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El sector del transporte público pide al Gobierno nuevas medidas en movilidad para mejorar la calidad del aire en España

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Europa Press.- Mientras la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, asegura que su departamento está «supliendo las carencias y dejadez» de los ayuntamientos de Madrid y Barcelona en sus competencias en materia de calidad del aire, desde la Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos Urbanos (ATUC) reclaman al Gobierno que impulse nuevas medidas que fomenten la movilidad pública para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en España.

Para ATUC el problema tiene que ver con la «falta de una apuesta decidida por el transporte público» por parte del Gobierno, al que critica por limitarse a «medidas estrella» como el Plan Aire II, que se dirige principalmente a renovar el parque de vehículos y a mejorar la eficiencia energética de los edificios. Asimismo, García Tejerina ha limitado el problema a Madrid y Barcelona.

ATUC lamenta que no se dé la importancia que se debería al transporte público a la hora de reducir los niveles de contaminación y que en el Plan Aire II, que estará vigente hasta que entre en funcionamiento el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica no promueve el uso del transporte colectivo. «No hay actuaciones específicas para el fomento del uso de autobuses, metros y trenes de cercanías, que además de descongestionar el tráfico en las grandes ciudades y evitar los atascos sirve como filtro para limpiar el aire urbano», critica la asociación.

En este contexto recuerda que una de las principales causas de la contaminación atmosférica está en el tráfico rodado, que es responsable del 50% de las emisiones contaminantes de las ciudades y, de estas, más del 90% corresponden al tránsito de coches y motos. De este modo, ATUC propone a las administraciones que inviertan claramente por el transporte público y les insta a que la Ley de Cambio climático y Transición Energética incluya un apartado específico para el transporte público.

«Dejadez» de Madrid y Barcelona

«El control de calidad del aire corresponde a los ayuntamientos. Aún así, el Gobierno está aportando soluciones para reducir la contaminación de suelo, agua y aire todo lo posible, supliendo la carencia y dejadez de otras administraciones responsables», aseguró Tejerina durante su intervención en el Pleno del Congreso, tras ser preguntada por la contaminación en Madrid y Barcelona por la portavoz de En Comú en la Cámara Baja, Lucía Martín.

La diputada de la formación catalana ha cuestionado a la ministra por sus declaraciones sobre los problemas «puntuales» de contaminación en España, que Tejerina ha centrado en Madrid y Barcelona, asegurando que sus gobernantes «se están poniendo de perfil» en este tema. Para Martín, Tejerina no quiere «poner en valor las medidas que, desde hace dos años ambos consistorios han puesto en marcha», como son las restricciones de circulación, aparcamiento y velocidad puestas en marcha en Madrid. En este sentido, la diputada ha recordado las críticas que estas iniciativas recibieron por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que las calificó de «exageradas».

Para Martín, «España es hoy líder en infracciones medioambientales de toda la Unión Europea» por la «nefasta gestión» de Tejerina. «Sólo saben ser líderes en aquello que avergüenza a la ciudadanía», ha declarado, para después pedirle que, como le han sugerido en la Unión Europea, el Gobierno también haga algo en esta materia en cuestiones en las que sí tiene competencias, como en «revertir el recorte en inversión de transporte público» o en la «fiscalidad de los vehículos más contaminantes«.

A estas acusaciones, la ministra ha contestado que «la calidad del aire es de máxima preocupación» para su departamento, porque es un problema medioambiental y también de salud pública. Sin embargo, ha insistido en que «los responsables» en esta materia, es decir, los gobiernos municipales, son quienes deben «asumir y responder» sobre este problema. «Su partido no se ha enterado de que las competencias sobre el control de calidad del aire corresponde a los ayuntamientos», insistió. Aún así, recordó que el Ejecutivo aprobó el Plan Nacional de Calidad del Aire, que ha invertido más de 2.000 millones en eficiencia energética en viviendas, entre otras medidas.

Madrid y Barcelona exigen lealtad al Estado frente a la contaminación y piden eliminar las ventajas fiscales al diesel

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Europa Press.- Los ayuntamientos de Madrid y Barcelona han exigido «lealtad» al Estado y que emplee sus competencias para unirse en la lucha contra la contaminación con la revisión del impuesto especial sobre carburantes, eliminando las ventajas fiscales que favorezcan la compra de vehículos diesel, o el incremento de la financiación del transporte público de proximidad «alcanzando como mínimo los niveles de 2010».

