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Izquierda Unida pide la comparecencia del presidente del CSIC para explicar los «riesgos» del proyecto de Gas Natural en Doñana

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Europa Press.- Mientras Podemos pide desde Andalucía la dimisión del presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Emilio Lora-Tamayo, y que el organismo aclare su postura «oficial» sobre el proyecto de Gas Natural Fenosa en Doñana, la diputada andaluza de Izquierda Unida, Eva García Sempere, ha registrado la petición de comparecencia urgente del presidente de la agencia estatal para que explique los posibles «riesgos», tanto sísmicos como de contaminación, del proyecto.

García Sempere solicita que el responsable del máximo organismo público científico y de investigación del país explique en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso todos los datos de que disponga en relación a ese «proyecto de gaseoducto de Doñana, sobre el riesgo sísmico que puede suponer la ejecución total o parcial del proyecto y sobre el riesgo de contaminación o afecciones graves al acuífero de Doñana«, la mayor reserva de la biodiversidad en Europa.

La parlamentaria de Izquierda Unida por Málaga, encuadrada en Unidos Podemos, considera «muy importante que el presidente del CSIC se explique y que se le pueda preguntar en sede parlamentaria, mucho más ante las sucesivas polémicas que ha protagonizado al frente del organismo científico en relación a este delicado asunto«. Así, ha recordado que «ante las reiteradas exigencias de asociaciones, grupos ecologistas, sindicatos como CCOO y formaciones políticas para que el CSIC tomara cartas en el asunto y se implicara en la protección de este patrimonio natural», la respuesta «ha oscilado entre la completa falta de iniciativa o el entorpecimiento al trabajo que realizan otros representantes de la comunidad científica».

García Sempere hace referencia a un informe, sin autoría definida, emitido por investigadores del CSIC a petición del Defensor del Pueblo andaluz y que es «contundente», según la diputada de Izquierda Unida, en contra del proyecto de Gas Natural al señalar, entre otras cuestiones, que «debido a que los 4 proyectos actúan sobre el mismo acuífero y el mismo sistema de placas y fallas, se considera que el riesgo sísmico que representa este proyecto es suficiente para, aplicando el principio de precaución, detener su aprobación y ejecución hasta que el proyecto conjunto, incluyendo los 4 subproyectos en que se subdividió, sea valorado adecuadamente por un equipo científico independiente y multidisciplinar».

Para García Sempere, «quizás algunos partidos vean normal que el máximo responsable de un organismo científico público escriba cartas para dar explicaciones a la multinacional Gas Natural, implicada en multimillonarios y peligrosos proyectos; nosotras no lo hacemos«. Así, la diputada espera «oír las explicaciones que dé el presidente del CSIC para comprobar de primera mano si su labor está más cerca de una imprescindible independencia científica o de los argumentos de quien depende su nombramiento, en este caso, del ministro de Economía, Luis de Guindos».

Podemos Andalucía pide su dimisión

Por su parte, el grupo parlamentario de Podemos Andalucía, a través de su diputada autonómica Mercedes Barranco, reclamó la «dimisión» de Emilio Lora-Tamayo por el «grave escándalo del que está siendo protagonista» en relación al polémico informe remitido al Defensor del Pueblo Andaluz sobre el proyecto que promueve Gas Natural Fenosa en Doñana, al tiempo que ha solicitado al propio CSIC que aclare su posición «oficial» al respecto de dicho proyecto, que la formación morada rechaza. Así lo ha pedido la diputada Mercedes Barranco en el Parlamento andaluz, que ha criticado la actuación del presidente del CSIC respecto al referido informe que contiene unas «conclusiones contundentes sobre los grandes riesgos sísmicos» que acarrea el proyecto.

