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La patronal de estaciones de servicio CEEES asegura que el aumento de las gasolineras desatendidas ha destruido 10.100 empleos

EFE.– El número de gasolineras sin asalariados aumentó en 618 puntos de venta (un 34,4%) entre enero de 2012 y enero de 2017, mientras que en el mismo periodo el número de empleos en el sector se redujo en 10.100, según la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES).

CEEES, junto con la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar), ha hecho pública esta comparativa, basada en los datos proporcionados por el Gobierno en una respuesta por escrito al diputado socialista Miguel Ángel Heredia.

El Ejecutivo ha señalado que, según el Directorio Central de Empresas (DIRCE), entre el 1 de enero de 2012 y el 1 de enero de 2017 el número de gasolineras sin asalariados pasó de 1.798 a 2.416, con un crecimiento de 618 puntos de venta, un 34,4%.

En ese periodo de cinco años se abrieron en total 674 puntos de suministro de combustible, lo que supone que, del total de nuevas gasolineras abiertas, el 91,7% no tiene personal afecto a la instalación.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre el 1 de enero de 2012 y el 1 de enero de 2017 el número de trabajadores en el sector de la distribución al por menor de carburantes cayó desde los 62.100 a los 52.000, lo que supone 10.100 empleos menos en cinco años.

CEEES y Aevecar señalan que, tomando estos datos, en los 5 años analizados 6 personas que trabajaban en estaciones de servicio se quedaron sin su empleo y que por cada nueva gasolinera desatendida que se abre son 17 las personas que pierden su trabajo.

En esos mismos cinco años sólo se abrieron 56 estaciones de servicio atendidas por personal.

Los presidentes de CEEES y Aevecar, Jorge de Benito y Alejandro Ripoll, respectivamente, han anunciado que están programando una serie de encuentros con la Administración para conocer si el Ministerio de Trabajo va a hacer algo para revertir la pérdida de empleo que consideran provoca la apertura de gasolineras desatendidas.

Aevecar pide a la Comisión Europea «claridad» sobre su posición respecto a las gasolineras desatendidas

Europa Press.- La Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar) exige a la Comisión Europea «claridad» respecto a su posición frente a las gasolineras desatendidas. En este sentido, la asociación subraya su predisposición a «acatar» lo que dicte la Unión Europea al respecto. Asimismo, reclama a los dirigentes de las comunidades autónomas que «no se precipiten a la hora de cambiar su legislación por temor a supuestas y graves sanciones que han sido desmentidas” con cambios en favor de las gasolineras desatendidas.

Igualmente, la patronal apoya la unión de todos los afectados por esta situación y representantes europeos, «con el fin de lograr clarificar una problemática» que consideran que «perjudica la seguridad en las instalaciones de servicio, el mantenimiento del empleo, los derechos de los consumidores y la atención a las personas con discapacidad«. Así, Aevecar se adhiere al llamamiento realizado por el CERMI de una unidad de acción por parte de asociaciones de consumidores, sindicatos, el CERMI y la patronal para conseguir que en todas las estaciones de servicio en horario de apertura al público «exista al menos un operario cualificado».

Aevecar asegura que la anterior normativa de seguridad industrial de las gasolineras estaba «obsoleta»

Europa Press.- La Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar) ha asegurado que la nueva Instrucción Técnica IP-04 sobre seguridad industrial de las gasolineras aprobada por el Gobierno representa una revisión de la anterior normativa, que se había quedado «obsoleta» en algunos aspectos como los procesos de detección de fugas o la protección del medio ambiente. La organización indicó que se regula de forma más concreta el funcionamiento y las medidas mínimas de seguridad que tienen que cumplir las estaciones de servicio desatendidas.

«Se trata de obligaciones básicas que tendrán que cumplir todas las estaciones suministradoras de carburantes y combustibles de España, pero sin perjuicio de otros requerimientos de mayor alcance, también de obligado cumplimiento, que puedan establecer las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias», añadió la asociación. Asimismo, apuntó que el texto aprobado por el Gobierno es fruto de cuatro años de esfuerzo del Ministerio de Industria, que en 2010 creó un grupo de trabajo en el que estaban presentes casi todos los actores del sector. Además, indicó que el texto ha tardado dos años y medio en ser aprobado.

