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Endesa Generación recurre ante el Tribunal Supremo el canon hidráulico

EFE.- Endesa Generación presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la normativa que desarrolla del canon por el uso de aguas continentales para la generación de energía eléctrica, según figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Este recurso se suma así a los presentados contra esta misma normativa por la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) y Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA). El desarrollo de la normativa fija un canon del 22% de la base imponible, es decir, del valor económico de la energía producida.

El Gobierno plantea elevar el objetivo de biocarburantes hasta el 8,5% en 2020 mientras APPA pide ser «más ambiciosos»

EFE / Europa Press.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo propone elevar el objetivo de incorporación de biocarburantes a gasolinas y gasóleos hasta el 8,5% en el año 2020, según el borrador de real decreto de fomento de biocarburantes. La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) valoró positivamente el objetivo de biocarburantes propuesto pero indicó a Industria que es necesaria una senda «más ambiciosa» de crecimiento para alcanzarlo.

Esta propuesta de normativa desbloquea el parón en la incorporación de biocarburantes introducido en 2013 por el Gobierno, cuando redujo indefinidamente su presencia hasta el 4,1% en el gasóleo y el 3,9% en gasolina para controlar los precios ante la recesión económica. Ahora, Industria «considera conveniente revisar los objetivos» para cumplir las metas marcadas a nivel europeo, que exigen que el 10% de la energía utilizada para el transporte sea renovable en el año 2020.

Buena parte de ese objetivo comprometido con Europa se logrará mediante la progresiva incorporación de biocarburantes a los combustibles de automoción, que en virtud de la propuesta de Industria tendrá que alcanzar el 5% en 2016 y 2017, el 6% en 2018, el 7% en 2019 y el 8,5% en 2020. La normativa también regula que el biocarburante de primera generación, procedente de cultivos para consumo alimentario, no podrá superar el 7% del combustible final.

Esta medida, según cálculos de Industria, encarecerá el litro de gasóleo 0,2 céntimos de euro a partir del próximo año, 0,2 céntimos adicionales en 2018, otros 0,2 céntimos en 2019 y 0,29 céntimos en 2020. Así, en el conjunto del plan, el litro de gasóleo se encarecerá algo menos de un céntimo de euro, 0,89 céntimos, una cantidad a la que hay que sumar a partir de 2016 una subida de entre el 0,3 y el 0,5% por efecto de normativas de sostenibilidad. Industria no prevé impacto en el precio de la gasolina, ya que los biocarburantes se incorporarán fundamentalmente al gasóleo, algo más sencillo.

El presidente de APPA Biocarburantes, Óscar García, aseguró que «esta senda nos parece insuficiente ya que sus valores iniciales se situarían claramente por debajo de la media de la Unión Europea, con el 6% estimado para 2016, al tiempo que no se recuperaría hasta el final de la década el objetivo del 6,5% previo a la rebaja aprobada por el actual Gobierno». Por ello, el sector propone alcanzar un 4,6% de biocarburantes en 2015, un 6% en 2016, un 7% en 2017, un 7,6% en 2018, un 8,2% en 2019 y un 8,7% en 2020.

Esta senda alternativa contribuiría, según APPA, a consolidar las importantes capacidades de fabricación de biocarburantes actualmente disponibles en España: 35 plantas de biodiésel y 4 plantas de bioetanol con una capacidad productiva anual de 3,9 millones de toneladas y 0,4 millones de toneladas, respectivamente. Adicionalmente, APPA Biocarburantes considera fundamental que estos objetivos globales de biocarburantes se complementen con obligaciones específicas y separadas de biocarburantes en gasóleos (biodiésel) y gasolinas (bioetanol), tal como se establece desde 2008. Por ello, rechaza la propuesta del real decreto de eliminar totalmente las obligaciones separadas.

Por último, APPA Biocarburantes considera que el modelo de obligaciones específicas de biodiésel y bioetanol no sólo debería mantenerse, sino incluso tendría que potenciarse mediante el establecimiento de sendas más ambiciosas de crecimiento de dichos objetivos que permitieran, por un lado, un mejor aprovechamiento de las capacidades productivas existentes en España y, por otro lado, la fabricación nacional de biocarburantes más avanzados y la introducción en el mercado de presentaciones con mayores proporciones de biocarburantes.

Industria defiende que ha enviado al Supremo toda la documentación solicitada sobre el nuevo modelo retributivo a las renovables

Redacción / Agencias.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo asegura que ha enviado al Tribunal Supremo toda la información requerida sobre el nuevo sistema de primas a renovables. En concreto, Industria señala que el pasado mes de marzo remitió «toda la documentación requerida por el Tribunal Supremo en el proceso abierto por la modificación de la retribución a las energías renovables», que consta de 1.700 documentos, 150.000 folios y 20 GB de información.

De esta manera, Industria responde a la petición formulada recientemente por la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) en la que solicitaba al Supremo que investigara si los retrasos en la aportación de documentación podrían ser constitutivos de un delito de desobediencia. La asociación renovable señaló entonces que Industria aún no había aportado la totalidad de la documentación que le había sido requerida en marzo. Este conflicto se enmarca en la demanda presentada por APPA contra la normativa aprobada el pasado año, que supuso el cambio en la retribución de las energías renovables, que pasaba de primas a la producción a una rentabilidad razonable a lo largo de la vida útil de la planta.

Con posterioridad, el Tribunal Supremo requirió nueva información que el Ministerio de Industria le facilitó el día 12 de junio de 2015. Toda la información, señala Industria, «es el resultado de más de un año de trabajo de veinte profesionales del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) con amplia experiencia, especialistas en cada una de las tecnologías y con un amplio expertise técnico adquirido del propio desarrollo y explotación de instalaciones renovables».

