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Unesa recurre ante el Tribunal Supremo la orden de peajes eléctricos que congela la parte regulada del recibo para 2018

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Europa Press / EFE.- La patronal eléctrica Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la orden del Ministerio de Energía por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2018. El recurso fue admitido a trámite el pasado 2 de marzo, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

A finales del año pasado, el Ministerio de Energía publicó las órdenes ministeriales en las que se adoptó la congelación de los peajes de electricidad y de gas para el 2018. Estos peajes recogen los ingresos necesarios para cubrir los costes regulados previstos tanto en el sistema gasista como en el eléctrico. La parte regulada del recibo de la luz representa en torno al 60% del total. Aparte de estos peajes, los consumidores abonan en su recibo los impuestos y el coste de la energía. En los últimos cinco años, estos peajes, la parte regulada de la factura y que depende del Gobierno, se ha mantenido constante para la electricidad. En el caso del gas, es el cuarto año consecutivo.

El gas licuado por canalización baja un 8,3% en su parte variable

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Europa Press.- El precio del gas licuado de petróleo (GLP) por canalización ha bajado un 8,3%, según una resolución del Ministerio de Energía publicada en el BOE. En concreto, el precio máximo del término variable de la tarifa para usuarios finales de GLP por canalización antes de impuestos se sitúa en 76,1041 céntimos de euro por kilogramo, frente a los 83,0516 céntimos del mes anterior.

Asimismo, el término fijo de este combustible se mantiene en 1,57 euros mensuales, mientras que el precio del GLP canalizado para su distribución a granel ha bajado un 10,1%, desde los 68,4728 céntimos por kilogramo de enero hasta 61,5253 céntimos. La revisión de precios de los gases licuados por canalización se realiza mediante una fórmula automática que pondera el precio de la materia prima, el flete y la cotización entre el euro y el dólar.

El gas licuado por canalización baja un 1,4% en su parte variable

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Europa Press.- El precio del gas licuado de petróleo (GLP) por canalización ha bajado un 1,4%, según una resolución del Ministerio de Energía publicada en el BOE. En concreto, el precio máximo del término variable de la tarifa para usuarios finales de GLP por canalización antes de impuestos se sitúa en 83,0516 céntimos de euro por kilogramo, frente a los 84,2755 céntimos del mes anterior.

Asimismo, el término fijo de este combustible se mantiene en 1,57 euros al mes, mientras que el precio del GLP canalizado para su distribución a granel baja un 1,7%, desde los 69,6967 céntimos por kilogramo de diciembre hasta 68,4728 céntimos. La revisión de precios de los gases licuados por canalización se realiza mediante una fórmula automática que pondera el precio de la materia prima, el flete y la cotización entre el euro y el dólar.

El precio de la bombona de butano sube un 1,6%, hasta los 14,68 euros

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Europa Press.- El precio medio de la bombona de butano ha subido un 1,6%, hasta los 14,68 euros, frente a los 14,45 euros que costaba hasta ahora, según dictamina el Boletín Oficial del Estado (BOE). Tras esta revisión, la segunda consecutiva al alza, el precio máximo de la bombona de 12,5 kilogramos, una vez incluidos los impuestos, registrará un incremento de 23 céntimos de euro, impulsado por la subida de la materia prima.

A pesar de esta subida, con respecto al precio de la electricidad, el principal sustitutivo, la bombona de butano sigue teniendo un coste muy por debajo incluso que el del bono social, según fuentes del sector. Eso sí, durante varios ejercicios se forzó al sector a vender a pérdidas, lo que ha motivado que el Gobierno haya tenido que afrontar indemnizaciones millonarias en concepto de daños y perjuicios por la orden que actualizaba el sistema de determinación automática de precios máximos de venta de los gases licuados del petróleo envasados.