El Gobierno aprueba medidas adicionales de seguridad para unas gasolineras desatendidas contra las que nace la plataforma GAyS

Redacción / Agencias.- Patronal y sindicatos, defensores de las estaciones de servicio atendidas, lanzaron la plataforma Gasolineras Atendidas y Seguras (GAyS), con la que quieren reclamar la presencia de al menos un empleado por estación de servicio. Mientras tanto, el Gobierno ha aprobado una serie de medidas adicionales de seguridad que deben implantar las gasolineras desatendidas, entre ellas un interruptor de paro de emergencia que permita el corte de corriente, la supervisión con cámaras de seguridad y la conexión a una central receptora de alarma.

Además, estas gasolineras, que no cuentan con empleados, deberán realizar revisiones periódicas de detección de fugas y se establecen requisitos adicionales para las instalaciones que suministran biocombustibles. Estas exigencias legales se enmarcan dentro de una nueva normativa para prevenir y reducir la contaminación de suelos en instalaciones petrolíferas adaptando sus requisitos a los avances tecnológicos y a los nuevos carburantes (bioetanol y biodiesel).  Estas medidas se incluyen en un real decreto del Gobierno que actualiza la vigente reglamentación para las instalaciones para suministro a vehículos.

Asimismo, el texto establece, para todas las gasolineras, requisitos y calendario para que las instalaciones enterradas existentes con tanques de simple pared y tuberías de impulsión de simple pared se conviertan a doble pared. En el caso de las gasolineras cuyas ventas anuales sean iguales o inferiores a 3 millones de litros, tendrán que instalar un sistema de detección temprana de fugas. Para evitar la contaminación de los terrenos en los que están instalados los tanques de combustible y las tuberías, la norma describe los sistemas que se emplearán para la detección temprana de fugas.

GAyS nace en su contra

Esta iniciativa fue presentada en el Congreso de los Diputados en una reunión entre representantes de la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar), de la Confederación Española de Estaciones de Servicio (CEEES), de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) y de los sindicatos UGT y CCOO con parlamentarios del PP, PSOE y Ciudadanos para abordar lo que consideran como problemática de las gasolineras desatendidas.

Convocadas por la Comisión de Economía del Congreso, las asociaciones trasladaron a los diputados sus inquietudes en torno a la proliferación de gasolineras desatendidas y de los riesgos que llevan asociados; como la inseguridad, la destrucción de puestos de trabajo, o los problemas de accesibilidad para las personas con discapacidad, además de no cumplir la legislación vigente, según Aevecar, que estuvo representada en la reunión por su presidente, Alejandro Ripoll.En la reunión participaron, entre otros, el presidente de la Comisión, Arturo García Tizón (PP); el vicepresidente primero, José Miguel Sánchez Camacho (PSOE); el vicepresidente segundo, Manuel Blasco Marqués (PP); el secretario segundo y portavoz de Ciudadanos, Rodrigo Gómez García; y la portavoz del PSOE en la Comisión, Patricia Blanquer.

Agentes sociales contra las gasolineras

Mientras tanto, en Aragón organizaciones sindicales (CC.OO Industria y UGT FICA), la patronal del sector de estaciones de servicio (Aesar), organizaciones de consumidores y usuarios (UCA Aragón y Actora) y la asociación de discapacitados Cocemfe se han unido en contra de las gasolineras que no cuentan con personal. Estas organizaciones se reunieron con el Gobierno de Aragón, al que trasladaron su preocupación por estas estaciones de servicio y exigieron una nueva normativa que les impide operar, como ocurría hasta 2016, cuando fue derogada la obligatoriedad de que contaran con, al menos, una persona al cargo.

El responsable de Industria de CC.OO Aragón, Carlos Guerrero, incidió en tres aspectos: la importante pérdida de empleos en el sector por la competencia «desleal» de estas nuevas estaciones, que no prestan los mismos servicios; los riesgos en materia de seguridad y contaminación, y la imposibilidad de que consumidores y usuarios puedan ejercer sus derechos, algo que afecta en mayor medida a aquellos que tienen algún tipo de discapacidad. Se oponen, por tanto, a la existencia de estas estaciones de servicio desatendidas y reclaman que el Gobierno autonómico cuente con su participación a la hora de redactar una nueva normativa o volver a la anterior.