La delegada madrileña de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y la concejala responsable en Barcelona de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, han presentado más de una decena de exigencias dirigidas al Gobierno central. Sabanés y Sanz han coincido en que la contaminación es un «problema de Estado», razón por la que ambas ediles han exigido «el máximo nivel de lealtad y que cada cual cumpla con su obligación».

Las exigencias planteadas al Gobierno central incluyen la modificación del impuesto de matriculación para priorizar los menos contaminantes, especialmente los Cero y ECO; la obligatoriedad de la identificación mediante el etiquetado establecido por la DGT en función del potencial contaminante, así como su perfeccionamiento con las etiquetas para motocicletas, ciclomotores no eléctricos y vehículos industriales hibridados de bajas emisiones; o el desarrollo de programas PIVE para incentivar la renovación de los vehículos profesionales y turismos más contaminantes en NO2 y PM y que la ayuda tenga en cuenta criterios sociales.

Las dos ciudades plantean la aplicación de descuentos en función de la etiqueta ambiental de la DGT en los peajes de competencia estatal; la priorización de inversiones vinculadas a las infraestructuras ferroviarias; la habilitación de BUS VAO; y modificar la Ley de tráfico para incluir como infracción grave o muy grave el incumplimiento de las medidas especiales de ordenación de la circulación por razones medioambientales.

También proponen modificar el Reglamento de Circulación para prever medidas de ordenación de la circulación por razones ambientales; la revisión de la fiscalidad y tasas portuarias y aeroportuarias con el fin de permitir una mayor diferenciación en función del nivel de contaminación y promover medidas de competencia autonómica que tengan impacto en la mejora de la calidad del aire, como el control de calderas, legislación autonómica de movilidad sostenible aplicable a empresas o una mejora de los controles de las emisiones contaminantes en las ITV.

Revisar la fiscalidad del diesel

Inés Sabanés, por su parte, ha defendido que los planes municipales de lucha contra la contaminación, como el Plan A, «requieren la coordinación con el resto de administraciones porque hay cuestiones que las ciudades no pueden resolver» como, por ejemplo, la afección en los aeropuertos, los carriles Bus VAO o medidas relacionadas con la fiscalidad de los coches diésel, asunto que ha calificado de nuclear.

Janet Sanz puso el foco en que la contaminación es «un problema de Estado» y de salud pública que genera 24.000 muertes al año en España según un estudio ambiental de la Unión Europea. El Ayuntamiento de Barcelona, a su vez, ha elaborado un estudio que cuantifica las muertes prematuras en 600/700 al año, unidas al incremento de ingresos hospitalarios. «La inacción no es alternativa porque está en juego la salud de la gente», esgrime.

La edil ha cargado con el «sin sentido» de que haya incentivos fiscales para la compra de vehículos diésel por parte del Estado cuando las ciudades limitan el acceso de este tipo de coches en determinados episodios contaminantes. Además, Madrid y Barcelona han defendido el transporte público exigiendo que el Gobierno central no sólo no siga recortando en esto sino que aumente su contribución, como hacen los ayuntamientos. La concejala de Barcelona también se ha referido al coste que le supone al municipio la recarga de vehículos eléctricos, unos 4.000 euros al año el kw/h.

Polémica de Madrid con Tejerina

Por otro lado, Sabanés ha defendido la coordinación de su cartera con el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente en materia de contaminación y ha asegurado que las nuevas medidas de su plan, que restringen el uso del coche privado en Madrid, estaban «más que anunciadas«. Así, Sabanés respondió a la ministra del ramo, Isabel García Tejerina, que admitió que le «chocó» que el Ayuntamiento de Madrid no les informara de sus nuevas medidas anticontaminación, en relación a la prohibición de los vehículos más contaminantes, de cara a defender su actuación ante la Unión Europea.

La edil de Ahora Madrid ha defendido que desde el Consistorio de la capital han hecho «todos los esfuerzos de coordinación con el Gobierno y la Comunidad». Asimismo, Sabanés señaló que la reunión con la Comisión Europea trataba fundamentalmente de medidas «que va a tomar y que debe tomar» el Gobierno de España, y no de planes anticontaminación municipales, que asegura que ya han sido presentados a la Unión Europea.

El Ayuntamiento de Barcelona recurre al Supremo el decreto que regula el bono social para los consumidores vulnerables de electricidad

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Europa Press.- El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Decreto 897/2017 que regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y medidas de protección a los consumidores domésticos de energía eléctrica por considerarlo contrario a la Constitución y a las directivas europeas que regulan el mercado eléctrico.

