Hay que reconocer que estamos en un momento dificultoso para identificar el grado de ascendencia o capacidad política, si la entendemos como fórmula o potencialidad de lograr o conseguir unos objetivos en el marco de unos intereses más o menos encontrados por parte de otros agentes e intereses que también participen en el juego político.

Como contexto son varios los escenarios que podemos anticipar tras esta última crisis de gobierno. El frame es el siguiente: primero, el que se mueve no sale en la foto; segundo, si sale en la foto, porque es necesario durante algún tiempo, se le borra después (para eso está el Photoshop); tercero, política económica expresada en plan sencillo, gasto público a todo pistón; cuarto, los intervencionistas, sin reparos ni matices, al asalto de la economía y los sectores económicos; quinto, todo el poder concentrado en la Moncloa, convirtiendo al resto de ministerios en una máquina al servicio de su ejecutoria o en un gigantesco palio protector.

Por ello es por lo que habría que analizar cuáles han sido los distintos momentos en los que se ha movido el acuerdo para la absorción del déficit tarifario y sus sucesivos “sabotajes”, con distintas técnicas, desde instancias políticas diferentes al Ministerio de Industria. Porque, en primer lugar, parece que el ogro era el Ministerio de Economía que pedía mayores precisiones a lo que iba a ser allí financiado y, sobre todo, avalado por el Estado, tras los fracasos en las subastas de financiación de la CNE, por más de un motivo que un día analizaremos en concreto (y uno de ellos, también, la ausencia de capacidad política). Luego fue la nueva posición de Gas Natural, tras la integración de Unión Fenosa, que parecía un nuevo elemento que complicaba, de nuevo, el acuerdo, toda vez que, incluso, determinadas posiciones aceptadas previamente habían sido objeto de revisión.

El hecho es que, como hemos venido informando, el acuerdo estaba en un tris de salir al Boletín Oficial del Estado, pero parece que el aborto legislativo y la normativa propuesta no llega, fruto de intervenciones de intervencionistas apostados en las posiciones más estratégicas de la Moncloa, fundamentalmente.

Si nos vamos a otro tema reciente, pudimos comprobar cómo entre los planes del Ministerio de Industria también estaba la reconfiguración de Red Eléctrica de España y de Enagás, aglutinando sus operadores de sistema, por un lado, y a la vez, uniendo los operadores de transporte (la vieja idea de la fusión también gravitaba en la propuesta). El hecho es que hasta el propio Ministro, en sede parlamentaria y en la Comisión correspondiente, confirmó tal extremo un día antes de su filtración oficial (todas las filtraciones son oficiales, aunque no se sepa desde qué instancia). Hoy, podemos colegir con la información que tenemos que tal operación se ha abortado, también en el marco de los juegos de capacidad política.

En este sentido, es conocida la capacidad del ex Ministro Luis Atienza, presidente de Red Eléctrica de España, para moverse en los actuales ambientes políticos y granjearse apoyos para evitar cualquier cuestionamiento a su papel actual. Cuentan, en referencia a todos estos sucesos, que en el Ministerio de Industria se llegó a montar cierto alboroto, además de mantener una comida posterior al conocimiento de estos planes con el consejero de la Comisión Nacional de Energía, el leonés Jaime González, donde se habló de esta idea promovida desde el equipo de Miguel Sebastián. Y cuentan que esto también ha escocido en Industria.

Consecuencia: parece que no hay que dudar de las buenas intenciones del equipo de Miguel Sebastián para resolver las letras endosadas recibidas tras tantos años de destrozos. Incluso hay que confirmar, sus buenas formas, porque había logrado en el primer caso (déficit tarifario) una buena “sisa” a las empresas y en el segundo, la configuración del operador de sistema, la formulación razonable de una alternativa a un modelo de redes como el actual que sólo produce distorsiones (y que además, en el seno de la Unión Europea se propone como tendencial). Pero la capacidad política de otros agentes involucrados y sus intereses, así como los intermediarios regulatorios (que también existen, sobre todo si pertenecen al grupo reconocido de los retroprogresivos), tienen capacidad para dar al traste con las bases necesarias para enderezar el estado actual del sector.

Todo ello y en todo caso, supone un mecanismo perverso de las instituciones y de los sectores económicos. Qué barbaridad.