El resultado de las elecciones municipales y autonómicas del pasado domingo está teniendo consecuencias a múltiples niveles, también desde el punto de vista del sector energético. No está siendo inocuo, puesto que está dibujando un mapa político muy complejo, dónde el abordaje pasado de los cuestiones energéticas no beneficia el enfoque futuro; es más, lo condiciona. En todo caso, la política seguida en estos cuatro años no ha sido ajena a que se produzca este resultado funesto.

Durante la campaña repasamos las propuestas en materia de energía de las principales formaciones políticas aunque no era el ámbito de gobierno adecuado el que estaba en juego en las urnas. Está claro que la resolución de la cuestión energética es algo no resuelto desde el franquismo, con su disimulo respecto al shock energético del 73: se aborda desde presupuestos intervencionistas, ocultando parte de la realidad de los decisiones políticas tomadas, sobreinversiones, sobrerretribuciones, combinado con una letal intención de “protección” al consumidor y de buenismo para todos los colectivos. Sus resultados son inverosímiles, disfuncionales desde una concepción del sistema energético y, a la vez, causantes de deterioro a las empresas, los mercados y del sector.

Así,  las propuestas incluidas en los programas estaban más centradas en aspiraciones maximalistas: hacia el cambio de modelo energético, en las que se tuvo que desmentir la nacionalización de las empresas; otras con la secesión del sistema eléctrico en ciudades como Barcelona; y otras con fórmulas de inclusión de nuevos impuestos sobre las empresas energéticas, prosiguiendo con el modelo de hostigamiento, entendiendo la energía como un suministro objeto de gravamen.

El resultado ha devenido en un efecto que se aprecia en la Bolsa, ante la consumación del ascenso de las candidaturas impulsadas por Podemos: Barcelona en Comú, con Ada Colau, con algunas dudas actualmente respecto a su designación como alcaldesa de la ciudad, o con el señalamiento de Manuela Carmena como posible alcaldesa en Madrid.

En el partido del Gobierno también se han producido estragos relacionados con la energía a cuenta de las elecciones con el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, atribuyendo al ministro de Industria, José Manuel Soria, parte del fracaso electoral por su política respecto al sector minero español. Una cuestión, por otra parte, cada vez más imposible de abordar sin politización. A eso se une la justificación de los malos resultados de los populares en Canarias como un efecto de los sondeos petrolíferos. Además, el conflicto en determinadas comunidades autónomas por los recortes operados en las tecnologías de régimen especial también estuvo presente durante la campaña.

El hecho es que los nuevos consistorios y comunidades autónomas se constituyen con varios transfondos relacionados con la energía, desde la pobreza energética, la evolución de la política y precios energéticos en el marco de las reformas pasadas y sus efectos latentes, el futuro de la minería nacional, los sistemas metropolitanos independientes sugeridos, el fracking y el resto de iniciativas políticas más o menos recientes. Permanezcan atentos a las pantallas.