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Redexis invirtió 138,4 millones de euros en 2018 y prevé elevar esta cifra hasta 174,5 millones en 2019

Europa Press.- Redexis invirtió en 2018 un total de 138,4 millones de euros, un 7% más que en el 2017, en infraestructuras gasistas en España, según apuntó la compañía. La empresa dedicada al transporte y distribución de gas natural señaló que, de esta manera, mantiene su plan de expansión, con más de 1.300 millones de euros invertidos desde 2010.

Además, Redexis prevé invertir 174,5 millones de euros durante este año para continuar con sus planes de expansión de redes de distribución y transporte de gas, así como para nuevos proyectos de hidrógeno, gas renovable o gas vehicular. En concreto, la compañía destinará de este importe un total de 148,3 millones de euros a infraestructuras gasistas y unos 26,2 millones de euros a nuevos proyectos de hidrógeno o gas renovable o gas vehicular. Redexis indicó que apuesta por el desarrollo de energías renovables como el hidrógeno y el gas renovable, «sin duda un vector energético clave en un contexto de cero emisiones y la evolución natural hacia una economía descarbonizada«.

El grupo cerró 2018 con 680.512 puntos de suministro en toda España, con un crecimiento del 5%. La compañía sumó así 45.369 nuevos clientes que se conectaron a las redes gasistas, un 14% más que en 2017. Durante 2018, la actividad desarrollada por Redexis supuso un volumen total de 34.065 gigavatios hora (GWh), un 5,5% más que en el año anterior. En cuanto al sector industrial, la demanda industrial y comercial en sus redes aumentó un 18% respecto a 2017, llegando hasta los 8.296 GWh.

Por otra parte, la compañía desarrolló 508 nuevos kilómetros de redes, alcanzando un total de 10.498 kilómetros de infraestructuras propias en toda España, un 5,1% más, con las que facilita el acceso al gas canalizado a 500 municipios españoles. Redexis tiene licencia para operar en 607 municipios en 11 comunidades autónomas. En su actividad de distribución, la compañía impulsó el desarrollo de sus infraestructuras y expandió sus redes de gas natural en 20 nuevos municipios.

Además, comenzó a suministrar gas licuado del petróleo (GLP) en la localidad de Aguaviva (Teruel), al que hay que sumar 13 municipios adicionales donde Redexis comenzó a operar puntos de GLP adquiridos a Cepsa en 2017 en Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. Asimismo, durante el 2018 cerró un acuerdo con Nedgia para la adquisición de 2.875 puntos de GLP en las provincias de Girona, Alicante, Valencia, León, Salamanca y Teruel, comenzando su actividad en la provincia de Valencia. Además, en este año también cerró un acuerdo con Cepsa por el cual adquirió 539 puntos adicionales en Daroca (Aragón) y en Cistierna (Castilla y León).

Los hogares españoles pagaron 970 euros de media en 2018 por sus facturas de luz y gas, un 6,3% más

Europa Press.– Los hogares españoles pagaron una media de 970 euros durante el año pasado en concepto de gastos de luz y de gas, lo que se traduce en una subida del 6,3% en comparación con las cifras contabilizadas el año previo, según el Estudio Fintonic Consumo de Energía en España 2018.

El informe muestra diferencias «muy significativas» del gasto de los hogares en función de la comunidad autónoma en la que se encuentren. Así, este gap se eleva hasta el 68% entre la región con la factura media más cara, que fue Castilla-La Mancha, con 1.068 euros, un 5,1% más, y la que registró la más barata, Canarias, con 638 euros, un 3,4% más. Por detrás de Castilla-La Mancha como las regiones con los mayores gastos medios por hogar durante el año pasado se situaron Baleares, con 1.045 euros, un 10,5% más, así como Cantabria, con 1.042 euros, un 10,1% más; Madrid, con 1.041 euros, un 7,1% más, y Aragón, con 1.039 euros, un 8,7% más.

En el lado opuesto, como las comunidades autónomas con la factura energética más baja en 2018, por detrás de Canarias, se encuentran Galicia, con 784 euros, un 2,1% más; Andalucía, con 879 euros, un 5,9% más; Comunidad Valenciana, con 917 euros, un 3,6% más, y Asturias, con 944 euros, un 11,1% más. A pesar de estos datos, la fundadora y consejera delegada de Fintonic, Lupina Iturriaga, ve posible conseguir ahorros en la factura mediante la renegociación de las condiciones o con la contratación de otros proveedores. «De hecho, desde Fintonic nuestros usuarios ahorran una media de 200 euros al año en su factura de la luz sin cambiar de compañía, tan revisando su factura», añadió.