La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, señaló que la normativa estatal también vulnera las competencias exclusivas en materia de servicios sociales de la Generalitat de Catalunya y del mismo Ayuntamiento de Barcelona: «Se ha hecho de espaldas a la soberanía de los catalanes, que tienen una ley propia, la Ley 24/2015, que protege los derechos de las personas vulnerables en materia energética».

Ortiz ha señalado que, según el decreto, los descuentos en las facturas a consumidores vulnerables sólo se podrían aplicar a aquellas personas que han sido previamente atendidas por los servicios sociales autonómicos o municipales: «Garantizar el acceso a un servicio básico como el suministro eléctrico no puede estar sujeto a la atención de los servicios sociales», ha asegurado la concejal.

Coste: 1,67 millones de euros

En este sentido, ha recordado que el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) estima que el 43% de los 10.000 hogares que Barcelona ha atendido por cuestiones de pobreza energética quedarían desprotegidos en caso de aplicarse el decreto, y también ha cifrado en 1,67 millones de euros el coste mínimo anual para las administraciones para cubrir el coste de la factura de los hogares vulnerables sólo en la capital catalana.

Ortiz cree que las personas vulnerables no deben ir de ventanilla en ventanilla «demostrando su vulnerabilidad y pobreza» y considera que sería suficiente con conocer el nivel de renta en estos hogares. Por ello, insistió en que el bono social no responde a los intereses de las clases populares y de las personas que están en riesgo de exclusión social.

También ha explicado que el consistorio ha notificado tres propuestas de resolución que incluyen sanciones a Endesa por valor de 70.000 euros cada una, todas ellas motivadas por realizar cortes de suministro eléctrico sin pedir el informe de exclusión social preceptivo a Servicios Sociales. Ortiz ha afirmado que todos los cortes se produjeron una vez aprobada la Ley 24/2015 y que todas las viviendas estaban ocupadas por personas vulnerables. «Detectamos estos casos a través de los Puntos de Asesoramiento Energético (PAE)», y detalló que la sanción se ha fijado en base a lo que dispone el Código de Consumo catalán, aunque se aprecia como atenuante que la compañía restableció el servicio tras notificarse los casos.

Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, Badalona, Alcalá de Henares y Fuenlabrada promueven un manifiesto contra el cambio climático

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Europa Press.- Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza y los municipios de Badalona (Barcelona), Alcalá de Henares y Fuenlabrada (Comunidad de Madrid) han promovido el Manifiesto por la acción climática que denuncia la «inacción y las trabas» del Gobierno central, según indicó el Ayuntamiento de Barcelona. El texto se someterá a la Red de Ciudades del Clima para que se adhieran nuevos integrantes, y las ciudades se han mostrado dispuestas a intensificar sus propuestas actuales para disminuir los efectos del cambio climático.

Los firmantes han lamentado que el Gobierno central dificulta la autogeneración y la promoción de las energías renovables; continúa apoyando la producción de carbón; no ve «prioritaria» la lucha contra la pobreza energética y frena el avance hacia la soberanía energética. El manifiesto exige desarrollar una estrategia integral ante el cambio climático con «compromisos progresivos» para alcanzar escenarios de descarbonización antes de mitad de siglo. Asimismo, ha reclamado impulsar una ley de cambio climático que reconozca que existen razones físicas y técnicas para sustituir los combustibles fósiles por energías renovables, y un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en un plazo de 10 años.

Villaseca (Gas Natural Fenosa), sobre la comercializadora eléctrica municipal del Ayuntamiento de Barcelona: «Bienvenida sea la competencia»

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Europa Press.- El consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, ha recibido con un «bienvenida sea la competencia» la creación de una comercializadora eléctrica por parte del Ayuntamiento de Barcelona, y no contempla ningún inconveniente en que el consistorio barcelonés entre en la comercialización de energía si lo hace «de acuerdo con las normas del sector y la regulación vigente«, ya que en España ya hay unas 300 comercializadoras.

Villaseca también aprovechó su intervención en la junta de accionistas de la compañía para hacer hincapié en el compromiso de la empresa con la vulnerabilidad energética, reiterando su voluntad de hacer las cosas mejor y formar parte de la solución, aunque ha descartado ser «la solución en singular» y tampoco el problema, apelando a la responsabilidad de las administraciones públicas.

