Entradas

El Supremo avala los cargos al autoconsumo que aprobó el Gobierno en 2015 y niega que haya impuesto al sol

/0 Comentarios/en , , , , , /por

Europa Press.- El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier) contra el Real Decreto 900/2015, conocido como impuesto al sol y que regula las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.

La sentencia no sólo desestima los argumentos de los recurrentes, sino que entra a enjuiciar el término de impuesto al sol que se le había dado a la normativa. Así, el Alto Tribunal considera que «no hay por tanto impuesto al sol propiamente tal, sino contribución a los costes del sistema cuando un autoconsumidor, además de consumir la energía generada por él mismo, dispone del respaldo del sistema eléctrico para consumir electricidad del sistema en cualquier momento que lo necesite».

De esta manera, el fallo pone de relieve que el autoconsumidor que depende exclusivamente de su propia energía generada por él y que no está conectado al sistema eléctrico no paga nada, por lo que no existe impuesto al sol propiamente como tal, sino contribución a los costes del sistema cuando un autoconsumidor, además de consumir la energía generada por él mismo, dispone del respaldo del sistema eléctrico para consumir electricidad del sistema en cualquier momento que lo necesite y, en su caso, como es lo habitual, la consume efectivamente.

En lo que se refiere a las cuantías de las sanciones, otros de los temas que los recurrentes criticaban, el Supremo destaca dos extremos. Primero, que una instalación de autoconsumo no tiene por qué ser una instalación pequeña o de un sujeto particular, sino que puede ser una empresa con una considerable entidad económica e industrial. Y, en segundo lugar, que existe una horquilla para imponer las sanciones, sin que ello exija que se aplique siempre las de cuantía superior. De esta manera, indica que existiría vulneración del principio de proporcionalidad si los mínimos fuesen claramente exorbitantes, siendo 600.001 euros para las infracciones graves y 6.000.001 para las muy graves.

Respecto a la retroactividad, el tribunal considera que la aprobación de un nuevo régimen pro futuro para un determinado tipo de instalaciones no puede en puridad ser calificado de norma retroactiva. Asimismo, sobre la vulneración de la normativa comunitaria por no existir un procedimiento autorizatorio, rechaza la alegación señalando que existe un procedimiento simplificado de autorización para instalaciones de pequeña potencia de vertido a red en el Decreto 1699/2011. El Gobierno aprobó el decreto sobre autoconsumo eléctrico en 2015, en la que era la primera normativa para que los consumidores pudieran generar su propia electricidad.

El ‘fake’ del impuesto al sol y la polémica sobre la metodología de los costes de acceso

/1 Comentario/en , , /por

Recientemente se ha conocido como el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por Anpier contra el Real Decreto 900/2015 conocido como impuesto al sol y que regula el autoconsumo. La sentencia ha sido criticada en el sentido de su alineación con las tesis políticas del Gobierno y su impacto más llamativo se deriva del esclarecimiento jurídico de que el impuesto al sol como figura tributaria no existe, dado que es una contribución de este tipo de consumidores al sistema por su respaldo.

Es cierto, el impuesto al sol como tal no existe, en la misma medida que todos los costes de acceso y peajes que soporta un consumidor doméstico o industrial no son “impuestos”. Ahora, lo que sí es cierto es que es una formidable campaña de comunicación política, de creación de marcos en términos del lingüista americano Georg Lakoff, que además se vio reforzada por una importante campaña de publicidad con coches funerarios y placas solares.

Podemos decir así que ha sido la última gran campaña de comunicación y de creación de concepto mediático en el ámbito energético en la que se combinaban elementos que no podían fallar: la aversión a los impuestos (próxima al libertarismo del Tea Party incluso en el autosuministro energético), la consideración de su aplicación a un recurso natural inagotable pero no gestionable (la luz solar), tercero, el derecho a decidir la fórmula de suministro eléctrico individualmente. Si hiciéramos un paralelismo, esta idea bien podría aplicarse con relación a los impuestos que gravan la generación hidráulica y, en ese caso, no se habla de impuesto al agua o, en el caso de la producción eólica, no se habla de impuesto al viento.