Barranco ha relatado que el referido informe está realizado «en base a otro informe que hizo el investigador Miguel de las Doblas», científico cuya relevancia ha destacado porque «fue el que alertó de los peligros de la plataforma Castor», proyecto que está siendo objeto de una investigación «por presunta prevaricación contra el medio ambiente«, de forma que tanto «el Estado como la empresa están siendo investigados y que nos está costando a todos los españoles 1.350 millones en concepto de indemnización por la paralización del proyecto». Además, también ha indicado que entre los investigados figuran miembros del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), porque dicho proyecto contaba con un «informe favorable» de dicho organismo.

Barranco ha incidido en que el informe del CSIC en relación a Doñana «advierte de que, aunque el proyecto se haya troceado en 4 subproyectos, los cuatro afectan a un único acuífero, el acuífero Almonte-Marismas, y a una misma zona sísmica, placa o falla», de forma que «alerta de que si el proyecto se pone en marcha sería sumamente peligroso por los riesgos sísmicos» y «pide que se paralice el proyecto en virtud del principio de precaución que establece la Unión Europea, y que se haga una investigación por un equipo multidisciplinar e independiente de los riesgos sísmicos del proyecto«.

La diputada de Podemos ha criticado que «lo más inaudito» tras conocerse dicho informe son las «declaraciones inadmisibles» que a su juicio ha realizado el presidente del CSIC, poniéndose «de lado de las grandes empresas del Íbex 35; en este caso de Gas Natural Fenosa«, además de que «deslegitima la opinión de uno de los científicos más prestigiosos en temas sísmicos, y echa piedras sobre su propia institución poniendo en cuestión el buen trabajo de los científicos del CSIC». Tras insistir en que «es sumamente grave que el presidente del CSIC se dirija a Gas Natural para rendirle pleitesía», Mercedes Barranco ha reclamado «su dimisión» y ha recordado que el presidente del CSIC «es nombrado por el Consejo de Ministros».

Asimismo, ha anunciado que Podemos va a solicitar la comparecencia en el Parlamento de Andalucía del delegado institucional del CSIC en Andalucía, Miguel Ferrer, y del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, José Fiscal, «para que aclare esta situación y explique las medidas legales que la Junta va a llevar a cabo para paralizar el proyecto de gas». En ese sentido, Barranco está convencida de que «ya ha llegado el momento» de pasar a la acción para paralizar el citado proyecto de Gas Natural. Asimismo, la parlamentaria de Podemos ha considerado también «fundamental» que el CSIC aclare la «propia posición oficial del organismo sobre Doñana».

Barranco ha criticado que «esta maraña pueda servir al final para lavar la cara del PSOE respecto al proyecto de almacenamiento y extracción de gas», cuando éste, según apostilló, «no sería posible sin la Autorización Ambiental Unificada (AAU) que emitió el Gobierno andaluz aun sabiendo que incumplía directivas europeas, que había sido troceado y que no cumplía la legislación básica».

No obstante, la diputada de Podemos agradece la «rectificación» que, a su juicio, está protagonizando el PSOE «en los últimos tiempos», y le ha dado la «bienvenida a la defensa de Doñana», de la que Podemos Andalucía nunca se ha salido desde su llegada al Parlamento autonómico, según reivindicó Barranco. En esa línea, garantizó que Podemos mantendrá una actitud de «oposición leal» y «apoyará» al Gobierno de Susana Díaz «si está realmente interesado en paralizar el proyecto», para lo cual le ha exigido que «vaya de una vez a los tribunales, actúe de una vez por todas y se deje de la política de anuncios«.

El Defensor del Pueblo pide información sobre el posible riesgo sísmico del proyecto de almacén de gas natural en Doñana

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Europa Press.- El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, exige información sobre el proyecto de explotación y almacenamiento subterráneo de gas natural por si puede suponer una amenaza medioambiental para el Espacio Natural de Doñana. Es la primera acción que se conoce después de asumir el cargo de forma interina tras el cese por fin de mandato de Soledad Becerril.

Según indicó la institución, ha recibido varios informes que advierten del riesgo sísmico de este proyecto y, por ello, ha pedido al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que valore si dicho riesgo sísmico ha sido debidamente considerado en las declaraciones de impacto ambiental realizadas. El proyecto de explotación y almacenamiento de gas se divide en cuatro subproyectos (Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcázar) que han sido objeto de evaluación ambiental independiente y no conjunta lo que, a juicio del Defensor, podría alterar el resultado de la evaluación.

