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Iberdrola inicia los trabajos en Alemania del Baltic Eagle, un parque eólico marino de 476 MW para completar al Wikinger

EFE.- Iberdrola ha iniciado la campaña geotécnica del parque eólico marino Baltic Eagle, de 476 megavatios (MW) de potencia instalada, según anunció la compañía. Baltic Eagle es el segundo gran proyecto eólico marino de Iberdrola en Alemania después de la puesta en marcha en 2017 del parque Wikinger, de 350 MW. Además, Iberdrola tiene en desarrollo otra instalación marina en Alemania, Wikinger Süd, de 10 MW.

Estos tres parques están situados junto a la isla de Rügen y constituirán el mayor complejo eólico marino del mar Báltico, con una capacidad total instalada de 836 MW y una inversión conjunta de 2.500 millones de euros. El análisis geotécnico y geofísico del fondo marino donde se instalará Baltic Eagle será efectuado por Fugro y están valorados en más de 10 millones de euros.

El primer estudio será para la localización y supresión de posibles artefactos sin explosionar y, posteriormente, se iniciará el programa de perforación de pozos de sondeo y de investigaciones geotécnicas. Además, se llevarán a cabo varias pruebas de laboratorio y los datos obtenidos determinarán el diseño de los cimientos sobre los que se asentarán los aerogeneradores y la subestación del parque. Los trabajos en alta mar está previsto que terminen en marzo de 2019 y que el último informe esté listo en junio de 2019.

El proyecto Baltic Eagle le fue adjudicado a Iberdrola en abril por la Agencia Federal de Redes (Bundesnetzagentur) en la segunda subasta eólica marina organizada en Alemania. Baltic Eagle y Wikinger serán capaces de producir la energía suficiente como para atender el 45% del consumo eléctrico total del estado federado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental y evitarán la emisión de 1,65 millones de toneladas de CO2 anuales.

El sector fotovoltaico contribuyó con 2.250 millones de euros al PIB en 2017 y UNEF propone redefinir el mercado eléctrico

EFE / Europa Press.– La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) considera que se debe redefinir el actual modelo de mercado eléctrico y reformar la tarifa eléctrica para que en ella tenga cada vez mayor peso el coste variable de la energía. Según un estudio de un grupo de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), el sector fotovoltaico tuvo en 2017 una contribución directa al PIB de 2.250 millones de euros, lo que representó un 0,2% del total, un 4,45% más que en 2017.

El saldo exportador neto del sector en 2017 ascendió a 404 millones, de los que más del 60% correspondió a ingenierías e instaladores (247 millones) y un 18% a fabricantes (73,4 millones). El sector fotovoltaico en España lo constituyen más de 70 empresas con actividad en 72 países y su gasto en I+D+i en 2017 se incrementó en un 2,5% con respecto a los 60 millones que invirtió en 2016, lo que supone un 1,6% de su facturación, una cifra muy por encima del 0,89% de media en este tipo de inversión en el país.

En cuanto a su incidencia en el empleo, el sector representaba el 0,09% del total del país, con 19.057 empleos, de ellos 6.102 de forma directa y el resto de forma indirecta o inducidos. Más del 10% de los trabajadores del sector son titulados superiores, medios o con Formación Profesional, y con empleos caracterizados por ser de calidad y estables.

En materia fiscal, la aportación neta del sector fue de 550 millones de euros en 2016 y algo menos, 540 millones, en 2017, cantidades de las que el 60% fueron aportadas a través del Impuesto de Sociedades y el de la Electricidad. Por otra parte, las primas a la fotovoltaica ascendieron a 2.436 millones de euros en 2016 y a 2.496 millones en 2017. El sector fotovoltaico también reduce la dependencia energética y, según el estudio, en 2016 evitó la importación de 258 millones de euros en gas y de 304 millones en 2017. En cuanto a su incidencia medioambiental, en 2016 la energía fotovoltaica evitó la emisión de 3.504 kilotoneladas de CO2 y el año pasado de 3.631 kilotoneladas.

