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Foro Nuclear advierte de que sin nucleares España no podrá cumplir los compromisos climáticos adquiridos en la Cumbre de París

Europa Press.- El nuevo presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, ha defendido la presencia de la energía nuclear en España como elemento clave para cumplir con los acuerdos internacionales del clima a los que se ha adherido España pues, según ha explicado, el país no podría afrontar los compromisos adquiridos en la Cumbre de París si ahora mismo se cierran las centrales.

En un debate en el Congreso, Araluce ha señalado que las centrales nucleares «tienen futuro» en España, al menos un periodo que es necesario «guste o no guste» el uso de esta energía. El motivo, según ha señalado, es que hay «un mix energético determinado» en la actualidad que, si se desmantela, requeriría un «esfuerzo de inversión gigantesco». En concreto, el presidente de Foro Nuclear ha señalado que toda la generación eléctrica española produce 260 terawatios/hora, de los que 100 son térmicos (con emisiones de CO2), 40 hidráulicos, 60 nucleares y 60 renovables. De modo que, si se plantea el hecho de suprimir las nucleares y reducir las emisiones, habría que buscar alternativas para 160 terawatios/horas en el mix español.

«Si en España se consiguen 60 terawatios de renovables con una instalación de 30 gigawatios, habría que instalar otros 30 gigawatios para sustituir a las nucleares por otra energía limpia, más otros tantos si se quiere llegar a cumplir las cifras acordadas a las que España se ha comprometido como país y reducir las emisiones de CO2«, apuntó Araluce, para recordar que las instalaciones actuales de energías renovables «han costado mucho» en tiempo e inversión.

Además, señaló que estas energías tienen una gran variabilidad porque dependen de agentes externos y, en caso de excesiva producción, habría que invertir en modelos de almacenamiento. «Estos significa una instalación masiva de bombeos y de baterías; se podrían usar acumuladores en todas las casas, que costarían 3.000 euros por vivienda», indicó Araluce. A su juicio, el debate actual debería ser sobre «cuánto acotar el periodo de vida de las nucleares» pero no su desmantelamiento porque, según estima, no se podría cumplir con la demanda de energía de los españoles.

Con este último planteamiento coincide el portavoz del Movimiento Ibérico Antinuclear, Francisco Castejón, que ha reconocido que no se podrían desmantelar las energías nucleares inmediatamente porque, ahora mismo, la sustitución se realizaría con gas y carbón, energías muy contaminantes. Por ello plantea a las autoridades «un calendario de cierre aceptable» que se trabaje entre todos los actores, expertos y políticos, con el fin de que el desmantelamiento de nucleares se realice con la seguridad de que hay una energía renovable preparada para cubrir la demanda.

En este sentido, Castejón criticó que durante años se hayan hecho grandes inversiones en renovables en España y ahora parezca que se «hayan olvidado» de este sector. Además, pidió la derogación del conocido como impuesto al Sol y ha recordado a las autoridades que los costes de las fotovoltaicas «no son los mismos que hace 10 años» y ha asegurado que esta energía «puede competir en el mercado energético actual sin problemas». En referencia al gasto comentado por Araluce en baterías y bombeos, Castejón destacó la existencia de «nuevas tecnologías de almacenamiento» y de baterías más modernas que «no son el futuro, sino el presente».

También participó el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento de Portugal, Pedro Soares, en la que es su segunda visita al Congreso en lo que va de año. El país vecino se encuentra inmerso en el debate nuclear, pero no por lo que ocurre dentro de sus fronteras, sino por la construcción del Almacén nuclear Temporal Individual (ATI) que se va a construir en la central nuclear de Almaraz (Cáceres), a 140 kilómetros de la frontera portuguesa y en las cercanías del Tajo, que abastece de agua a una parte del país.

