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Los Gobiernos Central y de Castilla y León plantearán subvenciones a posibles compradores de la empresa metalúrgica Isowat Made

EFE. – Los Gobiernos central y de Castilla y León plantearán las subvenciones disponibles en ambas administraciones a los posibles compradores de la empresa metalúrgica Isowat Made de Medina del Campo (Valladolid), además de estudiar si el Fogasa se puede hacer cargo de pagar los sueldos que se deben a los empleados.

Así, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, han informado de la reunión que han celebrado en Valladolid para abordar la situación de la empresa Made, en concurso de acreedores y con posibles compradores.

La ministra ha recordado que hace unos días mantuvo un encuentro con el Comité de empresa de Made y se comprometió a hablar de su situación con la Junta de Castilla y León, tras lo que ha celebrado una reunión de trabajo con Del Olmo, que ha considerado satisfactoria.

Ambas administraciones trabajarán conjuntamente para garantizar la actividad de la empresa y el mantenimiento de sus puestos de trabajo, ha dicho Maroto, quien ha recordado que hay «varias» empresas interesadas en comprar la compañía.

La ministra ha destacado la importancia de mantener la actividad de la empresa, con 94 trabajadores en la actualidad, en Medina del Campo, y tratar de que la zona siga siendo referente en industria y energía.

La Plataforma Cantabria por lo Público y Sin Recortes denuncia la pobreza energética y critica el nuevo bono social eléctrico

EFE.- La Plataforma Cantabria por lo Público y Sin Recortes denuncia la situación de pobreza energética que afecta a la población en situación de mayor vulnerabilidad y reclama a las administraciones públicas que asuman su responsabilidad de dar una solución «efectiva» a este grave problema social. En este sentido, representantes de la Plataforma Cantabria por lo Público y Sin Recortes critican que el acceso al nuevo bono social «está resultando caótico».

A juicio de la Plataforma, la única medida que los distintos gobiernos han puesto en marcha contra la pobreza energética es el bono social de electricidad, un descuento que va del 25% al 40% en la factura dependiendo de los casos. Pero, aseguran, tal y como está regulado, «no deja de ser un parche que no soluciona la situación», y al que incluso no puedan acceder muchas personas. Según advierte, tampoco evita el corte del suministro, salvo en casos extremos y cuando una administración autonómica o local ya esté financiando al menos el 50% del gasto energético de la familia.

Esta plataforma remarca además que «más frágil es la situación de las familias que dependen del gas para la calefacción o la cocina, al no existir ningún mecanismo que palie estas situaciones». También subraya que el bono social no está funcionando bien porque «se están produciendo retrasos injustificables por el atasco que hay con las solicitudes en el Ministerio». Para la plataforma, «en pleno siglo XXI es inaceptable seguir dando la espalda a un derecho básico como es el acceso a la energía». Por ello, exige la aprobación de una ley de medidas de protección integral contra la pobreza energética que garantice un consumo energético mínimo para todas las personas.

El Gobierno desestima el requerimiento de la Generalitat de Cataluña sobre el bono social que reclamaba respetar las competencias autonómicas

Europa Press.- El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se responde al requerimiento previo a la vía contencioso-administrativo formulado por la Generalitat de Cataluña sobre varios preceptos del bono social que, a su juicio, vulneran sus competencias en relación con la asistencia social.

Así, el Gobierno rechaza las pretensiones de Cataluña, al considerar que la normativa estatal que impide la interrupción del suministro a los consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social mediante el copago de su factura de la luz entre el sistema eléctrico, las sociedades comercializadoras y los servicios sociales de las comunidades autónomas o ayuntamientos no invade ninguna competencia autonómica.

En concreto, según el Consejo de Estado, el decreto aprobado por el Gobierno sobre el bono social se limita a abrir un cauce de cooperación interadministrativa y coordinar la ordenación económica del sector eléctrico con la asistencia social a los consumidores en situación de pobreza energética, que despliegan las administraciones autonómicas y locales. Además, las alegaciones expuestas por la Generalitat ya fueron realizadas durante el trámite de audiencia de la norma y ya obtuvieron respuesta.

UGT reclama un pacto de Estado sobre Energía en el que prime el «interés general»

Europa Press.– El vicesecretario general de UGT-Fica, Antonio Deusa, considera «imprescindible» un pacto de Estado para la Energía que permita «reflexionar sobre cómo se produce la energía y cómo se consume», indicó el sindicato. Deusa ha realizado estas consideraciones durante una jornada sobre Exploración y Producción de Hidrocarburos, junto al secretario sectorial de Energía de UGT, Andrés Muñoz, y el secretario sectorial Minero del sindicato, Víctor Fernández.

