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El Congreso vota mañana si ordena al Gobierno prohibir los cortes de luz a quien no pueda pagarla

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Europa Press.- El Pleno del Congreso votará este martes una moción del grupo de Unidos Podemos en la que se propone instar al Gobierno a prohibir a las empresas eléctricas cortes en el suministro energético sin consultar con los servicios sociales.

Esta moción se deriva de la interpelación que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, dirigió al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, sobre la necesidad de aplicar medidas contra la pobreza energética.

De esta forma, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea quiere recabar el compromiso de las fuerzas políticas representadas en el Congreso para evitar que las personas en situación de vulnerabilidad vean interrumpido su suministro energético. La moción contempla que sean las empresas las que asuman el coste en caso de que los servicios sociales justifiquen este impago.

La moción recoge otros siete puntos, entre los cuales destaca la sustitución del actual bono social por una «tarifa social de reducida cuantía» dirigida a familias con bajos niveles de renta, financiada por las compañías eléctricas y proporcional a la renta del hogar.

No más del 10% de los ingresos del hogar

Desde Unidos Podemos reclaman que la energía sea reconocida como «un bien público y común», y a partir de ahí garantizar que todos los hogares puedan mantener unas condiciones adecuadas de temperatura y demás servicios energéticos esenciales, no pudiendo superar este «suministro mínimo vital» el 10% de los ingresos mensuales del hogar.

Esta «tarifa asequible» se dirige, señalan, a todos los consumidores en su primera residencia, y en ella se «debe penalizar el consumo ineficiente» a través de elementos de fiscalidad energética, y considerar la renta como «criterio principal» a la hora de establecer «precios sociales y favorables para las familias en función de los ingresos económicos».

Como parte de estas medidas dirigidas a aminorar el coste de la factura energética, quieren que se aplique a la electricidad, el agua y el gas un tipo de IVA reducido.

Auditoría, Trasparencia y Pago de los CTC’s

Toda esta batería de medidas sobre las que los grupos deberán posicionarse se completan con otros tres puntos dirigidas a las compañías eléctricas, a las que reclama el reconocimiento y la devolución de los Costes de Transición a la Competencia (CTCs), cifrados en más de 3.500 millones de euros.

Asimismo, insta al Gobierno a realizar una auditoría de los costes de todo el sistema eléctrico nacional para determinar «los costes reales de producción de la electricidad con cada tecnología, así como los costes asociados a los servicios de transporte y distribución». También piden auditar el déficit de tarifa, «su origen y su legitimidad».

Por último, el texto sobre el que se pronunciará el Congreso acaba con una exigencia de transparencia: exige a las empresas suministradoras publicar trimestralmente el número de consumidores que no pueden abonar la factura de la luz, agua y gas, así como el número de consumidores que se ven afectados por cortes del suministro.

También reclaman a las empresas «una mayor y mejor información» sobre los conceptos que incluye la factura, los servicios energéticos contratados, medidas de eficiencia energética y la disponibilidad de los bonos sociales.

Política de ‘Black Friday’ en energía

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Los primeros anuncios de Álvaro Nadal vienen a determinar cuál será la línea política del nuevo y flamante Ministerio de Energía, algo que se puede resumir en el aserto de habrá «política en la energía» en lugar de «políticas energéticas». En el fondo, el modelo que propone Nadal es una versión acelerada y desinhibida de la acción de José Manuel Soria y Alberto Nadal.

El nuevo/viejo departamento ha comenzado con hiperactividad: anuncio de las subastas «competitivas» de nueva potencia renovable con el mantra (liberador de responsabilidad) de la competencia intertecnologías, resolución de las subastas de interrumpibilidad (edición incrementada en 22 millones este año, 525 millones en total con cargo al suministro de los consumidores dentro de los costes de acceso) y atribución del bono social a las empresas en general (para evitar la designación selectiva de agentes empresariales, revocada lógicamente por el Tribunal Supremo).

La interrumpibilidad, a todo trapo

El servicio de interrumpibilidad establece un flujo de financiación del sector eléctrico al sector industrial mediante descuentos en sus costes eléctricos, a través de estos pagos, por mor de un supuesto derecho de interrupción del suministro de escasa utilización. La última subasta se ha instrumentado aumentando los volúmenes de la misma para satisfacer a más demandantes del servicio. Si además atendemos al formato de las mismas, en el que cuando ha sido necesario repetirse la subasta o ampliarse se ha hecho, tenemos calificado el diseño. Un servicio cada vez más a todo trapo, diseñado en el concepto más vale que sobre, que no que falte, y que evite la amenaza industrial de cierres o deslocalizaciones.