Soares expresó la preocupación que existe por el posible alargamiento de la vida útil de Almaraz y ha destacado que los ciudadanos portugueses «no quieren producción eléctrica a partir de energía nuclear por razones económicas y por estrategia energética. «Existe la percepción de que la energía nuclear no es segura, no es inagotable y no es medioambientalmente responsable«, señaló Soares, para explicar que el 53% de la energía producida en el país vecino es de origen renovable. Además, se han comprometido a que este porcentaje suba al 60% en 2020 y a eliminar toda energía de origen fósil en 2050.

El Gobierno veta la ley de Podemos para el cierre progresivo de las centrales nucleares por su efecto presupuestario

Europa Press.- El portavoz de Energía de Unidos Podemos y diputado de En Comú, Josep Vendrell, ha tildado de «arbitrario» y «tramposo» el veto planteado por el Gobierno a la tramitación parlamentaria en el Congreso de la proposición de ley del grupo parlamentario de Podemos sobre el cierre progresivo de las centrales nucleares. El Ejecutivo esgrime que su aplicación mermaría la recaudación fiscal en unos 250 millones y obligaría a aumentar el gasto para compensar a las empresas titulares de las centrales.

Con este escrito son ya 28 las iniciativas legislativas de la oposición y de parlamentos autonómicos que el Gobierno del PP lleva vetadas esta legislatura, acogiéndose al precepto constitucional que le permite negar la conformidad a propuestas que supongan alteración de los presupuestos en curso, sea por merma de ingresos o por aumento de gasto. La proposición de ley de Unidos Podemos-En Comú pretende cerrar las centrales nucleares a medida que sus permisos de explotación caduquen, independientemente de que hayan cumplido 40 años en funcionamiento o no y hacer una apuesta clara por la transición hacia un modelo energético eficiente basado en las energías renovables y en la eficiencia energética.

En el escrito enviado al Congreso, el Gobierno alega que «la contribución tributaria total de la industria nuclear en España1 ascendió a los 1.141 millones de euros en 2013» y que el cierre de las centrales mermaría la recaudación fiscal sin que ello fuera compensado por la energía alternativa. Así, señala que la recaudación fiscal sufriría «una disminución muy notable» en relación con los impuestos específicos de la actividad nuclear (Impuesto sobre producción de combustible nuclear gastado e Impuesto sobre residuos radiactivos), cifrando entre 210 y 280 millones de euros que se dejarían de recaudar.

En su opinión, una fuente de energía alternativa de sustitución no compensaría el hueco dejado por la nuclear dado que, en rigor, la nueva generación eléctrica sólo estaría sometida al Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, que también soporta la generación nuclear en idénticas condiciones. Pero, además, el Gobierno argumenta que el cierre de las nucleares obligaría a aumentar los créditos ya que «podría generar la exigencia de responsabilidad patrimonial por los titulares de instalaciones que tengan solicitada, en este momento, una renovación de su autorización y que puedan haber incurrido en gastos e inversiones».

Tampoco le vale al Gobierno la prevención de Podemos, que había incluido una disposición antibloqueo para demorar la entrada en vigor de las medidas que supongan aumento de gasto o disminución de ingresos, pues advierte en esa cláusulas «serias dudas» en cuanto al principio de seguridad jurídica «toda vez que no podría saberse con certeza cuales son las disposiciones que adquirirían vigencia inmediata y cuáles la verían demorada». Pero, en todo caso, recalca que el derecho de veto del Gobierno por motivos presupuestarios «debe, cuando menos, entenderse referida a un escenario presupuestario plurianual, con vigencia para tres ejercicios, al que debe sujetarse la acción de gobierno, y éste a su vez en el objetivo de estabilidad presupuestaria con idéntica vigencia».

Un veto «arbitrario» y «tramposo»

Vendrell ha denunciado que lo que pretende el Gobierno del PP es «preservar la energía nuclear y que el Congreso, que es la representación de la ciudadanía, no pueda decidir sobre la política energética». Por eso, su grupo intentará buscar el apoyo del PSOE y de Ciudadanos para levantar el veto.Desde su punto de vista, se trata de un veto «arbitrario» porque, en contra de lo que mantiene el Ejecutivo, la proposición de ley «no afecta al presupuesto en vigor ni a los siguientes ejercicios presupuestarios». El Gobierno alega en su escrito de veto que no le basta con que demoren un año la aplicación de las medidas que implican coste porque la contención del déficit abarca un trienio.