Según los informes recibidos, las declaraciones de impacto ambiental no evalúan en profundidad los riesgos sísmicos de la inyección de gas y su impacto sobre el acuífero. Por ello, considera necesario conocer el criterio del Instituto Geológico y Minero de España con carácter previo a la formulación de resoluciones sobre esta cuestión. La Institución añade que mantiene una estrecha colaboración con el Defensor del Pueblo Andaluz, que también sigue una actuación sobre diversos impactos en el Espacio Natural de Doñana.

Andalucía insiste en la «veracidad» del informe del CSIC que advierte de la vulnerabilidad de Doñana ante el almacén gasista

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Europa Press.- El Gobierno andaluz ha insistido en defender la «veracidad» del informe de geólogos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que pone de relieve la situación de máxima vulnerabilidad de Doñana y su entorno como resultado de las obras del almacén de gas natural que construye la multinacional Gas Natural Fenosa. Además, ha reprochado al PP que está lanzando mensajes sobre su supuesta «falsedad» con el objetivo de defender los intereses de la citada empresa.

El portavoz Juan Carlos Blanco ha querido dejar claro que la Junta no tiene intención alguna de dar una autorización medioambiental a ningún pozo que se pueda situar dentro del Parque nacional, por mucho que el PP esté lanzando «mensajes sobre la supuesta falsedad» de unos informes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Asimismo, ha señalado que si el PP quiere defender “los intereses de Gas Natural y tratar de defenderlos es su responsabilidad».

Ha recordado que un informe del CSIC habla de «riesgo sísmico» de los pozos, ya incorporado a un informe del Defensor del Pueblo Andaluz, que ha sido remitido al Gobierno andaluz. Blanco ha indicado que llama la atención que el PP cuestione la «veracidad de ese informe, que es oficial y que ha sido elaborado por geólogos del CSIC y que, sin embargo, parezca muchos menos interesado en hablar del contenido del mismo y de esa posibilidad de riesgos sísmicos».

El peso de la producción de electricidad renovable en España supera en 6 puntos a la media europea

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Redacción / Agencias.- Las energías renovables aportaron el año pasado el 38,9% de la electricidad generada en España, casi 6 puntos porcentuales por encima de la media de los países que forman parte de la red europea de gestores de redes de transporte (Entso-e), que se sitúa en el 33%.

En el sistema eléctrico peninsular, que supone casi el 95% de la generación nacional, la cuota de las renovables se acercó al 41%, según el informe Las energías renovables en el sistema eléctrico español, elaborado por Red Eléctrica de España (REE), el primero específico sobre este tema que publica el operador. En España, el peso de las renovables en la generación eléctrica está por encima de la media europea y del registrado en países de nuestro entorno como Francia (17,9%), Alemania (29,7%) o Italia (38,6%). No obstante, hay países europeos que generan un porcentaje mayor de electricidad a partir de tecnologías renovables, como Islandia (100%), Noruega (97,8%) o Suecia (57,3%).

Del 38,9% de la producción eléctrica aportada por las renovables, el 18,4% correspondió a la energía eólica; el 13,8%, a la hidráulica; el 3,1%, a la solar fotovoltaica, y el 2%, a la termosolar. En cuanto al resto de las tecnologías, las centrales nucleares aportaron el 21,7% de la producción; las plantas de carbón, el 14,5%; y los ciclos combinados (centrales de gas), el 11,3%.