El consejero delegado ha recordado el caso de la anciana que murió en un incendio de su domicilio en Reus (Tarragona), provocado por una vela después de que Gas Natural Fenosa le hubiera cortado la electricidad, accidente que considera que «no es aceptable» en un país con capacidad y medios y en el que administraciones y empresas quieren ser ejemplo de calidad y buen servicio. Por ello, instó a las administraciones a solucionar la inseguridad normativa para abordar la pobreza energética y ha criticado que algunas «pretenden aplicar nuevas soluciones operativas y económicas que hasta la fecha no se aplican en ningún país de Europa».

La Barcelona de Ada Colau constituye la mayor empresa municipal comercializadora de electricidad de España

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EFE.- El pleno del ayuntamiento de Barcelona ha aprobado crear su propia comercializadora municipal de electricidad, que se llamará Barcelona Energía y que entrará en funcionamiento en el verano de 2018, con los votos favorables de todos los grupos municipales, excepto el PP, que se ha abstenido. Las previsiones del gobierno municipal de Ada Colau son que esta empresa pública de electricidad le suponga un ahorro de 500.000 euros en concepto de compra de electricidad y que suministre a 20.000 hogares.

El concejal de Agua y Energía, Eloi Badia, ha destacado que el pleno dota al ayuntamiento de herramientas para volver a fomentar a la generación de energías renovables y el autoconsumo en la ciudad. La comercializadora aprobada por el pleno podrá convertirse en agente de mercado de los excedentes de energía que se produzcan en las instalaciones municipales de autoconsumo, por lo que tendrá que establecer acuerdos bilaterales para asegurar la compra de la energía excedentaria a un precio razonable.

Así, el Ayuntamiento de Barcelona asumirá el papel de gestor energético para facilitar la generación de energía por parte de la ciudadanía, gestionar la producción y garantizar el suministro necesario a todas las personas con dificultades o en situación de vulnerabilidad. El ayuntamiento quiere ofrecer tres tipos de tarifas: para ayuntamientos, para pequeño terciario (cliente generador o cliente consumidor) y tarifa ciudadana, que además de los dos tipos de clientes anteriores incluiría el cliente vulnerable.

Barcelona amenaza con «aumentar la presión» si las compañías eléctricas recurren de nuevo el concurso municipal de suministro eléctrico

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Europa Press.- El concejal de Presidencia, Agua y Energía del Ayuntamiento de Barcelona, Eloi Badia, ha advertido de que el consistorio «aumentará la presión» si las compañías vuelven a recurrir el contrato eléctrico municipal, después de que el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público haya anulado el concurso. Badia sostiene que al tratarse de un servicio básico deben primar una serie de principios por encima del lucro: «Si finalmente no lo conseguimos, tendremos que ir a un cambio legislativo de mayor envergadura».

Badia ha defendido el concurso que presentó Barcelona, indicando que se hubieran «equivocado de no haberlo intentado», e insiste en que trabajarán en una nueva redacción que les permita vincular la pobreza energética al contrato de compra eléctrica sin que sea anulado de nuevo. El concejal critica que haya quien prime beneficios multimillonarios sobre las necesidades más básicas y considera que las grandes compañías eléctricas no quieren formar parte de su “solución”: «Con las pequeñas y medianas empresas estamos pudiendo avanzar más que con las grandes, lo que es lamentable».

En ese sentido, ha detallado que el ayuntamiento hará un contrato puente que estará vigente a partir del 26 de marzo y durante seis meses, al que podrán concurrir de nuevo todas las empresas. Un modelo que utilizarán hasta presentar su nueva propuesta de contrato. El convenio puente se basará en el contrato marco de la Associació Catalana de Municipis (ACM), «que cita expresamente la ley de pobreza energética y que nunca ha sido recurrido». En cualquier caso, ha asegurado que es el último contrato que hará el municipio, ya que están desarrollando una operadora pública, y ha subrayado que el ayuntamiento debe ser «más valiente en la contratación pública».

El Tribunal de Contratos Públicos da la razón a Endesa y anula el concurso municipal de suministro eléctrico de Barcelona

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Europa Press.- El Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público ha anulado el contrato eléctrico municipal de Barcelona, de 65 millones de euros divididos en tres lotes y con una duración prevista de dos años. Pequeñas y medianas empresas presentaron ofertas ante el nuevo contrato de suministro eléctrico, ahora anulado por el tribunal que aceptó a mediados de febrero medidas cautelares pedidas por Endesa, compañía que, junto a Gas Natural Fenosa, recurrió el contrato y no concurrió.

