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Gesternova apuesta por el mercado de soluciones sostenibles energéticas lanzando Contigo Energía

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Europa Press.- Gesternova ha lanzado Contigo Energía, la nueva línea de actividad de la comercializadora de electricidad de origen 100% renovable que ofrecerá todo tipo de soluciones sostenibles en el ámbito de la energía. En la presentación de la nueva compañía, el presidente de Gesternova, José María González Vélez, afirmó que esta iniciativa supone «una ambiciosa apuesta» en la que se ha puesto «toda la experiencia, así como el deseo permanente de ser útiles a sus clientes y, por supuesto, la inequívoca vocación de trabajar por un modelo energético sostenible».

Por su parte, el presidente de Contigo Energía, Jorge González Cortés, que compaginará este puesto con la dirección Comercial y Marketing de Gesternova, destacó que con este paso dado por la compañía «se continua con la evolución natural de lo que significa» el grupo. Esta nueva línea de negocio de Gesternova se focalizará en la apuesta por el autoconsumo, la climatización sostenible y la movilidad eléctrica, actividades que se completarán con un catálogo de otras soluciones sostenibles en el ámbito de la energía con el fin de un retorno económico.

En concreto, la oferta de Contigo Energía se dirige a hogares, comunidades de vecinos, industrias, empresas de servicios, pymes en general y explotaciones agrarias, y para ello parte con la base de los 20.000 clientes de Gesternova. «Nuestras señas de identidad serán inversiones con retorno económico, máxima calidad de los productos, el acompañar a nuestros clientes en todo el proceso y siempre comprometidos con la sostenibilidad», indicó el director general de Contigo Energía, Javier Avendaño.

A este respecto, la nueva compañía renuncia expresamente a la utilización del gas y de cualquier otro combustible fósil como solución. Así, en el área de climatización apuesta por la sustitución de las calderas por la bomba de calor. «Todo el mundo quiere ser el complemento ideal de las renovables. Nosotros queremos mantener una línea de coherencia con lo que hacemos y no apostamos por el gas», afirmó González Cortés.

El presidente de Contigo Energía no se aventuró a dar previsiones de crecimiento. «No vamos a tener un plan de negocio hasta 2018, son actividades relativamente nuevas y no hemos querido ser tan arriesgados», añadió González Cortés, quien subrayó que con llevar a cabo 20 o 25 instalaciones de autoconsumo y 10 o 15 proyectos de recarga el próximo año ya «se daría por satisfecho».

La propuesta de renovables que presenta el grupo socialista en el Parlamento Europeo plantea un 36% para España en 2030

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Javier Angulo.- El eurodiputado socialista José Blanco aprovechó su intervención en el III Congreso Eólico organizado por la Asociación Empresarial Eólica (AEE) para exponer la propuesta que ha elaborado como ponente en el Parlamento Europeo de la directiva de renovables que se debatirá en los próximos meses y que aborda los objetivos climáticos del horizonte 2030. En este sentido, abogó por actuar “con mayor ambición” y actualizar la propuesta de la Comisión Europea a las metas establecidas por el Acuerdo de París.

Esta actualización eleva del 27% al 35% el objetivo de procedencia de fuentes renovables del conjunto de consumo energético de la Unión Europea para el año 2030, estableciendo asimismo objetivos “vinculantes” para los países, extremo que no está previsto de momento, y fijando un objetivo concreto para España de un 36% de renovables. Para Blanco, esta directiva debe suponer un llamamiento a la acción “para los que se dedican a aplaudir París” pero no toman medidas para materializar los acuerdos. El eurodiputado socialista apuntó al bloque del Este y al Gobierno de España como los principales obstáculos para que la Comisión Europea acepte su propuesta, reconociendo sin reparos la ambición del comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete.

“La descarbonización es una obligación”

Por todo ello Blanco considera que la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París anunciada por su presidente, Donald Trump, supone para la Unión Europea «una oportunidad» para liderar «de verdad» la lucha contra el cambio climático y la transición energética. «Hay algo que tenemos que asumir todos: la descarbonización de nuestra economía no es una opción, es una obligación, y la descarbonización pasa por fomentar el uso de renovables», sentenció el eurodiputado socialista.