En su última revisión de noviembre, el precio de la bombona de butano ya repuntó un 2,1%, retomando la tendencia alcista que se había cortado en el bimestre anterior. En septiembre, el precio había caído casi un 5%, después de que en las revisiones de julio, mayo, marzo y enero de 2017 se hubiera incrementado un 5%, en la de noviembre de 2016 un 4,7% y en la de septiembre un 4%, acumulando una subida desde julio de ese año de un 32%, cuando tocó el mínimo de 11,25 euros.

No obstante, este incremento en el precio de la bombona de butano se debió a un déficit pendiente de bimestres anteriores, en los que no se habían repercutido las subidas de la materia prima con la intensidad necesaria. Así, se llegaron a acumular esas seis revisiones bimestrales al alza. Este nuevo precio de la bombona de butano estará vigente hasta el tercer martes de marzo, cuando se revisará de nuevo. El precio regulado afecta a las bombonas de butano que más comúnmente utilizan los hogares.

El IDAE amplía hasta el 30 de abril el programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en desaladoras

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Europa Press.- El consejo de administración del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha ampliado hasta el próximo 30 de abril el periodo de vigencia del programa de ayudas a actuaciones de ahorro y eficiencia energética en desaladoras, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El plazo de vigencia del programa de ayudas fue ya ampliado a finales de 2016 hasta el pasado 31 de diciembre de 2017, al existir presupuesto remanente.

Así, al existir todavía presupuesto remanente, y dada la evolución del número de solicitudes presentadas, así como el elevado consumo energético de las plantas desaladoras y el gran potencial energético de las mismas, se considera «recomendable una nueva ampliación del plazo de vigencia hasta el 30 de abril de 2018, no excediéndose con ello la fecha límite prevista para la conclusión del periodo de aplicación del Programa Operativo Plurirregional de Crecimiento Sostenible de los Fondos FEDER, según la resolución. No obstante, el programa concluirá de forma anticipada en el caso de que se agote el presupuesto disponible, incluidas las posibles ampliaciones presupuestarias que pudieran acordarse.

El gas licuado por canalización sube un 2,7% en su parte variable

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Europa Press.- El precio del gas licuado de petróleo (GLP) por canalización ha subido un 2,7%, según una resolución del Ministerio de Energía publicada en el BOE. En concreto, el precio máximo del término variable de la tarifa para usuarios finales de GLP por canalización antes de impuestos se sitúa en 84,2755 céntimos de euro por kilogramo, frente a los 82,0534 céntimos del mes anterior.

Asimismo, el término fijo de este combustible se mantiene en 1,57 euros mensuales, mientras que el precio del GLP canalizado para su distribución a granel subió un 3,3%, desde los 67,4746 céntimos por kilogramo del mes anterior hasta 69,6967 céntimos. La revisión de precios de los gases licuados por canalización se realiza mediante una fórmula automática que pondera el precio de la materia prima, el flete y la cotización entre el euro y el dólar.

El precio de la bombona de butano sube un 2,1%, hasta los 14,45 euros

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Europa Press.- El precio medio de la bombona de butano ha subido un 2,1%, tras la caída de casi el 5% registrada en su última revisión, según una resolución de la Dirección General de Política Energética publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Tras esta revisión, el precio máximo de la bombona con impuestos se situará en 14,45 euros, frente a los 14,15 euros del bimestre anterior.

De esta manera, el precio máximo de la bombona retoma la tendencia alcista, cortada en el bimestre anterior, que le había llevado a acumular una subida del 32% desde julio del año pasado, cuando tocó el mínimo de 11,25 euros y cerró una secuencia de varias revisiones consecutivas a la baja. Desde julio de 2016 se había registrado un incremento en el precio de la bombona debido a un déficit pendiente de bimestres anteriores, en los que no se habían repercutido las subidas de la materia prima con la intensidad necesaria. Así, el butano llegó a acumular 6 revisiones bimestrales al alza con respecto al nivel fijado por el Gobierno.

