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La Junta de Andalucía prepara el recurso para pedir en los tribunales la paralización del proyecto de gas en Doñana

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Europa Press.– El consejero de Medio Ambiente de Andalucía, José Fiscal, anunció que el gabinete jurídico de la Junta «está preparando» el recurso que presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para pedir la paralización del proyecto de almacén de gas natural en el entorno de Doñana, si finalmente el Ministerio de Medio Ambiente no se pronuncia en esa línea porque «debe realizarse una evaluación conjunta» del impacto ambiental del proyecto ya que «es solo un proyecto y no cuatro».

Fiscal se ha referido al requerimiento que hizo este verano la Consejería al Ministerio para que realizara una evaluación conjunta de los proyectos de gas natural en el entorno de Doñana. De este modo, ha asegurado que por ahora no tiene constancia de que se haya producido la respuesta ministerial pero ha señalado que la Junta envió su escrito y el plazo para responder empieza a contar desde que se produce el registro de entrada.

Administrativamente 4, pero uno real

Por ello, ante la proximidad de la respuesta ministerial, ha apuntado que la Junta «está preparando» ya su recurso para «pedir en los tribunales que se paralice este proyecto». En esta línea, ha recordado el informe del CSIC que alerta de la posibilidad de que este proyecto aumente la sismicidad de la zona, así como ha reiterado que el estudio de su afección se haga de manera conjunta. Por todo ello, el consejero ha indicado que se trata de una cuestión que les «preocupa» y ha dejado claro que «la realidad es tozuda» y todo apunta a que la evaluación debe realizarse de manera conjunta y no por separado porque, aunque «administrativamente» sean cuatro proyectos, «es uno solo», ha zanjado.

Andalucía irá a los tribunales si el Gobierno no analiza de manera conjunta los proyectos de gas en Doñana

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Europa Press.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha recordado este miércoles que la Junta acudirá a los tribunales si el Gobierno no decide realizar una evaluación conjunta de los proyectos de gas natural en el entorno de Doñana, así como ha indicado que también acudirá a la vía judicial si el Gobierno no responde al requerimiento de la administración regional.

A preguntas de los periodistas en Huelva, Fiscal ha remarcado que el Ministerio de Agricultura, Pesca Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) tiene hasta finales de mes para responder al requerimiento remitido por la Junta este verano.

Por ello, ha dejado claro que si el Gobierno no contesta acudirán a los tribunales o si contesta diciendo que no hará una evaluación conjunta de los proyectos, como defiende la Junta, «iremos a los tribunales», ha enfatizado.

Hay que recordar que el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, envió en agosto una carta a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), Isabel García Tejerina, en la que solicitó la paralización del proyecto de almacén de Gas Natural en el entorno de Doñana, en virtud de un informe del CSIC que alerta de «la posibilidad de que este proyecto aumente la sismicidad de la zona», así como que el estudio de su afección se haga de manera conjunta.

En ese momento, José Fiscal ya dejó claro que, si el Ejecutivo central «no atiende esta petición, el Gobierno andaluz acudirá a los tribunales», y ha mantenido su postura.

Asimismo, recordó que este verano se conoció un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que le remitió al Defensor del Pueblo, «en el que dice taxativamente lo que la Junta ha venido defendiendo desde el principio, que los estudios de impacto ambiental de los cuatro proyectos deben hacerse de manera conjunta y teniendo en cuenta los riesgos sísmicos».

Izquierda Unida advierte a la Comisión Europea de los supuestos riesgos del almacén de Gas Natural Fenosa en Doñana

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EFE.- El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maíllo, trasladó al director general de Medio Ambiente de la Unión Europea, Daniel Calleja, los resultados de una investigación de la Universidad de Huelva sobre los riesgos de poner en marcha el proyecto de almacenamiento de gas en el subsuelo del parque onubense, impulsado por Gas Natural.