Respecto a las modificaciones regulatorias desarrolladas por varios países, entre ellos la reforma del sector energético en España de 2013 y 2014, el exministro de Fomento ha cuestionado las medidas retroactivas que han acarreado problemas de financiación para los promotores de las plantas renovables, para los que demanda establecer algún tipo de “compensación adecuada” en la próxima directiva de renovables.

Blanco defendió el fomento del autoconsumo como un derecho de los ciudadanos, simplificar trabas administrativas, evitar peajes como el impuesto al sol en España y ser «mucho más ambiciosos» en sectores «fundamentales» para conseguir la descarbonización, como el transporte y la calefacción y refrigeración. En ese sentido, el eurodiputado del grupo socialista precisó que «es el momento de pasar de las palabras a los hechos», ya que el tiempo que se pierda ahora «no lo vamos a recuperar». Blanco recordó que España era, con el Gobierno socialista del que formó parte, un país «puntero» en energía limpia, y apuntó que las «interconexiones» que plantea el Gobierno del PP para hacer una mayor apuesta por renovables «no pueden ser una excusa».

Arbitrajes: ni uno ni todos

Respecto a los arbitrajes internacionales, Luis Pérez de Ayala, socio del despacho Cuatrecasas, resaltó los precedentes no significan nada después del laudo favorable a la empresa británica Eiser y en contra del Reino de España en la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), órgano donde el Estado aún debe afrontar una treintena de demandas pendientes. “Quien diga ganado uno, ganados todos, se equivoca; y al revés también», afirmó Pérez de Ayala, que subrayó que cada caso es distinto y el de Eiser afectaba a plantas termosolares. En este sentido, descartó que las indemnizaciones de los laudos adversos lleguen a los 4.000 millones de euros, aunque también rechazó el concepto de caso aislado que traslada el Gobierno.

Este abogado también rechazó que los laudos adversos puedan ser utilizados por los inversores nacionales para iniciar una nueva judicialización del proceso, si bien no descartó que puedan llegar a alegar discriminación en caso de cascada de sentencias indemnizatorias. En este sentido, recalcó que el laudo de Eiser viene a considerar que España “puede cambiar su sistema de apoyo a las renovables y ajustar la remuneración” pero lo que ha supuesto la reforma Soria es “ir más allá y cambiar el sistema entero, con una reforma retroactiva que tuvo en cuenta los ingresos ya obtenidos”.

El coche eléctrico pide infraestructuras

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la patronal del automóvil ANFAC, Mario Armero, destacó que el sector “va a cambiar en próximos 5 años más que en los últimos 50” con tendencias como el coche compartido y la electrificación del transporte. En este sentido, Armero demandó a las autoridades realizar una apuesta más decidida por el vehículo alternativo ya que España carece de infraestructuras de recarga. “Hay 1.800 puntos de recarga y son en su mayor parte de carga lenta”, señaló Armero, que demandó introducir cambios regulatorias para favorecer la expansión del vehículo eléctrico.

El consumo de electricidad acapara un 18% de los costes de los autónomos

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Europa Press.- El consumo de electricidad acapara el 18% de los costes de un trabajador autónomo y se ha convertido ya en el factor más importante en la competitividad de una pequeña empresa, según el secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad Sabarís, que señala que, sin distinción en la región en la que trabajan, la electricidad es «un artículo de lujo» para la mayoría de los autónomos.

En este sentido, pone como ejemplo un pequeño establecimiento de 100 metros cuadrados del sector de la hostelería con una contratación de unos 13 kilovatios (kW) de potencia. Según UPTA, el negocio tiene que soportar mensualmente en el recibo de la luz unos 580 euros. «Esta situación, lejos de mejorar y dependiendo del tipo de contrato, puede encarecerse sensiblemente mes tras mes, por lo que los pequeños negocios fluctúan en su rentabilidad sin que nada se pueda hacer», señala. Para Abad Sabarís, es necesario que la legislación se flexibilice para todos los negocios que adopten medidas de autoconsumo energético, más aun en ámbitos poblacionales rurales, donde la capacidad de generar negocio es mucho más limitada.

El activista Robert F. Kennedy Jr.: «Velar por la economía y el medioambiente simultáneamente es posible en todas las situaciones»

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Europa Press.- El abogado y activista medioambiental Robert F. Kennedy Jr. ha defendido que «velar por la economía y el medioambiente a la vez es posible en todas las situaciones» y ha advertido de que las próximas generaciones tendrán que pagar las consecuencias de la destrucción medioambiental.