Fuentes municipales explicaron que están estudiando la resolución y que se negociará un convenio puente ya que el actual contrato vence el 25 de marzo. El Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público alega que las cláusulas contra la pobreza energética que quiere promover el consistorio y, por tanto, el beneficio social que se busca, «no se produce en el suministro energético a la administración ni directamente por el acto de suministrar electricidad a los locales del Ayuntamiento». Fuentes de Endesa consultadas consideran que la decisión del tribunal de la Generalitat constata que los argumentos de su recurso eran adecuados.

El texto explica que, para que la atención y reducción de la pobreza energética se pudiera aceptar como objeto del contrato, se debería dar alguno de estos dos condicionantes: que sea una prestación claramente diferenciable y que, por tanto, se pueda licitar por separado; o que la finalidad social que se quiere promover se provoque «intrínsecamente» con la sola prestación del suministro eléctrico. Además, asegura que esta cláusula no define las obligaciones a ejecutar de forma «clara e inequívoca», ya que no concreta las exactas obligaciones a las que se obliga para la adjudicación del contrato, por lo que perjudica a todas las licitadoras potenciales.

El tribunal también ha asegurado que la definición que se hace del objeto del contrato es «controvertida», y ha observado que no se adecua al artículo 9 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), que define los contratos de suministro, de conformidad con el artículo de la Directiva 2014/24/UE. Asimismo, según la resolución, el consistorio tampoco puede apoyarse en el proyecto de Ley de contratos del sector público que actualmente se está debatiendo en las Cortes Generales, ya que este texto puede ser objeto de diversas enmiendas y, por tanto, aún no tiene efecto jurídico.

Los vehículos más contaminantes no podrán circular entre semana por el área de Barcelona desde 2019

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Europa Press.- Los vehículos más contaminantes tendrán prohibida la circulación por Barcelona y otros 39 municipios del área metropolitana de lunes a viernes a partir del año 2019 independientemente del estado del aire, si bien esta restricción se empezará a aplicar desde el 1 de diciembre de este año solo en episodios de contaminación, que se producen entre 3-5 días anuales.

Lo ha explicado el consejero de Territorio y Sostenibilidad del gobierno autonómico catalán, Josep Rull, tras participar en el primer gran encuentro sobre contaminación en Barcelona, en el que también han participado el Ayuntamiento de la capital catalana, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), la Diputación de Barcelona, y los departamentos autonómicos de Salud, Interior y Gobernación. El compromiso de la cumbre ha sido reducir un 30% las emisiones vinculadas al tráfico en un plazo de 15 años para alcanzar gradualmente los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta contaminación se reducirá un 10% en los próximos 5 años, según Rull.

La medida de restricción del tráfico afectará a vehículos anteriores a la categoría Euro 1: furgonetas matriculadas antes del 1 de octubre de 1994 y a coches matriculados antes del 1 de enero de 1997, lo que implicará a 106.018 vehículos, que suponen un 7% del parque móvil, y a 22.049 furgonetas, es decir, un 16%. Rull ha sostenido que estos vehículos con más de 20 años de antigüedad «contaminan tanto como 10 coches que utilizan combustible fósil«, ha lamentado.

El acuerdo afecta a 40 municipios declarados Zonas de Protección Especial del Medio Atmosférico (Àmbit-40) donde viven 4,3 millones de personas; incluye a poblaciones de las comarcas del Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental y Oriental, no a todos los municipios del área metropolitana, y afectará indirectamente a Osona, Bages, Anoia, Maresme, Alt Penedès y Garraf. Además, los vehículos que no reciban distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT), de gasolina matriculados antes del año 2000 y de diésel de antes de 2006, no podrán circular en el espacio comprendido por las Rondas de Barcelona, incluyendo estas vías, en episodios contaminantes a partir de diciembre, y desplegarán medidas para prohibirlos a partir de 2020.

Para incentivar la retirada de estos vehículos, crearán una tarjeta verde metropolitana, previsiblemente antes de verano, que dará 3 años de transporte público gratuito, de la que podrán beneficiarse los residentes del área metropolitana que den de baja un vehículo contaminante que no adquieran otro durante los 3 años de vigencia de la tarjeta. Asimismo, se plantean implantar un recargo sobre el precio de los carburantes para financiar la mejora de la tarifa del transporte público. Han acordado crear un órgano de coordinación para analizar el impacto de la contaminación del aire sobre la salud, que se reunirá anualmente, y otro de coordinación para el seguimiento de las conclusiones adoptadas, integrado por todos los agentes.