Además, añade que el veto «no se ajusta a Derecho» porque tanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como los servicios jurídicos del Congreso han dejado claro que la capacidad de del Gobierno de impedir tramitaciones sólo rige sobre proposiciones de ley «que afecten al ejercicio presupuestario en vigor» y no a «presupuestos futuros».Sin embargo, Vendrell asegura que se trata de un veto «tramposo» porque los objetivos de estabilidad presupuestaria ratificados por las Cortes afectan a 2017, 2018 y 2019, pero no al 2020 que es cuanto, según la proposición de ley se cerrarían las centrales de Almaraz y de Vandellós. Por tanto, agrega, la proposición de ley no afecta los objetivos de estabilidad presupuestaria.

En su opinión, al intentar frenar la tramitación de la iniciativa de Podemos, el Gobierno pone de manifiesto que son las empresas las que deciden la política energética de este país y no la ciudadanía a través de sus representantes en las Cortes.»La energía nuclear es cara y peligrosa. El Gobierno no tienen en cuenta los enormes costos de la gestión de los residuos, de los riesgos en la seguridad y que ya existe una alternativa renovable para sustituir a las nucleares», denuncia Vendrell.

El CSN clasifica con nivel 0 la parada no programada de la unidad 1 de la central de Almaraz

Europa Press.- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha clasificado con nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES) la parada no programada en la unidad 1 de la central  nuclear de Almaraz, un suceso que «no ha tenido impacto en los trabajadores, el público ni en el medio ambiente». La parada automática del reactor se produjo debido a la apertura del interruptor de alimentación eléctrica de una de las barras normales de los circuitos eléctricos de la central.

Este hecho desencadenó la parada de una de las bombas principales de agua del sistema de refrigeración del reactor, que se alimenta de dicha barra. En estas condiciones, el reactor se ha parado «de acuerdo a lo previsto por diseño», los sistemas de seguridad han funcionado «correctamente y la planta se encuentra parada, en condición estable y segura». El titular investiga cuál ha sido la causa de la apertura del interruptor que ha dejado sin suministro eléctrico a ciertos equipos necesarios en la operación normal. El CSN informó a través de su página web de la notificación de este suceso.

El Congreso veta una visita de diputados al Parlamento de Portugal por su posicionamiento contrario al almacén nuclear de Almaraz

Europa Press.- La Mesa del Congreso ha negado su permiso para la visita de una delegación de la Comisión de Energía al Parlamento portugués. Una visita destinada a analizar la situación del Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), obras cuya paralización es reclamada por la Cámara lusa.

En el escrito remitido por la Mesa del Congreso no se precisan los motivos, si bien fuentes parlamentarias han señalado que el viaje no se considera oportuno habida cuenta de que la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, acaba de realizar una visita bilateral a Lisboa y que en próximas semanas ya se va a celebrar una cumbre interparlamentaria entre los dos países, prólogo de otra entre los dos Gobiernos.

No obstante, fuentes de la comisión critican la decisión de la Mesa del Congreso ya que, a su juicio, se trata de una «visita de cortesía obligada, más allá de mantener la buena relación entre ambos países«. En este sentido, recordaron que se trata de un tema que afecta a ambos estados, ya que la central de Almaraz, en Cáceres, se encuentra próxima a la cuenca del Tajo. En su momento, el Parlamento portugués votó de forma unánime en contra de la construcción del ATI.

Mediación europea, solución en curso

Portugal también envió a principios de año a su ministro de Medio Ambiente a negociar sobre el tema con su homóloga en España, Isabel García Tejerina, aunque finalmente no se llegó a ningún acuerdo, lo que llevó al país vecino a presentar una queja formal ante la Unión Europea. Finalmente, la Comisión Europea medió entre ambos países para evitar el choque judicial. Para las fuentes consultadas, la negativa de autorizar la visita puede deberse también a que «no conviene más presión» internacional sobre esta tema.