Este incremento en el precio de la bombona se produce tras la caída de casi el 5% en septiembre y las subidas del 5% en julio, mayo, marzo y enero de este año, del 4,7% en noviembre de 2016 y del 4% en septiembre del ejercicio pasado. Los incrementos contrastan con las bajadas del 5% tanto en julio como en mayo y marzo de 2016. En enero de 2016, el precio aumentó un 3%. El precio regulado afecta a las bombonas de butano que más comúnmente utilizan los hogares, envases con carga igual o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilos, cuya tara sea superior a 9 kilos.

El gas licuado por canalización sube un 1,2% en su parte variable

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Europa Press.- El precio del gas licuado de petróleo (GLP) por canalización subió un 1,2%, según una resolución del Ministerio de Energía publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Concretamente, el precio máximo del término variable de la tarifa para usuarios finales de GLP por canalización antes de impuestos se situó en 82,0534 céntimos de euro por kilogramo, frente a los 81,0564 céntimos previos.

Asimismo, el término fijo de este combustible se mantiene en 1,57 euros al mes, mientras que el precio del GLP canalizado para su distribución a granel subió un 1,5%, desde los 66,4776 céntimos por kilogramo de octubre hasta 67,4746 céntimos. La revisión de precios de los gases licuados por canalización se realiza mediante una fórmula automática que pondera el precio de la materia prima, el flete y la cotización entre el euro y el dólar.

Energía lanza la aplicación telemática para que las compañías eléctricas comprueben que el solicitante del bono social cumple los requisitos

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Europa Press.- El Ministerio de Energía ha lanzado la aplicación telemática que permite a las comercializadoras de referencia comprobar que el solicitante del bono social eléctrico cumple los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la resolución que pone en marcha esta plataforma, que permitirá así agilizar los trámites para los solicitantes del bono social.

No obstante, el solicitante del bono social podrá seguir acreditando el requisito de renta mediante la presentación a su comercializadora de referencia de la declaración o declaraciones de los miembros de la unidad familiar, relativas al último periodo impositivo con plazo de presentación vencido en el momento de la solicitud. Además, la aplicación telemática será de aplicación en todo el territorio, salvo en el País Vasco y Navarra. Con la puesta en marcha de esta aplicación informática el Gobierno permitirá certificar que un cliente tiene derecho al bono social eléctrico sin que la comercializadora acceda a sus datos de renta.

El pasado 6 de octubre, el Gobierno aprobó el Real Decreto que regula la aplicación del nuevo bono social de electricidad, que está basado en criterios de renta para que puedan acceder los consumidores que más lo necesitan y que supondrá descuentos de hasta el 100% en la factura de la luz para los considerados consumidores en riesgo de exclusión social, que se financiarán entre las empresas comercializadoras y las administraciones públicas al 50%. Además, para este tipo de consumidores las comercializadoras de electricidad no podrán proceder al corte de suministro en caso de impago.

Asimismo, el descuento en la factura eléctrica será del 25% para los considerados consumidores vulnerables, que serán aquellos con una renta anual de la unidad familiar que sea inferior a unos determinados umbrales, que varían en función del tamaño del hogar. El umbral se incrementará para el caso de personas con discapacidad, para víctimas de violencia de género o de terrorismo. También tendrán derecho al bono social los hogares formados por pensionistas con pensiones mínimas y todas las familias numerosas también serán considerados consumidores vulnerables.

El descuento se amplía hasta el 40% para los consumidores considerados vulnerables severos, aquellos cuya renta familiar sea inferior a la mitad de los umbrales establecidos para los vulnerables. Se establecen además unos límites máximos de consumo eléctrico a los que será aplicable el descuento del bono social con la finalidad de asegurar la eficiencia en el consumo energético. Los consumidores que actualmente ya disponen del bono social lo podrán mantener durante 6 meses sin necesidad de renovación, disfrutando así del descuento en su factura durante todo el período invernal.

Las empresas con mayor riesgo de accidente con sustancias peligrosas cubrirán daños entre 300.000 euros y 20 millones de euros

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Europa Press.- Las empresas que realicen actividades empresariales con mayor riesgo de sufrir un accidente con sustancias peligrosas tendrán un año, hasta noviembre de 2018, para depositar las garantías financieras que exige la Ley de Responsabilidad Medioambiental en determinadas actividades industriales, que oscilan entre los 300.000 euros y 2 millones de euros. Así consta en la orden ministerial del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que publica el Boletín Oficial del Estado.