Reformar mercado eléctrico y tarifa

Por su parte, el director general de UNEF, José Donoso, asegura que la principal barrera que se encuentra el sector fotovoltaico es que quiere ir al mercado, pero que éste está definido para otras tecnologías, pues se diseñó en los años 80, cuando a nadie se le pasaba por la imaginación que iba a haber tecnologías renovables, sin costes variables, que iban a ser preponderantes en el mercado. Por eso, UNEF cree que hay que redefinir el modelo de mercado y adecuarlo a las tecnologías que van a ser las dominantes en el futuro, pues, según ha apuntado Donoso, es absurdo tener un mercado que no tiene en cuenta las tecnologías que se quiere que en un futuro sean mayoritarias.

Por eso, cree que hay que diseñar un nuevo sistema de mercado en el que se compatibilice el modelo marginalista (por el que el precio en el pool para cada hora lo marca la central más cara que entra al cruzarse oferta y demanda) con contratos con diferencias para las renovables, o bien hacer un modelo nuevo. Donoso descarta volver a un modelo de primas y subvenciones para ir al mercado e «independizarse» del riesgo regulatorio, aunque de manera adecuada.

En cuanto a la tarifa eléctrica, Donoso considera que hay que incrementar el componente variable, que ahora es sólo un 35% de la tarifa regulada, para desincentivar un excesivo uso de la energía y que el que más consuma más pague. Además, ha señalado que para bajar el precio de la electricidad sería urgente eliminar las barreras al autoconsumo, si bien ha afirmado que la subida de precios, con la luz por encima de los 70 euros el megavatio hora en el mercado mayorista, no es estructural. En este sentido, ha vaticinado que habrá volatilidad en el mercado, al tiempo que ha apuntado que, según se introduzca más energía renovable en el sistema eléctrico, el precio de la electricidad bajará.

Por otra parte, UNEF ha pedido al Gobierno acabar con la imagen de incertidumbre jurídica, pero no una marcha atrás en los recortes que practicó el PP en la retribución al sector, sino que «se dejen las cosas como están», ha recalcado Donoso. En este sentido, ha pedido que no se revise la rentabilidad que perciben las instalaciones, como pretendía el Gobierno anterior, y que las que hay sigan cobrando lo mismo hasta el final de su vida regulatoria prevista.

Además, ha pedido la eliminación de las cargas y peajes sobre la energía autoconsumida, la simplificación, certidumbre administrativa y regulación del autoconsumo colectivo, y la convocatoria de nuevas subastas en Canarias e Islas Baleares. En este sentido, la asociación, que representa a más del 85% del sector, solicita también la creación de una Ley de Transición Ecológica y Cambio Climático en línea con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París, una nueva fiscalidad ambiental y la reestructuración de la tarifa eléctrica, entre otras demandas.

UNEF también reclama que se simplifiquen las condiciones de acceso y conexión a la red, eliminando herencias del pasado diseñadas para otros momentos. Donoso ha indicado que en el autoconsumo estiman un crecimiento 200 a 300 megavatios (MW) de potencia instalada al año, cifra que supone duplicar lo que hay ahora. Respecto a la potencia obtenida por la fotovoltaica en las subastas, 3.900 MW, UNEF cree que se construirán todos, aunque reconoce que están habiendo problemas en la tramitación medioambiental porque las comunidades tienen pocos recursos para el «aluvión» de proyectos que les están llegando.

La instalación de potencia fotovoltaica en España marcó en 2017 su mayor nivel de los últimos cinco años, al alcanzar 135 megavatios (MW) instalados, un 145% más frente a los 55 MW en 2016. Este dato posiciona a España en el quinto puesto europeo con mayor potencia fotovoltaica instalada con 5,6 GW instalados, un 4,9% del total de Europa, después de Alemania (42 GW), Italia (19,7 GW), Reino Unido (12,7 GW) y Francia (8 GW). En estos momentos, hay 30 gigavatios (GW) de potencia solar en tramitación en España, de la que se espera que un alto porcentaje se traduzca en instalaciones en próximos años.