La visita al Parlamento portugués era la respuesta a una invitación que el Congreso realizó al presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento portugués, Pedro Soares, que visitó el Congreso de los Diputados en enero para tratar este mismo tema. Entonces, el parlamentario luso pidió al Gobierno de España que hiciera del caso de Almaraz una «cuestión ibérica» y trasladó la importancia que esta materia tiene en su país, ya que este ATI se construirá a menos de 100 kilómetros de la frontera.

El Gobierno escuchará las propuestas de los diferentes partidos políticos antes de tomar su decisión sobre Garoña

Europa Press.- El Gobierno está dispuesto a escuchar la posición de los distintos grupo políticos acerca de la central nuclear de Santa María de Garoña antes de tomar su decisión sobre la reapertura de esta instalación, para lo que dispone de un plazo de seis meses desde la publicación del informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), según fuentes del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Energía considera que en el caso de Garoña se plantea el debate de establecer si la decisión ha de restringirse al caso particular de la central y tener un contenido técnico o si debe contemplarse de forma más amplia y tener en cuenta las posiciones políticas. «Garoña es el primer peldaño de un debate en el que se debe ver si se tomará una decisión singular, central a central, o general», indican las fuentes, antes de considerar que la resolución la ha de emitir un Gobierno en minoría y que «no es bueno» tomar decisiones sobre política energética que no tengan continuidad en el tiempo.

En todo caso, desde Energía niegan que el Gobierno quiera usar el posible cierre de Garoña como moneda de cambio para lograr el apoyo del PNV a los Presupuestos del Estado y se muestran expectantes ante la posible presentación por parte del PSOE de una proposición de ley sobre el cierre de la central. Una ley sobre un caso único, advierten, no se puede realizar.

En el caso de Garoña, ven «interesante ver las alegaciones para encuadrar el debate» acerca del futuro del parque nuclear español. La posición del Ejecutivo al respecto pasa por defender la importancia de todas las tecnologías del mix y parte de la premisa de que cerrar las nucleares puede encarecer un 25% la electricidad. Para Energía, Garoña será el «telonero» de las decisiones sobre la continuidad de las nucleares, que se podrían plantear en la actual legislatura, indican las fuentes. La decisión sobre la renovación de la licencia de Almaraz ha de tomarse en 2020.

España ve en la visita de Portugal y la Comisión Europea a Almaraz un «primer paso» de comunicación y coordinación

Europa Press.- Delegaciones de Portugal y de España, junto a representantes de la Comisión Europea, visitaron las instalaciones de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) para conocer de primera mano el estado de las obras del almacén temporal individualizado (ATI) de residuos. Según el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, se trata de un «primer paso» de comunicación. Así, el objetivo del encuentro es informar de las medidas de seguridad y de protección medioambiental del futuro.

Las delegaciones visitaron el emplazamiento del ATI y se les ha informado sobre el procedimiento y el análisis que se ha llevado a cabo para «garantizar la seguridad del almacén desde el punto de vista medioambiental y de seguridad nuclear». En la visita han participado también representantes del Consejo de Seguridad Nuclear. Se trata de «un primer paso de comunicación y coordinación» con las autoridades portuguesas tras el reciente «acuerdo amistoso» suscrito entre España y Portugal, por el que el país luso retiró su denuncia ante Bruselas. Según dicho «acuerdo», España se comprometió a informar en «todo momento» de los «pormenores» del proyecto de construcción del ATI de la central cacereña en el plazo de «dos meses», explica el Ministerio.