SEO/BirdLife pide al Defensor del Pueblo que actúe ante la mortalidad de la avifauna por los tendidos eléctricos

Europa Press.- SEO/BirdLife ha reclamado al Defensor del Pueblo que impulse la actuación de las administraciones públicas ante la mortalidad sobre la fauna que provocan los tendidos eléctricos, por electrocución y por colisión. Por ello le recuerda que 10 años después de las obligaciones de las comunidades autónomas para implantar medidas de protección para frenar la mortalidad de las aves, 8 de las 17 autonomías no las han cumplido.

El Libro Rojo de las Aves de España señala que morir electrocutada es una de las principales amenazas para 24 especies de aves, algunas de ellas declaradas en peligro de extinción, como el águila imperial ibérica, el águila-azor, la perdicera o el milano real. Por ello, SEO/BirdLife apela a la Institución para que intermedie en la limitación del impacto de tendidos eléctricos e impulse que las administraciones públicas y los propietarios de tendidos cumplan el Real Decreto 1432/2008, que obliga a declarar zonas de protección y a publicar un listado de tendidos muy peligrosos en esas zonas para que se puedan poner en marcha medidas de corrección por parte de los titulares de los tendidos.

En la actualidad, a la ONG le consta la publicación de los listados en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana, pero las restantes aún tienen pendiente la publicación de este listado. Además, destaca que el Principado de Asturias es la única comunidad que sigue sin definir las zonas de protección a las que obliga la norma.

El responsable del programa Legal de SEO/BirdLife, David de la Bodega, ha recordado que las administraciones públicas tienen varias medidas que les permiten reclamar a los titulares de líneas eléctricas su colaboración para corregir aquellos tendidos eléctricos que estén causando una mortalidad continuada de avifauna en España. «Se detecta una tímida actividad administrativa frente a la responsabilidad de los propietarios de los tendidos», ha comentado.

Según los datos del Ministerio de Transición Ecológica, los tendidos eléctricos provocan la muerte de, al menos, 33.000 rapaces al año, una cifra que podría ser mucho mayor, pues el Ministerio ha analizado los datos de 11 de las 17 comunidades autónomas. Asimismo, el coste económico que esto supone, de acuerdo con el Modelo de Oferta de Responsabilidad Ambiental, asciende a 141 millones de euros.

En este contexto, el responsable del Programa de Especies Amenazadas de SEO/BirdLife, Nicolás López, destacó que en los últimos 15 años se calcula que han muerto electrocutadas al menos 200 águilas perdiceras y más de 120 águilas imperiales. Así, considera que la situación es «insostenible» porque pone «en jaque todos los esfuerzos por recuperar y estabilizar la población de algunas especies amenazadas como las citadas».

En la misiva explican al Defensor del Pueblo que la ONG estima que cada mes se producen 8,2 colisiones por kilómetro en tendidos eléctricos en España, lo que es lo mismo que ocho aves muertas por kilómetro de tendido al mes. «Es decir, que en un tendido de longitud media de unos 59 kilómetros podrían morir potencialmente más de 5.800 aves al año, si la línea no cuenta con medidas adecuadas frente a la colisión», ha apuntado De la Bodega.

En Castilla-La Mancha o en Valencia se han abierto expedientes administrativos por infracción de la normativa autonómica y se han impuesto multas de más de 100.000 euros (más la indemnización por el valor de las aves muertas), en el caso de la primera, o de responsabilidad ambiental, en el caso de la segunda, obligando a la corrección de tendidos peligrosos.

La Junta de Andalucía validó la línea eléctrica que causó presuntamente el incendio en el parque del Cabo de Gata

Europa Press.- La Junta de Andalucía validó la línea eléctrica que abastece la pedanía de El Pozo de los Frailes, en Níjar (Almería), un año antes de que ocasionase presuntamente el incendio forestal que calcinó 85,5 hectáreas del parque natural de Cabo de Gata y concluyó que, tras la verificación realizada por la compañía Endesa, no tenía «defectos graves o muy graves».

