléctrico debe jugar un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático, para la transición a un modelo de producción bajo en carbono. El CES, que también considera necesario trasladar el coste de políticas ajenas al suministro a otras vías de financiación, también respalda la cogeneración y ve necesario el desarrollo de las interconexiones internacionales.

Además, afirma que la sustitución de tecnologías en la transición energética debe hacerse teniendo en cuenta el impacto social, económico y ambiental, evitando la desertización territorial y contribuyendo al empleo. Por otra parte, pide la adopción de estrategias para facilitar las inversiones de medio y largo plazo y garantizar la coherencia de las acciones públicas. A este respecto, el CES propone un plan estratégico sobre transición justa, planes de reactivación de las zonas de transición y cooperación entre los agentes del sistema de innovación tecnológica.

El Gobierno ordena la devolución a las compañías eléctricas del bono social del ejercicio 2014 con cargo a los superávits

Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha ordenado devolver a las compañías eléctricas las cantidades abonadas por el bono social en el ejercicio 2014, más los intereses correspondientes, con cargo a los superávits del sistema eléctrico. Según una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno ejecuta así las sentencias del Tribunal Supremo que habían dado la razón a las compañías eléctricas respecto al sistema de financiación del bono social.

La orden señala que los pagos se realizarán «con cargo a los superávits de ingresos del sistema eléctrico que están depositados en la cuenta específica del encargado de las liquidaciones», la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El pasado octubre, el Ministerio ya aprobó otra orden para la devolución de las cantidades abonadas por las compañías eléctricas por el bono social en los ejercicios 2015 y 2016, después de que otro fallo del Supremo estimara que estas indemnizaciones a las compañías debían realizarse con cargo al sistema eléctrico y no al Tesoro Público o a las comercializadoras.

A finales del 2016, el Supremo ya había reconocido el derecho de los demandantes a cobrar una indemnización por las cantidades abonadas en concepto de bono social. Las cantidades correspondientes a 2014 estaban pendientes del fallo del Tribunal Supremo. Así, el tribunal ha estimado los recursos presentados por Endesa, Iberdrola, Viesgo, Gas Natural, Estebanell y Pahisa, Electra del Maestrazgo, Fuciños Rivas, Cooperativa Popular de Fluido, Eléctrico de Camprodón y la Asociación de Empresas Eléctricas (ASEME).

El bono social eléctrico en 2014 rondó los 200 millones de euros y fue asumido en su mayor parte por Endesa (41,61%), Iberdrola (38,47%) y Gas Natural (14,18%). Desde 2014, el sistema eléctrico se encuentra en positivo, acumulando más de 1.440 millones de euros de superávit. En concreto, ese año el superávit ascendió a 550,3 millones de euros, mientras que en 2015 alcanzó los 469,3 millones de euros y en 2016 421 millones de euros.

A este respecto, el Gobierno ya había incluido varias disposiciones adicionales en el proyecto de Presupuestos de 2017 en las que recogía la posibilidad de dedicar parte del superávit del sistema eléctrico a sufragar tanto las ayudas a las renovables en territorios extrapeninsulares como indemnizaciones por fallos judiciales a favor de empresas del sector en ejecución de sentencias derivadas de normativa del sector eléctrico. Estas disposiciones con rango de ley suponían una modificación de la Ley del Sector Eléctrico, en la que se establece que el superávit del sistema eléctrico deberá dedicarse íntegramente a amortizar la deuda generada tras sucesivos años de déficit de tarifa. 

El Ayuntamiento de Barcelona recurre al Supremo el decreto que regula el bono social para los consumidores vulnerables de electricidad

Europa Press.- El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Decreto 897/2017 que regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y medidas de protección a los consumidores domésticos de energía eléctrica por considerarlo contrario a la Constitución y a las directivas europeas que regulan el mercado eléctrico.

La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, señaló que la normativa estatal también vulnera las competencias exclusivas en materia de servicios sociales de la Generalitat de Catalunya y del mismo Ayuntamiento de Barcelona: «Se ha hecho de espaldas a la soberanía de los catalanes, que tienen una ley propia, la Ley 24/2015, que protege los derechos de las personas vulnerables en materia energética».