El Gobierno considera el ATI que tiene proyectado construir en Almaraz como una infraestructura necesaria ante la saturación de las piscinas de combustible gastado de la central nuclear. Ahora, con el acuerdo con Portugal, se abre ese periodo de dos meses de consulta y estudio durante el que, según la declaración firmada por el presidente de España, Mariano Rajoy y por su homólogo de Portugal, Antònio Costa, España «no emitirá ni ejecutará la autorización» para comenzar las operaciones del almacén.

Tejerina garantiza «toda la transparencia”

Por su parte, la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha asegurado que España aportará toda la transparencia e información necesaria tanto a la Comisión Europea como a Portugal con respecto a la construcción del ATI en Almaraz. «España quiere dar toda la transparencia e información necesaria tanto a la Comisión como a nuestros vecinos y amigos portugueses», ha expresado Tejerina, antes de recordar que el Gobierno se ha comprometido a que Lisboa «pueda hacer todo el seguimiento» y a «facilitar toda la información».

«Desde una visita física para ver las instalaciones hasta la información que se requiera antes de seguir adelante con este proyecto, que cumple con las exigencias europeas y con las exigencias españolas en materia de medio ambiente y de seguridad nuclear», destacó Tejerina, que aseguró que España está ofreciendo «todas las garantías» y está cumplimiento «todas las obligaciones» que tiene con respecto a la construcción del ATI. En este sentido, preguntada por las razones de España para no elaborar un informe transfronterizo, Tejerina argumentó que el almacén es «una piscina estanca» que «no tiene mayor impacto medioambiental que lo que tiene un movimiento de tierras».

Garantías plenas en la seguridad

«En el entender de los técnicos, no hay un impacto transfronterizo», ha subrayado, para después incidir en que el almacén está a más de 100 kilómetros de la frontera y destacar que en ese espacio «también hay territorio español». También señaló la ministra que el Consejo de Seguridad Nacional ha dado garantías de que no existen incidencias desde el punto de vista de la seguridad. Por último, Tejerina ha enfatizado que un acuerdo amistoso como el alcanzado con Portugal «ha sido siempre el deseo del Gobierno español» y ha remarcado que el proyecto avanzará «conforme al acuerdo» alcanzado con Lisboa.

El Gobierno confía en que el ATI nuclear de Almaraz empiece a funcionar este año pese al acuerdo con Portugal

Europa Press.- El Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) podría empezar a operar en el plazo previsto inicialmente, es decir, a finales de 2017, a pesar del acuerdo adoptado con Portugal por el que España se compromete a hacer al país luso partícipe del proceso de autorización. La solución al conflicto se prevé para finales de abril.

Según señalaron fuentes del Ministerio de Energía, el acuerdo no contempla parar las obras de construcción de la instalación, sino que España se compromete a no autorizar de momento la operación o funcionamiento. El plazo establecido para que Portugal pueda conocer toda la información, documentación, presentar las propuestas y las «alegaciones que deseen» y visitar la instalación en la central nuclear cacereña es de dos meses. Por ello, desde Energía confían en que «el ATI no se va a retrasar».

Energía está «satisfecha» por el acuerdo alcanzado, puesto que lo lógico es resolver estos «conflictos» en un «corto espacio de tiempo». Además, Energía recuerda que la razón para construir el ATI tiene que ver con el nivel de saturación de las piscinas de combustible gastado en Almaraz y con el retraso previsto en la entrada en operación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca). En todo caso, insisten en que la autorización de construcción «sigue adelante» y que la de funcionamiento «sigue prevista para finales de año».

Finalmente, el Ministerio ve el conflicto «dentro de la normalidad» del diálogo «continuo» entre los dos países. El ministro luso de Medio Ambiente, Joao Matos, anunció el 16 de enero que Portugal denunciaba a España ante la Comisión Europea porque, según aseguró, el Ejecutivo español no le proporcionó la documentación e información relativa a la instalación del ATI en Almaraz (Cáceres). Por otro lado, fuentes de la central nuclear han señalado que el ATI, que «consiste en una losa de hormigón sobre la que se depositarán los bidones con residuos nucleares», comenzó a construirse a mediados del mes de febrero.