Competitividad y sostenibilidad como claves

El sindicalista es partidario de que en el pacto participen todos los agentes «directamente implicados», lo que incluye a Administraciones Públicas, partidos políticos, sectores económicos y sindicatos. En el pacto de Estado, insistió, «habrán de tenerse en cuenta unos principios básicos de competitividad, sostenibilidad, seguridad de suministro e interconexión de redes, principios que UGT ha venido reclamando tradicionalmente, tanto en el ámbito europeo como nacional».

El Tribunal de Contratos Públicos da la razón a Endesa y anula el concurso municipal de suministro eléctrico de Barcelona

Europa Press.- El Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público ha anulado el contrato eléctrico municipal de Barcelona, de 65 millones de euros divididos en tres lotes y con una duración prevista de dos años. Pequeñas y medianas empresas presentaron ofertas ante el nuevo contrato de suministro eléctrico, ahora anulado por el tribunal que aceptó a mediados de febrero medidas cautelares pedidas por Endesa, compañía que, junto a Gas Natural Fenosa, recurrió el contrato y no concurrió.

Fuentes municipales explicaron que están estudiando la resolución y que se negociará un convenio puente ya que el actual contrato vence el 25 de marzo. El Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público alega que las cláusulas contra la pobreza energética que quiere promover el consistorio y, por tanto, el beneficio social que se busca, «no se produce en el suministro energético a la administración ni directamente por el acto de suministrar electricidad a los locales del Ayuntamiento». Fuentes de Endesa consultadas consideran que la decisión del tribunal de la Generalitat constata que los argumentos de su recurso eran adecuados.

El texto explica que, para que la atención y reducción de la pobreza energética se pudiera aceptar como objeto del contrato, se debería dar alguno de estos dos condicionantes: que sea una prestación claramente diferenciable y que, por tanto, se pueda licitar por separado; o que la finalidad social que se quiere promover se provoque «intrínsecamente» con la sola prestación del suministro eléctrico. Además, asegura que esta cláusula no define las obligaciones a ejecutar de forma «clara e inequívoca», ya que no concreta las exactas obligaciones a las que se obliga para la adjudicación del contrato, por lo que perjudica a todas las licitadoras potenciales.

El tribunal también ha asegurado que la definición que se hace del objeto del contrato es «controvertida», y ha observado que no se adecua al artículo 9 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), que define los contratos de suministro, de conformidad con el artículo de la Directiva 2014/24/UE. Asimismo, según la resolución, el consistorio tampoco puede apoyarse en el proyecto de Ley de contratos del sector público que actualmente se está debatiendo en las Cortes Generales, ya que este texto puede ser objeto de diversas enmiendas y, por tanto, aún no tiene efecto jurídico.

Axpo Iberia denuncia irregularidades en un contrato de suministro de electricidad a dos desaladoras

Europa Press.- Axpo Iberia ha presentado un recurso administrativo en el que denuncia «irregularidades y falta de transparencia» en el proceso de licitación pública para el suministro de electricidad por diez meses a las desaladoras Alicante II y San Pedro del Pinatar II, situadas en Alicante y Murcia.

El director general de Axpo, Ignacio Soneira, explica que el recurso ha sido presentado ante el organismo licitador del contrato y que el caso de estas desaladoras se suma a otros muchos en los que las comercializadoras independientes encuentran «dificultades» para contratar con la Administración. Axpo indica que el pasado noviembre el comité ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla aprobó los pliegos de la licitación y autorizó la contratación de energía eléctrica con las desaladoras por el sistema de procedimiento abierto, con la aprobación de Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La Mancomunidad es un organismo autónomo adscrito a dicho Ministerio.

A la licitación se presentaron seis empresas, de las cuales una quedó excluida por superar el importe máximo de la licitación. Según asegura Axpo, su oferta fue la más competitiva, al tener un coste de 282.000 euros inferior a la adjudicada finalmente, pero al aplicarse «criterios técnicos no evaluables mediante fórmulas», es decir, «una valoración subjetiva», Iberdrola ganó. Ante estas circunstancias, Axpo Iberia anuncia la interposición de un recurso especial en materia de contratación basado en la falta de transparencia del informe de adjudicación y en la necesidad de una explicación acerca de los criterios técnicos que se encuentran detrás de la adjudicación de puntos a cada una de las empresas por aspectos no objetivos.

Soneira denuncia que este tipo de situación es habitual cuando se contrata con la Administración. «Los nuevos entrantes nos vemos con dificultades a la hora de contratar con las administraciones públicas, y resulta frustrante que te dejen atrás por criterios que pensamos que también cumplimos», indica Soneira. En la actualidad, se produce una «tendencia creciente en el marco de concursos públicos a reservar un porcentaje de la valoración a criterios no evaluables mediante fórmula, lo que en la práctica sirve de cajón de sastre para decidir las adjudicaciones a favor de empresas que no logran las mejores puntuaciones en su oferta», señala el director general.