Ortiz ha señalado que, según el decreto, los descuentos en las facturas a consumidores vulnerables sólo se podrían aplicar a aquellas personas que han sido previamente atendidas por los servicios sociales autonómicos o municipales: «Garantizar el acceso a un servicio básico como el suministro eléctrico no puede estar sujeto a la atención de los servicios sociales», ha asegurado la concejal.

Coste: 1,67 millones de euros

En este sentido, ha recordado que el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) estima que el 43% de los 10.000 hogares que Barcelona ha atendido por cuestiones de pobreza energética quedarían desprotegidos en caso de aplicarse el decreto, y también ha cifrado en 1,67 millones de euros el coste mínimo anual para las administraciones para cubrir el coste de la factura de los hogares vulnerables sólo en la capital catalana.

Ortiz cree que las personas vulnerables no deben ir de ventanilla en ventanilla «demostrando su vulnerabilidad y pobreza» y considera que sería suficiente con conocer el nivel de renta en estos hogares. Por ello, insistió en que el bono social no responde a los intereses de las clases populares y de las personas que están en riesgo de exclusión social.

También ha explicado que el consistorio ha notificado tres propuestas de resolución que incluyen sanciones a Endesa por valor de 70.000 euros cada una, todas ellas motivadas por realizar cortes de suministro eléctrico sin pedir el informe de exclusión social preceptivo a Servicios Sociales. Ortiz ha afirmado que todos los cortes se produjeron una vez aprobada la Ley 24/2015 y que todas las viviendas estaban ocupadas por personas vulnerables. «Detectamos estos casos a través de los Puntos de Asesoramiento Energético (PAE)», y detalló que la sanción se ha fijado en base a lo que dispone el Código de Consumo catalán, aunque se aprecia como atenuante que la compañía restableció el servicio tras notificarse los casos.

Iberdrola ahonda en su campaña informativa sobre el nuevo bono social a entidades sociales y de consumidores

Europa Press.- Iberdrola ha ahondado en su campaña informativa sobre el nuevo bono social eléctrico, aprobado por el Gobierno el pasado mes de octubre, mediante la remisión de información actualizada de la normativa a más de 1.500 responsables de consumo y de servicios sociales de organismos públicos, asociaciones de consumidores y entidades sociales. Así, la compañía envió información a estas organizaciones sobre las últimas novedades en la gestión del bono social y las acciones realizadas para facilitar la información y la gestión a sus clientes.

En concreto, el grupo energético remitió un correo electrónico en el que informa de la reciente puesta en marcha de la aplicación telemática desarrollada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que permite a los comercializadores de referencia comprobar que el solicitante del bono social cumple los requisitos de renta para ser considerado consumidor vulnerable o vulnerable severo.

En la información recuerda que esta aplicación telemática funciona para todo el territorio nacional, salvo en País Vasco y Navarra, y señala que, no obstante, el solicitante del bono social podrá seguir acreditando el requisito de renta mediante la presentación a las comercializadoras de la declaración o declaraciones de cada uno de los miembros de la unidad familiar relativas al último período impositivo con plazo de presentación vencido en el momento de la solicitud. En País Vasco y Navarra los clientes deben seguir aportando a los comercializadores de referencia la declaración de la renta hasta que esté finalizada la aplicación telemática específica para estos territorios.

La compañía también recuerda a sus clientes beneficiarios actualmente del bono social que seguirán disfrutándolo, como mínimo, hasta abril de 2018. Eso sí, todos aquellos que reúnan las condiciones para beneficiarse del nuevo bono social tienen que solicitarlo, aunque sean beneficiarios actualmente. El grupo energético ha remitido esta información a un total de 1.240 responsables de organismos de consumo y organizaciones de consumidores, a 236 miembros de servicios sociales de ayuntamientos de más de 10.000 habitantes de zonas de alto ratio para la compañía, así como a unos 56 responsables de las entidades con las que la empresa tiene suscritos convenios de vulnerabilidad, entre otros.

Además, la compañía puso en marcha un plan de visitas en persona para explicar el bono social a los responsables de servicios sociales de las comunidades autónomas y municipios de más de 100.000 habitantes de zonas donde tiene una importante presencia. Iberdrola cuenta con unos 862.700 clientes acogidos al bono social, reformado por el Gobierno después de que el Tribunal Supremo declarara inaplicable su régimen de financiación por considerarlo incompatible con la normativa comunitaria. Asimismo, la compañía presidida por Ignacio Galán ya procedió al envío de más de un millón de cartas explicativas a los clientes y preparó sus canales para la gestión de las solicitudes del nuevo bono social.