El fondo de toda la controversia, eso sí, es la contribución de los autoconsumidores al sistema, que el Gobierno determinó en el decreto 900/2015 de forma que debían contribuir igualmente que un consumidor convencional. Esta solución tiene además una lógica primaria de no discriminación entre consumidores, la propia existencia de un impuesto a la generación de electricidad (del que estarían exentos los autoconsumidores) y la necesidad de que todos participen en los costes del sistema. Y, esta es la clave, el modelo español se basa en un sistema de suministro articulado que precisa unos costes para su funcionamiento (además de absorber otros que no están relacionados directamente con el suministro).

Consecuentemente, se establece que el autoconsumidor pague por los peajes de acceso a redes y demás cargos del sistema, es decir todo el término fijo de la factura con el agravante de que el Gobierno no hace pública la metodología de cálculo de los peajes. Y la clave está en esa cuantificación que sigue coagulando una liberalización completa del recibo. En realidad, esta contribución en los mismos términos que los consumidores generales (domésticos o industriales) no es una barrera o una discriminación en el sentido de ser una mayor contribución sino que, al tratarse en términos de igualdad, las cuentas del retorno de la inversión no salen para estas instalaciones.

Y la condonación de estas contribuciones lo que implicaba “de facto” es una subvención encubierta. En todo caso, lo que queda claro es que el impuesto al sol es un fake en términos informativos. La inconsistencia de la definición de esa contribución unida a la laguna existente en torno a los costes de acceso es lo que ha proporcionado munición para configurar una de las campañas de comunicación política más potente de los últimos años, nunca bien contrarrestada por una comunicación abierta, clara y pedagógica de nuestro sistema eléctrico y de los costes de acceso.

Ahora bien, en este sentido, la sentencia desmonta esta idea desde la ortodoxia jurídica y tributaria. Lo que pasa es que la aceptación e instalación social del término ya es imparable y es poco propensa a los matices, si además, en medio se trata de instrumentalizar en términos de las políticas energéticas con sus beneficiarios y perjudicados. A la vez, esa polémica y ese éxito comunicacional, de marketing energético, ha desvirtuado la cuestión mollar de la metodología de costes de acceso, verdadero punto débil de la cuantificación de esas contribuciones.

Anpier asegura que impulsar la energía solar dejaría 162 millones de euros en Zamora

/0 Comentarios/en , /por

EFE.- El impulso de la energía solar supondría en Zamora, en el caso de que la mitad de las familias optasen por este tipo de fuente energética, una cuantía de 162 millones de euros entre el ahorro de los sistemas de autoconsumo y los beneficios de instalaciones para el abastecimiento de la red eléctrica general.

El cálculo, referido a la ciudad de Zamora, lo ha realizado la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), que celebra en la Cámara de Comercio e Industria de Zamora una jornada sobre generación social fotovoltaica para promover esta energía limpia.

La jornada se enmarca dentro de la tercera edición del programa Camino del Sol, que bajo el eslogan «Las familias queremos participar en la producción de energía», recorre 27 localidades españolas para trasladar a la ciudadanía los beneficios de esta fuente energética.

Con este tipo de jornadas, los productores de energía solar fotovoltaica también pretenden concienciar a los políticos y los responsables de las distintas Administraciones autonómicas de la urgencia de promover la energía solar.

Anpier ha reclamado un nuevo marco normativo que elimine las restricciones legales actuales que bloquean el acceso de los españoles a la generación de energía solar, tanto para autoconsumo como los parques fotovoltaicos que proporcionen energía a la red general.

La asociación también ha creado una aplicación web que permite conocer el ahorro y los beneficios de este tipo de energía.

En el caso de la capital zamorana, si el 20% de las familias invirtieran en parques fotovoltaicos lograrían unos ingresos de 107 millones de euros en 25 años. Además, si otro 30% de las familias zamoranas optara por instalar sistemas de autoconsumo lograrían un ahorro en su consumo energético cifrado en 48 millones de euros en 25 años.