Bono social sí, pero empresarial

En el caso del bono social, tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado el selectivo mecanismo de financiación, el ministro ha aseverado que este mecanismo debe ser financiado por las empresas del sector. La ortodoxia dice que cualquier política de redistribución social se debería abordar desde los Presupuestos Generales del Estado, pero parece tarea harto imposible. Y, todo ello, con la controversia acerca de la pobreza energética abierta. La mejor ortodoxia debería ser la revisión de la composición de los costes del suministro y abaratar la energía para todos los consumidores, industriales y domésticos, por evasión de los costes que no pertenecen al mismo. Así se evitarían los problemas de ambos mecanismos.

En definitiva, el papel de la Administración y de las políticas energéticas se reduce a actuar como gran árbitro del sistema de subsidios cruzados en el suministro eléctrico, con la ordenación, si procede, de un nihilista sistema de subastas (al parecer lo único liberal del asunto) que distribuye rentas y atribuye potencia o servicios del sistema discrecionalmente, según se considere. El Gobierno organiza así sus peculiares Black Friday en energía.

Todo ello es posible por varios motivos. En primer lugar, el modelo de interacción política-economía en nuestro país tiene asumido como normal la articulación de un sistema de subsidios cruzados entre los distintos agentes y algunos consumidores, en una suerte de franquismo económico, light pero vigente, que actúa sobre las cuentas de resultados de las empresas  incrustando todo aquello que se considere. Algo que los españoles ven bien en su modelo de cultura económica. Segundo, pero no menos importante, las autoridades españolas han perdido el temor hacia las instituciones europeas respecto a los defectos en la ortodoxia, la consideración de Ayudas de Estado de estos mecanismos y a la absorción de reveses en estos ámbitos.

Coda. El nuevo ministro acaba de afirmar que se revisará la regulación del autoconsumo (última medida del anterior Gobierno en su ejecutoria) , recogiendo a tal efecto además el compromiso político con Ciudadanos, de forma que se rebajen las cargas del mismo (el mal llamado impuesto al sol). Así, ha señalado que la reforma que se instrumente no deberá perjudicar al resto de consumidores. La pregunta entonces es: ¿Quién se hará cargo de esta cuenta?

El Gobierno recurre la sentencia del Supremo que anula la financiación del bono social e indemniza a las compañías eléctricas

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Redacción / Agencias.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, reconoció que el Gobierno ha recurrido la sentencia del Tribunal Supremo que declara inaplicable el régimen de financiación del bono social de electricidad, que contempla indemnizaciones para las compañías eléctricas, si bien afirmó que el Ejecutivo acatará la sentencia. Así lo anunció Nadal en su intervención en el Senado, en respuesta a una pregunta del senador socialista Nemesio de Lara.

El bono social es un descuento del 25% en el recibo eléctrico para consumidores que cumplan ciertos requisitos como hogares con menos de 3 kilovatios (kV) de potencia, pensionistas con prestaciones mínimas, familias numerosas o familias con todos sus miembros en paro. Por su parte, el senador socialista urgió al ministro a concretar las medidas que tomará el Ejecutivo para hacer frente a la pobreza energética porque «el frío no envía heraldos» y a solucionar el problema de la financiación del bono social, una vez que el Supremo ha establecido en una sentencia que las compañías eléctricas no deben sufragarlo.

Nadal explicó que tras la sentencia del Supremo, que deja al bono social «sin financiación», el Gobierno ha planteado un incidente de nulidad y la ha recurrido, porque no está conforme con la sentencia, si bien la acatará. En este sentido, subrayó que es «urgente» el diálogo de los grupos parlamentarios para alcanzar un acuerdo y evitar que se produzcan los efectos de la sentencia, especialmente porque «ni el resto de consumidores ni el presupuesto público deben pagar esto», tras haber sido financiado por las compañías eléctricas. Nadal defendió la importancia del bono social, ya que beneficia a 2,4 millones de hogares que representan más de 7 millones de personas.

La sentencia del Supremo declara inaplicable el régimen de financiación del bono social al entender que va en contra de las normas comunitarias para el mercado interior de la electricidad. Además, considera que el coste de ese descuento de la luz para las familias más vulnerables se carga de forma discriminatoria a las compañías eléctricas que lo sufragan y que la Administración no ha justificado los criterios con que distribuye el coste de la subvención.