Por su parte, en el conjunto de Europa, el año pasado se agregaron 9,2 GW, lo que supone un aumento del 30% en comparación con los 7 GW instalados un año atrás, impulsado, principalmente, por el crecimiento de Turquía, Sin embargo, en Reino Unido se efectuaron «importantes» recortes de instalación en potencia fotovoltaica, al añadir tan solo la mitad de lo instalado en 2016, aunque sigue siendo el único país, junto con Francia y Holanda, que agregó más de 500 MW a su parque fotovoltaico.

Nordex se adjudica un gran contrato de 80 turbinas en Sudáfrica para la italiana Enel y para la española Elawan

EFE.- El fabricante de aerogeneradores alemán Nordex, participado por Acciona, se ha adjudicado un gran contrato de suministro de 80 turbinas de la serie AW125/3150 para los proyectos Garob y Copperton en Sudáfrica. El proyecto Garob se compone de 46 turbinas, que ha pedido Enel Green Power, y que el proyecto Copperton comprende 34 turbinas para Elawan. El contrato incluye también el servicio de mantenimiento de las instalaciones durante varios años.

«Sudáfrica es un mercado importante para nosotros, por eso nos alegramos de realizar los dos proyectos. Este año hemos logrado proyectos por un total de 400 MW», explicó el director de Ventas de Nordex, Patxi Landa. El grupo Nordex dispone de más de 23 gigavatios de capacidad de energía eólica instalados en más de 25 mercados y facturó en 2017 casi 3.100 millones de euros. La empresa emplea actualmente a cerca de 5.000 trabajadores y cuenta con parques en Alemania, España, Brasil, Estados Unidos e India. Su producción se concentra en turbinas terrestres con una capacidad de entre 1,5 hasta 4,8 megavatios que se utilizan en países con superficie limitada.

Ribera garantiza que el Gobierno elaborara un plan “urgente” dirigido a las comarcas mineras y a las nucleares que cierren

EFE / Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, garantiza que en la estrategia de transición energética justa del Gobierno habrá un plan de acción urgente dedicado a las comarcas mineras y a las de centrales nucleares en proceso de cierre. Ribera señaló también que se pondrán en marcha los contratos de transición, negociados y pactados con las administraciones locales y agentes económicos y sociales de las zonas afectadas, un modelo similar al ya aplicado en Francia, Alemania y Reino Unido.

Ribera lamenta que no se anticiparan estrategias de diversificación para estos territorios con tiempo «suficiente«. Asimismo, ha señalado que España no se puede conformar con el paro y la calidad del empleo que tiene. Por eso, ha indicado que se debe prestar atención a los sectores generadores de empleo como consecuencia de la transición energética, a fin de propiciar una industria y un nuevo modo de producir bienes y servicios. «Tenemos muchísimo que ganar si apostamos por la transformación de la economía y una transición bien diseñada», añadió Ribera, quien señaló que los recursos que ahora se destinan a la importación de combustibles fósiles se podrían redirigir a crear empleo.

Por otro lado, la ministra ha argumentado que constituir proyectos integrados en el desarrollo territorial garantizará el empleo a medio y largo plazo, así como facilitará un sistema productivo «sólido» y sobre la base de los límites ambientales. En este sentido, ha declarado que el Gobierno quiere aprender de experiencias «previas» y reactivar la agenda económica hacia la «transición energética, la movilidad sostenible y la economía circular». Asimismo, la ministra ha avanzado que el Gobierno llevará a cabo un acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para cumplir con las orientaciones que esta organización realizó a los países para lograr una transición energética justa.

