EFE.- El Consejo de Gobierno de Aragón ha aprobado hoy el «decreto de la eólica», que proporciona un marco jurídico estable para todos los operadores del sector, resuelve una situación que había paralizado su desarrollo en Aragón e incentiva inversiones por valor de más de 2.000 millones de euros.
La consejera de Economía y Empleo, Marta Gastón, ha comparecido hoy en rueda de prensa en Zaragoza tras el Consejo de Gobierno, junto al portavoz del ejecutivo, Vicente Guillén, para explicar este «relevante» decreto que será publicado hoy mismo en el portal de transparencia del Gobierno, mañana en el BOA y que entrará vigor este jueves.
Gastón ha insistido en que con este decreto, que recoge el nuevo marco regulatorio estatal de 2013, se da respuesta a la situación de inseguridad e incertidumbre jurídica instaurada como consecuencia de las 34 sentencias dictadas en relación con el anterior decreto de 2010.
En concreto surgieron 47 recursos judiciales, de los que se han dictado 34 sentencias, y el Gobierno de Aragón tiene que cumplirlas, ha insistido, al tiempo que ha añadido que se ha trabajado, además, con la prioridad de aportar seguridad jurídica, algo que reclamaba el sector dado que son cantidades «importantes de inversión».
La consejera ha señalado que este decreto es también una «oportunidad» en el campo económico, para potenciales inversiones y para uno de los recursos de la comunidad dado que, en enero, tendrá lugar una nueva subasta, ha añadido.
Ha apuntado que, según datos del sector, las inversiones en esta materia suponen un millón de euros por megavatio instalado y también puestos de trabajo.
Así, ha indicado que el decreto de 2010 convocó una potencia total de 1.206,5 megavatios y en la actualidad, desde 2011 cuando se resolvió la norma, solo hay una instalación en marcha con 13,96 megavatios, que supone un aprovechamiento del 1,16 por ciento del total de la potencia convocada, prácticamente nada, ha dicho.
En la actualidad se prevé que la potencia subastada para Aragón ascienda a 2.076,41 megavatios, ha indicado, lo que puede implicar 2.000 millones de euros y varios puestos de trabajo.
Con esta norma se crea un marco jurídico estable tanto para los beneficiados directamente por los pronunciamientos de los tribunales como para aquellos otros que pudieran verse perjudicados en sus derechos o, por supuesto, cualesquiera otros que deseen impulsar nuevos parques eólicos.
La nueva norma, aplicando estrictamente los criterios objetivos resultantes de las sentencias, identifica los proyectos que podrán solicitar de inmediato su tramitación administrativa viendo así protegida su concreta ubicación en el territorio frente a otros proyectos durante un plazo máximo de diez años.
Permite además a los titulares de las instalaciones a las que se referían las resoluciones administrativas anuladas por los tribunales, si así lo desean, impulsar sus proyectos, siempre que sean compatibles con los primeros, durante un plazo de dos años.
La promoción de todas estas nuevas instalaciones, además, se hará en el nuevo contexto regulatorio establecido por el Estado que, mediante el Decreto-ley, se implanta con las debidas garantías de seguridad jurídica en Aragón.
Respetando los derechos de los proyectos beneficiados o afectados por las sentencias judiciales, podrán impulsarse también otros proyectos eólicos de generación, según han informado fuentes del gobierno aragonés.
No habrá más límites en Aragón, tal cual establece la normativa básica del Estado, que el propio territorio, el viento y los determinados por la capacidad de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica para absorber y evacuar la eléctrica generada desde fuentes eólicas.
La consejera ha concluido que con este decreto se responde a las sentencias judiciales dictadas en respuesta al anterior, se da seguridad jurídica y se abren nuevas oportunidades de desarrollo en Aragón, por lo que ha asegurado que se trata de una norma «de futuro».