Industria también explica que, para la elaboración del diseño del nuevo régimen retributivo de las energías renovables, encomendó al IDAE llevar a cabo los análisis técnicos de detalle sobre los costes de producción de las distintas tecnologías renovables, basándose en su propia experiencia acumulada y su «conocimiento profundo» del sector, así como en fuentes públicas, información de asociaciones, operadores, fabricantes, fuentes oficiales y análisis de expertos independientes. De manera específica, continúa Industria, el IDAE llevó a cabo un estudio en profundidad de los distintos costes de inversión y de operación y mantenimiento de todas las tecnologías de generación renovable, conforme a estándares y analizando distintas hipótesis y escenarios para una empresa eficiente y bien gestionada.

«Como resultado del estudio que ha durado más de 12 meses», indica, «se han obtenido más 1.400 estándares de instalaciones tipo para recoger la amplia casuística del sector renovable, formado por más de 65.000 instalaciones». Industria sostiene además que los estándares de renovables se han elaborado «exclusivamente» por los servicios del Ministerio en colaboración con el IDAE, que «contrató a dos consultoras externas para contrastar los datos, como es habitual para este tipo de trabajos«, y para «comprobar la metodología y disponer del posible apoyo judicial en caso de que se produjeran conflictos». «Por consiguiente, no se ha encargado a ninguna empresa externa la elaboración de los mismos«, añade Industria

En el proceso de diseño de los estándares de inversión sobre los que se aplicaría esta rentabilidad, el Gobierno anunció la contratación de dos consultoras independientes, aunque finalmente rescindió el contrato de una de ellas y la otra presentó el informe después de aprobarse la normativa. Esta cuestión supone, para el sector, una prueba de que el Gobierno diseñó la retribución sin criterios objetivos, mientras que el Ejecutivo defiende que el organismo encargado de elaborar los estándares era el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio de Industria.

APPA pide al Supremo actuar contra Industria por «desobediencia» al no aportar la documentación requerida sobre la retribución renovable

Europa Press / EFE.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) presentó un recurso ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo para que traslade a la Fiscalía General del Estado, por si fuera constitutiva de delito, la conducta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de «incumplir reiteradamente» los plazos de entrega para completar el expediente sobre la retribución a las renovables.

En su recurso, APPA argumenta que pudiera haber indicios suficientes para considerar que Industria haya podido incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad. Por ello, pide al Supremo que traslade a la Fiscalía General del Estado esta conducta para que ésta inicie las diligencias pertinentes encaminadas a esclarecer los hechos y, si lo considera oportuno, a asegurar la sanción penal de la posible conducta delictiva en la que hubiera podido incurrir el Ministerio.

Este recurso se enmarca en la demanda presentada por APPA contra la normativa aprobada el pasado año, que supuso el cambio en la retribución de las energías renovables. Como parte de ese proceso, la asociación requirió al Ministerio información sobre la documentación utilizada para sustentar ese cambio retributivo, lo que ya ha necesitó la intervención del Supremo, que en marzo exigió a Industria que aportara toda la documentación para completar el expediente administrativo en el plazo de diez días. APPA considera que esta documentación es «esencial para un efectiva defensa legal» de los recursos presentados.

APPA se suma a los recursos de las eléctricas contra el canon que grava la producción hidráulica

Europa Press / EFE.- La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) se ha sumado a los recursos presentados por Unesa y las compañías eléctricas en contra del real decreto que desarrolla el canon hidráulico, que grava la producción de energía eléctrica con agua, lanzado por el Gobierno en 2012 para contener el déficit de tarifa eléctrica.

En concreto, la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso de esta asociación de renovables, como ya hizo recientemente con otra denuncia de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), según se aprecia en el BOE. Además de estos recursos, en los que participan a través de la patronal Unesa compañías como Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Viesgo o EDP, el Alto Tribunal cursará otra denuncia presentada por Energía de Galicia (Engasa) contra la misma norma, recogida en el real decreto 198/2015, de marzo.

El canon hidráulico consiste en un gravamen del 22% a la producción en instalaciones hidroeléctricas. El decreto denunciado desarrolla el artículo 112 bis del texto refundido de la Ley de Aguas y regula el nuevo canon, aplicado por la «utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica». La aplicación de este canon, aprobado en 2012 a través de la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, no se desarrolló finalmente hasta este año. Permite aliviar en unos 300 millones de euros el déficit de tarifa entre 2013 y 2015. Su aplicación tiene efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2013.

Este gravamen forma parte de los impuestos a la actividad eléctrica aprobados en 2012 para reducir el déficit de tarifa en 2.700 millones. Aparte del canon hidráulico, estos impuestos incluyeron una tasa del 7% a la producción de electricidad, un gravamen para la nuclear y céntimos verdes para el gas, el carbón y el fuel. El impuesto hidráulico se aplica con el argumento de que «la calidad de las aguas continentales hace necesaria su protección para salvaguardar uno de los recursos naturales imprescindibles para cualquier actividad humana y necesarios para el desarrollo de la sociedad».

En todo caso, el 2% de lo recaudado será considerado ingreso del organismo de cuenca, al tiempo que el 98% restante se ingresará en el Tesoro y será destinado a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a «actuaciones de protección y mejora del dominio público hidráulico». De los PGE, este 98% pasará al sistema eléctrico, ya que la Ley 15/2012, la misma que impone los nuevos impuestos, establece que las cuentas públicas destinarán a la tarifa eléctrica una cantidad similar a la recaudada a través de los gravámenes.