Europa Press.- La ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha asegurado que su departamento ya realizó la valoración que le correspondía respecto al proyecto de almacenamiento y explotación de gas natural en el espacio natural de Doñana, por lo que ha apuntado que «la decisión futura» sobre el mismo «dependerá de la Junta de Andalucía» que es la que tiene que conceder o no la Autorización Ambiental Unificada (AAU).

García Tejerina ha recordado que el Ministerio entre los años 2010-2013 efectuó «la declaración de impacto ambiental de manera agrupada y no en 4 proyectos». Así, ha precisado que «se hace de manera fraccionada para poder evaluar el efecto conjunto», incidiendo en la valoración agrupada para ver el impacto global. Por ello, ha dejado claro que la evaluación que se ha realizado es «importante» y contó con «informes favorables de la Junta emitidos en 2008», por lo que se ha trabajado «agrupando los proyectos para valorar los efectos conjuntos» y en esa línea van a responder al Defensor del Pueblo.

De este modo, en cuanto al informe del Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, que pide al Gobierno que evalúe de forma conjunta el impacto de los 4 proyectos para inyectar y almacenar gas en Doñana, y sugiere que se suspenda el proyecto Marismas Occidental hasta que no se termine la citada evaluación ambiental conjunta, la ministra ha explicado que la evaluación se realizó «de manera agrupada» para poder evaluar el proyecto en conjunto e incluso «se evaluaron proyectos que no van a tener una realidad». Por ello, ha ensalzado «la importante» valoración efectuada por su departamento ministerial.

De otro lado, la titular de Medio Ambiente ha indicado que para emitir la Declaración de Impacto Ambiental se tienen en cuenta muchos parámetros, entre ellos, el informe favorable de la Junta, que es un acto administrativo y no político y por tanto, «no se puede modificar». Así las cosas, respecto a la carta que le remitió la Consejería de Medio Ambiente para solicitar la paralización del proyecto, García Tejerina ha indicado que la Junta de Andalucía es «la responsable» de conceder o no la Autorización Ambiental Unificada a este proyecto. Por su parte, «el Ministerio ha actuado conforme a la legislación española y la legislación ambiental europea», ha proseguido.