Recientemente podíamos leer en Cinco Días, un artículo de Andrés Seco, actual director de Operación de Red Eléctrica de España, aunque estaba firmado con una calificación académica genérica en calidad de Ingeniero de ICAI. Evidentemente, la pretensión del autor de desligar el contenido de su artículo de su actual responsabilidad en el operador de transporte y sistema español (TSO) resulta más o menos pueril, como también lo sería separarse del propio PP, del Gobierno o de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES). Se trataría de una manera forzada de expresar una opinión a “título particular”, sino fuera por la actualidad informativa del tema al que se refería.
Inciso número uno: el Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI) y el Instituto Católico de Administración y Dirección de Empresa (ICADE), son dos una instituciones centenarias en el ámbito educativo universitario de la Ingeniería y de la empresa, directamente vinculadas a la Compañía de Jesús y hoy integradas dentro de la Universidad Pontificia de Comillas. En la actualidad, probablemente en la Universidad Pontificia de Comillas, es donde existe uno de los verdaderos think tank españoles en el sector energético.
Su nivel de influencia es bastante transversal, aunque la tosquedad con la que se han instrumentado las últimas medidas normativas han pasado de toda lógica regulatoria y nadie pueda atribuirse un posible ejercicio de influencia. En este sentido, sus encuentros semanales gozan de todo predicamento y, como grupo de pensamiento, éste se caracteriza por la profundidad de sus debates en el ámbito regulatorio y económico.
Inciso número dos, el artículo se publica con posterioridad al nombramiento de Juan Lasala como consejero delegado de Red Eléctrica de España y tras la aprobación por parte del Ejecutivo de la Planificación Energética en el que se incorpora una previsión de inversión en transporte de más de 4.000 millones de euros a favor del TSO español. Completando el contexto, el ministro de Industria apareció informando de la previsión de superávit tarifario en 100 millones de euros en 2014 y se prevén 900 millones de euros para este año, superávit que, según Soria, se aplicaría a la reducción de la deuda pasada. Es así como lo recoge la Ley y como impone la lógica de responsabilidad frente al endeudamiento pasado.
Por su parte, Andrés Seco, hasta ahora director de Operación de REE, proponía en su artículo, de indisimulada vis política, vigoroso, incluso de vocación tuitera en tiempos de Podemos, la aplicación de este superávit a efectos de reducir la pobreza energética, a efectos de “regalar” la energía a los consumidores vulnerables. Hacía un cálculo de trazo grueso calculando esta equivalencia.
Pocos matices en la propuesta como, por ejemplo, una compensación hasta un límite de renta disponible que se establece para un consumidor vulnerable según las propias definiciones internacionales y europeas. Evidentemente, no era una propuesta que podría haber devenido de una discusión del expertise y el debate usual en el think tank de Comillas. Y, tampoco evidentemente, se corresponde con las propias declaraciones inmediatamente pretéritas del ministro José Manuel Soria.
La propuesta merece la atención no tanto por su virtualidad sino por lo que supone de contribución más o menos generosa al Gobierno en su menesterosidad de ideas amables para acercarse al electorado en tiempos de reinvención catódica en comunicación. Si no es así, es que el propio Ejecutivo tiene el enemigo en casa y algo así no puede pasar inadvertido. O que, definitivamente, este artículo pudiera ser un signo de que a Andrés Seco no le ha sentado nada bien el nombramiento de Lasala.