Según explicó, en el espacio donde se instalaría el depósito existen unas fallas que podrían provocar el escape del gas inyectado y la consiguiente contaminación del acuífero. «Entregaríamos unas instalaciones naturales de almacenamiento a una empresa cuya única presencia allí va a ser camiones llevando gas para que se inyecte. Toda compañía que intenta hacer una actividad que puede ser polémica desarrolla una labor de silencio, que es la que más perjudica a Doñana», sentenció.

El almacén de gas promovido por Gas Natural en Cataluña, en vía muerta

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EFE.- El almacén de gas en cavidad salina que Gas Natural Fenosa promueve en la comarca barcelonesa del Bages se encuentra en vía muerta cinco años después de presentarse públicamente el proyecto, dado que no cuenta por el momento con los permisos correspondientes por parte del Ministerio de Energía.

El proyecto se presentó el 19 de junio de 2012, cuando Gas Natural Fenosa anunció que invertiría entre 300 y 350 millones de euros en la construcción del primer almacén subterráneo de gas de España en una cavidad salina, que se ubicaría en Balsareny (Barcelona), población situada cerca de Manresa, aprovechando la geología de esta zona.

La compañía avanzó entonces que ya había iniciado la tramitación administrativa del proyecto y que, si obtenía todos los permisos por parte del Gobierno, invertiría todos estos recursos hasta el año 2025.

Gas Natural quería construir ocho cavidades en estructuras salinas a 900 metros de profundidad en el término municipal de Balsareny, la primera de las cuales debía estar lista a mediados de 2017.

El origen del proyecto se remonta a 2008, cuando la multinacional decidió hacer estudios en la comarca del Bages para comprobar si había hidrocarburos (gas y petróleo).

Los trabajos descartaron la presencia de hidrocarburos en la zona, pero permitieron descubrir que la comarca, por sus cavidades salinas, podía albergar un almacén subterráneo de gas, un modelo ya usado en otros países europeos como Francia, pero desconocido hasta ahora en España.

Durante la presentación, Gas Natural garantizó al completo la seguridad de ese tipo de almacén, y destacó sus ventajas, como la de cubrir, en casos de emergencia, la demanda de suministro de gas en Cataluña durante unos catorce días, pero cinco años después el proyecto no ha registrado apenas avances.

Fuentes del sector han explicado que el caso del almacén de gas Castor, polémico por los movimientos sísmicos en el litoral mediterráneo y por la indemnización de 1.350,7 millones abonada a la sociedad Escal UGS, ha hecho que se paralizaran de facto otros proyectos de almacenamiento de gas en España.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Energía han asegurado que el proyecto se encuentra «en análisis» por parte de la Dirección General de Política Energética y Minas «para verificar que cumple con los requisitos básicos establecidos» y que, por el momento, no se ha otorgado «ninguno de los permisos que se requieren».

Estas fuentes han explicado que este almacén «no está incluido en la planificación energética» estatal, por lo que habrá que «valorar» su encaje con las previsiones de evolución de la demanda de gas natural y las necesidades de almacenamiento del sistema.

Así pues, el proyecto continúa oficialmente «en tramitación», si bien para que siga adelante esta iniciativa debería incluirse en un documento de planificación energética estatal, han asegurado dichas fuentes, que remarcan que las características peculiares del almacén Castor «no se pueden extrapolar» a todos los almacenamientos subterráneos, desvinculando así ambos casos.

Por su parte, fuentes de Gas Natural han asegurado que la compañía ha invertido por ahora en el proyecto, incluido en la planificación de las redes transeuropeas de gas, unos 10 millones de euros, y que la tramitación administrativa se inició en 2012.

En concreto, ese año se presentó una solicitud de concesión de almacenamiento subterráneo al Ministerio de Industria y Energía, y un documento inicial ambiental del proyecto al Ministerio de Medio Ambiente, y en 2014 se pidió autorización administrativa y evaluación ambiental también al Ministerio de Energía.