Asimismo, todos los comparecientes han puesto en valor que seis asociaciones que defienden intereses distintos se hayan puesto de acuerdo para defender un bien común. Guerrero ha recalcado que no plantean que siempre haya personal suministrando carburante, sino que simplemente haya como mínimo un trabajador a cargo del conjunto de la instalación mientras esta esté abierta al público. Así, instó al Gobierno PSOE-CHA a decidir si quiere apostar por un «modelo social» o por el «modelo liberal de barra libre».

Más gasolineras pero menos empleo

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Estaciones de Servicio de Aragón (Aesar), Pilar Soto, ha alertado de que en toda España el número de gasolineras se ha incrementado de 10.310 a 11.188 entre 2011 y 2016, mientras que en lugar de crear empleo se han destruido 2.700 puestos de trabajo. Ello significa que las nuevas estaciones son fantasma y que el resto se ven obligadas al cierre o a amortizar algún puesto de trabajo porque no pueden competir. «Competir es bueno, pero hay que competir siempre en igualdad de condiciones», ha insistido, a la vez que ha recordado que «las leyes son para todos y que la Administración «no puede hacer oídos sordos» a esta reclamación generalizada.

Ha reivindicado que las estaciones de servicio crean más de 1.300 puestos directos en todo Aragón, a los que habría que sumar los indirectos, que son pequeños empresarios, aunque lleven la imagen de una petrolera. En Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Cantabria y la Región de Murcia hay, como había en Aragón hasta febrero de 2016, una normativa que exige que haya al menos una persona a cargo de las instalaciones, mientras que la peor situación se da en Cataluña, con un incremento «exagerado» de las estaciones fantasma hasta el punto de que en Lleida superan a las convencionales.

El secretario general de la sección sindical UGT-FICA Aragón, José Juan Arceiz, ha denunciado las malas prácticas de estas nuevas estaciones y ha asegurado que no van a permitir empresas sin trabajadores, porque está en riesgo «todo el sector«. En representación de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), Marta Valencia ha expresado su preocupación con la proliferación de las estaciones desatendidas, ya que para ellos los coches son sus «piernas», por lo que estas instalaciones minan su autonomía personal. La presidenta de la Asociación de Consumidores Torre Ramona (Actora), Lucía Germani, ha criticado que la Administración sea la única que falta en este frente común.

El Tribunal Constitucional anula parcialmente el decreto del Gobierno que regula las gasolineras desatendidas al vulnerar competencias autonómicas

EFE / Europa Press.- El Tribunal Constitucional anuló parcialmente el decreto-ley sobre gasolineras desatendidas o surtidores de combustible que funcionan sin la supervisión de un empleado, al considerar que la medida del Ejecutivo vulnera las competencias autonómicas en materia de ordenación comercial. Los magistrados, que estiman parcialmente el recurso de la Generalitat de Cataluña, rechazan por inconstitucional el artículo de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios, incorporado posteriormente a la norma que avalaba la proliferación de estas gasolineras automáticas.

Dicho artículo no permitía que la superficie de la instalación de suministro de carburantes computara como espacio útil de exposición y venta al público del establecimiento comercial. Una disposición elevada al más Alto Tribunal nacional por el Gobierno catalán, que apeló una vulneración por parte del Estado de las competencias atribuidas a cada autonomía en materia de ordenación comercial en su territorio. Ahora los jueces destacan que cualquier aspecto relacionado con la exposición y venta al público pertenece a la regulación del comercio interior, refrendada por el propio decreto 6/2000, que presupone un «margen de intervención» a las comunidades autónomas.

Esto es, la norma estatal no excluye que las autonomías empleen sus competencias en la materia para establecer requisitos adicionales a la hora de regular la instalación de gasolineras en establecimientos comerciales. Asimismo, el Tribunal Constitucional resalta que el artículo 3.4 «no responde de forma directa e inmediata a la planificación general de la economía o al establecimiento de las bases en materia energética», por lo que carece de cobertura constitucional. Por tanto, la redacción dada por el artículo 40 del real decreto-ley 11/2013, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y de la creación de empleo, «es contrario al orden de distribución de competencias y, por tanto, inconstitucional y nulo».

La sentencia cuenta con el voto particular del juez Fernando Valdés Dal Ré, al que se adhirió el magistrado Andrés Ollero, para quienes «no es pertinente» entender que la «extraordinaria y urgente necesidad», manifestada por el Gobierno a la hora de dictar la norma, haya permanecido inalterable durante 13 años. Explican que este tipo de conductas, en las que la voluntad del Ejecutivo predomina sobre aquella de las Cortes Generales, «comporta el riesgo de convertir en habitual» una modificación excepcional del poder de dictar normas.