El pasado 6 de octubre, el Gobierno aprobó el Decreto que regula la aplicación del nuevo bono social de electricidad, que está basado en criterios de renta para que puedan acceder los consumidores que más lo necesitan y que supondrá descuentos de hasta el 100% en la factura de la luz para los considerados consumidores en riesgo de exclusión social.

El descuento en la factura eléctrica será del 25% para los considerados consumidores vulnerables, que serán aquellos con una renta anual de la unidad familiar que sea inferior a unos determinados umbrales, que varían en función del tamaño del hogar. El umbral se incrementará para personas con discapacidad, para víctimas de violencia de género o de terrorismo. También tendrán derecho al bono social los hogares formados por pensionistas con pensiones mínimas y todas las familias numerosas también serán considerados consumidores vulnerables. El descuento se amplía hasta el 40% para los consumidores considerados vulnerables severos, aquellos cuya renta familiar sea inferior a la mitad de los umbrales establecidos para los vulnerables.

El sistema eléctrico cerró 2016 con un superávit de 421,45 millones de euros

Europa Press.- El sistema eléctrico arrojó en el ejercicio 2016 un superávit de 421,45 millones de euros, según la cifra recogida en la liquidación definitiva del año de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este excedente se debió, fundamentalmente, a unos costes inferiores a los inicialmente previstos de la retribución específica de instalaciones de producción renovable y de la retribución adicional de los sistemas no peninsulares, parcialmente compensados por unos ingresos externos a peajes inferiores a los inicialmente previstos, señala el organismo en su informe.

En concreto, en la liquidación definitiva del ejercicio 2016 se han ingresado 696,3 millones de euros por aplicación de la Ley 15/2012, de los cuales 196,1 millones de euros se corresponden con el canon por utilización de aguas continentales. De este modo, el superávit definitivo en el ejercicio es superior en 396,6 millones de euros al previsto en la Orden IET/2735/2015 (24,9 millones de euros) y en 310,6 millones de euros al de la Orden ETU/1976/2016 (110,9 millones de euros).

Desde 2014, el sistema eléctrico se encuentra en positivo. Concretamente, ese año el superávit ascendió a 550,3 millones de euros, mientras que en 2015 alcanzó los 469,3 millones de euros. De esta manera, acumula más de 1.440 millones de euros de superávit. No obstante, la deuda del sistema eléctrico pendiente de pago asciende a más de 20.000 millones de euros.

De todas maneras, el Gobierno acordó el pasado mes de octubre devolver a las comercializadoras eléctricas las cantidades abonadas por el bono social en los ejercicios 2015 y 2016, más los intereses correspondientes, con cargo a los superávits del sistema eléctrico. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ejecutaba así las sentencias y autos que habían dado la razón a las eléctricas respecto al anterior sistema de financiación el bono social. Estas indemnizaciones en compensación a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo por haber sufragado el bono social en los últimos años en función de su cuota de mercado ascienden a unos 500 millones de euros.

Por otra parte, Gas Natural Fenosa presentó alegaciones para la incorporación en esta liquidación definitiva de 2016 de la devolución del bono social descontado por las comercializadoras de referencia en el periodo del 1 de septiembre al 24 de diciembre de ese año, tras la Sentencia del Tribunal Supremo de que tumbaba el anterior esquema de bono social y hasta la aprobación del Real Decreto-Ley 7/2016, de 23 de diciembre.

No obstante, la CNMC señala que en cumplimiento, entre otras, de la sentencia del Supremo, así como de su auto de ejecución de septiembre, se dictó la Orden ETU/929/2017 y, como consecuencia de ésta, el organismo aprobó la resolución de devolución de las cantidades financiadas por las sociedades o grupo de sociedades en concepto de bono social correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016, así como los intereses legales correspondientes.

Así, indica que no cabe en absoluto lugar a confundir los descuentos que las comercializadoras de referencia efectúan a sus clientes en cumplimiento de la obligación legal establecida en el artículo 45.3 de la Ley 24/2013, con las cantidades satisfechas por las matrices de los grupos de sociedades o, en su caso, sociedades que desarrollasen simultáneamente las actividades de producción, distribución y comercialización, en virtud de su obligación de financiación. Por ello, la CNMC considera que no se puede concluir la incorporación en la liquidación de 2016, como coste del sistema eléctrico, de estas cantidades descontadas por las comercializadoras a sus clientes en concepto de bono social en ese periodo.