Por otra parte, Nadal también ha tenido que responder en su primer pleno del Senado como ministro a otra pregunta de la senadora de Podemos, María Pilar Garrido, sobre si el Gobierno piensa prohibir los cortes de luz y gas que afectan a familias vulnerables, después de que una mujer de 81 años que vivía sola falleciese recientemente en un incendio doméstico en su piso en Reus, ocasionado por una vela que utilizaba para iluminar el hogar tras llevar dos meses con la luz cortada. A este respecto, tanto el socialista De Lara como Garrido advirtieron al ministro de que «la pobreza energética mata» y que el Estado tiene el deber constitucional de defender la vida digna de las personas.

El titular de Energía aseguró que el suministro es «básico» y «necesario», y defendió que «todos los ciudadanos tienen que tener acceso a él», recordando que la directiva europea energética ofrece actuar en los casos en los que haya dificultades para el mismo. En este sentido, calificó de «lamentable» que se produjese ese caso con una ley autonómica que «se tenía que haber cumplido» y un fondo municipal del Ayuntamiento de Reus con dotación económica. «Había servicios sociales que habían actuado para el suministro de agua y gas de la vivienda, pero sin embargo parece que desconocían la situación sobre el suministro eléctrico«, apuntó Nadal, quien señaló que «había muchos agentes implicados y los medios para que esto no ocurriese».

En cuanto a prohibir el corte del suministro, Nadal sostuvo que las comunidades autónomas tienen la capacidad de hacerlo siempre que respeten lo establecido por el Tribunal Constitucional, que exige que la factura sea asumida por los servicios sociales. Asimismo, indicó que tras el suceso se puso en contacto con el presidente de la Generalitat, el alcalde de Reus y la compañía eléctrica Gas Natural Fenosa para esclarecer el asunto y decirles «hasta qué punto son responsables». «Hay muchas administraciones implicadas, no solo el Gobierno, también las Cortes Generales y las cortes autonómicas», añadió el ministro, que recordó que existen competencias energéticas que corresponden al Gobierno y otras sociales “en exclusiva” correspondientes a las autonomías.

«Esa es la lección que debemos aprender», concluyó Nadal, quien pidió la colaboración de las administraciones y las fuerzas parlamentarias para alcanzar acuerdos que permitan mejorar la actuación en este tipo de situaciones. «Este caso demuestra que es necesario mejorar el ámbito de aplicación de cuestiones energéticas tanto en la legislación y normativa estatal como en las actuaciones autonómicas», apostilló. Precisamente, la Mesa del Congreso acordó pedir a Unidos Podemos que reformule su petición de comparecencia del presidente de Gas Natural Fenosa, Isidro Fainé, por el corte de suministro eléctrico a la anciana de Reus. Asimismo, el Ayuntamiento de Reus abrirá expediente sancionador a las compañías que corten la luz a los colectivos necesitados, en cumplimiento de la ley catalana.

Cataluña investiga a las eléctricas mientras Podemos exige a Gas Natural que no permita más muertes por cortes del suministro

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EFE / Servimedia.– El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el coordinador de Izquierda Unida, Alberto Garzón, exigieron ante las sedes de Gas Natural Fenosa que no se permitan más muertes por cortes de luz, una situación «inaceptable» en un país como España. Por su parte, el consejero de Empresa de Cataluña, Jordi Baiget, avanzó que la Generalitat investigará de oficio a las eléctricas en 15 días para asegurarse de que cumplen la ley y no cortan la luz a personas vulnerables.

Baiget indicó que estas inspecciones, en las que se preguntará por los protocolos seguidos en los cortes de suministro, se realizarán en toda Cataluña y que sus resultados se harán públicos. Asimismo, el consejero se ha comprometido a crear un grupo de trabajo que propondrá al Gobierno un nuevo bono social, ya que el actual «no es un bono social real», y ha defendido que las empresas suministradoras «deberían asumir sus costes». Además ha mostrado su voluntad de negociar convenios con las empresas que todavía no se han sumado a los que el Gobierno catalán ha establecido con algunas compañías para frenar la pobreza energética.

Reunión con Villaseca para negociar

Asimismo, el Gobierno catalán impulsará una campaña de difusión y promoción de la ley de pobreza energética que aprobó el Parlamento por unanimidad en 2015 para que las personas afectadas conozcan sus derechos. Por otro lado, Baiget conversó por teléfono con el consejero delegado de Gas Natural Fenosa y ambos coincidieron en la necesidad de reunirse tras la polémica surgida por la muerte en Reus (Tarragona) de una anciana en un incendio, después que se iluminara con velas al haberle cortado el suministro de luz. El consejero de Empresa reiteró que Gas Natural «debe sentarse en la mesa» y no descarta aplicar algunas medidas de presión para que las eléctricas colaboren, como son las cláusulas sociales en los contratos públicos.