Así lo ha puesto de manifiesto el estadounidense, en el marco de la conferencia Retos de nuestro tiempo: crecimiento verde, innovación y globalización, organizada por la Fundación INCYDE de las Cámaras de Comercio. Según insistió Robert F. Kennedy durante su exposición, el actual es un punto de inflexión de la historia humana, en el que se debe «decidir entre las formas tradicionales de obtener energía y las actuales formas renovables».

«Si queremos crear una comunidad viable para nuestros hijos, tenemos que proteger el aire, la fauna y la flora, unos activos que no pueden dejarse en manos del sector privado. El mensaje que quiero transmitir es que los valores que defendemos, como la democracia, el capitalismo y la sostenibilidad, están relacionados entre sí, forman parte de un todo. La sociedad, las empresas y los políticos deben luchar por estos valores. Se trata de encontrar un equilibrio entre el poder empresarial y político», aseveró Kennedy Jr.

Los Kennedy practican el autoconsumo              

Para el activista medioambiental, la tecnología es una aliada en la lucha contra la contaminación. «Negarse a recurrir a las nuevas tecnologías para mejorar nuestro modo de entender las energías renovables es como si nos hubiésemos negado a permitir la Revolución Industrial», ha subrayado. Asimismo, ha explicado cómo genera energía en su propia casa, más energía de la que consume, gracias a placas fotovoltaicas que ha instalado en su tejado. En este sentido, Kennedy Jr. ha defendido que se cambien las leyes para permitir que cada ciudadano pueda convertir su vivienda en una planta de energía, algo que ahora mismo no es posible porque en Estados Unidos está prohibida la comercialización de energía entre particulares.

Por su parte, el presidente de la Fundación Garrigues y miembro del comité del Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Alcalá, Antonio Garrigues Walker, ha presentado a Robert F. Kennedy asegurando que, junto con Al Gore, «son los que luchan de forma más activa por la defensa del medioambiente«. «Ellos dicen que ese activismo es también una lucha por la democracia, por los derechos del ser humano», ha remachado.

El presidente de la Fundación INCYDE y de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha asegurado que el objetivo de las Cámaras de Comercio es el apoyo al tejido productivo español, especialmente las pymes, en dos ámbitos fundamentales: la internacionalización y la competitividad. «Y siempre con el afán de que ese crecimiento sea estable y sostenible, ya que solo de esa manera seremos capaces de actuar en beneficio de las generaciones futuras. Competitividad y sostenibilidad no son, en absoluto, términos antagónicos», sentenció.

El autoconsumo se vuelve contra Ciudadanos: las organizaciones sociales y renovables culpan al partido de que se mantengan los cargos

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Europa Press.- Organizaciones sociales y del sector renovable han culpado a Ciudadanos de que se «mantenga el impuesto al sol» por no forzar en la Mesa del Congreso el levantamiento del veto del Gobierno a la proposición de Ley de medidas para fomentar el autoconsumo eléctrico. Tanto el PP como Ciudadanos rechazaron levantar el veto impuesto a la proposición de ley de la oposición que pretende regular el autoconsumo energético y derogar el llamado impuesto al sol.

Organizaciones como Anpier, la European Association for Renewable Energy (Eurosolar), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), Facua, OCU, Greenpeace, WWF o Amigos de la Tierra, entre otras, consideran que Ciudadanos «se echó atrás» y decidió no forzar el levantamiento del veto, «empeorando las perspectivas a corto plazo de aprobar una normativa española de autoconsumo en línea con las adoptadas por el resto de países de la Unión Europea«. Para las asociaciones, esta «maniobra» del Gobierno no es más que «la continuidad a su clara política de penalización» de las renovables, el ahorro y la eficiencia energética.

Así, consideran que en un país como España, «con altísima dependencia energética», reducir la factura energética utilizando fuentes renovables y autóctonas debería ser «objetivo prioritario de cualquier gobierno, con independencia de su orientación política, para demostrar su compromiso con la lucha contra el cambio climático«. Por ello, ve necesario sustituir «cuanto antes» la actual normativa por una que promueva, «y no penalice», el autoconsumo, para lo que pedían a Ciudadanos reconsiderar su voto en la reunión de la Mesa del Congreso y así permitir seguir con la tramitación de la proposición de Ley de autoconsumo.