Por su parte, el Ayuntamiento de Níjar no realizó «ningún requerimiento» a Endesa desde 2014 hasta 2017 en los que se refirieran a problemas en el mantenimiento y la conservación de la citada línea eléctrica. Así se desprende de los dos informe aportados a la causa penal que se sigue en el Juzgado de Instrucción 1 de Almería en respuesta a sendos oficios de la su titular, Belén López. En el procedimiento, están investigados la compañía eléctrica y una subcontrata por presunta negligencia como personas jurídicas y dos personas físicas.

El informe de la Delegación Territorial de Innovación, Ciencia y Empresa, que responde al interés de la jueza por conocer una valoración de líneas eléctricas de Endesa en El Pozo de Los Frailes, indica que la instalación fue «objeto de regularización administrativa» mediante resolución del delegado en 2016. Recoge asimismo, que, para ello, la línea estándar de media tensión 20kw y los centros de distribución que la conforman fueron objeto de verificación en un informe que firma uno de los investigados con fecha 1 de junio y que concluyó «sin defectos graves o muy graves».

La jueza instructora también interesó al Ayuntamiento de Níjar en el marco de la investigación, declarada compleja, que le comunicase el «número de requerimientos e incidencias realizadas a Endesa» sobre «problemas de mantenimiento y conservación» de la línea. En su respuesta, el consistorio asegura que no se ha encontrado ninguno. El procedimiento penal fue archivado provisionalmente si bien se acordó reabrirlo en noviembre tras las diligencias remitidas al juzgado por el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en las que se concluía que las causas del incendio desatado en el paraje Los Herederos estaban en una supuesta «negligencia» en la «conservación, mantenimiento, deberes de supervisión, vigilancia y control» de la línea eléctrica de alta tensión.

El informe técnico-pericial del Infoca remarcó que la causa es una «negligencia» por falta de mantenimiento de la línea y por «no cumplir las medidas preventivas de lucha contra incendios forestales», en este último caso por el segundo foco de llamas. Concretó, así, en el aislador de un apoyo partido y en un cable caído al suelo como origen del fuego que tuvo dos focos y detalla los vestigios recogidos.

«En la revisión periódica de la línea no se ha detectado el estado de deterioro de los aisladores de vidrio pese a tratarse de una zona calificada como de alta contaminación salina, además de estar situada en parque natural con las consecuencias que una avería de este tipo puede tener, ni se ha intervenido preventivamente a efectos de evitar roturas que deriven en accidentes«, reprochó.

El Infoca precisó que el primero de los incendios tuvo origen «por contacto entre las líneas eléctricas, provocando chispa que prende la vegetación», a lo que contribuyó «el fuerte temporal de viento», mientras que en el segundo, que se produjo tras reparar el tramo que provoca el anterior incendio, hubo «rotura del cable eléctrico que cae sobre la vegetación y origina el incendio». «Más negligente aún porque se produce justo en el tramo que se había dejado de reparar», añadió.

Las gasolineras automáticas recurrirán la norma que prepara Castilla-La Mancha para obligarles a tener personal mientras Andalucía retira su decreto

EFE / Europa Press.- La Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae) ha anunciado su intención de recurrir la norma que pretende aprobar el Gobierno de Castilla-La Mancha para obligar a todas las estaciones de servicio a contar con un baño y, por tanto, con personas en las gasolineras.

En este sentido, Aesae recuerda que la Junta de Castilla-La Mancha derogó el artículo 2 del Decreto 33/2005, de 5 de abril, de suministro al por menor de carburantes y combustibles de automoción en el que se obligaba a las estaciones de servicio automáticas a contar con personal para poder operar.

«Sin embargo, unos meses después, la Junta ha puesto en marcha un procedimiento que pretende aprobar una norma que obliga indirectamente a tener personal en este tipo de estaciones dedicado a tener los servicios higiénicos limpios y seguros», añade Aesae.

A este respecto, el presidente de la Aesae, Manuel Jiménez, señala que «el tiempo medio de los repostajes en una estación automática es inferior a 10 minutos», mientras que en las oficinas bancarias, por ejemplo, «el tiempo medio es sensiblemente mayor y a éstas no se les exige aseos para los clientes».

