En su enmienda ala totalidad, los socialistas alegaron que «el Gobierno, lejos de solucionar el problema, ha puesto un parche que se va a trasladar inevitablemente al precio de la electricidad, cuyos perjudicados van a ser los consumidores finales». «Una vez más, el presidente, Mariano Rajoy, ha incumplido su palabra», añadieron, recordando que en el debate de investidura se comprometió a reformar el sector.

Así, señalaron que el proyecto de ley «eleva la fiscalidad en el mercado para que las empresas eléctricas contribuyan a limitar una parte del déficit tarifario» pero señalan que «la mayoría de las subidas de impuestos no modifican el status quo de la regulación para que el déficit tarifario no se siga acumulando en el futuro».

Es más, según el PSOE el nuevo impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica podría ser incluso inconstitucional, ya que presenta visos de «quebrar principios de justicia tributaria constitucionalmente tutelados» al gravar todas las fuentes de energía de forma homogénea, además de «limitar la competitividad económica e impedir el crecimiento sostenible». Por ello, no descartó que su grupo parlamentario recurra la reforma energética ante los tribunales, así como tampoco descartó que las grandes empresas y patronales del sector puedan acudir también a la vía judicial.

El impuesto «ni responde al objeto pretendido de la norma, protección del medio ambiente, ni respeta los principios rectores de la política tributaria española y comunitaria, ni los principios constitucionales».

«(El impuesto) ahonda en una clara desigualdad entre los contribuyentes, produciendo consecuencias económicas y jurídicas desproporcionadas entre los productores y dando lugar a que sea posiblemente confiscatorio, sancionador y penalizador, lo que sitúa a los contribuyentes en peores condiciones de competencia empresarial y restándoles oportunidades competitivas en el sector», continuaron los socialistas, que criticaron que el gravamen sólo recaerá en productores españoles.

Según el PSOE, todo ello contraviene las directivas europeas y además no contribuye a solucionar el déficit tarifario por no «identificarse las causas» ni aportarse un mecanismo adecuado para su corrección. Alertaron asimismo de los posibles efectos sobre algunas tecnologías, el riesgo de desabastecimiento de las regiones insulares y extraperiféricas, o la seguridad de suministro en el largo plazo, sobre todo por consideraciones jurídicas que ponen en riesgo las inversiones.

Los socialistas lamentaron que «el Gobierno ha perdido una oportunidad para llevar a cabo una reforma en profundidad que necesita urgentemente el sector energético».

El portavoz socialista en Industria, José Segura, tras recordar la «fuerte contestación» y el «rechazo global» que el proyecto de ley suscitó en el sector, pidió la devolución del texto porque va contra la industria, el medio ambiente y contra los consumidores, entre otros.

A su juicio, «yerra tanto en la identificación de las causas del déficit como en las causas» para combatirlo y los impuestos que recoge pueden tener consideración de «confiscatorio», lo cual va en contra el ordenamiento tributario español, agregó.

El texto normativo que entró en el Congreso con un «título pomposo» pero sólo con la intención de recaudar dinero para «taponar» el hueco del déficit tarifario. Sin duda, «tiene un afán confiscatorio», añadió.

Segura indicó que en las últimas semanas se entrevistó con un gran número de colectivos de la industria porque están que «trinan» y se «quejan» de que el Ministerio no les escuchó para hacer esta reforma que, de aplicarse, supone un incremento de coste que hará «insoportable» el mantenimiento de la actual estructura industrial española y podrá llevar al cierre de factorias o a la deslocalización.

Sin embargo, todas estas protestas por parte del sector no propiciaron ningún contacto del ministro José Manuel Soria con el principal partido de la oposición, según aseguró Segura, que criticó la forma de operar «manu militari» del PP.

En este sentido, explicó que los «populares» vetaron la propuesta socialista de citar a diferentes responsables gubernamentales, miembros de empresas energéticas, dirigentes del sector productivo y representantes de los consumidores, entre otros, ante la Comisión parlamentaria de Industria para que dieran su punto de vista sobre el texto.

«Me resultaría espectacularmente duro que planteamientos tan sensatos como los que vamos a hacer (en las enmiendas parciales) no fueran aceptados. Sería inconcebible realmente», añadió, al tiempo que criticó la «ansiedad irracional» que demostró el Ejecutivo en la tramitación de esta reforma, calificándola de urgente para que pueda entrar en vigor el próximo 1 de enero.

UPyD: «La reforma no aporta claridad a un mercado oscurantista»

Para UPyD la reforma energética es una «asignatura pendiente» para la que la crisis constituye una «oportunidad». Sin embargo, el proyecto de ley es «básicamente conservador, renuncia a reformar el mercado y tiene una función básicamente recaudatoria», aunque exponga objetivos medioambientales para «encubrir» esa finalidad.