Además, si el Ayuntamiento de Zamora apostara por el autoconsumo para los edificios públicos y el alumbrado de al ciudad ahorraría cerca de 76 millones de euros.

Sumados todos los ahorros y beneficios, una vez amortizada la inversión inicial realizada, el beneficio total para Zamora sería de 162 millones de euros y anualmente se evitarían 65.000 toneladas de CO2, según los cálculos de la asociación de productores fotovoltaicos.

Anpier ha denunciando el «atropello» sufrido en los últimos años por los 62.000 pequeños productores fotovoltaicos españoles, que han soportado recortes de hasta del 50 por ciento de la tarifa regulada que ofreció el Estado por el suministro de este tipo de energía.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) cubre el 100% de su consumo eléctrico con las placas solares de sus talleres

/0 Comentarios/en , /por

EFE.- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha conseguido que la energía producida anualmente por las placas fotovoltaicas instaladas en las cubiertas de sus talleres cubran el 100% del consumo de electricidad necesario para realizar las labores propias de estas instalaciones.

Los 1.752.651 kilovatios por hora (kwh) obtenidos mediante la instalación de placas solares han sido prácticamente suficientes para cubrir las necesidades de los talleres de València Sud, Machado y Naranjos, que en 2016 utilizaron 1.776.065 kwh para llevar a cabo su actividad, según indicó la Generalitat. En el TRAM de Alicante los 991.799 kwh obtenidos con estas placas solares cubrieron las necesidades del taller de El Campello para llevar a cabo su actividad, con un exceso de producción cifrado en 276.032 kwh, que se emplearon en el consumo eléctrico de las oficinas de La Marina.

La energía solar fotovoltaica basa su funcionamiento en transformar la energía del sol en energía eléctrica. La luz solar, al incidir en las células de los paneles de silicio, se transforma en dicha energía y la corriente continua generada por los módulos se transforma en corriente alterna en el inversor y el transformador eleva el voltaje hasta el nivel de tensión de la red eléctrica a la que se exporta.

FGV cuenta con 6.800 paneles solares fotovoltaicos en las cubiertas de los talleres de la empresa desde el 2008. Dicha instalación se realizó sobre una superficie de 11.600 metros cuadrados que, sumados a los paneles de las instalaciones de FGV en Alicante (3.600 en una superficie de 6.100 metros cuadrados), supone la mayor instalación de placas fotovoltaicas situadas en cubiertas industriales en la Comunidad Valenciana y una de las mayores de España de carácter público.

El PSOE propone impulsar el uso de tecnología fotovoltaica para suministrar energía eléctrica a las desaladoras y reducir sus costes

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press.- El secretario de Transición Ecológica de la Economía del PSOE, Hugo Morán, propone el impulso del uso de la energía fotovoltaica para la generación de energía que alimente las desaladoras, con el objetivo de reducir los costes. Morán ha dado a conocer las líneas de actuación del Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía junto con su presidenta, Teresa Ribera, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y el secretario de Política Económica y Empleo del PSOE, Manuel Escudero.

Escudero apuntó que el PSOE quiere introducir como «novedad» la fiscalidad verde en los Presupuestos del Estado. Su intención es contemplar esta fiscalidad verde en la alternativa que ofrecerán frente a los presupuestos del Ejecutivo para 2018 con el fin de paliar, a su juicio, «la falta de coherencia absoluta» del sistema fiscal. En su opinión, el actual sistema fiscal «viene de los años 70» y «no es un capricho, sino la herramienta más potente de la que dispone un Gobierno para orientar sus políticas».