En su informe Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos, publicado en 2015, la OIT recogió varias conclusiones relativas al desarrollo sostenible, al trabajo decente y a los empleos verdes. Actualmente, esas directrices se encuentran respaldadas internacionalmente por sindicatos, empleadores y gobiernos, según la ministra. Ribera ha asegurado que «no tener estrategia es la peor de las opciones», por lo que el Gobierno optará por una estrategia por la transición justa basada en las directrices de la OIT a través de un acuerdo que garantice el «éxito».

Inacción mala para el empleo

Además, recordó que, según el informe de la OIT, por cada empleo que se pierda con la transición energética se crearán 4, si bien ha reconocido que no todos se producirán en los mismos lugares, por lo que hay que hacer una labor de anticipación. Ha añadido que los impactos negativos que han sufrido en el empleo sectores como el carbón no se han debido únicamente a razones ambientales, sino a la competitividad del carbón de otros países y la aparición de tecnologías energéticas más baratas. Asimismo, ha destacado la importancia de acometer la transición energética, pues la «inacción» ha hecho que no se hayan creado empleos relacionados con la eficiencia energética o el autoconsumo.

Por su parte, el presidente del Club de la Energía y de Viesgo, Miguel Antoñanzas, ha recordado que en la transición de los años 90, cuando empezó el declive del carbón, se perdieron 40.000 empleos y se crearon sólo 70.000, cifra muy alejada del potencial que tienen las energías renovables. Ha advertido que en esta nueva transición energética no se van a crear puestos de trabajo si no hay inversión, y para ello hace falta un marco regulatorio que favorezca la confianza de los inversores.

Según la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, en el mundo se crearán 24 millones de nuevos puestos de trabajo con la transición energética, pero no se podrá evitar que se destruyan 6 millones, algo que hay que acometer «con valentía». Ha advertido que luchar contra el cambio climático es necesario para evitar que desaparezcan 1.200 millones de puestos de trabajo que se necesitan de un medio ambiente estable.

Además, augura que el cambio de modelo energético aumentará la competitividad de la industria en España, pues las renovables dan más estabilidad a los precios y harán que no se dependa tanto de los combustibles fósiles. Finalmente, subrayó que es urgente apostar por el cambio pues, si no, se anticiparán otros países, de los que España acabará importando tecnología y conocimiento, en lugar de exportarlos.

Nordex se adjudica un contrato de AES Argentina Generación para suministrar 30 turbinas que suman 99 megavatios

EFE.– El fabricante de aerogeneradores alemán Nordex, participado por la española Acciona, se adjudicó un contrato de AES Argentina Generación, una filial del suministrador AES Corporation, para suministrar 30 turbinas del tipo AW132/3300 para el parque eólico Energética. El parque eólico está situado en la provincia de Buenos Aires, cerca de Bahía Blanca, región caracterizada por unos vientos con una velocidad media por encima de 10 metros por segundo.

Nordex ensamblará las turbinas en Argentina y producirá las torres de 120 metros de altura también en el país. El contrato comprende asimismo el servicio de mantenimiento del parque eólico durante varios años. El grupo Nordex dispone de más de 23 gigavatios de capacidad de energía eólica instalados en más de 25 mercados y facturó en 2017 casi 3.100 millones de euros. La empresa emplea actualmente a cerca de 5.000 trabajadores y cuenta con parques en Alemania, España, Brasil, Estados Unidos e India. Su producción se concentra en turbinas terrestres con una capacidad de entre 1,5 MW hasta 4,8 MW que se utilizan en países con superficie limitada y regiones con capacidad de red limitada.

Los grandes consumidores empresariales reunidos en AEGE prevén un precio medio de la electricidad un 14,6% superior al de 2017

EFE.- La Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE) prevé que el presente ejercicio cerrará con un precio medio en el mercado eléctrico español de 59,8 euros el megavatio hora (MWh), un 14,6% superior al de 2017. De confirmarse esta previsión, se trataría del segundo año en España con el precio medio del mercado eléctrico más caro desde 1998.