Fuentes de la Generalitat han asegurado que, en opinión del Gobierno catalán, esta infraestructura continúa siendo «estratégica», aunque admiten que el contexto energético ha cambiado desde entonces.

Las últimas novedades en el proyecto se remontan al período que va entre 2014 y 2016, cuando Gas Natural hizo diferentes análisis de optimización del diseño y estudios geológicos específicos.

El PSOE andaluz pide que la Junta reclame al Gobierno revisar la DIA de los proyectos de gas en Doñana

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Europa Press.- El PSOE ha anunciado el registro de una proposición no de Ley en el Parlamento andaluz para que la Junta emprenda las acciones oportunas, tanto administrativas como en su caso judiciales, ante el Gobierno de España, a través del Ministerio de Medio Ambiente, para solicitar la revisión de las declaraciones de impacto ambiental (DIA) de los 4 subproyectos de almacenamiento de gas de la empresa Petroleum Oil & Gas España, filial de Gas Natural Fenosa, en el entorno de Doñana.

Todo ello, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Evaluación Ambiental, con el fin de que se realice una nueva evaluación del proyecto en su conjunto, incluyendo los 4 subproyectos en que fue subdividido (Saladillo, Marismas Occidental, Aznalcázar y Marismas Oriental). La vicesecretaria general del PSOE de Huelva, María Márquez, explicó que la iniciativa también solicita que la Junta emprenda las acciones oportunas para que se paralice la ejecución del subproyecto Marismas Occidental, que cuenta con autorización sustantiva de marzo de 2016 del Ministerio competente en materia de Energía, hasta que no se lleve a efecto la revisión de las DIA antes citadas.

Todo ello después de que el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, afirmara que «no parece que la falta de actividad de Medio Ambiente pueda verse justificada” tras no haber recabado más información sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de explotación y almacenamiento de gas en el Parque Natural de Doñana, a pesar de que el órgano competente sea el Ministerio de Energía o que las cuestiones ambientales correspondan a la Junta de Andalucía. Así lo expresa Fernández en un documento en el que pide al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que valore si el riesgo sísmico ha sido debidamente considerado en las declaraciones de impacto ambiental realizadas.

Al respecto, el PSOE pide en la proposición no de Ley que la Junta «apoye» el informe del Defensor, al que «debe hacer caso el Gobierno central», y que se apoya asimismo en un informe elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que apunta a los riesgos sísmicos y a la contaminación del acuífero 27. Márquez insistió en que los socialistas onubenses piden al Gobierno y al PP que «se unan al clamor existente y renuncien a utilizar el subsuelo de Doñana como un almacén de gas», así como que responda a la petición, elevada por el PSOE, para que el presidente del CSIC, Emilio Lora-Tamayo, comparezca en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones al respecto.

La socialista ha recordado que en el entorno del Espacio Natural de Doñana «se ha explotado históricamente el gas natural existente en el subsuelo, existiendo diversos emplazamientos, pozos y gasoductos, pertenecientes a Gas Natural». No obstante, ha continuado, en los últimos años, dicho grupo empresarial «ha querido reforzar su actividad gasista en dicho entorno con la presentación de los citados 4 nuevos proyectos en municipios de las provincias de Huelva y Sevilla», los cuales se encuentran en distintas fases de tramitación administrativa en los distintos ámbitos competenciales, estatal y autonómico.

Desde 2011, precisó la socialista, la Junta de Andalucía ha cuestionado, en numerosos debates sustanciados al respecto tanto en el Parlamento autonómico como en las Cortes Generales, que se haya realizado un adecuado estudio de los efectos sinérgicos y acumulativos de los 4 proyectos sobre el medio ambiente y, en especial, sobre los Espacios de la Red Natura 2000, máxime cuando la nueva actividad a realizar consiste en un almacenamiento permanente de gas. Esta situación, ha insistido Márquez, «le ha llevado a mantener una correspondencia con Medio Ambiente, Ministerio que en ningún caso ha reconocido defectos en la evaluación de los efectos sinérgicos ni problemática alguna por la fragmentación de proyectos de las mismas características en un mismo ámbito territorial».