Según explicó Ribera, el consejo nace sin fecha de caducidad y estará formado por 22 personas con diferentes perfiles con el objetivo de «entender cómo avanza la sociedad, cuáles son las advertencias, riesgos y oportunidades» y elaborar recomendaciones para «inspirar la acción política de los órganos de Gobierno» en general. Esta nueva herramienta comenzará a trabajar con cuatro ejes «clave»: energía, ordenación del territorio y urbanismo, empleo y fiscalidad verde, tal y como enumeró Ribera.

Por su parte, Narbona ha señalado que este consejo persigue elaborar recomendaciones para «transformar el modelo productivo de España«. «Esta transición debería llevarnos a un modelo de sociedad donde lo que tenga realmente valor sea el progreso seguro, justo y duradero, algo que no puede medir el actual PIB, por lo que hay añadir otros indicadores, como las renovables y los niveles de contaminación«, indicó.

Los representantes socialistas han puesto de manifiesto las «carencias» de la tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que prepara el Gobierno y que consideran «debería agilizarse». Actualmente, se encuentra en un proceso de consulta pública previa a la elaboración de un borrador. «Es difícil que nos encuentren en el camino para un pacto por la transición energética si no hay un consenso previo con la Ley de Cambio Climático», han concluido.

La Plataforma para el Impulso del Autoconsumo Energético pide eliminar las cargas impositivas sobre el autoconsumo sin vertido a red

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press / EFE.- La Plataforma para el Impulso del Autoconsumo Energético ha propuesto al Ministerio de Energía y a los grupos políticos desvincular el autoconsumo sin vertido a red del decreto de autoconsumo, lo que implicaría no aplicar cargos sobre la energía autoconsumida, reducir los trámites de legalización y facilitar la ejecución de este tipo de instalaciones desde el punto de vista técnico.

La asociación integrada por AIFOC, APPA Renovables, la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas (Fenie), la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo (Sercobe) y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) propone que esta modificación mantenga los criterios de exigencia en materia de seguridad industrial y se tramitaría bajo las condiciones reguladas por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, competencia de las comunidades autónomas.

La plataforma también propone que, aunque se desvincule a estas instalaciones de las condiciones técnicas y económicas establecidas en el decreto 900/2015, se las incluya en el Registro Administrativo de Instalaciones de Autoconsumo, siendo éste gestionado por las diferentes comunidades autónomas. Según la plataforma, el registro es «una mera comunicación que dota de transparencia al desarrollo de estas instalaciones» y además «permite al Ministerio y a las comunidades autónomas cuantificar la producción renovable en autoconsumo».

Con esta propuesta, la plataforma pretende avanzar hacia un sistema energético en el que los usuarios finales sean actores principales en las medidas de ahorro y eficiencia energética de España. Asimismo, ha reiterado su objetivo de que se reconozca el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin ningún tipo de cargo, que se eliminen los cargos a los sistemas de almacenamiento, se simplifique la tramitación administrativa y se adapte el régimen sancionador al «verdadero impacto» del autoconsumo en el sector eléctrico.

Anpier asegura en su Camino del Sol que Extremadura obtendría beneficios millonarios si la normativa impulsara la generación social fotovoltaica

/0 Comentarios/en , , /por

EFE / Servimedia.- La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) inició este miércoles su tercera edición del Camino del Sol para presentar a la ciudadanía, a los políticos y a los responsables de todas las administraciones autonómicas «las urgencias que en materia energética se han de afrontar en España y en las que deben implicarse cada uno de ellos«. En este sentido, Anpier ha asegurado que los municipios extremeños obtendrían beneficios millonarios si la normativa estatal impulsara la generación social fotovoltaica.

Por ello Anpier ha organizado una jornada, que se celebrará este jueves en Mérida, en la que participará el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, para abordar la producción social fotovoltaica. Con el eslogan Las familias queremos participar en la producción de energía, esta asociación visitará 27 ciudades españolas en todas las comunidades autónomas para «trasladar las urgencias que, en materia energética, ha de afrontar el país», según ha indicado la asociación.