Por su parte, la portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), Maria Campuzano, ha lamentado que haga falta que muera una mujer «para que la Generalitat haga cumplir la ley». Campuzano ha pedido a la Generalitat que, pese a que la vida de una persona «no tiene precio», multe con un millón de euros a Gas Natural, la mayor sanción posible. Asimismo, el presidente de la Mesa del Tercer Sector, Oriol Illa, ha coincidido en cargar contra Gas Natural por su «negligencia» y ha instado a la Generalitat a intensificar las inspecciones a las eléctricas para demostrar si el corte de suministro sin aviso a la administración es una «práctica asidua» o no.

Podemos contra Gas Natural Fenosa

Cerca de 300 personas se congregaron ante la sede de Gas Natural Fenosa en Madrid, convocados por Podemos, coreando lemas como «No son muertes, son asesinatos», «Este invierno, nadie sin luz», «Nacionalizar Gas Natural» o «¡Sin luz, sin gas, el Rey tenía que estar!» para protestar por la muerte de la anciana de Reus. Iglesias ha criticado que en España, «la cuarta economía de la zona euro, haya personas que tengan que morir, porque empresas eléctricas que facturan beneficios y que pagan planes de pensiones y sueldos de escándalo a sus directivos dejen sin luz y sin calefacción a compatriotas».

Por ello, Iglesias ha reclamado a Gas Natural que cumpla la ley. «No se puede consentir que haya españoles que este invierno les corten la luz y les corten la calefacción», ha afirmado el líder de Podemos tras destacar que estar en la calle protestando contra estas ilegalidades «también es hacer oposición», si bien ha anunciado que su grupo presentará una interpelación en el Congreso sobre este tema. Iglesias no considera, sin embargo, que esta interpelación vaya a tener mucho efecto, mientras España siga gobernada «por partidos políticos que tienen a algunos de sus expresidentes y exministros en consejos de administración de empresas como estas».

Garzón ha criticado el silencio de los grandes partidos políticos cuando lo que ha pasado va, ha dicho, en contra de la Constitución, que establece que la riqueza de España debe estar subordinada al interés general. «Empresas como Gas Natural son el ejemplo de que se incumple la Constitución sistemáticamente», ha afirmado Garzón, que considera importante poner «rostro a los culpables del saqueo y de la muerte de estas personas». «Reivindicamos algo tan sensato como eso, que nadie debe morir por sencillamente ser pobre cuando tenemos recursos suficientes», insistió. Esta protesta se ha celebrado de forma simultánea en 26 sedes de Gas Natural de otras tantas ciudades españolas, convocadas por Unidos Podemos con el lema «La pobreza energética mata #NadieSiLuz».

Nadal debuta en el Congreso

Por su parte, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, comparecerá por primera vez en el pleno del Congreso de los Diputados este miércoles para responder a dos preguntas en la sesión de control al Gobierno sobre pobreza energética, así como a una interpelación urgente sobre esta misma materia. Además, Nadal también deberá contestar a dos cuestiones en el pleno del Senado sobre si el Gobierno piensa prohibir los cortes de luz y gas, y si considera suficientes las medidas adoptadas para luchar contra la pobreza energética.

La inquietud por este asunto se ha multiplicado en los últimos días tras la muerte de Reus. Las preguntas serán formuladas por la diputada socialista María Pilar Lucio y de Ciudadanos Melisa Rodríguez, mientras que la interpelación es del grupo parlamentario de Unidos Podemos. En referencia a este asunto, el ministro ya explicó que tras conocer la noticia se puso en contacto con la Generalitat de Cataluña y con el Ayuntamiento de Reus para ofrecer su colaboración para que mejoren los mecanismos previstos para hacer frente a la pobreza energética.

Además, Nadal defendió que «la pobreza energética es un síntoma de vulnerabilidad mayor y no solo un problema de energía» y recordó que «las competencias en cuestiones sociales son de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos», por lo que reiteró su disposición a colaborar con las administraciones implicadas ante la posibilidad de que existan «conflictos» con las compañías eléctricas. En estos últimos días, tanto Endesa como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han pedido al nuevo titular de Energía que tome medidas en relación con la pobreza energética.