Andalucía insiste en la «veracidad» del informe del CSIC que advierte de la vulnerabilidad de Doñana ante el almacén gasista

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Europa Press.- El Gobierno andaluz ha insistido en defender la «veracidad» del informe de geólogos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que pone de relieve la situación de máxima vulnerabilidad de Doñana y su entorno como resultado de las obras del almacén de gas natural que construye la multinacional Gas Natural Fenosa. Además, ha reprochado al PP que está lanzando mensajes sobre su supuesta «falsedad» con el objetivo de defender los intereses de la citada empresa.

El portavoz Juan Carlos Blanco ha querido dejar claro que la Junta no tiene intención alguna de dar una autorización medioambiental a ningún pozo que se pueda situar dentro del Parque nacional, por mucho que el PP esté lanzando «mensajes sobre la supuesta falsedad» de unos informes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Asimismo, ha señalado que si el PP quiere defender “los intereses de Gas Natural y tratar de defenderlos es su responsabilidad».

Ha recordado que un informe del CSIC habla de «riesgo sísmico» de los pozos, ya incorporado a un informe del Defensor del Pueblo Andaluz, que ha sido remitido al Gobierno andaluz. Blanco ha indicado que llama la atención que el PP cuestione la «veracidad de ese informe, que es oficial y que ha sido elaborado por geólogos del CSIC y que, sin embargo, parezca muchos menos interesado en hablar del contenido del mismo y de esa posibilidad de riesgos sísmicos».

El Defensor del Pueblo andaluz alerta sobre los «riesgos» en Doñana y pide suspender el proyecto de Gas Natural Fenosa

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Europa Press.- El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha puesto en conocimiento de las autoridades correspondientes un informe del CSIC sobre Doñana, que señala una situación «preocupante» del estado del acuífero y alerta de que las Declaraciones de Impacto Ambiental de los cuatro tramos en los que se ha subdividido el proyecto del gaseoducto «no han evaluado los posibles riesgos sísmicos que, en su caso, pudiera originar la ejecución de éste».

El Defensor del Pueblo Andaluz ha mostrado su «preocupación» por estos hechos y ha pedido a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía que, junto a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y los municipios del entorno de Doñana, «valore la situación real del acuífero y adopten conjuntamente las medidas que sean necesaria para su protección».

También ha informado a la Defensora del Pueblo de las Cortes Generales, que actualmente investiga los riesgos de la ejecución del gaseoducto para que, si lo estima oportuno, y dado el contenido del informe, proponga al Ministerio competente, «que valore la conveniencia de suspender el tramo ya en ejecución, de Marisma Occidental, de acuerdo con el principio de precaución». Para la institución andaluza esta suspensión «debería adoptarse definitivamente si de los informes finales se desprende que existe ese riesgo sísmico y de contaminación del acuífero», lo que «podría tener consecuencias muy graves para conservar Doñana».

Según este informe «el hecho de no incluir en la Declaración de Impacto Ambiental los riesgos sísmicos que la inyección de gas podría implicar indica que la valoración de riesgo de contaminación del acuífero se ha realizado ignorando el efecto de dicho riesgo sísmico; esto es, asumiendo unas condiciones de inestabilidad geológica que podrían haber llevado a infravalorar el riesgo de contaminación del acuífero. Esta omisión es muy preocupante, pues sugiere que los riesgos no se han estudiado en profundidad».

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, también se ha referido a la paralización del proyecto de gasoducto en el entorno de Doñana, un asunto del que «oficialmente no saben nada». «No nos ha llegado ninguna comunicación, pero se ha publicado que la empresa paraliza las obras ante la imposibilidad de construir dos partes del proyecto que discurrían por el interior del espacio natural de Doñana, algo que impide la Junta», ha indicado.

