«La reforma va a ir fundamentalmente a la reducción de estos costes regulados, que son los peajes, y va a afectar al transporte, a la distribución, a las primas del régimen especial y también a los sistemas insulares y extrapeninsulares», indicó en una entrevista con Telecinco.

El ministro también calificó la factura de la luz de «auténtico galimatías» y explico que la reforma también tiene como objetivo «clarificar el recibo de la electricidad».

El objetivo es que «cuando cada mes o cada dos meses uno recibe su recibo sepa exactamente qué es lo que está pagando, por qué lo está pagando y cómo puede hacer para pagar más o menos en función de que utilice de una manera más racional el consumo eléctrico», agregó.

Preguntado por cuánto va a subir la luz, Soria señaló que «muy probablemente tenga una evolución mucho mejor en términos de precio» este año «globalmente considerado» que el pasado.

La razón, señaló, es que está siendo un mejor año en cuanto a lluvia y viento, y eso es bueno para la producción de las centrales hidroeléctricas y la energía eólica.

En todo caso, Soria quiso dejar claro que «los precios de la luz se muevan para arriba o para abajo no depende del Gobierno», y sí de la subasta eléctrica.

Acerca de la posibilidad de que sean los consumidores los que acaben soportando el peso de la reducción del déficit de tarifa, Soria aseguró que «eso es lo que quieren las eléctricas, pero no es lo que quiere el Gobierno».

«Si hacemos caso a lo que quieren exclusivamente las eléctricas, que todo el ajuste del déficit vaya con cargo al recibo del consumidor, en cómodos plazos de ahora un 15%, después otro 15% y al año siguiente otro 15%, no lo vamos a hacer porque eso España no lo puede soportar», aseguró.

Soria dijo que no pretende tanto «plantar cara» a las eléctricas como hacer prevalecer el interés general. El ministro dijo «entender» la posición de las eléctricas conforme a sus intereses «privados», pero recordó que su obligación es guiarse por el «interés general», y que en algunas ocasiones estos dos intereses coinciden y en otras no, que es cuando el Gobierno debe decantarse por el segundo.

Por otro lado, consideró que «hay poca competencia» en el sector de los hidrocarburos, donde cuatro operadores controlan el 85%, y que esta circunstancia hace que los precios antes de impuestos sean superiores a los de la media europea.

Por este motivo, el Gobierno cambiaó la Ley de Hidrocarburos con el objeto de limitar el número de estaciones de servicio del operador dominante y reducir las indicaciones de precios.