Ciudadanos rechaza levantar el veto

Sin embargo, tanto el PP como Ciudadanos rechazaron en la Mesa del Congreso levantar el veto impuesto por el Gobierno. Acogiéndose a la competencia que le otorga la Constitución para frenar iniciativas parlamentarias que alteran los presupuestos en curso, el Gobierno vetó la tramitación de esta proposición de ley que en su día presentaron todos los grupos de la oposición salvo Ciudadanos, que ya tenía otra similar registrada. Concretamente, el Ejecutivo alegó que la regulación del autoconsumo energético supondría una merma en la recaudación de 162 millones de euros en impuestos y un gasto de 10 millones adicionales para compensar el déficit que provocaría la consecuente reducción de los peajes.

La Mesa del Congreso asumió entonces el veto del Gobierno y, en consecuencia, bloqueó la tramitación de la iniciativa parlamentaria, pero no lo hizo por unanimidad: PP y Ciudadanos lo aceptaron, reconociendo la capacidad de veto que tiene el Gobierno, pero PSOE y Unidos Podemos-En Comú votaron en contra. Los dos grupos parlamentarios de izquierda pidieron entonces la reconsideración de esa decisión de la Mesa del Congreso, lo que implicaría levantar el veto del Gobierno, pero el órgano de gobierno de la Cámara, con los mismos votos, se ha reafirmado.

En medio de este debate, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha citado este miércoles en su despacho a Ciudadanos para tratar de buscar un acuerdo sobre el autoconsumo energético, un punto que estaba en el acuerdo que facilitó la investidura. Según el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, «hay dos formas de conseguir las cosas en política: una es la negociación y otra buscar el conflicto institucional y hacer que los temas se pasen años y años en los tribunales para o no conseguir nada o conseguirlo muchos años después». «Nosotros creemos más en la primera vía, en la del diálogo, y ésa es la que estamos practicando”, concluyó.

Podemos ve «arbitrario» el veto del Gobierno a la propuesta sobre autoconsumo y lo recurrirá en la Mesa del Congreso

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Europa Press.- Unidos Podemos ha tachado de «absolutamente arbitrario» y «abusivo» el veto del Gobierno a la proposición de ley sobre autoconsumo energético con la que la oposición pretendía poner fin al llamado impuesto al sol, por lo que recurrirá a la Mesa del Congreso para que reconsidere su decisión de aceptarlo.

El órgano de gobierno de la Cámara, con los votos del PP y de Ciudadanos, aceptó el veto a la citada propuesta, cuya puesta en marcha, según alega el Gobierno, tendría un impacto de 172 millones de euros para los Presupuestos estatales. El Gobierno puede hacer uso de la capacidad que le atribuye la Constitución para paralizar la tramitación parlamentaria de iniciativas que considera que alteran los presupuestos en curso, sea por disminución de ingresos o por aumento de gasto.

Sin embargo, el portavoz adjunto de En Comú Podem, Josep Vendrell, denunció que este veto del Ejecutivo es «absolutamente arbitrario, abusivo y con una argumentación totalmente falsa» porque la ley no suponía «ninguna alteración del presupuesto vigente». «Tenemos un Gobierno que es enemigo de las renovables, del autoconsumo, y que es amigo de las nucleares y el oligopolio», ha criticado, al tiempo que cargó también contra la actitud de Ciudadanos, porque es «cómplice» del PP.

En la misma línea se ha manifestado la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, quien añadió que «con tal de proteger a las oligarquías eléctricas, el PP, con la ayuda de Ciudadanos, es capaz de negar a los españoles nada más que el derecho al sol«. Dicho esto, Montero anunció que su grupo va a presentar un escrito a la Mesa del Congreso para que reconsidere su decisión de aceptar el veto del Gobierno.

El Gobierno veta la ley de la oposición contra los cargos al autoconsumo porque el Estado perdería 172 millones

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Europa Press.- El Gobierno ha comunicado al Congreso su rechazo a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley sobre autoconsumo energético con la que la oposición pretendía poner fin al llamado impuesto al sol, un veto que se justifica en que su puesta en marcha supondría una merma en la recaudación de 162 millones de euros en impuestos y un gasto de 10 millones adicionales para compensar el déficit que provocaría la consecuente reducción de los peajes.