El precio medio del mercado diario de electricidad en agosto ha sido de 64,3 euros/MWh, un 35,5% mayor al del mismo mes de 2017. En cuanto a la cotización del futuro para 2019 del mercado eléctrico español, ha sido de 61,75 euros/MWh, un 10% más caro que hace un mes. Esta cifra se sitúa un 21,2% por encima de la cotización del mercado alemán, que ha sido de 50,95 euros/MWh.

El precio de la electricidad se dispara en julio en el pool un 27% con respecto a hace un año

Europa Press.– El precio medio del mercado eléctrico español ha alcanzado en este mes de julio los 61,9 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone un encarecimiento del 27,2% con respecto al mismo mes del año pasado y su nivel mensual más alto desde enero de 2017. Según datos del Barómetro Energético de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), este precio es un 5,8% superior al registrado el pasado mes de junio.

El precio marcado en julio por el conocido como pool toca así su máximo desde enero de 2017 (71,4 euros), un mes que estuvo marcado por los picos en el precio de la electricidad después de la ola de frío en la segunda quincena del mes que llevó a tocar, uno tras otro, los registros más elevados desde diciembre de 2013, superando en algunos momentos de puntas la cota de los 100 euros por MWh.

En lo que va de 2018, el precio medio del mercado eléctrico español supera los 51,6 euros por MWh, situándose así más de 14 euros por encima del de Alemania (37,5 euros) y 10 euros superior al de Francia (41,7 euros). Así, considerando la evolución del mercado diario hasta ahora y las cotizaciones de los precios futuros hasta fin de año, el precio medio previsto del pool español en 2018 a cierre de año es de 57,9 euros por MWh, un precio un 11% mayor que el de 2017 (52,2 euros por MWh), según AEGE.

De esta manera, de confirmarse esta previsión, 2018 sería el segundo año, tan solo por detrás de 2008 (64,4 euros), con el precio medio del mercado eléctrico más caro desde 1998. El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad. El pool funciona de forma marginalista, de modo que las tecnologías entran por orden de coste y la última, la más cara, marca el precio para el conjunto. El Gobierno congeló para 2018 los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados.

A mediados de este mes de julio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya mostró su preocupación por el «alto» precio actual de la energía, a pesar de tratarse de una «situación coyuntural», y aseguró estar preocupada por si había «algo más» detrás de este encarecimiento en la electricidad, por lo que anunció que estaba realizando un «análisis del comportamiento» para «garantizar que el mercado funciona correctamente«, una investigación para la que el Ministerio de Transición Ecológica había ofrecido su «colaboración».

Por su parte, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, indicó que «efectivamente ha habido una alteración de los precios significativa en los últimos meses y hay que tener una explicación clara de por qué está sucediendo eso«. Asimismo, Domínguez defendió la necesidad de realizar cambios en el mercado energético para adaptarlo a la realidad actual y de dotar de una regulación para ese «mundo diferente», una tarea para la que cree que hay «buena sintonía» del actual Gobierno español con la CNMC.

La potencia renovable lleva 8 años congelada en España y pone en riesgo los compromisos europeos de 2020, según Anpier

Europa Press.– La potencia renovable en España lleva 8 años congelada y pone en riesgo los compromisos de 2020, según la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier). En un estudio, Anpier pone de manifiesto que la evolución de la potencia fotovoltaica en España ha estado íntimamente ligada a los distintos desarrollos normativos y a la seguridad jurídica existente bajo cada entorno regulatorio.

En este sentido, indica que los continuos cambios regulatorios retroactivos y la moratoria renovable socavaron el interés de los inversores, que ante la inseguridad jurídica del sector renovable español decidieron derivar sus inversiones a sectores y países con una regulación más estable. «Esta parálisis podría derivar en incumplimiento de los objetivos de penetración de renovables adquiridos con Europa», advierte Anpier. Asimismo, indica que a causa de la inseguridad jurídica y de las restricciones normativas, España sólo alcanza un 1% del total de potencia fotovoltaica mundial. Para paliar esta situación y aprovechando la reducción de costes de las tecnologías de estos últimos años, el Gobierno estableció un sistema de subastas que tenía como objetivo la puesta en marcha de nuevas instalaciones.