Además, alertó en su enmienda de las «muy negativas» consecuencias que estas medidas tendrán en la competitividad, en el desarrollo de nuevos sectores tecnológicos «emergentes» y para la economía familiar, que será la que acabe cargando con el incremento de precios.

Y todo porque con sus medidas el Ejecutivo «no aporta claridad y transparencia» en un mercado «oscurantista», ni se ataca la raíz del problema del déficit de tarifa, sino que hace una «imposición indiscriminada, sin consideraciones de eficiencia ni de consecuencias», a todas las energías por igual.

Así, la formación magenta pronosticó que, pese a que el único objetivo real de esta reforma es reducir el déficit, el incremento tributario supondrá una caída del consumo, lo que agravará la crisis y provocará una retracción de la recaudación, con lo que no se cumplirán las previsiones.

CiU dice que el proyecto sólo es una «fiscalidad recaudatoria»

Los catalanes de CiU apuntaron, por su parte, que el proyecto «posterga la definición de una estrategia energética a medio y largo plazo» y, sin embargo, «se tiende a la improvisación sin consenso, subestimando el impacto» en la economía.

También se criticó la opción por una «fiscalidad recaudatoria con el único objetivo de reducir el déficit de tarifa», algo que «se aleja de la idea de sostenibilidad energética en pro de la eficiencia y el ahorro que marca Europa».

«Participamos del objetivo», afirmaron, apostillando que ese fin debe perseguirse «a través de una estrategia energética que apueste decididamente por el ahorro y la eficiencia». «De aplicarse (este proyecto) desequilibraría aún más al sector en su conjunto, reduciendo su competitividad y dificultando la transición hacia un verdadero modelo de eficiencia y ahorro», insistieron.

Por último, alertaron de que la reforma comportará «notables incrementos en el precio de la energía» y «castiga significativamente» la competitividad industrial. «El proyecto incorpora un solo objetivo, recaudar, sin que se pueda relacionar con una estrategia de política energética eficiente, sostenible y competitiva a medio y largo plazo, ni pueda vincularse con una estrategia de política industrial», concluyó la enmienda.

PNV: «No cumple ningún objetivo medioambiental o económico»

El PNV, por su parte, argumentó que la reforma tendrá «un impacto negativo en la economía y el empleo» por las afecciones a la competitividad económica y a los precios que pagarán los consumidores. Y ello sin cumplir los objetivos que se enuncian en el nombre del proyecto de ley.

«No se cumple ningún objetivo, ni medioambiental ni económico, y sólo supone puras y duras medidas fiscales para tapar el déficit de tarifa», continúa la formación ‘jeltzale’, que criticó que los impuestos introducidos son «discriminatorios» con fines «recaudatorios».

En la misma línea, los nacionalistas vascos acusaron al Ejecutivo de «improvisar» sin tener en cuenta los «efectos colaterales» de este «parche» que no constituye «una verdadera reforma» del sector y del modelo, ni da garantías regulatorias a largo plazo. Por eso, pidió la retirada «constructiva» del proyecto para plantear una reforma «con más diálogo que lleve a un modelo sostenible de verdad».

Por su parte, la enmienda del BNG, también expresó su compromiso con los objetivos de la ley, pero consideró que el Gobierno no avanza en «la búsqueda de la sostenibilidad y de un sistema más eficiente y respetuoso», sino que se trata de medidas tributarias «recaudatorias» que «no son adecuadas para avanzar en una fiscalidad que desincentive la contaminación o internalice los costes» del sector.

La Izquierda Plural considera la Ley de «miope» y «cortoplacista»

En cuanto a la Izquierda Plural, acompañó su enmienda de totalidad de una propuesta de legislación alternativa que fue presentada hace unos días en rueda de prensa. La coalición consideró que el texto del Gobierno es «confuso, demagógico» y nada eficaz en la lucha contra los verdaderos problemas del sector energético o en el cambio del modelo productivo, además de «miope» y «cortoplacista».

Por eso, propusieron una alternativa que modifica impuestos ya existentes –como los de los hidrocarburos, para gravar por igual gasolina y diésel, o el IRPF para bonificar el uso de transporte público–, crea nuevos gravámenes –por ejemplo, sobre el almacenamiento nuclear, sobre los vertidos o sobre el uso de bolsas de plástico– y cambia la Ley de Haciendas Locales para que los ayuntamientos puedan poner tasas por los residuos comerciales o tengan en cuenta el certificado energético de los edificios en el IBI, entre otras propuestas.