Daniel Navia es el nuevo secretario de Estado de Energía y Eva Valle ocupará la Oficina Económica del Presidente

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Europa Press / Servimedia.- El Consejo de Ministros aprobó este viernes el nombramiento de Daniel Navia como nuevo secretario de Estado de Energía, en sustitución de Alberto Nadal, quien ya ha asumido el cargo de secretario de Estado de Presupuestos y Gastos. Asimismo, se ha nombrado a Eva Valle Maestro como directora de la Oficina Económica del Presidente, cargo en el que sustituirá a su cuñado Álvaro Nadal, el nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital. Eva Valle es la mujer de Alberto Nadal.

El nuevo secretario de Estado de Energía ocupaba hasta la fecha el cargo de director general de Políticas Financieras, Macroeconómicas y Laborales de la Oficina Económica del Gobierno. Nacido el 5 de mayo de 1977 en Madrid, Navia es licenciado en Económicas por la Universidad Carlos III de Madrid y Máster en Economía y Finanzas por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros. Pertenece al grupo directivo del Banco de España como economista titulado desde 2002, donde ocupó diversos puestos en la Dirección General de Economía y Relaciones Internacionales. Entre 2007 y 2012 fue economista jefe en diversas unidades del Servicio de Estudios del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y director de Relaciones con Bancos Centrales en este mismo banco.

Valle era desde 2013 directora general de la Secretaría Técnica de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y Asuntos Económicos Internacionales en la Oficina Económica del Presidente del Gobierno y, entre 2012 y 2013, fue directora general de Economía Internacional de la Oficina Económica del Presidente. Al igual que los hermanos Nadal, Valle es economista del Estado y ha sido subdirectora general adjunta de la División del Sistema Monetario Internacional y responsable del área del Fondo Monetario Internacional (FMI) del Ministerio de Economía y Hacienda entre 2010 y 2011; asesora del director ejecutivo para España en el Fondo Monetario Internacional entre 2004 y 2009; y asesora del secretario de Estado de Energía y Pyme entre 2003 y 2004.

También ha sido asesora en la Dirección General del Tesoro, así como diversos cargos en la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Economía desde 2000 a 2002. El nombramiento de Valle y de Navia fue anunciado por el ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, al término de la reunión del Consejo de Ministros.

Nadal se compromete a impulsar las renovables y revisar el autoconsumo, pero siempre que no perjudique al resto de consumidores

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Europa Press / EFE.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, considera que el sistema eléctrico español ya ha alcanzado la estabilidad y que «es el momento de avanzar en las energías renovables», después de que estas energías hayan sufrido un parón en su crecimiento en los últimos años. Asimismo, Nadal se ha comprometido a revisar la actual normativa sobre autoconsumo y el conocido impuesto al sol para «que mejore para los consumidores que autoconsumen, sin que perjudique a los demás«.

Nadal señaló que el acuerdo con Ciudadanos dice que se revisarán los procedimientos para ver si hay algún tipo de obstáculo para el autoconsumo eficiente, que es «aquel que sirve para mejorar el sistema y no para generar costes adicionales». A este respecto, el ministro defendió que cualquier revisión de la normativa nunca iría en la línea de trasladar costes a los demás consumidores, sino que representen «un beneficio«. «Determinados planteamientos sobre el autoconsumo es como si yo tengo un apartamento en la playa y solo pago la comunidad de vecinos cuando voy al apartamento y los demás vecinos me pagan la comunidad cuando no voy. Ese tipo de planteamientos no son buenos para el resto de consumidores», señaló Nadal.

El ministro de Energía reconoció los aumentos en la factura de la luz en España, que atribuyó a las «obsoletas técnicas» de la primera generación de renovables, pero reivindicó que la reforma de 2013 fue «un éxito porque se ha eliminado el déficit tarifario y los precios han empezado a bajar; nuestro sistema ahora es estable», precisó. Por ello, afirmó que «es el momento de avanzar en las energías renovables». A este respecto, señaló que se continuará con las subastas de renovables abiertas a todas las tecnologías, con un desarrollo de la fotovoltaica en España. «Con los precios de la fotovoltaica, es muy previsible que una buena parte de la subasta sea con fotovoltaica», auguró.

Descarta el cierre del carbón

Asimismo, Nadal descartó que se vaya a plantear un «cierre decretado» de las centrales térmicas de carbón, que son las más contaminantes, ya que no es «una obligación comunitaria», y subrayó que serán las propias «condiciones de mercado» las que harán que este tipo de centrales «tienda a disminuir». «Lo que va a ocurrir es una menor utilización del carbón, pero eso lo va a fijar el mercado y el precio, ya que va a ser más costoso por la propia evolución de los derechos de CO2. Además todo el sector está en un proceso de reconversión», añadió al respecto.