La empresa señala que, en cuanto a la producción de renovables, que es uno de los criterios evaluados, Axpo cuenta con “la mayor cartera de energías renovables de la península” y deja patente, tanto en su catálogo de servicios como en su presentación, que el 100% de la energía que suministra es de origen renovable. El pliego también evaluaba la calidad de la atención al cliente. Sobre este aspecto, Axpo dice que «cumplía sobradamente los requisitos» y que detalló toda su oferta de servicios, que van desde un gestor personal, oficinas de representación en todo el territorio nacional, teléfono de atención 24 horas y servicios técnicos de asesoramiento hasta auditorías energéticas, web de descarga de facturas o curvas de carga.

Al aludir a los problemas de contratación con las administraciones, Soneira pone como ejemplo las licitaciones realizadas por ayuntamientos en los que «resulta complicado reemplazar a la compañía que ha suministrado históricamente la electricidad«. En esas ocasiones, también es habitual que, cuando existen oportunidades para reofertar, las incumbentes «hagan bajadas en todo lo que pueden» para evitar el cambio de suministrador, señala. La empresa recuerda además que la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) ha estimado recientemente en 48.000 millones de euros los sobrecostes por la falta de competencia en las licitaciones públicas.

Nadal planteará esta semana al Congreso cómo mejorar y financiar el bono social

Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha anunciado que planteará esta semana a los grupos políticos del Congreso de los Diputados cómo mejorar el bono social y cómo evitar que se quede sin financiación, después de que el Tribunal Supremo diera la razón a las eléctricas y rechazara el actual modelo.

En la presentación del libro ‘La Revolución Digital’, Nadal ha incidido en la necesidad de que exista un diálogo entre las diferentes formaciones políticas del Parlamento porque «lo que no puede ocurrir es que el bono social se quede sin financiación».

Preguntado por si deberá financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado o con cargos a la factura, Nadal no ha querido concretar cuál es la mejor opción y se ha limitado a afirmar que, aunque se haya quedado sin financiación, el bono social «sigue existiendo» y lo que tiene que ocurrir ahora es que vuelva a tener financiación.

En este contexto, ha incidido en que tendrá una semana parlamentaria «intensa» sobre esta cuestión en la que se conocerán los distintos planteamientos que el Ministerio realizará a los grupos sobre el bono social, que es «claramente uno de los elementos que ayuda al tema de la pobreza energética».

A este respecto, ha remarcado que existen limitaciones a la hora de abordar la pobreza energética desde el Gobierno, ya que algunas competencias corresponden a las comunidades autónomas y las administraciones locales y hay que respetar el «ámbito de cada una».

En este sentido, ha calificado el fallecimiento de una mujer de Reus (Tarragona) que tenía cortada la luz en un incendio como un caso «muy terrible y lamentable» en el que correspondía a los poderes autonómicos actuar. Así, ha remarcado que, aunque lo han hecho «con la mejor voluntad», es importante saber qué ha fallado.

Nadal ha remarcado que lo importantes es que dentro del marco que cada uno tiene de competencia «haga todo lo posible» para que estos temas vayan mejorando día y día. En concreto, ha agregado que los ámbitos sociales son competencia de las autonomías y el energético del Estado, por lo que hay que ver cómo se concilian ambas cosas.

«Lo que no podemos hacer es pasar por encima de los Estatus de autonomía ni tampoco querrán las comunidades autónomas que lo hagamos. Esto es una cuestión mas de cooperación entre los distintos partidos políticos, grupos parlamentarios y distintas administraciones», ha incidido.

Sector del carbón

Por otro lado, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, ha negado que se vaya a llevar a cabo el cierre de centrales térmicas por decreto, algo que no ha hecho ningún país, sino que será el mercado quien decida su futuro.

En este sentido, Nadal ha explicado que ningún país europeo ha planteado un cierre radical de las centrales térmicas, ya que los procesos de la energía siempre tienen que ser graduales.

Así, ha admitido que el carbón tiene el inconveniente de ser un gran emisor de CO2, por lo que a medida que los derechos se vayan encareciendo y sean mas restringida la posibilidad de emitirlo, se limitará el desarrollo del carbón. «Vamos a dejar que las cosas evoluciones como tienen que evolucionar», ha insistido.

Preguntado por la posibilidad de convocar la mesa del carbón, Nadal ha instado a ir haciendo las cosas «de una en una» y ha recordado que este tema quedo bastante bien cerrado la legislatura pasada, en la que se mejoraron los fondos de ayudas a las comarcas mineras.