En el acto intervendrán el presidente de la asociación, Miguel Ángel Martínez-Aroca; el presidente del Clúster de la Energía de Extremadura, Vicente Sánchez; y el delegado de Anpier en Extremadura, Juan José López Vivas. Martínez-Aroca se reunirá el viernes con el consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro; y con la jefa del Servicio de Protección Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Esperanza Martínez. Además, la asociación ha informado de la creación de una aplicación que permitirá visualizar «el potencial generador de energía fotovoltaica de todos los municipios extremeños de hasta 100.000 habitantes«.

Por último, ha recordado que 62.000 familias españolas, de las que 4.600 eran extremeñas, «destinaron sus ahorros para apoyar el desarrollo de un nuevo modelo energético» en España, solicitado por el propio Estado, y ahora «ven cómo este Gobierno sí indemniza a los inversores foráneos». En este sentido, Anpier ha denunciado que el Gobierno pretende «expulsar a estos pequeños operadores y disuadir a la sociedad de acceder a este mercado, para mantenerlo en modo oligopolístico».

El final de este Camino del Sol tendrá lugar el 21 de octubre en Navarra, con un congreso que congregará, como en ediciones pasadas, a más de 1.000 productores de toda España en Pamplona. Anpier promoverá en esta edición el impulso de la generación renovable y social de la energía, reclamando un papel activo para los ciudadanos, algo que «sólo será posible si un nuevo marco normativo lo permite, puesto que las restricciones legales actuales bloquean el acceso de los españoles a la generación en cualquiera de sus modalidades: bien a través del autoconsumo, bien mediante parques sociales que proporcionen energía a la red general«.

Las principales compañías piden consenso en la Ley de Transición Energética y que se actúe más allá del sector eléctrico

/0 Comentarios/en /por

Redacción / Agencias.- Algunas de las empresas del sector energético español coincidieron en destacar la necesidad de alcanzar un consenso en la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en la que trabaja el Ministerio de Energía, agradecieron la seguridad jurídica que la norma tendrá al tener rango de ley y reclamaron que el foco recaiga también en la edificación y el transporte y no solo en el sector eléctrico.

Altos cargos de varias empresas energéticas españolas analizaron los aspectos más relevantes del sector energético español ante la nueva legislación. Participaron en el acto el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia; los presidentes de Red Eléctrica de España, José Folgado; Enagás, Antonio Llardén; los consejeros delegados de Acciona, Rafael Mateo; Endesa, José Damián Bogas; Repsol, Josu Jon Imaz; X-Elio, Jorge Barredo; y el director corporativo de Iberdrola, Fernando Bécker.

Todos coincidieron en la importancia de que la nueva norma en la que se trabaja tenga rango de ley como señal de su importancia para alcanzar un mayor desarrollo sostenible y lograr los objetivos de reducción de emisiones, así como ofrecer mayor seguridad jurídica a las empresas para afrontar la transición energética y las inversiones necesarias para ello. También destacaron la importancia de la ley para fomentar el desarrollo tecnológico y lograr el objetivo de desarrollo sostenible de forma competitiva.

El consejero delegado de Acciona Energía, Rafael Mateo, aseveró que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética tiene que ser «ordenada, con seguridad para los inversores”, y con «una planificación seria» que evite los «despropósitos» del pasado.  En este sentido añadió que «no es serio» plantearse el cierre de 8.000 MW de nucleares y abrir 8.000 MW de subastas renovables, refiriéndose a la decisión del Gobierno de cerrar la central nuclear de Garoña y las reciente subastas de renovables.

Asimismo, Mateo subrayó el papel de las energías renovables como «las más baratas» que existen y ha señalado la importancia de desarrollar el proceso de descarbonizar la generación para posteriormente electrificar la economía. «Hacerlo de otra manera es ineficiente. En Polonia venden coches eléctricos de carbón», concluyó. Mateo también ha criticado «los cambios en la retribución y la falta de planificación» como algunos problemas a los que se enfrenta el mercado energético en España, “con nefastas consecuencias para los inversores”.