Actualmente, el 70% de la potencia renovable en España, sin considerar la gran hidráulica, se localiza en manos de 17 empresas. Frente a la concentración existente en la eólica y termosolar, la solar fotovoltaica es la tecnología más atomizada en número de propietarios. No obstante, recientemente se viene observando cómo la potencia comienza a ser agrupada por algunas compañías y grandes fondos de inversión que superan los 100 megavatios (MW) de capacidad. Según Anpier, esta reestructuración societaria ha sido consecuencia directa de los diversos ajustes retroactivos sufridos por la tecnología que ha derivado en problemas de solvencia e incluso en la quiebra de muchos pequeños propietarios, los cuales se han visto obligados a vender sus instalaciones a precios muy bajos.

Así pues, considera que el futuro reparto del sector renovable español dependerá de lo que finalmente se ejecute. Asumiendo que toda la potencia subastada se ponga en funcionamiento, la distribución de los principales agentes del sector evolucionará de dos maneras muy diferenciadas en los dos sectores principales, eólico y fotovoltaico. Mientras que el primero desagrega la potencia entre más compañías, el segundo tiende a una mayor concentración de la capacidad.

«Esta es la disyuntiva que debe resolver el nuevo Gobierno: ha de fijar la clave de la propiedad del nuevo modelo de generación energética que, sin duda, será renovable, pero no lleva camino de ser social si no se enmienda la actual situación, porque aún estamos a tiempo de recuperar la soberanía energética», señala Anpier. Para la asociación, no se puede mirar al futuro sin resolver el «tremendo error» que se cometió en el pasado.

«Hay que dignificar a las decenas de miles de familias fotovoltaicas que han dado solución al gran reto de producir energía barata y sin contaminar, puesto que han dado a la sociedad, con su esfuerzo, la llave para evitar la mayor catástrofe del planeta y, sin embargo, se les ha ultrajado atribuyéndoles todos los males del sistema eléctrico, para ocultar las causas verdaderas de los desajustes económicos del sistema energético español y evitar que el modelo social progrese», argumenta. Por eso ve «imprescindible» devolverle a este colectivo la seguridad jurídica.

A nivel mundial, la energía fotovoltaica se encuentra en su momento de mayor crecimiento, potenciada principalmente por el desarrollo, en los últimos años, de esta tecnología en algunos países de Asia, como China, India o Japón, según el anuario de Anpier. Este último año se ha superado la barrera de los 400 GW acumulados, superando los 393 GW nucleares en el mundo. Por otro lado, cabe destacar que entre China, Estados Unidos, Japón y Alemania, esto es, los países con mayor potencia instalada en el mundo, cubren casi el 70% de la potencia instalada total.

Unesid llama a firmar un pacto de Estado por la Industria con un precio justo de la energía

Europa Press.- La Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid) estima que España necesita una política industrial que permita a las empresas ser «competitivas» dentro del «exigente» entorno económico mundial, por lo que ha pedido al Gobierno y a los partidos políticos firmar un pacto de Estado por la Industria. La asociación ha afirmado que la política industrial debe estar estrechamente relacionada con los retos ambientales y energéticos a los que se enfrenta actualmente la sociedad.

En este sentido, el presidente de Unesid, Bernardo Velázquez, ve «necesario» demandar un precio «justo» y «competitivo» de la energía para España, ya que la industria siderúrgica es el principal consumidor de electricidad y se necesita disponer del suministro a un precio «estable» y «predecible», con el fin de que España sea un país «tan competitivo» como los de su alrededor. El director general de Unesid, Andrés Barceló, resaltó que el precio en el mercado mayorista de electricidad en Alemania en 2017 fue de media 13,8 euros megavatio/hora (Mwh) más barato que el español, por lo que es «preciso» afrontar la situación y adoptar medidas destinadas a evitar esta diferencia.