Al cierre del 2016, las energías renovables suponían el 45,5% de la potencia instalada en España (47.921 megavatios). El mayor porcentaje corresponde a parques eólicos (21,9%), seguido por las centrales hidráulicas (16,2%) y las instalaciones solares (un 4,4% la fotovoltaica y un 2,2% la térmica). El resto de la capacidad instalada se reparte entre ciclos combinados (25,3%), centrales de carbón (9,5%), nucleares (7,2%), e instalaciones de cogeneración (6,3%). Según REE, en la medida en que las renovables han ido sustituyendo el uso de combustibles fósiles, las emisiones derivadas de la generación eléctrica han disminuido. En 2016, las emisiones se situaron en 63,5 millones de toneladas de CO2, un 18,3% menos que en 2015 y un 43,1% por debajo de 2007.

Liderazgo de Castilla y León

El informe también califica a Castilla y León de «líder indiscutible» en renovables. La mayor parte de la potencia instalada del país se encuentra en esta comunidad autónoma y en Galicia, Andalucía y Castilla-La Mancha. En conjunto, estas regiones concentran el 62% del total nacional. Solo Castilla y León concentra el 22% de la capacidad instalada en España en el 2016. Castilla y León es la comunidad con más potencia eólica (casi el 25%) e hidráulica (cerca del 26%) instalada. Castilla-La Mancha es por su parte la región con más solar fotovoltaica (casi el 20%), y Andalucía lidera la térmica solar (con más del 43%).

La compañía presidida por José Folgado explica que las renovables empezaron a hacerse hueco en el sistema de generación eléctrica hace algo más de una década y actualmente constituyen una de las principales fuentes del parque generador en España. La evolución de la potencia renovable instalada en España a lo largo de los últimos diez años muestra que las tecnologías eólica y solar han sido las impulsoras del incremento producido en dicho período, casi el 70% de crecimiento respecto al año 2007. En concreto, la participación en el conjunto de la generación eléctrica ha pasado del 20,3% en el 2007 a casi el 39% en el 2016, según el informe.

Desde 2007, la tecnología que más ha contribuido al aumento renovable ha sido la eólica, la principal fuente renovable desde que en el 2009 superó a la hidráulica. En todo caso, destaca también el incremento de la energía solar, desde el primer megavatio instalado en el año 2000 a los actuales 6.973 MW. Las renovables, asegura REE, se encuentran en línea con Europa, donde también se observa una «evolución positiva».

La Junta de Andalucía cree que Gas Natural Fenosa podría dejar en suspenso la construcción del gasoducto de Doñana

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EFE.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, reconoció que no tiene constancia oficial pero parece que Gas Natural Fenosa ha dejado en suspenso el proyecto para construir un gasoducto en las inmediaciones del Espacio Natural de Doñana.

Según el consejero, la empresa se lo ha anunciado a un medio de comunicación, pero ha insistido en que su departamento no tiene confirmación oficial, si bien ha dicho que, según los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente, no hay actividad en la zona. La oposición «frontal» de la Junta a la construcción del gasoducto en Doñana ha influido, según Fiscal, en que Gas Natural Fenosa paralice su proyecto, y sentenció: «Mientras estemos aquí ese proyecto no va atravesar ni un metro de Doñana».

La petrolera británica BP llega a las 648 estaciones de servicio en España mediante su estrategia de expansión

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EFE.- La compañía BP, en su estrategia de crecimiento en España, ha alcanzado ya las 648 estaciones de servicio, tras la puesta en marcha de 4 nuevas en la provincia de Huelva, basando su apuesta en la calidad de sus carburantes, el ahorro y el servicio al cliente.

Una cifra facilitada por el presidente de BP España, Luis Aires, durante el acto de inauguración, que ha tenido lugar en la estación BP de Punta Umbría (Huelva), al que acudieron además los consejeros delegados del Grupo Disagón, empresa a la que pertenecen las 4 nuevas estaciones de servicio. Aires destacó que BP está presente en España desde 1954 y que desde entonces genera cerca de 900 empleos, que es una de las principales empresas energéticas del país y ocupa el tercer puesto en el mercado petrolífero español, con una cuota del mercado del 8%.