Sobre la posibilidad de que España presente una estrategia de reducción de emisiones hasta 2050 (un mandato recogido en el Acuerdo de París), Nadal descartó que España lo vaya a hacer, como sí lo ha hecho Alemania, fuera del «paquete europeo«. En este sentido, el ministro de Energía recordó que España tiene que negociar todavía a nivel interno ciertas cuestiones, entre las que citó el objetivo nacional de renovables, el mercado de los derechos de emisión o el reparto de los sectores difusos, pero en todo caso puso la estrategia española dentro de la europea.

Con respecto a una futura Ley de Cambio Climático, confirmó que ya ha sido tratada con varios grupos políticos, especialmente con Ciudadanos, y no dio ninguna fecha tentativa para que pueda ser aprobada, pero indicó que espera que surja de «un proceso de diálogo y consenso». Eso sí, Nadal señaló que será el Ministerio de Medio Ambiente el que esté al frente de su desarrollo.

Gas Natural insiste en la necesidad de reglamentar la ley de pobreza energética mientras el Ministerio ofrece colaborar con Cataluña

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EFE / Servimedia.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, explicó que ha ofrecido a la Generalitat de Cataluña y al Ayuntamiento de Reus (Tarragona) su colaboración para que mejoren los mecanismos previstos para hacer frente a la pobreza energética. En este sentido, el consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, ha pedido más concreción en la ley de pobreza energética, de la que falta crear un reglamento.

Villaseca indicó que la ley de pobreza energética «se tiene que reglamentar» para especificar cómo se tienen que coordinar y llevar a cabo las comunicaciones entre los servicios sociales de los ayuntamientos y las compañías suministradoras. Apuntó, en este sentido, que en la web de la Agencia Catalana del Consumo existen unas «propuestas de protocolo» de actuación, pero que «no es ningún documento que tenga validez legal», y ha subrayado que el propio Parlamento le recordó al Gobierno que estaba pendiente de reglamentar la ley.

«En ausencia de una adecuada reglamentación, que no existe», ha explicado Villaseca, Gas Natural Fenosa ha firmado acuerdos con 400 municipios catalanes que, a través de sus servicios sociales, le comunican los casos de vulnerabilidad y que han permitido atender a 9.000 hogares en situación de riesgo de exclusión. Villaseca remarcó que en Reus existe un convenio de este tipo que funciona desde 2014 y que en este tiempo los servicios sociales han comunicado a la empresa 150 casos de familias en situación de vulnerabilidad. En lo que va de año, se comunicaron 88 casos.

«No podemos entender cómo si el Ayuntamiento sabía desde 2013 que estaba en situación de vulnerabilidad, no nos ha comunicado nada en estos más de tres años», afirmó el directivo, que tampoco comprende «cómo es posible» que después de dos meses de corte de luz «nadie informara de esta situación». «El Ayuntamiento lo ha hecho en 150 casos, pero desgraciadamente no en este», precisó Villaseca respecto a la anciana con la luz cortada que murió en un incendio en su casa provocado por una vela.

Villaseca cree, en cualquier caso, que ante esta tragedia «no se trata tanto de hablar de responsabilidades», sino de «hacer todo lo posible para que hechos como este no vuelvan a suceder». «La coordinación entre servicios sociales, la compañía y la Generalitat no ha sido la que tendría que ser», ha reconocido Villaseca, en la que ha rechazado que se responsabilice a la multinacional de estos hechos, cuando «es la administración la que ha de poner las reglas del juego».

El Ministerio ofrece su cooperación

Así, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ofreció su colaboración para que mejoren los mecanismos previstos para hacer frente a la pobreza energética. Así lo expresó Nadal, que indicó que «la pobreza energética es un síntoma de vulnerabilidad mayor y no solo un problema de energía». A este respecto, recordó que «las competencias en cuestiones sociales son de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos», por lo que reiteró su disposición a colaborar con las administraciones implicadas ante la posibilidad de que existan «conflictos» con las compañías eléctricas.

En el caso de Reus, lamentó que «no se pudo actuar de la manera que todo el mundo había deseado», ya que existe tanto un fondo municipal para hacer frente a estas situaciones como una normativa autonómica que no se aplicó. En esta línea, destacó que la mujer fallecida como consecuencia de un incendio provocado por una vela que utilizaba para iluminar su vivienda, al no contar con electricidad, se había beneficiado de ese mismo fondo para pagar el agua.