Energía lanza la aplicación telemática para que las compañías eléctricas comprueben que el solicitante del bono social cumple los requisitos

Europa Press.- El Ministerio de Energía ha lanzado la aplicación telemática que permite a las comercializadoras de referencia comprobar que el solicitante del bono social eléctrico cumple los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la resolución que pone en marcha esta plataforma, que permitirá así agilizar los trámites para los solicitantes del bono social.

No obstante, el solicitante del bono social podrá seguir acreditando el requisito de renta mediante la presentación a su comercializadora de referencia de la declaración o declaraciones de los miembros de la unidad familiar, relativas al último periodo impositivo con plazo de presentación vencido en el momento de la solicitud. Además, la aplicación telemática será de aplicación en todo el territorio, salvo en el País Vasco y Navarra. Con la puesta en marcha de esta aplicación informática el Gobierno permitirá certificar que un cliente tiene derecho al bono social eléctrico sin que la comercializadora acceda a sus datos de renta.

El pasado 6 de octubre, el Gobierno aprobó el Real Decreto que regula la aplicación del nuevo bono social de electricidad, que está basado en criterios de renta para que puedan acceder los consumidores que más lo necesitan y que supondrá descuentos de hasta el 100% en la factura de la luz para los considerados consumidores en riesgo de exclusión social, que se financiarán entre las empresas comercializadoras y las administraciones públicas al 50%. Además, para este tipo de consumidores las comercializadoras de electricidad no podrán proceder al corte de suministro en caso de impago.

Asimismo, el descuento en la factura eléctrica será del 25% para los considerados consumidores vulnerables, que serán aquellos con una renta anual de la unidad familiar que sea inferior a unos determinados umbrales, que varían en función del tamaño del hogar. El umbral se incrementará para el caso de personas con discapacidad, para víctimas de violencia de género o de terrorismo. También tendrán derecho al bono social los hogares formados por pensionistas con pensiones mínimas y todas las familias numerosas también serán considerados consumidores vulnerables.

El descuento se amplía hasta el 40% para los consumidores considerados vulnerables severos, aquellos cuya renta familiar sea inferior a la mitad de los umbrales establecidos para los vulnerables. Se establecen además unos límites máximos de consumo eléctrico a los que será aplicable el descuento del bono social con la finalidad de asegurar la eficiencia en el consumo energético. Los consumidores que actualmente ya disponen del bono social lo podrán mantener durante 6 meses sin necesidad de renovación, disfrutando así del descuento en su factura durante todo el período invernal.

Álvaro Nadal asegura que cerrar las centrales nucleares incrementaría un 25% el precio de la luz

Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha advertido en el Congreso que cerrar las centrales nucleares del país acarrearía un incremento en el precio de la luz del 25%. Lo ha asegurado en respuesta a una pregunta de la parlamentaria de Unidos Podemos, Ione Belarra, sobre la pobreza energética. Además, Nadal también ha señalado que «cerrando las centrales de carbón en las puntas de invierno», algo que según el ministro ha propuesto el grupo parlamentario de Unidos Podemos, «supondría un 15% más de precio«.

El ministro ha recordado que ya existe un bono social aprobado con el consenso del conjunto de la Cámara, excepto el grupo que lidera Pablo Iglesias, en el que «se han fijado niveles de renta, se ha creado la figura del consumidor con vulnerabilidad severa y se ha establecido una aportación del 50% de la factura por parte del sistema energético, en lugar del 100% que hasta ahora corría a cargo de las comunidades autónomas».

Recuerda la anciana de Reus

Sin embargo, Belarra ha hecho alusión a los más de 5 millones de personas que todavía sufren de pobreza energética en España y a los más de 100 euros en el incremento de la factura de la luz que este año tendrán que asumir los españoles. La diputada de Unidos Podemos también ha traído a colación el fallecimiento de una anciana de Reus debido a que se iluminaba con velas después de que su compañía energética le cortara la luz tras no poder pagar la factura. Como respuesta, Nadal ha asegurado que hablar de este caso es solo «demagogia» y «aprovechamiento» para hacer política «no decente». «Nosotros haremos siempre una política en favor del consumidor, industrial o política«, ha sentenciado.