Ecologistas y científicos alertan al Gobierno de que cerrar las nucleares disparará las emisiones y el precio de la electricidad

Europa Press.- Un conjunto de ecologistas, protectores del medio ambiente y científicos climatológicos han expresado su preocupación al Gobierno por incluir en su hoja de ruta el cierre de las centrales nucleares algo que provocaría un aumento de las emisiones y gases contaminantes, además de un aumento en el precio del coste de la electricidad en España.

Así lo indicaron en una carta remitida, entre otros, al Ministerio de Transición Ecológica hasta 20 profesionales internacionales del área de medio ambiente, entre los que se encuentra el ganador del premio Pulitzer y autor de Renovación nuclear y La fabricación de la bomba atómica, Richard Rhodes. A pesar de «alabar» el compromiso de España con la lucha del cambio climático, un país que «ha estado a la vanguardia de la producción de tecnologías de energía con bajas emisiones de carbono», los expertos culpan a la moratoria nuclear promulgada en 1983 por detener la creación de energía nuclear «en una cantidad suficiente como para reemplazar todo el carbón que ahora se quema para crear electricidad«.

Algo similar produjo, a su juicio, el cierre de la central de Santa María de Garoña. Los combustibles fósiles utilizados para reemplazar la energía de esta central generarán alrededor de 2 millones de toneladas de emisiones de carbono a la atmósfera cada año, el carbono equivalente a casi un millón de automóviles nuevos en las carreteras de España. Los firmantes de la carta también contradicen al anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal, quien afirmó que el cierre de Garoña no tendría ningún efecto en la red eléctrica del país y, sin embargo, según ellos «esta clausura elimina la energía limpia que podría haber alimentado a 1,8 millones de vehículos eléctricos».

De igual forma, la promesa de la nueva ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de cerrar todas las centrales nucleares restantes en el país, «aumentará la producción de energía por combustibles fósiles y, con ello, la contaminación, debido a los factores de baja capacidad y a la intermitencia de la energía solar y eólica», señala la carta. En caso de reemplazarse toda la electricidad proveniente actualmente del parque nuclear en España con la procedente de centrales de carbón y de gas natural, los expertos cifran en 32 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) el posible aumento de las emisiones, lo que equivale a añadir 14,5 millones de automóviles nuevos a las carreteras españolas.

Este incremento en las emisiones haría más difícil cumplir los objetivos establecidos por Europa, además de desencadenar un aumento de los precios de la electricidad, a medida que se vayan cerrando las centrales nucleares. La carta pone como ejemplo lo ocurrido en Alemania, donde se gastaron el año pasado 24.300 millones de euros por encima del precio de mercado por sus tarifas de introducción de energía renovable tras el cierre de sus centrales nucleares. «España puede aprender del error de Alemania y mantener sus centrales nucleares operativas», instan los expertos.

Por todas estas razones, los ecologistas y científicos firmantes afirman que «el siguiente paso para combatir el cambio climático y mejorar la calidad del aire es aumentar la electricidad limpia procedente de fuentes no fósiles y reducir de manera masiva los combustibles fósiles utilizados», de donde procede actualmente más del 40% de la electricidad generada en España. La carta ha sido remitida al Gobierno, Ministerios, Consejerías, Instituciones y Asociaciones y firmada por: Michael Shellenberger, presidente de Environmental Progress y Héroe del Medio Ambiente por Time.

También por: Erle C.Ellis, de la Universidad de Maryland; Steve Kirsch, consejero delegado de Token; Martin Lewis, de la Universidad de Stanford; Michelle Marvier, de la Universidad de Santa Clara; Norris McDonald, presidente de Esperanza Medioambiental y Justicia; Kirsty Gogan, directora ejecutiva de Energy for Humanity; Alan Medsker, coordinador de Environmental Progress; Richar Muller, de la Universidad de California Berkeley.