Por su parte, la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar) considera «muy conveniente» que el Estado revise “en profundidad” la regulación de este tipo de instalaciones para salvaguardar los «derechos, principios y títulos competenciales recogidos en la Constitución«. Según Aevecar, esta sentencia supone, en la práctica, que cualquier comunidad autónoma que, como Cataluña o Madrid, haya asumido competencias en materia de Comercio Interior, podrá hacer uso de ellas para decidir si la superficie de las estaciones de servicio situadas en grandes superficies computa o no como superficie útil de exposición y venta al público.

Patronales, sindicatos y Cocemfe respaldan ante Bruselas la legislación de las autonomías en contra de las gasolineras desatendidas

Europa Press.- Las patronales de las gasolineras Aevecar (Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles) y Ceees (Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio), los sindicatos UGT y CCOO y la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) han mostrado su respaldo al mantenimiento de la actual legislación en varias comunidades autónomas españolas en contra de las gasolineras desatendidas o automáticas.

Estas organizaciones consideran que la decisión de la Comisión Europea de admitir a trámite una denuncia contra España por su inacción ante la proliferación de estas normativas es «un paso administrativo habitual». Asimismo, sostienen la necesidad de mantener las normas básicas de un sector de interés nacional para «garantizar los derechos de los consumidores, el mantenimiento del empleo, la seguridad de las personas y del medio ambiente y la atención a las personas con discapacidad».

Así, reivindican «la vital importancia» de los trabajadores en las estaciones de servicio por su profesionalidad y formación de cara a la atención a los usuarios con un objetivo primordial de contribuir «al mantenimiento del empleo en España». Estas organizaciones, que recuerdan que la Constitución establece la obligación a las administraciones públicas de garantizar los derechos de los consumidores, subrayan también que las gasolineras desatendidas «impiden que personas con discapacidad reciban la asistencia necesaria para poder ejercer sus derechos como consumidores y hacer su vida con la mayor autonomía posible».

Discapacitados, sindicatos y empresarios de la Comunidad Valenciana se oponen a las gasolineras desatendidas

EFE.- Las entidades Cocemfe Comunidad Valenciana, los sindicatos CCOO y UGT, la Federación Mediterránea de Estaciones de Servicio (Fedmes) y la Agrupación de Vendedores al por menor de Carburantes (Alevencar) se oponen al proyecto de la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad Valencia, relativo al horario de atención personalizada en las estaciones de servicio.

Según estas entidades, el nuevo proyecto de Comercio supone «un paso atrás inaceptable, que sitúa a la Comunidad Valenciana a la cola de toda España en defensa de los derechos de los consumidores», por lo que han anunciado la interposición de recursos. El proyecto de resolución recoge que, con «carácter general», el horario diurno será el comprendido entre las 6.00 y las 22.00 horas, aunque las gasolineras «podrán fijar otro horario» en el que dispongan de una persona responsable durante al menos 16 horas «entre las 4.00 y las 24.00 horas de los días laborables».

Además, el anteproyecto establece condiciones en las que la atención quedaría limitada a tan solo 8 horas (en la franja entre las 6.00 y las 22.00 horas, en día laborables) y enumera una serie de excepciones que, en la práctica, lo convertirá en norma generalizada, según estas entidades. Con las excepciones «resulta evidente que, de facto, la atención personalizada quedaría reducida a 8 horas en un sinfín de establecimientos», precisaron. Estas entidades consideran «una falta de respeto hacia los consumidores en general, y particularmente a las personas con discapacidad, apostar de una forma tan clara por el «régimen de autoservicio».

En caso de aprobarse tal cual fue remitido, los firmantes consideran que este proyecto convertiría a la Comunidad Valenciana en la autonomía más lesiva respecto a los derechos de los consumidores. Cocemfe Comunidad Valenciana, los sindicatos CCOO y UGT, Fedmes y Alevencar alertan de «la pérdida de miles de empleos (más de 6.000 en la Comunidad), la discriminación hacia las personas con discapacidad y la vulneración de derechos de los consumidores en general, así como la competencia desleal que suponen las estaciones de servicio desatendidas».