Cataluña sancionará a Gas Natural

El consejero de Empresa y Conocimiento de la Generalitat catalana, Jordi Baiget, advirtió que «sancionarán a Gas Natural Fenosa por el caso de la anciana de Reus que murió, si no le informaron previamente antes de cortar la luz, porque la ley es muy clara». Baiget indicó que la Generalitat está pendiente de recibir la respuesta de la compañía a su requerimiento de información. Asimismo informó de que el Gobierno se reunirá con Gas Natural para «resolver lo que nos falta para cumplir con la ley catalana que es firmar convenios con las compañías para condonar la deuda que generan las familias en situación vulnerable».

El responsable de Empresa y Conocimiento de la Generalitat insistió que «la ley es muy clara y funciona sin el reglamento» que reclama ahora Gas Natural Fenosa. Baiget respondió así al consejero delegado de la energética, Rafael Villaseca. Asimismo, el consejero confirmó que recibió la llamada del ministro Álvaro Nadal para interesarse sobre el tema y los dos coincidieron que las administraciones deben trabajar conjuntamente para evitar otros casos como el de Reus. Desde que está en vigor la ley, la Generalitat asegura que se actuó en 39.000 ocasiones para evitar cortes en los suministros.

En el pacto contra la pobreza energética, Baiget aseguró que uno de los puntos que faltan es el de definir quién debe asumir la deuda de las facturas impagadas. Así, lamentó que «nos hemos reunido 25 veces con las empresas eléctricas para poder llegar a un acuerdo: lo hemos conseguido con las empresas de agua, pero no con las empresas de electricidad». El consejero señaló que «no tiene sentido que las compañías eléctricas con un beneficio conjunto, hasta el tercer trimestre de este año, de 4.500 millones de euros, no acepten el bono social ni firmen convenios de pobreza energética».

Durante su discurso, Baiget reivindicó un pacto empresa-sociedad que integre las «políticas de responsabilidad social empresarial como un valor de cada empresa» y en este sentido, dijo que «cortar la electricidad a las personas vulnerables no es responsabilidad social empresarial». Baiget considera poco «productiva» la petición de Unidos Podemos de que el presidente de Gas Natural Fenosa, Isidre Fainé, comparezca en el Congreso para dar explicaciones sobre el caso. “Tienen la libertad de pedirlo pero los políticos y la Generalitat tienen que trabajar para resolver problemas de pobreza energética”, dijo.

Compromís exige explicaciones al Gobierno sobre el ATI en Cofrentes y reclama que comparezca Nadal

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EFE.- Después de solicitar la comparecencia en el parlamento autonómico de la Comunidad Valenciana del director de la central nuclear de Cofrentes para que explique la posible instalación en este espacio de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) para su combustible nuclear gastado, Compromís ha exigido la comparecencia del ministro de Energía, Álvaro Nadal, para que dé explicaciones sobre el ATI que Iberdrola prevé construir en Cofrentes, para lo que, según Compromís, la compañía ya ha iniciado los trámites administrativos para construir esta infraestructura de residuos radioactivos.

La formación ha preguntado al Gobierno por qué no ha informado al respecto a la Generalitat de la Comunidad Valenciana pese a haber recibido la solicitud formal de autorización. El portavoz de la formación en el Congreso, Joan Baldoví, ha asegurado que el proyecto supone «prolongar la vida de la central de Cofrentes más allá de 2021, fecha en la que expira su licencia» y que el almacén nuclear, previsto para funcionar para 2019, evidencia «el fracaso de la política de gestión de residuos nucleares».

Compromís considera que la energía nuclear es «uno de los principales obstáculos para las energías renovables limpias», que garantizarían el suministro eléctrico, e incide en la necesidad de poner en marcha un calendario «progresivo y definitivo de cierre de centrales». La coalición apunta que los trámites para construir el ATI coinciden con la cumbre del clima de Marrakech y que a la falta de compromiso medioambiental «se añaden también los riesgos para la población». Además advierten de que Iberdrola «quiere construir el almacén en un lugar inundable y con riesgo sísmico que incumple las garantías de seguridad para la población».