Aires subrayó el compromiso de BP con Andalucía, donde cuentan con más de 200 gasolineras y ha destacado su satisfacción por iniciar su colaboración con el Grupo Disagón, empresa familiar onubense que distribuye combustible principalmente en Andalucía Occidental y Extremadura. Ha apuntado que las nuevas instalaciones que BP está abriendo en España ofrecen, entre otros, los nuevos carburantes BP con Tecnología ACTIVE, que «eliminan la suciedad del motor, ayudan a recorrer hasta 56 kilómetros más por depósito y reducen un 4 por ciento las emisiones de CO2 a la atmósfera».

Vuelve a la actividad la planta de ciclo combinado de Cepsa en San Roque después de tres años sin producir

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EFE.– La planta de ciclo combinado Puente Mayorga Generación de Cepsa, en San Roque (Cádiz), se encuentra de nuevo disponible para el suministro de electricidad a la red eléctrica española. Tras más de tres años fuera de actividad, en abril de 2017 se finalizó la reconstrucción de la línea de alta tensión y comenzaron los trabajos de puesta a punto de la planta, según la compañía.

La central de ciclo combinado Puente Mayorga Generación de Cepsa se encuentra en el interior de las instalaciones de la Refinería Gibraltar-San Roque y está totalmente integrada en el complejo industrial que posee Cepsa en esta localidad. Cuenta con un grupo de potencia de 400 megavatios. Las operaciones que se llevaron a cabo para su puesta a punto han consistido en una revisión completa de las turbinas de gas y vapor, del generador, así como de todos los sistemas auxiliares.

Para esta operativa, en la que la compañía ha invertido cerca de 500.000 euros, Cepsa ha contado con el apoyo de la empresa Siemens y para las labores de mantenimiento se ha trabajado con varias empresas auxiliares de la comarca. El responsable del negocio de Gas y Electricidad de Cepsa, Pablo Ronse, ha destacado el «gran trabajo realizado por diversas áreas de la compañía» para recuperar la plena operatividad de la planta, que contribuye al abastecimiento energético en una zona deficitaria en producción de electricidad.

Una plataforma pide a la Fiscalía de Medio Ambiente paralizar las obras de Gas Natural Fenosa en Doñana

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Europa Press.- La plataforma Doñana Lives presentó una denuncia en la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla para que investigue «exhaustivamente» las causas del incendio originado en el término municipal de Moguer (Huelva) y que alcanzó el Espacio Natural de Doñana, y «si ha habido negligencia o atentado», así como que «se actúe con el mayor rigor posible contra los responsables, sean quienes sean».

Según reza la denuncia, solicitan que se paralicen cautelarmente las obras de la empresa Gas Natural en el entorno de Doñana, «al menos hasta que por técnicos independientes y desconocidos de la empresa promotora se pueda probar la imposibilidad de consecuencias en caso de algún otro accidente futuro». De igual modo, insisten en que «si no se probara, se prohíba absolutamente la referida obra y cualquier otra que pueda poner en peligro la supervivencia del parque y la afección de cualquiera de los acuíferos citados».

No obstante, aseguran que, aunque «nadie puede acusar a Gas Natural de responsabilidad alguna» en este suceso, «deja clara una circunstancia que ya hemos denunciado anteriormente: la instalación de un gigantesco almacén de gas en la marisma puede convertirse en un gravísimo desastre, ante una desgracia fortuita como esta, más aún ante la posibilidad, nunca remota, de un ataque terrorista».

A su juicio, «la acción beneficiosa de los Parques Nacional y Natural de Doñana está fuera de dudas», indicando además que «queda claro que la posible pérdida de este pulmón mundial sería una catástrofe irreversible para el mundo y, en especial para Andalucía, la zona más cercana y, por tanto, la más beneficiada actualmente y la que corre mayor peligro«. Por último, entienden que es función de esta Fiscalía de Medio Ambiente investigar lo ocurrido.

El sector renovable pide a la Junta de Andalucía que mueva ficha para que la subasta repercuta en proyectos locales

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EFE.- El Clúster Andaluz de Energías Renovables y Eficiencia Energética (CLANER) solicitó a la Junta medidas para que las empresas adjudicatarias en la reciente subasta estatal para la instalación de potencia de energía renovable puedan poner en marcha en breve los proyectos eólicos previstos en Andalucía.