Según la Aesae, «la justificación aducida por el Gobierno regional es la de la seguridad vial de los conductores y, a cambio de esta pretendida mejora de la seguridad vial, la Junta no tiene ningún problema en que los conductores castellano-manchegos paguen más de 330 euros al año a las compañías con estaciones de servicio tradicionales, en definitiva, al oligopolio«.

De esta manera, subraya Jiménez, «las grandes empresas no tendrán competencia y continuarán disfrutando de unos márgenes que están entre los más altos de la Unión Europea».

Por último, Aesae destaca que Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas «con el precio más alto en carburantes de España», por lo que, si esta medida se aprueba, «liderará, con toda seguridad, la clasificación de comunidades autónomas con los precios más altos».

Andalucía retira un decreto similar

Por otro lado, la Junta de Andalucía ha retirado el decreto que pretendía aprobar en los próximos meses y que obligaba a las gasolineras automáticas a contar con al menos un trabajador para poder operar durante el tiempo que ésta permaneciera abierta. Este decreto ha sido finalmente retirado ante la carencia invalidante puesta de manifiesto por la Aesae.

Aesae, ante la «falta de transparencia y la negativa» a dar acceso al expediente, presentó un recurso ante los tribunales. Finalmente, por la falta de transparencia, la Junta ha decidido, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, órgano competente para este litigio, dar marcha atrás en su objetivo de aprobar la norma que obligaba a las gasolineras automáticas a tener personal.

No obstante, y «ante una clara vocación de defender a las estaciones tradicionales» por parte de la Junta de Andalucía, el 25 de diciembre de 2017 se aprobó una modificación de la Ley de las Personas con Discapacidad por la que se obliga a las estaciones desatendidas a tener personal.

Estas actuaciones llegan en un momento en el que la Comisión Europea está obligando a las comunidades autónomas, que tienen normativas contrarias a la implantación de este tipo de estaciones, a dar marcha atrás, pues según la Comisión Europea son contrarias al libre mercado y a la libre competencia, según ha recordado la asociación.

Esta falta de competencia provoca que cada familia andaluza tenga que pagar «más de 300 euros al año», según la OCU, respecto al resto de las regiones. «La apertura de una estación de servicio automática no solo beneficia a los que la eligen, sino a todos, porque cuando una gasolinera de este tipo abre el precio de los carburantes disminuye en la zona de influencia en una media de 10 a 15 céntimos por litro», ha explicado Manuel Jiménez Perona.

Según la asociación, actualmente las barreras que existen para las personas con discapacidad «están presentes en muchas estaciones de servicio». Los problemas que presentan son barreras arquitectónicas, surtidores a altura excesiva, etcétera. «Estos obstáculos son insalvables a pesar de que haya una persona en la gasolinera. El problema es de diseño y de no pensar en estas personas», explica Jiménez Perona.

La Junta de Andalucía pedirá explicaciones al CSN por la filtración de agua en el almacén nuclear de El Cabril

EFE.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha anunciado que piensa pedir información al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) por la filtración de agua de lluvia en la celda número 29 del cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba), un acontecimiento que ocurrió en diciembre de 2017. Un incidente sobre el que Fiscal ha mostrado su «preocupación» y su confianza en que «se actúe de manera diligente».

En este sentido, recordó que El Cabril «es una competencia exclusivamente estatal en todos los ámbitos», de manera que «no hay ningún ámbito alrededor de esta instalación que dependa de otra administración que no sea la del Estado». Asimismo, ha especificado que es la Dirección General de Industria, Energía y Minas quien representa a la Junta de Andalucia en el CSN, si bien eso no ha impedido que su departamento haya impulsado la petición de explicaciones. «Independientemente de que tengamos o no la competencia, estamos en Andalucía y todo lo que ocurre nos preocupa e importa«, asevera el consejero de Medio Ambiente de la Junta.

La Agencia Andaluza de Energía otorgará 25 millones de euros a 38 proyectos para actuaciones de ahorro y eficiencia energética

EFE. – La Agencia Andaluza de Energía otorgará 25 millones de euros a 38 proyectos para actuaciones de ahorro y eficiencia energética en los colegios, edificios públicos y alumbrado, así como iniciativas de renovables, en las provincias de Cádiz, Córdoba, Jaén y Sevilla.