Ecologistas en Acción lamenta que Portugal ceda ante las presiones y retire su denuncia por el ATI nuclear de Almaraz

Europa Press.- Ecologistas en Acción lamenta que el Gobierno de Portugal haya retirado y no haya sido «capaz de mantenerse firme en su denuncia» sobre las «irregularidades» cometidas en el proceso de licenciamiento del almacén temporal individualizado (ATI) de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) y que ceda a las “presiones, parece que demasiado fuertes, del Gobierno de España y de la Comisión Europea, con su oferta de acelerar las interconexiones energéticas”.

Ecologistas, como integrante del Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), interpuso en enero un recurso de alzada contra la decisión del Gobierno español de autorizar el ATI en Almaraz porque considera que se ha ignorado el impacto transfronterizo de la obra. En su recurso advertían de que una hipotética fuga radiactiva del ATI podría afectar al embalse de Arrocampo y acabar en el río Tajo, con lo que la contaminación afectaría muy probablemente a Portugal, como recuerdan que ya sucedió en 1970, cuando se produjo un escape de agua radiactiva de la antigua Junta de Energía Nuclear (JEN) que llegó hasta Lisboa.

En este contexto, el Gobierno de Portugal denunció el pasado 16 de enero a España ante la Unión Europea para que las autoridades comunitarias se posicionaran ante el proceso de autorización del ATI de Almaraz. Ecologistas en Acción sostiene que España contravino los protocolos internacionales de Kiev, Aarhus y Espoo, así como varias directivas europeas, al autorizar el ATI sin consultar al Gobierno portugués. Por ello, Portugal no pudo abrir un periodo de consulta en el que interponer alegaciones al almacén de residuos, tal y como pudieron hacer las personas y organizaciones interesadas en España.

Por ello, la asociación advierte a Portugal de que con la aceptación del ATI está «aceptando de facto la prolongación del funcionamiento de la central nuclear hasta los 60 años» y desoye la voz de la mayor parte de la ciudadanía portuguesa (las encuestas muestran que más del 90% de la población lusa muestra su oposición a la central) y del Parlamento portugués, que se posicionó en contra del ATI y del alargamiento de la vida de Almaraz. Para el portavoz de la campaña nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, que los reactores nucleares pasen los 40 años de diseño supone un «riesgo inaceptable» porque las condiciones de seguridad se degradan con el envejecimiento.

Portugal retirará su denuncia ante Bruselas sobre el ATI nuclear de Almaraz para que España permita intervenir a expertos lusos

Europa Press.- Los Gobiernos de España y Portugal cerraron un acuerdo «amistoso» para resolver la disputa por la construcción de un almacén temporal individualizado (ATI) de residuos en la central nuclear de Almaraz (Cáceres), según el cual Lisboa se compromete a retirar la denuncia que interpuso ante Bruselas mientras Madrid accede a trasladar toda la información «relevante» del proyecto en materia de medio ambiente y seguridad nuclear. El Ministerio de Energía expresó su «satisfacción» con el acuerdo «de buenos vecinos» con Portugal.

La solución fue anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el primer ministro de Portugal, Antònio Costa, en una declaración conjunta firmada también por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien ha ejercido de mediador entre las partes. El compromiso pactado establece «un proceso de consulta y diálogo constructivos» entre Madrid y Lisboa, con el objetivo de resolver la controversia creada.

El acuerdo incluye la visita de expertos portugueses y de la Comisión a la central cacereña «en los próximos días», según detalla la Comisión, «tan pronto como sea posible«. Irán representantes de las direcciones de Medio Ambiente y de Energía del Ejecutivo comunitario, así como miembros del Gabinete de Juncker. El objetivo es conocer la tecnología y las características de seguridad previstas en la central.

Se abre un periodo de dos meses de consulta y estudio durante el que, según la declaración firmada por Rajoy y Costa, España «no emitirá ni ejecutará la autorización» para comenzar las operaciones del almacén. Ese tiempo se empleará, por contra, para «examinar y tomar en consideración» las reservas lusas al proyecto y para contemplar medidas para abordar estas dudas.