La proposición de ley, registrada en el pasado mes de enero por el PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PDeCAT, Compromís, UPN, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canaria y Bildu, trataba de fomentar el autoconsumo energético, eliminando todo peaje al consumo de energía autoproducida, posibilitando que varios grupos compartieran instalación y eliminando la obligación de obtener un punto de conexión. Conforme a lo previsto en la Constitución, la iniciativa legislativa se envió al Gobierno para que diera su conformidad a la tramitación parlamentaria y la respuesta acaba de llegar al Congreso con un nuevo escrito de veto, el 24º  que registra en lo que va de legislatura.

El escrito concluye que legalizar el autoconsumo energético conllevaría una menor recaudación tributaria y una disminución de ingresos por peajes que inevitablemente provocaría un incremento de las aportaciones que desde los Presupuestos Generales del Estado se realizan al sistema eléctrico. Tomando cifras del sector, el Gobierno relata que el autoconsumo representa el 2% del volumen total, lo que supone 220 millones que no se negociarían y detalla que, sin ellos, se produciría una merma de 74 millones en la recaudación fiscal entre el impuesto de generación (15 millones), el impuesto especial de electricidad (11 millones) o el IVA (48 millones).

El Gobierno estima que retirar el 2% de la generación del pool energético equivaldría a reducir el precio de la electricidad y recaudar otros 74 millones de euros menos. Del mismo modo, el sistema de peajes se recortaría en 50 millones, lo que a su vez supondría una merma en la recaudación de otros 14 millones y un gasto adicional de otros 10 millones de euros de los Presupuestos para compensar el déficit en el sistema eléctrico. Respecto a las medidas contempladas en la iniciativa sobre autoconsumo, el Gobierno recalca que «la seguridad de la red exige conocer la ubicación de los autogeneradores», por lo que considera «imprescindible» contar con un registro administrativo de instalaciones.

Igualmente, señala que además de los consecuentes costes presupuestarios, los costes advertidos sobre el sistema eléctrico generarían nuevos déficits de tarifa, generando «una situación de inestabilidad». Compensar este déficit de ingresos «implicaría necesariamente», advierte, «una subida de peajes que afectaría a todos los consumidores, principalmente a aquellos que no autogeneran y a los consumidores vulnerables». «Esta situación es injusta y regresiva, ya que favorece a aquellos consumidores con mayor poder adquisitivo que pueden hacer frente al coste de instalación que supone autogenerar su energía«, apostilla a renglón seguido. También sostiene que la eliminación del registro del autoconsumo «tendría impacto en la seguridad del sistema eléctrico».

Por último, el Gobierno concluye aseverando que «el autoconsumo no es una medida ni de ahorro ni de eficiencia energética, por lo que no es correcto equipararlo con ambos conceptos». «Es evidente que el consumo del autoconsumidor es el mismo tanto si la energía proviene de la red, como si la genera él mismo», defiende. Asimismo, considera que el marco vigente es «estable» y «no supone ninguna barrera al autoconsumo, ni desde el punto de vista técnico, administrativo o económico».

Greenpeace: el Gobierno “se equivoca”

Greenpeace denuncia que el Gobierno «se equivoca» cuando deja fuera el autoconsumo energético y lamenta que la política energética del país está hecha «a la medida de las grandes empresas» porque el Ejecutivo insiste en no calcular los beneficios económicos del empleo del autoconsumo para centrarse en inflar sus posibles costes. La ONG advierte de que el Gobierno «pisotea» el derecho ciudadano a participar activamente en la transición energética al tumbar la propuesta de ley de autoconsumo de la práctica totalidad del Congreso de los Diputados menos el partido del Gobierno, PP, y Foro Asturias.

Con ello, critica que el Gobierno está admitiendo que no acepta el derecho a disfrutar de los beneficios de las energías renovables sino que tampoco aceptará «ninguna medida que reduzca el consumo de electricidad ni que baje la factura de la luz para la ciudadanía». A su juicio, esto es una declaración «en contra del ahorro», la eficiencia energética y el derecho ciudadano a participar de manera activa en la transición energética con la producción y autoabastecimiento con energías renovables.

Para la responsable de energías renovables de Greenpeace, Sara Pizzinato, el Gobierno seguirá contando «solo» con las grandes empresas eléctricas para el nuevo modelo energético y «se equivoca». «El cambio climático, la desigualdad extrema y la corrupción apuntan a tres grandes fallos de nuestro sistema político y económico entrelazados entre sí, y no podemos esperar que se solucionen sin la participación y el control ciudadano. El autoconsumo es una herramienta fundamental para ello», ha declarado. Greenpeace asegura que el Gobierno «no ha realizado ningún análisis serio» sobre costes y beneficios del autoconsumo y se dedica a inflar la posible reducción de la recaudación para el Estado y evitar que la propuesta de ley pueda prosperar o, por lo menos, frenarla.