Más específicamente, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio ha informado de que se trata de ayudas para 29 colegios, cuatro edificios públicos, dos proyectos de tratamiento de biomasa, dos de alumbrado público y otro para abandonar la dependencia al carbón en el transporte, que supondrán un ahorro económico a las entidades públicas.

El Consejo Rector de la Agencia ha contribuido con 18,3 millones de euros y el 10% restante ha sido aportado por los diferentes ayuntamientos, para el aislamiento térmico, la renovación de ventanas y el cambio de equipos de climatización, entre otras medidas, de 29 centros escolares pertenecientes a los ayuntamientos de Villamartín (Cádiz), Córdoba, Casariche (Sevilla) y Sevilla capital.

Las previsiones de estas medidas supondrán una reducción de la demanda de energía de entre el 20% y el 36%, que será un ahorro para las entidades locales cercano a los dos millones de euros, a lo largo de la vida útil de las nuevas instalaciones.

Según la agencia se realizarán actuaciones de aislamiento, cambio de huecos acristalados, sustitución de luminarias y de los equipos de climatización, entre otras, en cuatro edificios públicos: el Instituto Rosario (Cádiz) y el antiguo Cine Andalucía de Alcalá de los Gazules, y el museo Santa Clara y el Teatro Coliseo, ambos en Palma del Río (Córdoba).

Así, el Consejo Rector de la Agencia Andaluza de Energía ha concebido 2,8 millones de euros a estos municipios, que invertirán, a su vez, 3,6 millones de euros para ejecutar las intervenciones.

Los ayuntamientos de Herrera (Sevilla) y Vejer (Cádiz) mejorarán su alumbrado público con la renovación de un total de 4.689 puntos de luz por tecnología «led» que les permitirá un ahorro en la factura eléctrica de unos 2,3 millones de euros, que representan entre el 58 y el 62% del recibo. La Agencia les ha asignado a estos municipios el 60% de una inversión, que alcanza los 2,62 millones de euros para la instalación.

 

Energías renovables

Los dos ejes principales de actuación de la Junta de Andalucía para conseguir un modelo energético que no dependa del carbón y que sea sostenible son las energías renovables, entre las que lideran la solar y la biomasa.

Debido a esto, los dos proyectos para el desarrollo de biomasa destinados al los municipios de Jaén Puente del Obispo y Mengíbar, prevén una producción de biocombustible de 13.290 tep/año (toneladas equivalentes de petróleo) y una reducción de 81.476 toneladas de emisiones de CO2. La ayuda concedida ha sido de casi 2 millones de euros que supondrán una inversión de 5,6 millones de euros en la provincia de Jaén.

Córdoba invertirá más de un millón de euros, en la instalación de una gasolinera para autobuses impulsados por gas natural comprimido, de los que 491.000 euros han sido adjudicados por la agencia para abandonar la dependencia del carbón en el sistema de transporte de la ciudad.

 

Iberdrola empieza a trasladar la subestación Andalucía II al parque eólico marino East Anglia One (Reino Unido)

EFE.- La subestación Andalucía II emprendió su travesía marítima desde el Astillero de Puerto Real (Cádiz) al parque eólico marino East Anglia One, que Iberdrola levanta en aguas británicas. El transporte se realizará en una barcaza remolcada por el buque AMT Commander, de 122 metros de eslora, y se espera que llegue a su destino en una semana, aunque dependerá de las condiciones meteorológicas.

La subestación recorrerá los 2.468 kilómetros que separan la Bahía de Cádiz de su emplazamiento en el Reino Unido, y podría quedar instalada en el parque eólico de Iberdrola a finales de agosto o principios de septiembre. Durante los próximos meses se procederá a la instalación del resto de componentes del parque, como las estructuras y los pilotes, antes de la colocación de los aerogeneradores. East Anglia One entrará en operación en 2020 y producirá energía limpia suficiente para abastecer a unos 600.000 hogares británicos.

La subestación Andalucía II es el núcleo central del parque eólico: su función consiste en recoger la electricidad producida por los aerogeneradores y transformar la tensión de 66 kV a 220 kV. Posteriormente, la electricidad se transmite por el cable marino hasta tierra, minimizando las pérdidas de potencia. Andalucía II es la mayor subestación marina en corriente alterna construida en el mundo e incluye innovaciones de diseño planteadas por Iberdrola con las que se ha conseguido una estructura más compacta (3.900 toneladas) con el fin de permitir su instalación por un barco especializado en el sector de la eólica marina.