Comparecencia del director de Cofrentes

Por otro lado, Compromís solicitó la comparecencia en Les Corts Valencianes del director de la central nuclear de Cofrentes para que explique la posible instalación de un ATI. En este sentido, el portavoz parlamentario adjunto de la coalición, Juan Ponce, aseguró que «haría falta que Iberdrola tuviera presentes que los mismos argumentos técnicos que desaconsejaron construir el Almacén Temporal Centralizado (ATC) son válidos para no hacer el ATI de Cofrentes«, ha manifestado. El diputado de esta coalición recuerda que su grupo ha reclamado en numerosas ocasiones el cierre de Cofrentes y advierte de «su peligrosidad». Asimismo, anunció que están trabajando en una propuesta para pedir al Gobierno central «que no se tramite el ATI en la central nuclear de Cofrentes”.

«Desde Compromís insistimos en que la apuesta de futuro es el uso de las renovables limpias, que nos permiten luchar contra el cambio climático y que son fuentes de creación de ocupación estable y de calidad», defendió Ponce, que explicó que el modelo energético que defiende Compromís se basa «en las renovables limpias y en la eficiencia energética», que, según indicó, «permitirían cerrar ya las centrales nucleares» y eliminar los riesgos que comportan, «como por ejemplo esa posibilidad del 50% de que, según numerosos estudios, pueda producirse un nuevo Chernobyl».

España firma un acuerdo para facilitar el intercambio de energía eléctrica renovable entre Europa y Marruecos

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Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha firmado hoy en Marrakech un acuerdo con representantes de Marruecos, Portugal, Francia y Alemania para facilitar el intercambio de energía eléctrica de origen renovable entre el país africano y el Mercado Interior Europeo mediante la progresiva integración de los mercados eléctricos de ambas partes.

Actualmente Marruecos solo está interconectado con la Unión Europea a través de España, y además es necesario completar el Mercado Interior de la energía para eliminar obstáculos que impiden un mayor intercambio de electricidad.

Por ello, la declaración incluye el establecimiento de una hoja de ruta que analizará los aspectos legales, técnicos, económicos, medioambientales, etc., así como los cuellos de botella que limitan en estos momentos el intercambio de electricidad entre ambos, según informó el Ministerio.

El objetivo es alcanzar un acuerdo de implementación en la COP 23 o en un futuro próximo, aunque teniendo en cuenta las circunstancias de cada país.

El ministro Álvaro Nadal ha mostrado su satisfacción por la participación de España en la elaboración de esta declaración, y ha enfatizado la importancia que se da a la relación energética con Marruecos, dentro de los estrechos vínculos económicos que unen a ambas naciones.

Asimismo, Nadal destacó que este acuerdo va a permitir «profundizar» en el proceso de mejora de las interconexiones de España con el resto de Europa.

La firma del acuerdo se enmarca, por una parte, en la estrategia del Gobierno de profundizar la interconexión del mercado español. Además, la declaración complementa en este terreno los esfuerzos que se han llevado a cabo para desarrollar nuevas interconexiones españolas con Europa, a través de Francia, y que previamente se vieron materializados en la Declaración de Madrid.

El Gobierno nombra a Alberto Nadal nuevo secretario de Estado de Presupuestos dentro del Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro

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Europa Press / Servimedia.- El Consejo de Ministros aprobó el nombramiento de Alberto Nadal como nuevo secretario de Estado de Presupuestos y Gastos para encargarse de controlar el gasto público y elevar los ingresos para que España cumpla con sus objetivos de déficit público.

El titular del Ministerio de Hacienda, Cristóbal Montoro ha repescado a Alberto Nadal, hasta ahora secretario de Estado de Energía y hermano gemelo del actual titular de la cartera, Álvaro Nadal, para elaborar las cuentas públicas para la Secretaría de Presupuestos y Gastos, donde sustituirá a Marta Fernández Currás. Se trata de un puesto clave, ya que le corresponderá elaborar los Presupuestos en un momento en el que el Gobierno del PP no cuenta con la mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante las cuentas públicas.

Alberto Nadal es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Fue vicesecretario general de la CEOE y de Asuntos Económicos, Laborales e Internacionales. Hasta ahora ocupaba la Secretaría de Estado de Energía, en la que acometió la reforma del sector eléctrico para poner fin al déficit de tarifa y contener una deuda de los consumidores cercana a los 29.000 millones.

Nadal comenzó su carrera profesional en el Ministerio de Economía y Hacienda, donde ocupó diferentes cargos en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, y como asesor económico del vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, en la etapa de José María Aznar. Además, fue director general del Instituto de Crédito Oficial (ICO), secretario general de Comercio Exterior y consejero económico y comercial de la Embajada de España en Estados Unidos.