Respecto a las interconexiones energéticas, ha dicho que es favorable siempre que haya una simetría fiscal y tributaria que evite que compañías de unos países tengan ventajas sobre las de otros y que contribuyan a reducir los costes domésticos por pagos de capacidad (los que se hacen para mantener abiertas centrales que actúen de respaldo en momentos de baja generación). Por ello subrayó la necesidad de reforzar las interconexiones, «pero las justas y necesarias» para abrirse a los mercados internacionales.

En el ámbito de las interconexiones incidieron otros ponentes como Llardén, quien se ha mostrado totalmente a favor de que se incrementen las interconexiones, pues sin ellas «todo este bello edificio cojea», en alusión a los objetivos europeos de incremento de renovables. También mencionó la necesidad de crear una interconexión entre la Península Ibérica y el norte de África. Además Llardén puso énfasis en valorar los costes de manera permanente para que la ley de transición energética sea adecuada y consideró que el trabajo en esta norma debe realizarse siguiendo el interés general y no una suma de intereses subsectoriales.

Llardén destacó el rol del gas natural en el proceso de transición energética y en la descarbonización de España al ocupar el hueco térmico que irá abandonando el carbón, reduciendo de manera «brutal» las emisiones. También ha reseñado el papel de este combustible en los vehículos alternativos, tanto el coche como el tren. «Enagás está colaborando con Adif y Renfe para utilizar el Gas Natural Licuado (GNL) como combustible del ferrocarril», ha apuntado el directivo de la empresa participada en un 5% por el Estado.

Por su parte, Bogas habló de la necesidad de que la transición energética no solo se centre en el sector eléctrico sino también en otros «sectores difusos», como la construcción y el transporte, para alcanzar el objetivo de descarbonización de la economía al 100% para 2050. «Habrá que dejar de usar el carbón, quedan los ciclos combinados, pero también habrá que dejarlos en 40 años. Tenemos que sustituir una energía con emisiones de CO2 por otra sin emisiones, ese es el objetivo final», ha agregado.

En este sentido Bogas, ha defendido una transición ordenada «para cumplir con las garantías de suministro», pues aunque el incremento de la demanda que haya a partir de ahora se hará con renovables, en la transición esas energías tendrán que ser respaldadas. Por eso, ha dicho que en el periodo de transición a la economía descarbonizada habrá que buscar mecanismos que hagan viables centrales de respaldo que generan electricidad a partir de combustibles fósiles y que funcionarán sólo entre 1.500 y 2.000 horas al año.

En esta línea, Bogas mencionó la necesidad de impulsar los vehículos eléctricos y la infraestructura de recarga eléctrica de los mismos, así como la introducción de medidas de gestión de la demanda. Bogas se refirió además a la necesidad de mantener la energía nuclear durante la transición energética por su contribución para mantener más bajo el precio de la luz.

El director corporativo de Iberdrola, Fernando Bécker, también destacó la importancia de sectores como la industria y la agricultura, además de la construcción y el transporte, para lograr la descabonización. Asimismo, hizo hincapié en que el proceso de transición debe hacerse con garantías y respaldo para hacer los procesos rentables y que haya inversiones. Confió en que el grupo de expertos que va a trabajar en la elaboración de la ley logrará un amplio consenso.

En este sentido Bécker destacó la complejidad de elaborar esta ley, ya que la energía unida al cambio climático «es difícil de compatibilizar», y ha señalado que la climatología española «es complicada, con la sequía actual, la falta de viento o la descompensación norte-sur». A esto se une, entre otros problemas, la fiscalidad en España, que, a su juicio, es «muy elevada» y está provocando un futuro «totalmente inviable» a tecnologías como la energía nuclear. También demanda Bécker que se le dé un tratamiento conjunto a la fiscalidad en todos los niveles de la Administración (central, autonómica y local), además de eliminar todo lo que distorsiona el mecanismo de precios.