Iberdrola, pionera en la apuesta por la generación eólica terrestre, ha decidido liderar también el desarrollo de la fuente de energía renovable con mayores perspectivas de crecimiento: la eólica marina, donde ya cuenta con proyectos en operación. En la actualidad, se encuentran en funcionamiento dos parques en el mar de Irlanda y el Báltico, West of Duddon Sands y Wikinger, respectivamente, y tiene en cartera unos 7.200 megavatios (MW) en aguas del mar del Norte, el Báltico, Francia y la costa este de Estados Unidos.

Susana Díaz destaca el potencial que tiene Andalucía en energías renovables

EFE. – La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha destacado el potencial de Andalucía en el sector de las energías renovables y ha opinado que la apuesta por las tecnologías verdes y por la digitalización pueden colocar al tejido productivo andaluz «a la vanguardia».

Así, Díaz ha inaugurado en Sevilla el I Foro de Inversión de iniciativas tecnológicas prioritarias en energías verdes, en el que ha subrayado que Andalucía ha alcanzado ya indicadores superiores a la media española en el ámbito de las energías renovables.

Junto a ser la zona geográfica española «con más horas de sol», la presidenta andaluza ha destacado que Andalucía fue pionera y es líder en producción termosolar, la segunda productora de energía fotovoltáica, con el objetivo de convertirse en la primera, y acumula también «una potencia importante en biomasa». Ha añadido que Andalucía mantiene ya el 19,7% de consumo de energías renovables, frente al 14,5% de media española, lo que la sitúa «en mejores circunstancias» que el resto de España para alcanzar el objetivo del 32% fijado por la UE para el año 2030.

También ha subrayado que Andalucía ha multiplicado el 240% el consumo de energías renovables en sólo diez años o que el 40% del consumo eléctrico de los hogares andaluces proviene de energías verdes.

La presidenta andaluza también ha recordado que el sector de las energías renovables suma 1.400 empresas andaluzas que mantienen más de 40.000 empleos.

Para expandir este sector, Díaz ha insistido en la reclamación de la Junta de Andalucía al Gobierno central para que construya la línea eléctrica de 400 kilovoltios Caparacena-Baza-La Ribina, que no sólo paliará «el desierto energético» que padecen estas comarcas de las provincias orientales andaluzas sino que también favorecerá exportar la energía que generan sus numerosos parques de aerogeneradores y plantas termosolares.

«La revolución digital lo va a cambiar todo en unos pocos años y Andalucía tiene la ventana de la oportunidad que en otros momentos circunstancias políticas e históricas nos lo impidieron; Andalucía está en condiciones, no sólo de la convergencia, sino del salto definitivo a la modernidad y eso no se entiende sin la apuesta por lo digital, por lo verde y por ahorrar en el consumo energético», ha concluido.

Por otro lado, la directora general de Política de I+D+i en Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Clara Eugenia García, ha opinado por su parte que ya existe suficiente conocimiento sobre las energías verdes y ha subrayado que lo que le corresponde a las administraciones es «actuar de forma responsable».

 

La demanda eléctrica creció en 2017 pero sigue un 5% por debajo de su máximo histórico de 2008

EFE / Europa Press.- La demanda eléctrica en 2017, a pesar de crecer por tercer año consecutivo, siguió por debajo del máximo histórico que marcó en 2008. En concreto fue un 5% menor, según el informe El sistema eléctrico español en 2017, de Red Eléctrica de España (REE), con Andalucía y Cataluña encabezando el consumo eléctrico.

Este informe fue presentado en un acto en el Club Español de la Energía por el presidente de REE, José Folgado, y el director de Regulación de REE, Luis Villafruela, expuso los principales datos del informe del sistema eléctrico en 2017, año en el que el consumo eléctrico fue de 268.140 teravatios hora (TWh), un 1,1% más que el año anterior, que se eleva al 1,6% corregidos los efectos de calendario y temperaturas, crecimientos que distan del 3% de media anual que hubo hasta 2008.