Nadal ve «irresponsables» algunas medidas del pacto para fomentar el autoconsumo porque dejaría de precisarse autorización y de requerirse revisiones

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Servimedia / Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, asevera que algunas de las medidas que recoge el pacto para fomentar el autoconsumo, apoyado por la mayoría de grupos del Congreso de los Diputados, son «irresponsables» y apuntó que le «sorprende» la rebaja de las sanciones, porque «la seguridad es lo primero«. Así lo indicó durante su comparecencia en la Comisión de Energía del Congreso de los Diputados, a la que acudió para explicar el comportamiento de los precios.

Hace Nadal referencia a la proposición de Ley para el Fomento del Autoconsumo, registrada por todos los grupos del Congreso, salvo PP y Foro, y que recoge derogar el conocido como impuesto al sol y que la energía autoconsumida esté exenta de todo tipo de cargos y peajes. La iniciática señala también que las instalaciones de producción no superiores a 100 kilovatios (kW) de potencia asociadas a modalidades de suministro con autoconsumo con excedentes estarán exentas de la obligación de inscripción en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica. Nadal explicó que le «preocupa» que la proposición de ley tenga «sólo una visión» y consideró que el texto está «redactado por un sector o grupo de personas».

«No podemos tener instalaciones potentes sin que nadie sepa dónde están, ni que necesiten de autorización para ponerse en marcha ni revisiones periódicas y que no haya responsabilidad si alguien pone en peligro la seguridad», señaló el ministro. Así, Nadal puso como ejemplo el hecho de que una instalación de 100 kW, una instalación industrial, equivale a 1.000 metros cuadrados de paneles solares y «no necesita comunicar a nadie donde se pone» según la propuesta.

Además, apuntó, «se engancha a la red donde quiere, incluido al lado de una gasolinera, y no se lo comunica a nadie, ni es inspeccionada, y si genera algún tipo de distorsión en el funcionamiento de la red se han bajado las sanciones y sólo paga un 10% de la factura de la luz». Para el ministro, «los que han propugnado esta ley, lo que quieren cobrar y no tener ninguna responsabilidad si pasa algo», en referencia a la patronal fotovoltaica UNEF o la empresa renovable GeoAtlanter, cuyos principales responsables, José Donoso y Jorge Morales de Labra respectivamente, estuvieron en la presentación de la propuesta.

Empresas, ecologistas y consumidores piden un impulso al autoconsumo y una ley de cambio climático

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Europa Press.- Varias organizaciones empresariales, de consumidores y ecologistas han suscrito un documento conjunto en el que piden la modificación de la normativa de autoconsumo para adecuarla a las recomendaciones de la UE y la aprobación de una ley de cambio climático y transición energética, así como un Pacto de Estado de la Energía que garantice la seguridad jurídica.

Entre los firmantes figuran los inversores fotovoltaicos de Anpier, la unión de empresas fotovoltaicas UNEF, los eólicos de Eolicat, Aremur, los ecologistas de Greenpeace, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción y WWF, y las asociaciones empresariales Asgeco, Unccue, Uncuma y Facua.

También lo han suscrito la la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (Avaesen), el Clúster de la energía de Extremadura, la Asociación de Profesionales de Energías Renovables en Catalunya (Aperca), Emigrados sin fronteras y Fundación Desarrollo Sostenible, además de la Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.

Estas organizaciones piden al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, que defina un plan de medidas para llevar a cabo la transición energética y que modifique la actual legislación de autoconsumo para que esté en línea con las legislaciones de otros países y recomendaciones de la Comisión Europea.

También piden la adopción de decisiones concretas para que España pueda cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y alcanzar la descarbonización completa de la economía en 2050.

«Tanto las medidas de ahorro energético como las inversiones en renovables son decisiones a largo plazo que requieren de un marco jurídico estable para que puedan llevarse a cabo a precios competitivos», y «por ello resulta esencial abordar previamente la restitución de la deteriorada confianza en la normativa eléctrica española, quebrantada por la sucesión de medidas retroactivas que padece el sector desde hace años».