Josu Jon Imaz coincidió en señalar que la descarbonización es «absolutamente necesaria» y afirmó que «en España lo estamos haciendo bien», aunque incidió en la importancia de realizar la transición de forma eficiente y optimizando costes. Entre otras medidas, el consejero delegado de Repsol propuso que las inversiones para transformar los edificios públicos para lograr mayor eficiencia energética no computasen en el déficit público. Pidió también mayores incentivos a los vehículos de consumo más eficiente.

Imaz también resaltó la contribución del gas natural para reducir las emisiones y puso como ejemplo a Estados Unidos, pese a no firmar el Protocolo de Kioto, como uno de los países occidentales que más reducen sus emisiones gracias precisamente a sustituir el carbón al gas natural en la generación de electricidad. Imaz también pidió mayor inversión en la investigación, resaltando el papel de la industria en la transición energética y la importancia de esperar al momento adecuado para invertir en ciertas tecnologías. «Hay que esperar el desarrollo de tecnologías para que sus costes se reduzcan, no cometamos los mismos errores con nuevas energías ni tampoco con el almacenamiento«, añadió.

Por su parte, Jorge Barredo, quien también es presidente de la patronal fotovoltaica UNEF, afirmó que la transición energética es algo que «va a ocurrir sí o sí porque la sociedad lo va a demandar» y señaló que querer seguir viviendo como vivimos en España y Europa «es una visión cortoplacista» y que también se tiene que dar un cambio en nuestras formas de vida.

En este sentido Barredo señaló que «el cambio social es el que va a arrastrar el cambio económico» y destacó la necesidad de hacer una ley de autoconsumo. «El autoconsumo es una posibilidad que se está abriendo paso en toda Europa y que en España no lo está haciendo porque se está protegiendo todo lo que no es autoconsumo», criticó, para mencionar también las «trabas» administrativas que frenan el autoconsumo.

El Gobierno señala la importancia de las interconexiones energéticas para alcanzar los objetivos de renovables

/0 Comentarios/en , , /por

Redacción / Agencias.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha afirmado que el Gobierno no condiciona los objetivos de energías renovables a la existencia de más interconexiones energéticas en la Unión Europea aunque sin ellas «España no llega» a su cumplimiento. Se trata de una cuestión planteada por España y Portugal, países que han pedido aumentar las interconexiones para avanzar en el mercado único energético y acabar con la «isla energética» que es la Península Ibérica.

Para elaborar la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Gobierno ha creado un grupo de expertos a propuesta del propio Ejecutivo, los grupos políticos, la patronal y los dos sindicatos mayoritarios. Navia explicó que no se trata de proporcionar al Gobierno una estrategia energética, sino que aporte iniciativas y que cada una de ellas vaya asociada con un análisis de sus costes y beneficios. Respecto a esta ley, Navia destacó la interlocución que el Gobierno mantiene con los grupos de la oposición en el Congreso, con quienes hay un diálogo «muy positivo».

El secretario de Estado destacó la importancia del consenso social y su sostenibilidad financiera para la predictibilidad de la ley y su duración en el tiempo ya que consideró que tendrá que hacerse una ley que genere empleo y no suponga una reducción de la industria o que haya mayores costes que ingresos”. «Si no es sostenible financieramente, la realidad se impondrá y se cambiará», al tiempo que recordó la inserción de la ley en la legislación europea. «España tiene que acompasarse e influir en la política europea, para lo que es fundamental que como país demos una imagen coherente», señaló Navia, por lo que destacó la existencia de un proceso abierto de participación y consulta pública de la ley.

Según Navia, el objetivo de la ley es vertebrar los esfuerzos por cumplir los objetivos de cambio climático a la vez que se tiene en cuenta la eficiencia y «se crea prosperidad económica». Así, Navia subrayó la importancia de que la transición energética sea un proceso gradual y señaló la conveniencia de diversificar políticas para evitar errores que «nos lleven a situaciones de no retorno».