«Como todo el mundo sabe, estamos en contra de este proyecto, que nos hemos opuesto con la ley en la mano», manifestó Fiscal, quien dejó claro que Doñana «no es un lugar, ni el entorno, para un almacén subterráneo de gas». Según el consejero, si se confirma la paralización del gasoducto, lo que se probaría es que la «oposición frontal» de la Junta de Andalucía para que la obra no atraviese «ni un solo metro del espacio natural de Doñana comenzaría a dar sus frutos».

Una plataforma pide a la Fiscalía de Medio Ambiente paralizar las obras de Gas Natural Fenosa en Doñana

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Europa Press.- La plataforma Doñana Lives presentó una denuncia en la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla para que investigue «exhaustivamente» las causas del incendio originado en el término municipal de Moguer (Huelva) y que alcanzó el Espacio Natural de Doñana, y «si ha habido negligencia o atentado», así como que «se actúe con el mayor rigor posible contra los responsables, sean quienes sean».

Según reza la denuncia, solicitan que se paralicen cautelarmente las obras de la empresa Gas Natural en el entorno de Doñana, «al menos hasta que por técnicos independientes y desconocidos de la empresa promotora se pueda probar la imposibilidad de consecuencias en caso de algún otro accidente futuro». De igual modo, insisten en que «si no se probara, se prohíba absolutamente la referida obra y cualquier otra que pueda poner en peligro la supervivencia del parque y la afección de cualquiera de los acuíferos citados».

No obstante, aseguran que, aunque «nadie puede acusar a Gas Natural de responsabilidad alguna» en este suceso, «deja clara una circunstancia que ya hemos denunciado anteriormente: la instalación de un gigantesco almacén de gas en la marisma puede convertirse en un gravísimo desastre, ante una desgracia fortuita como esta, más aún ante la posibilidad, nunca remota, de un ataque terrorista».

A su juicio, «la acción beneficiosa de los Parques Nacional y Natural de Doñana está fuera de dudas», indicando además que «queda claro que la posible pérdida de este pulmón mundial sería una catástrofe irreversible para el mundo y, en especial para Andalucía, la zona más cercana y, por tanto, la más beneficiada actualmente y la que corre mayor peligro«. Por último, entienden que es función de esta Fiscalía de Medio Ambiente investigar lo ocurrido.

El Senado rechaza con los votos del PP y Foro Asturias una comisión de investigación sobre el almacén gasista Castor

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Europa Press.- El pleno del Senado rechazó, con los votos de PP y Foro Asturias, la abstención de PNV y UPN, y el apoyo de resto de grupos, una petición de Compromís para abrir una comisión de investigación sobre el proyecto de almacenamiento de gas de Castor, situado frente a Vinaròs (Castellón), con el objetivo de aclarar las responsabilidades, de poner el «foco de atención informativo para que la ciudadanía esté informada de forma clara, abierta y transparente» de lo que ocurrió.

El senador Jordi Navarrete, que ha defendido la iniciativa, ha agradecido el apoyo de los grupos promotores de esta comisión de investigación (Compromís, PDeCAT, EH-Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya y Unidos Podemos) y a Ciudadanos y PSOE por su «coherencia y responsabilidad» al sumarse y votar a favor. Por el contrario, ha criticado «el comportamiento totalitario y lobbista del PP y el entorno de los grupos de presión». Para el senador de Compromís, el proyecto de almacenamiento de gas Castor fue un «fiasco económico». «La ciudadanía necesita saber por qué se produjo, quiénes son los responsables y por qué hemos tenido que repercutir en la factura de todos los españoles el gasto de una infamia de un proyecto faraónico», señaló.