Según han explicado fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, para determinar el importe de garantía financiera obligatoria, prevista en la Ley 26/2007 de 23 de octubre, el operador deberá realizar un análisis de riesgos medioambientales de la instalación, según el reglamento de desarrollo parcial de dicha ley. Como resultado del procedimiento, se calcula la cuantía que debe quedar cubierta mediante la garantía financiera obligatoria, a la que deberá añadir un 10% del importe calculado para incluir en la garantía el coste de las medidas de prevención y evitación de daños.

Además, según el artículo 28 de la Ley 26/2007, una vez que los operadores realicen el análisis de riesgo medioambiental, estarán exentos de constituir la garantía financiera obligatoria aquellos que obtengan un coste de posibles daños inferior a 300.000 euros, o a 2 millones de euros si están adheridos al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) o al sistema de gestión medioambiental UNE-EN ISO 14001 vigente. También hay un límite máximo de la garantía financiera obligatoria, que establece en 20 millones de euros.

En definitiva, señalan que el importe de la cobertura por responsabilidad medioambiental prevista en la ley debe calcularse a partir del análisis de riesgos de la actividad, por lo que depende fundamentalmente de las características de la instalación y de su localización, así como de la gestión del riesgo que se lleve a cabo. Por tanto, la horquilla de la cobertura cubierta por la garantía financiera obligatoria, estará entre los 300.000 euros y los 20 millones de euros, aunque el Ministerio recuerda que, en todo caso, los operadores también pueden suscribir de forma voluntaria una garantía financiera con cobertura superior.

En concreto, han precisado que las modalidades de garantía financiera según la normativa de responsabilidad ambiental a las que puede acogerse el operador pueden ser alternativas o complementarias. Se trata de tres modalidades: la póliza de seguro, suscrita con una entidad aseguradora autorizada; Aval, concedido por alguna entidad financiera autorizada y Reserva técnica, mediante dotación de un fondo ad hoc, con materialización en inversiones financieras respaldadas por el sector público.

El objetivo es reforzar la protección del medio ambiente y asegurar el principio de prevención y del principio de quien contamina, paga en las actividades industriales clasificadas con nivel de prioridad 1 y 2, según la Orden ARM/1783/2011. La orden ministerial establece que las actividades clasificadas con nivel de prioridad 1 deberán disponer de una garantía financiera en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de la Orden, es decir, antes de noviembre de 2018.

Entre las actividades del nivel de prioridad 1 están sujetas al Real Decreto de aprobación de medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así como determinadas actividades incluidas en el Texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación (IPPC). Se trata, por ejemplo, de instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal igual o superior a 50 MW y las instalaciones para la valorización o eliminación de residuos peligrosos con una capacidad de tratar más de 10 toneladas por día.

Por otro lado, las actividades clasificadas con nivel de prioridad 2 deberán disponer de una garantía financiera en el plazo de dos años a contar desde la entrada en vigor de la Orden, es decir, antes de noviembre de 2019. Estas, por ejemplo son algunas de las incluidas en el anexo I del Texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación (IPPC), como son determinadas refinerías de petróleo y gas.

Para facilitar esta tarea, el Ministerio, a través de la dirección general de Calidad y Evaluación Ambiental ha desarrollado una serie de documentos guía y herramientas de ayuda y ha habilitado un servicio de apoyo y asesoramiento a las empresas afectadas. Por último, el Ministerio señala también que independientemente de la existencia de una garantía financiera obligatoria y de su cuantía cubierta, todos los operadores del anexo III de la Ley 26/2007 tienen responsabilidad objetiva e ilimitada desde que la ley entró en vigor en 2007. Es decir, que tienen la obligación de llevar a cabo todas las medidas de prevención, evitación y reparación de los daños causados que sean necesarias, independientemente de su coste.