Desde que se conoció la intención del Ministerio de Energía de convocar una subasta, el clúster pidió a la administración andaluza que adopte medidas para agilizar la tramitación de las nuevas instalaciones, de manera que en los próximos meses pueda iniciarse la implantación de las instalaciones proyectadas. La agrupación, que cuenta con cerca de un centenar de entidades adheridas, ha lamentado asimismo que las condiciones establecidas en el procedimiento de subasta hayan supuesto una exclusión para el resto de tecnologías renovables, especialmente la fotovoltaica, que «ha visto cómo ha quedado fuera del sistema de subasta».

CLANER espera que para próximas subastas el Ministerio favorezca el reparto de megavatios entre las distintas tecnologías renovables en las que España no sólo dispone de recursos suficientes sino que se encuentran «plenamente maduras, con el suficiente grado de eficiencia tecnológica». En este sentido, el clúster sostiene que Andalucía, por sus condiciones naturales, especialmente en el caso de la energía fotovoltaica y la biomasa, ha de ser referente. El Clúster Andaluz de Energías renovables se constituyó en febrero de 2012 y actualmente representa a más del 90% del sector andaluz.

El cambio de tarifas eléctricas por el acuerdo PP-PNV beneficiará a 1.250 empresas, ahorrando 50 millones a la industria vasca

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EFE / Europa Press.- Unas 1.250 empresas de 6 comunidades autónomas se beneficiarán del cambio de tarifas eléctricas acordado por el PNV y el PP en la negociación para sacar adelante los Presupuestos del Estado. Estos datos fueron divulgados por la Plataforma kV25/30, formada por empresas consumidoras de energía eléctrica de alta tensión de toda España, que lleva tiempo reclamando cambios en la regulación de las tarifas de acceso a la electricidad que pagan en función de la tensión en la que se ubican.

Esta plataforma calcula que el sobrecoste tarifario que históricamente han pagado esas 1.250 empresas en toda España se eleva a unos 100 millones de euros de más al año. En este sentido, el acuerdo beneficiará, según los cálculos de esta plataforma, a 790 empresas vascas, a 357 andaluzas, a 42 navarras, a 33 firmas castellanoleonesas, a 17 cántabras y a 11 asturianas. Con el pacto alcanzado para aprobar los Presupuesto, el Gobierno central se compromete a eliminar la tarifa eléctrica de alta tensión denominada 6.1b y a englobar las tensiones de 30 a 36 kilovoltios en la tarifa 6.2 en 2018. El PNV considera que este pacto supondrá un ahorro para las empresas vascas afectadas de 50 millones de euros.

Discriminación para los 25 kilovoltios

Gracias al acuerdo, las empresas que estén conectadas a la red en tensiones de 30.000 a 36.000 voltios abonarán una tarifa más barata. La plataforma kV25/30, en la que están la patronal alavesa SEA, la Federación Española de Asociaciones de Fundidores (FEAF), Desarrollo Protección Ambiental, Metro Bilbao y Transportes Metropolitanos de Barcelona junto a otro centenar de empresas asociadas, ha mostrado su «satisfacción» por este acuerdo ya que recoge una de las cuestiones que viene reclamando «desde hace meses ante distintas instituciones y partidos políticos».

No obstante, la plataforma advierte de que «el problema sigue sin resolverse en su totalidad, puesto que todavía persiste la discriminación para las empresas enmarcadas en la tarifa de 25 kV que superan las 4.500 y que están pagando 250 millones de euros anuales por estar mal encuadradas«. Según sus cálculos, en Cataluña hay 3.277 empresas que no se beneficiarán del acuerdo porque la tarifa aplicada es la de 25 kilovoltios. Lo mismo ocurre con 365 empresas de Extremadura, 290 de Aragón, 6 de Murcia y 3 de Castilla-La Mancha.