Paralelamente, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha comparecido en el Congreso para informar sobre el informe realizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard sobre el proyecto y en su intervención ha insistido en que los estudios anteriores a la construcción del almacén eran correctos y «no se podían prever» los terremotos en la zona. El ministro no ha adelantado si el Gobierno tiene planes próximos de desmantelar la plataforma.

ERC, Unidos Podemos, Compromís y PDeCAT piden al Tribunal de Cuentas investigar los sobrecostes del proyecto de almacén gasista Castor

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Europa Press.- Diputados y senadores de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Unidos Podemos, Compromís y Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) presentaron en el Tribunal de Cuentas de Madrid, junto a la Plataforma Ciudadana en Defensa de les Terres del Sènia, una solicitud formal en la que piden que se abra una investigación por los sobrecostes del proyecto Castor de almacenamientode gas natural, y en la que exigen a la Administración responsabilidades.

Así lo ha asegurado la portavoz de la Plataforma, Cristina Reverte, que lo considera como un «acto de concienciación» y «reclamación» ciudadana. «Es una lucha más contra un proyecto que creemos innecesario y que ha puesto en riesgo la seguridad ciudadana», ha señalado Reverte, que afirma que llevan 10 años luchando «pacíficamente» por esto. El documento que han presentado al Tribunal de Cuentas de Madrid declara, según ha afirmado la portavoz, el aumento de costes del proyecto, que al inicio suponían 400 millones de euros, según asegura la portavoz, y después aumentó a 1.700 millones de euros para, finalmente, ascender a más de 4.000 millones.

«No tenemos ninguna transparencia por parte de la Administración, a lo largo de 10 años hemos pedido que se expliquen las cosas, que se nos dé la información, porque al final, quien tenemos que pagar las facturas de otros y la responsabilidad de otros, somos la gente corriente», ha criticado. Las actividades en el almacén de Castor, situado entre Castellón y Tarragona, fueron paralizadas en septiembre de 2013 debido a que las inyecciones de gas provocaban terremotos en la zona de Vinaroz (Castellón). Un año después, en octubre de 2014, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que acordaba el cierre de las instalaciones.

El Gobierno también acordó que el Gobierno indemnizaría con 1.350 millones de euros a Escal UGS, participada por el grupo ACS, la empresa concesionaria de la explotación del almacenamiento subterráneo de gas Castor, por su cierre. Pero el importe sería abonado por Enagás Transporte, lo que según advirtió OCU, repercutiría en los consumidores, los cuales acabarían pagando en su factura de gas durante los próximos 30 años esa cantidad, más un interés del 4,27% anual, lo que elevaría el importe final pagado por los consumidores de gas a 4.731 millones.

Los diputados y senadores que apoyan a la Plataforma también han pedido responsabilidades al Gobierno y que se inicie una investigación. Por su parte, el alcalde de Alcanar (Tarragona), Alfons Montserrat (ERC) exigió «transparencia, claridad, e información» sobre Castor porque, a su juicio, «es la mejor manera de que no vuelva a repetirse». Montserrat tachó de «deplorables» las indemnizaciones acordadas por el Gobierno por su cierre y ha recordado que este almacén «ha puesto en peligro todo un territorio con alrededor de 500 movimientos sísmicos». Por su parte, el senador de ERC, Miguel Aubà, reclamó «que pague quien haya cometido el problema» y ha expresado su apoyo a la plataforma.

El senador de Compromís, Jordi Navarrete, destacó que este proceso contra Castor se ha materializado en la petición para la creación de una comisión de investigación en el Congreso. Navarrete señaló que se abordarían cuestiones como los motivos por los que no se hicieron los estudios de impacto medioambientales necesarios que exigía la ley, el aumento del gasto del proyecto, el motivo por el que las indemnizaciones del Gobierno repercuten en los usuarios del gas o quién dio la orden de inyectar más gas del que era capaz la infraestructura con una velocidad superior a la recomendada por los técnicos.