Destacó la duplicidad de sistemas energéticos para cubrir la demanda todos los días, independientemente de la climatología, «salvo que se desarrolle la tecnología de almacenamiento». Para ello, la solución es pagar por la capacidad, por un sistema de respaldo a las renovables que dé seguridad en el suministro y garantía de precio. «Quién sea capaz de garantizar la capacidad a un precio competitivo es el que debe participar«, aseguró Navia.

En cuanto a la energía nuclear, el secretario de Estado afirmó que la postura del Gobierno «es clara» al señalar que «la energía nuclear tiene que jugar un papel en el mix energético ya que renunciar a ella tendría consecuencias en los costes de la electricidad y en las emisiones». Navia ha vuelto a mostrar la postura favorable del Gobierno a prorrogar en 10 años la vida útil de las centrales, como están haciendo otros países de Europa, y ha manifestado que renunciar a ella implica costes económicos y medioambientales. «También tiene una idea de gradualidad y reversión de las políticas. Llevamos 40 años invirtiendo en energía nuclear y no tendría sentido amortizarla inmediatamente» apuntó.

A pesar de reconocer que no ha sido la forma «más óptima», también ha defendido las dos recientes subastas de renovables, que en conjunto han sumado 8.000 megavatios (MW), pues considera que estas nuevas adjudicaciones de retribución a las renovables sólo se han podido hacer «cuando ha habido margen financiero». «Han sido un gran éxito y son razonablemente defendibles», sostuvo Navia, que destacó que al haber esperado más que otros países «ahora estamos aprovechando las ventajas tecnológicas desarrolladas los últimos años».  Respecto al vehículo eléctrico, avanzó que antes de fin de año habrá iniciativas para desarrollar infraestructuras de recarga, pues incentiva más la compra de estos coches que las subvenciones y tiene un coste menor.

Asimismo, cree que la ley debe profundizar y buscar un «tono más social» de la eficiencia en aquellos hogares con menores recursos. «Tiene mucho sentido que estas casas tengan más acceso a recursos para mejorar la eficiencia». Por último, en cuanto a la cuestión del autoconsumo, aseguró que el Gobierno «está totalmente abierto a nuevas propuestas» y quiere eliminar trabas administrativas, aunque no es partidario de subvencionar el autoconsumo a pequeña escala porque es más eficiente hacerlo a otras renovables.

El Gobierno autonómico de Cataluña lanza un programa para promover el autoconsumo de electricidad con baterías de iones de litio

/0 Comentarios/en , , /por

Redacción / Europa Press.- La Generalitat, a través del Instituto Catalán de Energía (Icaen), ha lanzado un programa de impulso de políticas públicas para promover el mercado del autoconsumo de electricidad con baterías de iones de litio. En este sentido, la directora del Icaen, Assumpta Farran, ha explicado que en septiembre ya se podrán solicitar estas ayudas, dotadas de 360.000 euros, que cubrirán hasta el 70% del precio de las baterías con un máximo de 5.000 euros por instalación.

«Calculamos que podremos ayudar a la adquisición de unas 75 baterías este año», ha asegurado Farran, y ha añadido que con estas ayudas se hace una apuesta firme en Cataluña por las energías renovables con la que se espera incrementar el número de instalaciones fotovoltaicas. La directora del Icaen ha recordado que están trabajando por el Pacto por la Transición Energética, que pretende que la energía que se consuma en Cataluña en 2050 sea 100% renovable, y ha criticado al Gobierno central por no aprovechar los recursos energéticos con los que cuenta la Península Ibérica.

Baterías para guardar la energía

También ha mostrado la importancia de avanzar en cómo guardar energía que se produce de manera renovable y que no se aprovecha, y ha aseverado que «quien controle el almacenaje, controlará la energía». Para contribuir a este nuevo modelo energético que propone Cataluña, la española Innover y la alemana Solarwatt se han unido para ofrecer una propuesta de autoconsumo y de almacenaje y han creado un modelo de batería de iones de litio. El director de Solarwatt España y el director general de Innover han insistido en la necesidad de promover instalaciones eléctricas que aprovechen mejor la energía y sirvan para combatir el cambio climático.