En 2017 España se situó como el quinto mercado eléctrico de la Unión Europea, con un crecimiento superior del consumo y del PIB al de los países que le preceden. Por sectores, en 2017 la industria volvió a ser el sector en el que más creció la demanda, un 2% por encima de la media mientras que el sector servicios creció un 0,4% respecto a 2016. En cuanto a las comunidades autónomas, Cataluña y Andalucía encabezaron el consumo, aunque en consumo per cápita la primera fue Asturias por el peso de la industria en la demanda final de esa región, como ocurre en otras regiones con fuerte actividad industrial, como País Vasco, Navarra y Aragón.

En cuanto al instante de mayor demanda, en 2017 volvió a registrase en invierno,  concretamente el 18 de enero a las 19:50 horas, cuando se alcanzó la cifra de 41.381 MW, superando en un 2,2% al máximo de 2016, que fue por primera vez y única en la historia en verano, en concreto en septiembre. La punta de demanda de 2017 fue inferior en un 9% a la que hubo en 2007, cuando en diciembre se alcanzó un récord histórico de 45.450 megavatios hora (MW).

Si se compara el mix de generación con el que había en 1998, se ve que en ese momento no figuraban en él la fotovoltaica, la solar y los ciclos combinados, y que la eólica tenía un porcentaje muy bajo, mientras otras fuentes, como el fuel-gas ha desaparecido en la Península y sólo quedan 2.000 megavatios (MW) en las islas. La energía nuclear y la eólica fueron, por este orden, las dos fuentes que sustentaron en 2017 el consumo energético en España. De hecho, en tres comunidades autónomas como son Castilla-La Mancha, Castilla y León y Navarra, más del 50% de su producción de energía fue renovable, por encima de la media nacional del 32%.

Tanto Folgado como Villafruela han resaltado que el reciente acuerdo para que el 32% de la demanda final de energía sea renovable obligará a situar la penetración de renovables en el sistema eléctrico en un 72%/76%. En el caso de España, Villafruela ha señalado que el peso de las renovables en la generación de electricidad ha oscilado entre el 40,3% que hubo en 2014 y el 33,7% de 2017, año marcado con una baja hidraulicidad, cuya producción de electricidad cayó un 49% debido a la ausencia de lluvias en un año especialmente seco, su nivel más bajo desde 2005, y arrastró a las energías renovables a su generación más baja en los últimos 5 años.

Esta caída de las renovables supuso un aumento de la participación de la generación térmica, principalmente del ciclo combinado con un 27% más y del carbón con un 21% más, con el consiguiente incremento en un 17,9% de las emisiones de CO2 con respecto al 2017. Asimismo, Folgado señaló que la tecnología es «un pilar fundamental» en la gestión de las renovables, ya que permite su optimización en un contexto de escasas interconexiones con Europa.

España es el segundo país europeo con mayor capacidad eólica instalada, con una tasa de penetración de las renovables que se verá incrementada cuando entren en funcionamiento los 8.000 megavatios (MW) de potencia renovable que se adjudicaron en las últimas subastas. No obstante, Folgado cree que alcanzar un objetivo del 100% de energías renovables no se conseguirá sin interconexiones eléctricas, con independencia del respaldo del gas. En cuanto al precio de la energía, en 2017 el precio medio en España fue de 60,6 euros el megavatio hora (MWh), que fue el más alto desde 2008 y que estuvo condicionado por una ola de frío, la parada de varias nucleares en Francia y la baja hidraulicidad.

La capacidad instalada del parque generador en España se situó en 2017 en los 104.122 megavatios (MW), con un descenso del 0,5% con respecto al año anterior. Esta reducción, por segundo año consecutivo, se debió principalmente al cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña, de 455 MW. Así, el 46,3% de la capacidad instalada en España correspondía a energías renovables y el 53,7% a no renovables.

Por comunidades autónomas, Castilla y León, Galicia, Andalucía y Castilla-La Mancha concentraron más de la mitad de la potencia de generación renovable nacional. De hecho, más del 70% de la potencia instalada en Castilla y León y en Castilla-La Mancha fue de origen renovable. Por tecnologías, Castilla y León fue la comunidad con más potencia eólica, con más de un 24%, e hidráulica, con cerca del 26%, instalada. Mientras, Castilla-La Mancha fue la región con más solar fotovoltaica, con casi el 20%, y Andalucía lideró la termosolar, seguida por Extremadura, sumando entre las dos comunidades el 80% de la potencia total instalada de esta tecnología.