El vicepresidente del AMB, Antoni Poveda, ha anunciado que el organismo dejará de homologar taxis diesel en 2019 y que instalará espacios de aparcamientos de intercambio con el transporte público, park and ride, y ha pedido más carriles Bus-VAO y más financiación del transporte público por parte del Gobierno central. Según Rull, el acuerdo persigue mejorar la vida de la gente porque la calidad del aire es uno de los temas más preocupantes debido al impacto que tiene sobre la salud, ya que causa muertes prematuras, hecho que «interpela a las administraciones públicas a tomar decisiones muy drásticas y firmes».

La teniente de alcalde de Ecología de Barcelona, Janet Sanz, ha exigido al Gobierno central más financiación del transporte público, y ha advertido sobre el acuerdo: «Esta expresión de voluntad políticas es un paso adelante respecto a todo lo que se había hecho hasta ahora. Vamos tarde, pero todavía estamos a tiempo de resolver la situación«. El diputado de Espacios Naturales y Medio Ambiente de la Diputación de Barcelona, Valentí Junyent, ha destacado que la corporación provincial elaboró planes de calidad del aire de 17 municipios del Vallès Oriental y de los cinco más poblados del entorno de Barcelona: Badalona, L’Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Sabadell y Santa Coloma de Gramenet.

El Tribunal de Contratos Públicos paraliza el concurso municipal de suministro eléctrico de Barcelona, recurrido por Endesa y Gas Natural

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EFE.- El Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público acordó suspender cautelarmente el concurso municipal para el suministro eléctrico convocado por el Ayuntamiento de Barcelona. Fuentes de Endesa, titular hasta ahora de ese contrato, explicaron que este tribunal ha estimado las medidas cautelares solicitadas por la compañía, que entendía que la cláusula sobre pobreza energética incluida en el pliego de condiciones podría introducir discriminación entre compañías.

Así pues, este tribunal paraliza ahora este concurso, valorado en 65,2 millones y al que no se habían presentado ni Endesa ni Gas Natural Fenosa, hasta que resuelva los recursos presentados por ambas compañías. Según las fuentes consultadas, este tribunal, que es independiente aunque está adscrito a la Generalitat, tiene ahora tres meses para comunicar su resolución definitiva. Tanto Endesa como Gas Natural Fenosa renunciaron a presentarse al nuevo contrato municipal de suministro eléctrico del Ayuntamiento de Barcelona por discrepar con una cláusula del mismo relacionada con la pobreza energética.

El Ayuntamiento de Barcelona incluyó en el contrato una cláusula que obligaba a las eléctricas a firmar, en un plazo de 6 meses, un convenio de “corresponsabilidad” en materia de pobreza energética que permitiría sancionarlas en caso de incumplir la ley catalana sobre la materia. Por su parte, estas compañías decidieron no presentarse al concurso por desconocer las implicaciones exactas de dicha cláusula, porque ello supondría suscribir un compromiso “a ciegas”. Por este motivo llevaron el caso al Tribunal de Contratos Públicos para que verifique la adecuación a la ley de las condiciones del concurso.

Este caso pone de manifiesto las diferencias entre las grandes eléctricas y el Ayuntamiento de Barcelona respecto a la interpretación de la ley catalana de pobreza energética. Endesa alega que resulta discriminatorio obligar a asumir a algunas compañías determinados compromisos respecto a los clientes en situación de vulnerabilidad cuando las pequeñas comercializadoras de electricidad que se han presentado al concurso, al operar en el mercado libre, no tienen estas exigencias. Asimismo, fuentes de Endesa subrayan que sus argumentos deben ser «razonables» si este tribunal ha optado por paralizar el concurso.

El concurso del Ayuntamiento, para el alumbrado de las calles y para el suministro eléctrico de los edificios municipales, está repartido entre tres lotes, aunque las compañías aspirantes solo podían aspirar a llevarse dos de ellos. El nuevo contrato debía entrar en vigor el 25 de marzo, tiene una duración de un año, prorrogable a otro, y es el último que se adjudica a una comercializadora privada, ya que el Ayuntamiento aspira a crear una comercializadora de energía pública. Hasta ahora acudieron al contrato comercializadoras de pequeño o mediano tamaño.