Aunque los términos del acuerdo no obligan a España a detener los trabajos ni a emprender una evaluación de impacto medioambiental, las autoridades españolas sí deberán «abstenerse» de toda medida que pueda ser «irreversible», según indicó el portavoz comunitario en materia medioambiental, Enrico Brivio. Ello supone que las obras «pueden continuar, pero antes debe producirse una consulta» con las autoridades lusas, ha insistido Brivio, para quien es «prematuro» decir si será necesaria una evaluación de impacto, tal y como reclamaba Portugal, o quien debería asumir los costes de ese estudio.

Bruselas explicó que el diálogo reforzado pretende servir de plataforma para la «consulta y evaluación conjunta» de la situación y para entender si la evaluación de impacto medioambiental «es necesaria» o bien la información ofrecida por el Gobierno español será «suficiente». «Es el inicio de un proceso basado en la confianza mutua entre las dos partes», apuntó el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas.

En su declaración conjunta, Rajoy y Costa han explicado que en un contexto de «inmensos desafíos» para la Unión Europea, las controversias entre Estados miembros que son «aliados tradicionales» deben resolverse «rápidamente», en un espíritu de cooperación y consenso. Se trata de un pacto que «prueba la cooperación pragmática» de los dos países y la voluntad de la Unión Europea de «resolver problemas». En este contexto, y tras las garantías de las autoridades españolas, el Gobierno portugués retirará la denuncia presentada el pasado mes de enero ante la Comisión Europea en contra de España por incumplimiento de la legislación comunitaria.

La mediación de Juncker se inició el pasado 3 de febrero en Malta, según Bruselas, en el marco de la cumbre europea que se celebró en Valeta y que propició un encuentro con las partes en los márgenes de la reunión a Veintiocho. El diálogo entre las partes permitió, además, expresar el compromiso de «acelerar» los trabajos del grupo de alto nivel del Suroeste de Europa en materia de interconexiones de gas y electricidad, para conectar la Península Ibérica con el resto de mercados europeos.

Energía: acuerdo «de buenos vecinos»

Por su parte, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital expresó su «satisfacción» por el acuerdo entre los Gobiernos de España y Portugal sobre la disputa acerca del ATI nuclear de Almaraz, según indicaron fuentes del departamento dirigido por Álvaro Nadal. El acuerdo responde al comportamiento «lógico entre buenos vecinos», que desean resolver cualquier diferencia «pronto y bien», y «así se ha hecho entre dos países que siempre han mantenido el diálogo sobre el asunto», explican las fuentes. La consecución del acuerdo se produce poco después de los encuentros celebrados entre las máximas autoridades portuguesas en competencia medioambiental y Nadal y la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.

El CSN propone modificar las órdenes ministeriales que autorizan la explotación de las centrales nucleares

EFE.- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) envió cinco cartas al ministro de Energía, Álvaro Nadal, en las que le propone una nueva redacción de las autorizaciones vigentes de todas las centrales nucleares españolas. En las cartas, aprobadas por unanimidad por el pleno del consejo el pasado día 1 de febrero, solicitan a Nadal que apruebe cambios en el texto de las autorizaciones de explotación de Almaraz, Ascó I y II, Vandellós II, Cofrentes y Trillo.

Un cambio en el articulado de las licencias permitiría que las futuras renovaciones de las plantas puedan aprobarse por el plazo que el Gobierno considere oportuno o incluso sin ningún límite temporal, frente al máximo de 10 años que hasta ahora estaba fijado. Las modificaciones servirían para incluir nuevos requisitos de seguridad para que las plantas gestionen el envejecimiento de las instalaciones por funcionar a largo plazo y se mantienen otras de las exigencias habituales para renovar una licencia. El organismo regulador considera conveniente que las siguientes revisiones periódicas de seguridad de las centrales españolas se hagan siguiendo una sistemática análoga propuesta por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).