Un marco regulatorio estable y la definición de una planificación ordenada son condiciones necesarias para garantizar una creciente introducción de las energías renovables en el mix energético y reducir la dependencia energética de España, aseguran.

Por esta razón, las organizaciones firmantes instan al Gobierno a que impulse un Pacto de Estado de la Energía que sea fruto del diálogo entre todas las fuerzas políticas y la sociedad civil.

Las empresas fotovoltaicas y el Gobierno balear critican que se dupliquen los cargos al autoconsumo en el archipiélago

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EFE.- Mientras el consejero balear de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, aseveró que el Gobierno autonómico no comparte la decisión del Gobierno de incrementar el llamado impuesto al sol en Baleares, por suponer un obstáculo a las renovables, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) criticó la decisión del Gobierno central de duplicar los cargos para los autoconsumidores de Baleares, que ahora pagan de media 40 euros por megavatio hora de energía verde producido y consumido, cuando hasta 2016 eran 19 euros.

El recargo, que según la entidad afectará a entre 300 y 400 instalaciones de autoconsumo del archipiélago, ha sido calificado por esta asociación como «un error injustificable» que genera «incertidumbre entre los inversores» al suponer una nueva modificación normativa del autoconsumo. La orden del Ministerio de Energía, que establece los peajes de energía eléctrica para 2017, indica que los precios de los cargos variables para energía autoconsumida en Canarias, Ceuta y Melilla tendrán valor cero, pero en los sistemas eléctricos Mallorca-Menorca e Ibiza-Formentera oscilan en distintas cuantías en función del consumo. Quedan exentos los consumidores acogidos a la modalidad de autoconsumo con una potencia inferior o igual a 10 kW.

El delegado de UNEF en Baleares, Rafael Puigcercós, reprochó al Gobierno que «castigue» a Baleares cuando se trata de un territorio que, «debido a su situación geográfica y composición del parque de generación eléctrica, tiene un mix energético con un coste de producción muy superior al sistema peninsular«. Cree que esta subida «desanimará a aquellos que tenían previstas inversiones para producir parte de su electricidad con ayuda del sol», lo que impedirá el desarrollo de las renovables, que en Baleares «son una anécdota que apenas alcanza el 3% del total”.

Puigcercós señaló que la singularidad del territorio balear, «escaso y muy protegido», dificulta la implementación de infraestructuras energéticas fotovoltaicas y eólicas, «por lo que el autoconsumo representa el camino más seguro para el desarrollo de tecnologías de producción de electricidad renovable”. El delegado de UNEF insistió en que el cambio normativo que duplica los recargos al autoconsumo va en contra de la estrategia del Gobierno balear, encaminada a eliminar trabas burocráticas, fomentar el autoconsumo y el uso de energías limpias”.

Baleares contra el Gobierno central

Por su parte, el consejero balear Pons considera la decisión del Gobierno como una «penalización» para los autoconsumidores que considera «un error». Por ello ha solicitado una reunión con el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, para abordar esta cuestión si bien ha dicho que el ejecutivo autonómico no descarta plantear un recurso ya que la postura del Ejecutivo central es la opuesta a la mantenida por el Gobierno balear, que «está haciendo esfuerzos importantes para favorecer la implantación de energías renovables».

«Si mientras nosotros hacemos estos esfuerzos, el Gobierno de España los penaliza, estamos entrando en una dinámica que no tendrá resultados reales para los ciudadanos, lo que es un error», ha afirmado Pons, que ha criticado además «cómo ha planteado» el Gobierno esa subida, aprobada a finales de diciembre. «Necesitamos el apoyo del Gobierno de España, no la fuerza contraria», ha reiterado. Ha insistido en que la decisión del Gobierno «ha penalizado a quienes producen energías renovables cuando en todo caso hay que apuntalarlos porque suponen una mejora ambiental que genera puestos de trabajo y genera una dinámica económica positiva».

Antes de la posibilidad de plantear un recurso contra dicha subida del precio de la energía fotovoltaica, Pons ha insistido en que la voluntad del Gobierno balear es reunirse con el ministro Nadal «para contrastar posturas de gobierno a gobierno». Sin embargo el Gobierno balear tampoco desestima la posibilidad de recurrir a los tribunales: «No descartamos ninguna opción porque es importante dar un paso adelante e incrementar la producción de renovables. Estamos a la cola de España», ha recalcado Pons.